Estación de paso
Chile: la chispa y el incendio
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 30/01/2020)
Invitado por colegas chilenos para reflexionar sobre los problemas contemporáneos de las universidades en América Latina, una breve estancia en Santiago me permitió observar de cerca algunos de los perfiles de lo que se conoce como la “nueva rebelión de octubre”. Las siguientes son notas al vuelo, impresionistas, derivadas de conversaciones con colegas, interpretaciones más o menos libres sobre el significado de los acontecimientos. Son apuntes sin pretensión alguna, registros sueltos sobre una coyuntura multidimensional y multicausal.
1. Uno de los componentes de la compleja crisis social y política chilena que desde hace tres meses estalló en aquel país, es el malestar de las clases medias urbanas, y, en especial, de los estratos universitarios, con el presente y el pasado reciente de la gestión e instrumentación de las políticas económica, social y educativa de los gobiernos de izquierda (Bachelet, en su segundo mandato 2014-2018) y de derecha (Piñera, en su primer mandato, 2010-2014, y en ejercicio del segundo desde 2018). El incendio de una estación del metro a finales de octubre luego de un incremento a las tarifas de ese medio de transporte, fue la chispa que provocó el fuego en la pradera que hoy es posible observar en las calles de Santiago.
2. La chispa es más o menos conocida, pero lo que importa en realidad es la pradera. La desigualdad social acumulada a lo largo de los últimos quinquenios, la insatisfacción con los esquemas de pensiones y jubilaciones de los adultos mayores, los problemas de inserción laboral de los universitarios de pregrado y de posgrado, la inmigración masiva de haitianos, colombianos y venezolanos a la capital chilena (se calcula que 1.2 millones de migrantes han llegado en los últimos años), la caída general de los salarios medios, han provocado en su conjunto un escenario social donde la sensación de ausencia de expectativas sobre el presente y el futuro inmediato han configurado un extendido sentimiento de ansiedad que se filtra rápidamente entre diversos estratos y clases de la sociedad chilena contemporánea.
3. El gobierno de Piñera y la clase política chilena han reaccionado mal y tarde. Rebasados por la magnitud de las violentas protestas que se han desarrollado durante tres meses, la salida propuesta es la elaboración de una nueva constitución política que sustituya a la promulgada en 1980. Mientras tanto, la reacción inmediata fue la declaratoria de “Estado de emergencia”, la contención policiaca frente a las manifestaciones, en especial, de los grupos de anarquistas y radicales que suelen enfrentar a los carabineros, grupos que lanzan piedras a los edificios, rompen vidrios y saquean comercios, que hoy lucen blindados con protecciones de acero a lo largo de la Alameda. Por su parte, muchos ciudadanos comparten el sentido de las protestas pero condenan la violencia de las mismas, y la incapacidad del gobierno nacional para resolver el problema.
4. Una encuesta reciente de estudiantes de sociología de la Universidad de Chile (“Encuesta Zona Cero”) revela el perfil de los participantes en las protestas: un tercio de ellos son estudiantes universitarios o profesionistas posgraduados, mientras que en muy bajo porcentaje participan personas de baja escolaridad. Asimismo, la causa principal que se señala como motivo de las protestas es la baja calidad de la educación, la salud y el problema de la inserción laboral de los egresados universitarios. Otras encuestas (Centro de Estudios Públicos), ha señalado una erosión en la confianza en las instituciones y una sensación de pesimismo respecto de la democracia chilena actual, aunque en el mediano plazo (dentro de cinco años), la mayor parte de los ciudadanos (60%) confían en que la democracia saldrá fortalecida de la crisis social y política actual.
5. La rebelión de octubre tiene un lenguaje novedoso. Los miles de grafitis grabados en las paredes de edificios y casas del centro de Santiago, muestran el perfil ilustrado de los protestantes. Son leyendas bien hechas, sin faltas de ortografía, una colección de frases poéticas, letras de canciones, metáforas e insultos. El lenguaje de las paredes es múltiple: anticapitalista, anti-neoliberal, violento, emotivo, racional. La impresión es que la retórica de las protestas es la música de un movimiento social que se nutre de un arraigado malestar con la democracia, la desigualdad y la corrupción, y que reclama una ambiciosa (y urgente) agenda de transformaciones económicas y políticas para el Chile del siglo XXI.
6. Como suele ocurrir, esa dimensión cultural, simbólica, de las protestas revela las aguas profundas de la rebelión chilena. En estos meses se han construido varias narrativas que apuntan a diversas causas y motivaciones, que van desde las lecturas conservadoras (migración anárquica, expansión de la informalidad, no respeto a la ley y a la autoridad, ruptura del orden) a las progresistas (educación gratuita, oportunidades de empleo para los egresados universitarios, mayor inversión pública para programas sociales, disminución de la desigualdad). Esa dimensión es todavía una caja negra –para algunos, en realidad, un hoyo negro- que es necesario explorar con cuidado para entender como se ha configurado una pradera social seca y extensa donde una chispa subterránea ha provocado un incendio que amenaza con destruir los logros y ampliar los déficits alcanzados tras varias generaciones de reformas económicas, políticas y educativas.
Thursday, January 30, 2020
Thursday, January 23, 2020
Prótesis conceptuales
Democracias, populismos y prótesis conceptuales
Adrián Acosta Silva
(Texto leído en la mesa de diálogo "La democracia sí tiene quién le escriba, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, diciembre de 2019)
Publicado en Nexos, blog de la redacción, 22/01/2020.
Circula desde hace tiempo una idea peligrosa: la democracia representativa es un invento de las élites políticas. Según la estruendosa narrativa asociada a la idea, ese tipo de democracia es un invento dirigido a mantener en la pobreza, la corrupción y la desigualdad al pueblo mexicano. Más aún: se subraya que en México la verdadera democracia comenzó realmente el primero de diciembre de 2018, con el triunfo de AMLO a la Presidencia de la República. No es una idea nueva, ni de circulación exclusiva en México. En realidad, se ha fraguado a fuego lento entre varios sectores políticamente activos de la sociedad mexicana a lo largo de los últimos treinta años, una idea que evoca a algo parecido a la vieja música de la revolución como el punto cero de un cambio político, pero también a la letra de la dictadura del proletariado como contraposición radical a la democracia burguesa que señalaba el viejo Lenin en El Estado y la Revolución.
La alternativa a esa idea es la construcción de una democracia popular, directa, sin intermediaciones artificiales que desfiguren la genuina voluntad del pueblo. Es una idea que borra la distinción entre representantes y representados, entre gobernantes y ciudadanos, entre ellos y nosotros. En ese relato, o relatos, los partidos y las organizaciones deforman la voluntad popular, sustituyendo el interés del pueblo por los intereses particulares de cada organización política. Esa desconfianza en las intermediaciones lleva en buena lógica a la desconfianza en los partidos y al sistema de organización de las representaciones que estos expresan, pues tienen una tendencia inevitable hacia la oligarquización política en las democracias representativas, es decir, la “particularización” de sus intereses como representación de los intereses de todos. Por ello, el sociólogo alemán Robert Michels afirmaba con justa razón en Los partidos políticos (hace casi un siglo) que “quien dice organización dice oligarquía”.
Ese problema ha permanecido como una tensión latente entre pluralismo y representación, que ha llevado a disminuir las tendencias hacia la oligarquización de las democracias. Pero en los últimos años, ha renacido con fuerza la idea de que hay alternativas radicales a las democracias representativas, y que hoy resurgen bajo el concepto-paraguas del “populismo”, una suerte de prótesis conceptual utilizada para denominar a regímenes políticos de orígenes democráticos que por diversas razones y circunstancias tienden a convertirse en autocracias. En muchos casos nacionales contemporáneos, se ha desarrollado una extraña relación entre ideas e intereses que forma parte de las narrativas alternativas que prometen una nueva utopía política. Extraña porque es contradictoria, confusa, o francamente falsa. Quizá se explica porque, como señala el subtítulo del libro de Murayama, vivimos en la época de la “pos verdad”, una era ideológica de plomo caracterizada por un lenguaje estruendoso y dramático que se basa frecuentemente en falsedades, no en hechos; en creencias, no en evidencias. Sus representaciones son protagonizadas por personajes surgidos dentro y fuera de los sistemas políticos nacionales. Los ejemplos sobran: Berlusconi en Italia, Trump en los EU, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua.
Es contradictoria cuando se comparan épocas, lenguajes, actores. En el caso mexicano, es un hecho que a finales de los ochenta surgió y se expandió rápidamente el reclamo democrático entre las fuerzas políticas nacionales de oposición al PRI. Ese reclamo se tradujo en la exigencia de contar con un sistema electoral confiable, autónomo, que garantizara que la voluntad de los ciudadanos y se expresara en representaciones fieles de sus intereses y expectativas a través de un sistema de partidos equilibrado, competitivo, vigilado. El resultado institucional mayor de ese reclamo se condensó en la creación del IFE, en 1991.
Hoy, casi tres décadas después, el reclamo es otro. Suena a ajuste de cuentas y proviene del oficialismo político, no de la oposición: basta, se dice, de simulaciones y farsas. La auténtica democracia, la popular, la del pueblo, no necesita representantes. Se necesita que los dirija uno que se autoproclama como uno más de ellos mismos (“Yo soy uno de Ustedes”).
La propia historia del IFE es una historia de reformas sobre las funciones, facultades y alcances de ese organismo para garantizar elecciones confiables y transparentes, con reglas claras y actores reconocidos. La metáfora del IFE como árbitro del juego de la competencia política fue inventada (o sugerida) por José Woldenberg. La dinámica de los acontecimientos políticos y la experiencia de los procesos electorales federales y locales permitieron diseñar e instrumentar cinco reformas al IFE entre 1993 y 2014, que lo convirtieron en el actual INE. A pesar de ser un organismo crecientemente sobrecargado de funciones y actividades, el Instituto se ha consolidado como la pieza clave de la democracia mexicana en virtud de que esa sobrecarga ha estado ligada estrechamente a su autonomía como un órgano del Estado mexicano.
Hoy se habla de una nueva reforma que disminuya el costo, las funciones y alcances del Instituto. Sería la décima en la historia electoral del país, y la sexta después de la creación del IFE, por lo que no se trataría de nada inusual en la trayectoria del Instituto. Pero los recortes presupuestales de 2019 y 2020 muestran la ruta de la reforma que se imagina desde el oficialismo. Por lo que se ve, es una reforma regresiva, hecha en nombre de la austeridad, sin consideraciones mayores sobre los efectos perversos o no previstos que esa ruta tendrá en la calidad, confiabilidad y consistencia de los procesos electorales futuros (2021, 2024). La lógica de esa reforma tiene un color metálico y un sabor a óxido: la sustitución de un árbitro por otro. Del INE a la Presidencia de la República. Como en los viejos tiempos.
Los libros que nos ofrecen Woldenberg (En defensa de la democracia) y Murayama (La democracia a prueba) son pertinentes para explorar a profundidad las inconsistencias del diagnóstico en que se basa la nueva narrativa oficialista sobre la democracia popular. Son dos textos que penetran en el núcleo duro de la democracia como institución, construcción política y acción colectiva organizada. Pero lo hacen desde dos posiciones diferentes. Una es la del analista político, interesado antes y después de ser el primer presidente del IFE (1996-2003), en los temas de la democracia y el cambio político en México. Otra es la del consejero electoral en funciones del INE, interesado en mostrar la evidencia empírica, estadística, documental y testimonial, de que el proceso electoral del 2018 fue ejemplar, incluso paradigmático, de reglas electorales que aseguran la voluntad de la mayoría y los derechos de las minorías en la configuración de los equilibrios políticos que caracterizan cualquier democracia de la que se pueda hablar.
Woldenberg subraya en su nuevo libro una de las tesis centrales de la democracia mexicana. Sí hay un autor, intelectual, académico y ex funcionario electoral que ha mostrado evidencias, argumentos y razones de que la transición política mexicana fue exitosa, es él. Pero también ha señalado que la democracia es un régimen político frágil, siempre sujeto a contingencias y fuerzas políticas, sociales y económicas que amenazan sistemáticamente su propia existencia como régimen institucional. Por muchos autores y experiencias sabemos que la democracia crea a sus propios enemigos, y la historia de los populismos democráticos que se transforman en autocracias es abundante. La bibliografía clásica sobre las transiciones de los autoritarismos a las democracias coexiste con los estudios recientes sobre las transiciones desde las democracias a las no democracias (autoritarismos, totalitarismos, autocracias).
Esta es quizá la preocupación política e intelectual central que articula los textos reunidos en el libro En defensa de la democracia. A través de diez ensayos y tres reseñas publicados en distintos medios, Woldenberg propone diversos argumentos y razones para defender la joven (“germinal”” le suele llamar) democracia mexicana. Son textos escritos entre 2014 y 2019 que tienen como hilo conductor la preocupación por apreciar en su justa dimensión los logros políticos y sociales que representa el hecho de que en México hayamos sorteado con éxito la transición de un régimen autoritario (o semiautoritario, o semidemocrático) a uno democrático, en relativamente poco tiempo (1994-2000).
Pero la defensa de la democracia que hace el autor no parte de su divinización como fórmula mágica de resolución de todos los problemas del presente mexicano. Una y otra vez señala que la democracia tiene sus límites, uno de los cuales (quizá el más poderoso y desafiante para el fortalecimiento de un orden democrático) es el contexto social y económico en el cual la democracia mexicana se ha edificado a los largo de los últimos veinte años. Son los factores que Woldenberg identifica como los “nutrientes del malestar” democrático. La desigualdad crónica, la pobreza brutal (53.3 millones de mexicanos habitan ese territorio), la legendaria debilidad del Estado de Derecho, la inseguridad y la violencia, forman parte del estado de ánimo que impera entre no pocos sectores que miran a la democracia como un fenómeno difuso, exótico, incluso prescindible para resolver esos problemas (“Hacia 2018: malestar, fragmentación, incertidumbre”).
Murayama, por su parte, presenta una obra minuciosa, detallada, sobre las elecciones federales del 2018. A través de 12 capítulos, más una Introducción y un Epílogo, Murayama describe puntualmente las distintas dimensiones de un proceso de extraordinaria complejidad. Organización de la elección, padrón electoral, PREP, voto de los mexicanos en el exterior, candidatos de partidos y candidaturas independientes, debates presidenciales, financiamiento de las campañas, los OPLE (Organismos Públicos Electorales Locales), los litigios electorales. El capitulado es la expresión de la abultada agenda de asuntos que debió cubrir el INE a lo largo de casi un año.
El punto de partida del libro es el punto de llegada del proceso. A la luz de los resultados electorales, “las elecciones del 2018 habían cumplido con su cometido más importante: permitir la renovación pacífica del poder político” (p.16). El desafío organizacional, político y técnico del “mayor ejercicio democrático de la historia nacional” (como lo califica Murayama) fue exitosamente resuelto, a pesar de los malos augurios que algunos anticipaban antes y durante el proceso electoral que comenzó en octubre de 2017, o del complejísimo contexto social y económico del país, caracterizado por la inseguridad pública, la violencia, el estancamiento económico, los escándalos de corrupción.
El juicio de “mayor ejercicio democrático” que hace el autor lo respaldan los datos. 156 mil casillas instaladas para elegir Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 Senadores, 8 gobernadores y renovación de 27 congresos locales, además de decenas de ayuntamientos y regidores en las entidades federativas. Participaron el 64% de los electores de la lista nominal (56 millones de ciudadanos). Las impugnaciones al proceso fueron mínimas, y los resultados permitieron efectivamente renovar pacíficamente el poder político en México.
¿Cuál fue la clave para enfrentar el proceso? Las capacidades institucionales del sistema electoral que hemos construido, afirma Murayama. Un sistema que permite reconocer a ganadores y perdedores en un esquema de equilibrios políticos de la representación de la voluntad general. Ello explica que, a pesar de la abrumadora e histórica votación que llevó a AMLO a la Presidencia (casi 30 millones de votos), esa votación no correspondió a la votación recibida por la coalición que lo apoyó, que recibió 5.5 millones de votos menos que su candidato. Lo mismo ocurrió con los candidatos perdedores: recibieron más votos que sus respectivas coaliciones. Eso se interpreta como expresión de la diversidad fáctica de la ciudadanía que contrasta con la imaginaria homogeneidad de un pueblo.
El libro de Murayama abunda en datos, tablas, estadísticas, áridas pero indispensables para comprender cómo se articulan los procesos electorales con las representaciones políticas en el México contemporáneo. La geografía electoral (cap.III) es una de las dimensiones que muestran el complicado comportamiento que explica porqué, por ejemplo, en Jalisco ganó una fuerza política distinta al morenismo, o que en los 27 congresos locales el propio morenismo haya alcanzado votaciones importantes sin que alcanzara el triunfo en los ejecutivos estatales. Los efectos de la reforma federal del 2014 alcanzaron la profunda recomposición de los Organismos Públicos Locales Electorales, y esa recomposición funcionó bien en las escalas estatales.
Woldenberg y Murayama representan voces incómodas no solo para el nuevo oficialismo sino para todos aquellos que insisten en que la democracia representativa, basada en elecciones en la cual participan y deciden los ciudadanos son una mera ilusión o una ficción (neo) liberal. Hoy estamos en una coyuntura que indica el procesamiento de una nueva reforma electoral que, en nombre de la austeridad y de la democracia popular, amenaza con debilitar las bases mismas de la democracia mexicana, a partir del debilitamiento del barroco sistema electoral que hemos construido a lo largo de casi tres décadas. El recorte presupuestal de más de mil millones al INE para el próximo año (2020), la consulta de revocación de mandato, la práctica de consultas populares “relajadas” como las califica piadosamente Murayama en su Epílogo, forman parte de las señales que anticipan tiempos difíciles para la democracia mexicana.
Por ello justamente es importante leer los libros de que hoy comentamos. Se trata de ejercicios intelectuales, reflexivos, que se acompañan de evidencias empíricas, datos que permitan entender con claridad la peculiar complejidad de los logros, déficits, amenazas y problemas de la democracia mexicana. Woldenberg y Murayama subrayan una y otra vez las virtudes de nuestro cambio político, centradas en el reconocimiento de la pluralidad y diversidad como rasgos sustantivos y permanentes de la sociedad mexicana, como la causalidad profunda de la existencia de un sistema electoral que garantice la adecuada representación política de los intereses, reclamos, ideas y propuestas de una ciudadanía compleja. Son voces incómodas para los promotores de la idea peligrosa que señalaba el principio de estas notas. Por ello, sus preocupaciones políticas e intelectuales se ajustan a lo que Italo Calvino señalaba en La jornada de un escrutador: “En política como en todas las cosas de la vida, y para quien no sea un necio, sólo cuentan dos principios: no hacerse demasiadas ilusiones y no dejar de creer que cualquier cosa que hagas puede servir” (La jornada de un escrutador, Siruela, Madrid, 1999, p.16).
Adrián Acosta Silva
(Texto leído en la mesa de diálogo "La democracia sí tiene quién le escriba, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, diciembre de 2019)
Publicado en Nexos, blog de la redacción, 22/01/2020.
Circula desde hace tiempo una idea peligrosa: la democracia representativa es un invento de las élites políticas. Según la estruendosa narrativa asociada a la idea, ese tipo de democracia es un invento dirigido a mantener en la pobreza, la corrupción y la desigualdad al pueblo mexicano. Más aún: se subraya que en México la verdadera democracia comenzó realmente el primero de diciembre de 2018, con el triunfo de AMLO a la Presidencia de la República. No es una idea nueva, ni de circulación exclusiva en México. En realidad, se ha fraguado a fuego lento entre varios sectores políticamente activos de la sociedad mexicana a lo largo de los últimos treinta años, una idea que evoca a algo parecido a la vieja música de la revolución como el punto cero de un cambio político, pero también a la letra de la dictadura del proletariado como contraposición radical a la democracia burguesa que señalaba el viejo Lenin en El Estado y la Revolución.
La alternativa a esa idea es la construcción de una democracia popular, directa, sin intermediaciones artificiales que desfiguren la genuina voluntad del pueblo. Es una idea que borra la distinción entre representantes y representados, entre gobernantes y ciudadanos, entre ellos y nosotros. En ese relato, o relatos, los partidos y las organizaciones deforman la voluntad popular, sustituyendo el interés del pueblo por los intereses particulares de cada organización política. Esa desconfianza en las intermediaciones lleva en buena lógica a la desconfianza en los partidos y al sistema de organización de las representaciones que estos expresan, pues tienen una tendencia inevitable hacia la oligarquización política en las democracias representativas, es decir, la “particularización” de sus intereses como representación de los intereses de todos. Por ello, el sociólogo alemán Robert Michels afirmaba con justa razón en Los partidos políticos (hace casi un siglo) que “quien dice organización dice oligarquía”.
Ese problema ha permanecido como una tensión latente entre pluralismo y representación, que ha llevado a disminuir las tendencias hacia la oligarquización de las democracias. Pero en los últimos años, ha renacido con fuerza la idea de que hay alternativas radicales a las democracias representativas, y que hoy resurgen bajo el concepto-paraguas del “populismo”, una suerte de prótesis conceptual utilizada para denominar a regímenes políticos de orígenes democráticos que por diversas razones y circunstancias tienden a convertirse en autocracias. En muchos casos nacionales contemporáneos, se ha desarrollado una extraña relación entre ideas e intereses que forma parte de las narrativas alternativas que prometen una nueva utopía política. Extraña porque es contradictoria, confusa, o francamente falsa. Quizá se explica porque, como señala el subtítulo del libro de Murayama, vivimos en la época de la “pos verdad”, una era ideológica de plomo caracterizada por un lenguaje estruendoso y dramático que se basa frecuentemente en falsedades, no en hechos; en creencias, no en evidencias. Sus representaciones son protagonizadas por personajes surgidos dentro y fuera de los sistemas políticos nacionales. Los ejemplos sobran: Berlusconi en Italia, Trump en los EU, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua.
Es contradictoria cuando se comparan épocas, lenguajes, actores. En el caso mexicano, es un hecho que a finales de los ochenta surgió y se expandió rápidamente el reclamo democrático entre las fuerzas políticas nacionales de oposición al PRI. Ese reclamo se tradujo en la exigencia de contar con un sistema electoral confiable, autónomo, que garantizara que la voluntad de los ciudadanos y se expresara en representaciones fieles de sus intereses y expectativas a través de un sistema de partidos equilibrado, competitivo, vigilado. El resultado institucional mayor de ese reclamo se condensó en la creación del IFE, en 1991.
Hoy, casi tres décadas después, el reclamo es otro. Suena a ajuste de cuentas y proviene del oficialismo político, no de la oposición: basta, se dice, de simulaciones y farsas. La auténtica democracia, la popular, la del pueblo, no necesita representantes. Se necesita que los dirija uno que se autoproclama como uno más de ellos mismos (“Yo soy uno de Ustedes”).
La propia historia del IFE es una historia de reformas sobre las funciones, facultades y alcances de ese organismo para garantizar elecciones confiables y transparentes, con reglas claras y actores reconocidos. La metáfora del IFE como árbitro del juego de la competencia política fue inventada (o sugerida) por José Woldenberg. La dinámica de los acontecimientos políticos y la experiencia de los procesos electorales federales y locales permitieron diseñar e instrumentar cinco reformas al IFE entre 1993 y 2014, que lo convirtieron en el actual INE. A pesar de ser un organismo crecientemente sobrecargado de funciones y actividades, el Instituto se ha consolidado como la pieza clave de la democracia mexicana en virtud de que esa sobrecarga ha estado ligada estrechamente a su autonomía como un órgano del Estado mexicano.
Hoy se habla de una nueva reforma que disminuya el costo, las funciones y alcances del Instituto. Sería la décima en la historia electoral del país, y la sexta después de la creación del IFE, por lo que no se trataría de nada inusual en la trayectoria del Instituto. Pero los recortes presupuestales de 2019 y 2020 muestran la ruta de la reforma que se imagina desde el oficialismo. Por lo que se ve, es una reforma regresiva, hecha en nombre de la austeridad, sin consideraciones mayores sobre los efectos perversos o no previstos que esa ruta tendrá en la calidad, confiabilidad y consistencia de los procesos electorales futuros (2021, 2024). La lógica de esa reforma tiene un color metálico y un sabor a óxido: la sustitución de un árbitro por otro. Del INE a la Presidencia de la República. Como en los viejos tiempos.
Los libros que nos ofrecen Woldenberg (En defensa de la democracia) y Murayama (La democracia a prueba) son pertinentes para explorar a profundidad las inconsistencias del diagnóstico en que se basa la nueva narrativa oficialista sobre la democracia popular. Son dos textos que penetran en el núcleo duro de la democracia como institución, construcción política y acción colectiva organizada. Pero lo hacen desde dos posiciones diferentes. Una es la del analista político, interesado antes y después de ser el primer presidente del IFE (1996-2003), en los temas de la democracia y el cambio político en México. Otra es la del consejero electoral en funciones del INE, interesado en mostrar la evidencia empírica, estadística, documental y testimonial, de que el proceso electoral del 2018 fue ejemplar, incluso paradigmático, de reglas electorales que aseguran la voluntad de la mayoría y los derechos de las minorías en la configuración de los equilibrios políticos que caracterizan cualquier democracia de la que se pueda hablar.
Woldenberg subraya en su nuevo libro una de las tesis centrales de la democracia mexicana. Sí hay un autor, intelectual, académico y ex funcionario electoral que ha mostrado evidencias, argumentos y razones de que la transición política mexicana fue exitosa, es él. Pero también ha señalado que la democracia es un régimen político frágil, siempre sujeto a contingencias y fuerzas políticas, sociales y económicas que amenazan sistemáticamente su propia existencia como régimen institucional. Por muchos autores y experiencias sabemos que la democracia crea a sus propios enemigos, y la historia de los populismos democráticos que se transforman en autocracias es abundante. La bibliografía clásica sobre las transiciones de los autoritarismos a las democracias coexiste con los estudios recientes sobre las transiciones desde las democracias a las no democracias (autoritarismos, totalitarismos, autocracias).
Esta es quizá la preocupación política e intelectual central que articula los textos reunidos en el libro En defensa de la democracia. A través de diez ensayos y tres reseñas publicados en distintos medios, Woldenberg propone diversos argumentos y razones para defender la joven (“germinal”” le suele llamar) democracia mexicana. Son textos escritos entre 2014 y 2019 que tienen como hilo conductor la preocupación por apreciar en su justa dimensión los logros políticos y sociales que representa el hecho de que en México hayamos sorteado con éxito la transición de un régimen autoritario (o semiautoritario, o semidemocrático) a uno democrático, en relativamente poco tiempo (1994-2000).
Pero la defensa de la democracia que hace el autor no parte de su divinización como fórmula mágica de resolución de todos los problemas del presente mexicano. Una y otra vez señala que la democracia tiene sus límites, uno de los cuales (quizá el más poderoso y desafiante para el fortalecimiento de un orden democrático) es el contexto social y económico en el cual la democracia mexicana se ha edificado a los largo de los últimos veinte años. Son los factores que Woldenberg identifica como los “nutrientes del malestar” democrático. La desigualdad crónica, la pobreza brutal (53.3 millones de mexicanos habitan ese territorio), la legendaria debilidad del Estado de Derecho, la inseguridad y la violencia, forman parte del estado de ánimo que impera entre no pocos sectores que miran a la democracia como un fenómeno difuso, exótico, incluso prescindible para resolver esos problemas (“Hacia 2018: malestar, fragmentación, incertidumbre”).
Murayama, por su parte, presenta una obra minuciosa, detallada, sobre las elecciones federales del 2018. A través de 12 capítulos, más una Introducción y un Epílogo, Murayama describe puntualmente las distintas dimensiones de un proceso de extraordinaria complejidad. Organización de la elección, padrón electoral, PREP, voto de los mexicanos en el exterior, candidatos de partidos y candidaturas independientes, debates presidenciales, financiamiento de las campañas, los OPLE (Organismos Públicos Electorales Locales), los litigios electorales. El capitulado es la expresión de la abultada agenda de asuntos que debió cubrir el INE a lo largo de casi un año.
El punto de partida del libro es el punto de llegada del proceso. A la luz de los resultados electorales, “las elecciones del 2018 habían cumplido con su cometido más importante: permitir la renovación pacífica del poder político” (p.16). El desafío organizacional, político y técnico del “mayor ejercicio democrático de la historia nacional” (como lo califica Murayama) fue exitosamente resuelto, a pesar de los malos augurios que algunos anticipaban antes y durante el proceso electoral que comenzó en octubre de 2017, o del complejísimo contexto social y económico del país, caracterizado por la inseguridad pública, la violencia, el estancamiento económico, los escándalos de corrupción.
El juicio de “mayor ejercicio democrático” que hace el autor lo respaldan los datos. 156 mil casillas instaladas para elegir Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 Senadores, 8 gobernadores y renovación de 27 congresos locales, además de decenas de ayuntamientos y regidores en las entidades federativas. Participaron el 64% de los electores de la lista nominal (56 millones de ciudadanos). Las impugnaciones al proceso fueron mínimas, y los resultados permitieron efectivamente renovar pacíficamente el poder político en México.
¿Cuál fue la clave para enfrentar el proceso? Las capacidades institucionales del sistema electoral que hemos construido, afirma Murayama. Un sistema que permite reconocer a ganadores y perdedores en un esquema de equilibrios políticos de la representación de la voluntad general. Ello explica que, a pesar de la abrumadora e histórica votación que llevó a AMLO a la Presidencia (casi 30 millones de votos), esa votación no correspondió a la votación recibida por la coalición que lo apoyó, que recibió 5.5 millones de votos menos que su candidato. Lo mismo ocurrió con los candidatos perdedores: recibieron más votos que sus respectivas coaliciones. Eso se interpreta como expresión de la diversidad fáctica de la ciudadanía que contrasta con la imaginaria homogeneidad de un pueblo.
El libro de Murayama abunda en datos, tablas, estadísticas, áridas pero indispensables para comprender cómo se articulan los procesos electorales con las representaciones políticas en el México contemporáneo. La geografía electoral (cap.III) es una de las dimensiones que muestran el complicado comportamiento que explica porqué, por ejemplo, en Jalisco ganó una fuerza política distinta al morenismo, o que en los 27 congresos locales el propio morenismo haya alcanzado votaciones importantes sin que alcanzara el triunfo en los ejecutivos estatales. Los efectos de la reforma federal del 2014 alcanzaron la profunda recomposición de los Organismos Públicos Locales Electorales, y esa recomposición funcionó bien en las escalas estatales.
Woldenberg y Murayama representan voces incómodas no solo para el nuevo oficialismo sino para todos aquellos que insisten en que la democracia representativa, basada en elecciones en la cual participan y deciden los ciudadanos son una mera ilusión o una ficción (neo) liberal. Hoy estamos en una coyuntura que indica el procesamiento de una nueva reforma electoral que, en nombre de la austeridad y de la democracia popular, amenaza con debilitar las bases mismas de la democracia mexicana, a partir del debilitamiento del barroco sistema electoral que hemos construido a lo largo de casi tres décadas. El recorte presupuestal de más de mil millones al INE para el próximo año (2020), la consulta de revocación de mandato, la práctica de consultas populares “relajadas” como las califica piadosamente Murayama en su Epílogo, forman parte de las señales que anticipan tiempos difíciles para la democracia mexicana.
Por ello justamente es importante leer los libros de que hoy comentamos. Se trata de ejercicios intelectuales, reflexivos, que se acompañan de evidencias empíricas, datos que permitan entender con claridad la peculiar complejidad de los logros, déficits, amenazas y problemas de la democracia mexicana. Woldenberg y Murayama subrayan una y otra vez las virtudes de nuestro cambio político, centradas en el reconocimiento de la pluralidad y diversidad como rasgos sustantivos y permanentes de la sociedad mexicana, como la causalidad profunda de la existencia de un sistema electoral que garantice la adecuada representación política de los intereses, reclamos, ideas y propuestas de una ciudadanía compleja. Son voces incómodas para los promotores de la idea peligrosa que señalaba el principio de estas notas. Por ello, sus preocupaciones políticas e intelectuales se ajustan a lo que Italo Calvino señalaba en La jornada de un escrutador: “En política como en todas las cosas de la vida, y para quien no sea un necio, sólo cuentan dos principios: no hacerse demasiadas ilusiones y no dejar de creer que cualquier cosa que hagas puede servir” (La jornada de un escrutador, Siruela, Madrid, 1999, p.16).
Tuesday, January 21, 2020
Postales de conflicto
Estación de paso
UAN: postales de un conflicto
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 16/01/2020)
El inicio de año comenzó de manera difícil para la Universidad Autónoma de Nayarit. El sábado 4 de enero, cuando aún no se terminaban las vacaciones de invierno, el gobernador envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la UAN, que fue aprobada ese mismo de manera veloz por el Congreso local. Las implicaciones de esa ley son de forma y de fondo, es decir, afectan tanto los modos políticos y los procedimientos institucionales de las relaciones entre el gobierno y la universidad, como los alcances, significados y contenidos de la autonomía universitaria.
Las reacciones inmediatas del propio Rector de la UAN, apoyadas por los pronunciamientos de una veintena de rectores de universidades públicas y de los rectores de las cinco universidades públicas que conforman la región occidente de la ANUIES, se sucedieron uno tras otro entre los días 7 y 10 de enero. Coinciden en una condena al procedimiento empleado para la propuesta de reforma, en el cual no se tomó en cuenta la opinión y participación de los universitarios nayaritas. En esos términos, se argumenta que la iniciativa del gobierno nayarita es una violación a la autonomía universitaria establecida en la fracción séptima del artículo tercero constitucional.
¿Cuáles son las razones del conflicto? ¿Quiénes sus actores principales? ¿Qué intereses representan? En primer lugar, habría que subrayar el hecho de que el caso de la UAN confirma un acentuado patrón de tensiones y conflictividad en las relaciones entre las universidades públicas y los gobernadores estatales a lo largo del siglo XXI, que se ha expresado en el caso de otras universidades estatales como la de Aguascalientes, la UABC, la de Guadalajara, la Michoacana, la de Sinaloa, Oaxaca o Morelos. Ese patrón se deriva de contextos políticos locales donde diversas fuerzas actúan para intervenir en la modificación del orden político-institucional y administrativo-financiero de las universidades.
Una situación financiera endeble, efecto tanto de los crecientes condicionamientos públicos federales y locales como de prácticas de corrupción de algunos funcionarios universitarios en el ejercicio de los recursos, o las condiciones de contratación, pensiones y jubilaciones pactadas entre autoridades universitarios y sindicatos desde hace décadas, explican también, parcialmente, las razones del conflicto. El caso de la UAN es, junto con una decena de instituciones similares, representativo de esa situación de fragilidad financiera y deterioro académico que obedece a factores tanto internos como externos.
Los protagonistas principales del pleito son el Rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña González, y el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García. El primero tomó posesión como Rector desde 2016, y se propuso como prioridad de su administración “sobrevivir al desfalco” heredado de su antecesor. El Gobernador, por su parte, empresario de extracción panista, tomó posesión en septiembre de 2017 decidido a impulsar un “cambio institucional” en la UAN orientado a democratizar su vida interna, promover el emprendurismo, mejorar su situación financiera y elevar la calidad de sus funciones sustantivas.
Los intereses que representan son diferentes. Uno intenta literalmente sobrevivir a una situación financieramente insostenible en el corto plazo, que se agrava por la desconfianza de las autoridades federales y locales sobre el manejo de los recursos públicos que recibe la Universidad. En un contexto de tensión constante con los poderes formales y fácticos que habitan la vida institucional (sindicatos, organizaciones estudiantiles, grupos de poder), el Rector encabeza un proyecto de reforma interna lento, complicado y potencialmente explosivo. El Gobernador, por su parte, representa las voces que critican el pasado reciente de la UAN como una historia de corrupción, despilfarros e irresponsabilidad institucional, que la llevaron a la crisis financiera que hoy enfrenta.
Ambos relatos y contextos confluyen en la explicación de la crisis actual de la UAN. La iniciativa unilateral del gobernador rompe con los códigos políticos que habitualmente acompañan todo proceso de reforma a las leyes orgánicas universitarias: antes de lanzar la iniciativa, consultarla con las autoridades universitarias. El cabildeo, la negociación, la elaboración de consensos mínimos, forman parte de esos procedimientos formales e informales de todo proyecto reformador. Pero el rompimiento de los procedimientos también esconde la afectación de un tema mayor, de fondo, que trasciende el caso de la UAN: el tema de la autonomía universitaria.
Ello constituye un desafío jurídico, político e intelectual. ¿Qué significa la autonomía universitaria hoy? ¿Cuáles son sus alcances, efectos prácticos, dimensiones y limitaciones? Dada la acumulación de evidencias empíricas universitarias, la autonomía parece ser un concepto vaciado de significado, donde la defensa de la autonomía como autogobierno, como régimen de libertades académicas de enseñanza e investigación, o la obligatoriedad constitucional del financiamiento público a las universidades, son conceptos jurídicamente claros pero políticamente ambiguos, que llevan a que en la práctica, en momentos de conflicto como el de la UAN, sean interpretados como cada quien quiera lo que signifiquen, justo como lo señalaba Humpty Dumpty en el país de las maravillas.
Por lo pronto, el Rector anunció el 10 de enero la formación de una Comisión de académicos destacados que coordinará los trabajos de una consulta dirigida a recoger las opiniones y propuestas de los universitarios en torno a cambios normativos en la Ley Orgánica y el Estatuto universitario. Esto puede verse como una respuesta al decreto de reforma ya publicado por el Gobernador y el Congreso Local en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el pasado 7 de enero. Vienen tiempos difíciles, es decir, interesantes.
UAN: postales de un conflicto
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 16/01/2020)
El inicio de año comenzó de manera difícil para la Universidad Autónoma de Nayarit. El sábado 4 de enero, cuando aún no se terminaban las vacaciones de invierno, el gobernador envió una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la UAN, que fue aprobada ese mismo de manera veloz por el Congreso local. Las implicaciones de esa ley son de forma y de fondo, es decir, afectan tanto los modos políticos y los procedimientos institucionales de las relaciones entre el gobierno y la universidad, como los alcances, significados y contenidos de la autonomía universitaria.
Las reacciones inmediatas del propio Rector de la UAN, apoyadas por los pronunciamientos de una veintena de rectores de universidades públicas y de los rectores de las cinco universidades públicas que conforman la región occidente de la ANUIES, se sucedieron uno tras otro entre los días 7 y 10 de enero. Coinciden en una condena al procedimiento empleado para la propuesta de reforma, en el cual no se tomó en cuenta la opinión y participación de los universitarios nayaritas. En esos términos, se argumenta que la iniciativa del gobierno nayarita es una violación a la autonomía universitaria establecida en la fracción séptima del artículo tercero constitucional.
¿Cuáles son las razones del conflicto? ¿Quiénes sus actores principales? ¿Qué intereses representan? En primer lugar, habría que subrayar el hecho de que el caso de la UAN confirma un acentuado patrón de tensiones y conflictividad en las relaciones entre las universidades públicas y los gobernadores estatales a lo largo del siglo XXI, que se ha expresado en el caso de otras universidades estatales como la de Aguascalientes, la UABC, la de Guadalajara, la Michoacana, la de Sinaloa, Oaxaca o Morelos. Ese patrón se deriva de contextos políticos locales donde diversas fuerzas actúan para intervenir en la modificación del orden político-institucional y administrativo-financiero de las universidades.
Una situación financiera endeble, efecto tanto de los crecientes condicionamientos públicos federales y locales como de prácticas de corrupción de algunos funcionarios universitarios en el ejercicio de los recursos, o las condiciones de contratación, pensiones y jubilaciones pactadas entre autoridades universitarios y sindicatos desde hace décadas, explican también, parcialmente, las razones del conflicto. El caso de la UAN es, junto con una decena de instituciones similares, representativo de esa situación de fragilidad financiera y deterioro académico que obedece a factores tanto internos como externos.
Los protagonistas principales del pleito son el Rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña González, y el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García. El primero tomó posesión como Rector desde 2016, y se propuso como prioridad de su administración “sobrevivir al desfalco” heredado de su antecesor. El Gobernador, por su parte, empresario de extracción panista, tomó posesión en septiembre de 2017 decidido a impulsar un “cambio institucional” en la UAN orientado a democratizar su vida interna, promover el emprendurismo, mejorar su situación financiera y elevar la calidad de sus funciones sustantivas.
Los intereses que representan son diferentes. Uno intenta literalmente sobrevivir a una situación financieramente insostenible en el corto plazo, que se agrava por la desconfianza de las autoridades federales y locales sobre el manejo de los recursos públicos que recibe la Universidad. En un contexto de tensión constante con los poderes formales y fácticos que habitan la vida institucional (sindicatos, organizaciones estudiantiles, grupos de poder), el Rector encabeza un proyecto de reforma interna lento, complicado y potencialmente explosivo. El Gobernador, por su parte, representa las voces que critican el pasado reciente de la UAN como una historia de corrupción, despilfarros e irresponsabilidad institucional, que la llevaron a la crisis financiera que hoy enfrenta.
Ambos relatos y contextos confluyen en la explicación de la crisis actual de la UAN. La iniciativa unilateral del gobernador rompe con los códigos políticos que habitualmente acompañan todo proceso de reforma a las leyes orgánicas universitarias: antes de lanzar la iniciativa, consultarla con las autoridades universitarias. El cabildeo, la negociación, la elaboración de consensos mínimos, forman parte de esos procedimientos formales e informales de todo proyecto reformador. Pero el rompimiento de los procedimientos también esconde la afectación de un tema mayor, de fondo, que trasciende el caso de la UAN: el tema de la autonomía universitaria.
Ello constituye un desafío jurídico, político e intelectual. ¿Qué significa la autonomía universitaria hoy? ¿Cuáles son sus alcances, efectos prácticos, dimensiones y limitaciones? Dada la acumulación de evidencias empíricas universitarias, la autonomía parece ser un concepto vaciado de significado, donde la defensa de la autonomía como autogobierno, como régimen de libertades académicas de enseñanza e investigación, o la obligatoriedad constitucional del financiamiento público a las universidades, son conceptos jurídicamente claros pero políticamente ambiguos, que llevan a que en la práctica, en momentos de conflicto como el de la UAN, sean interpretados como cada quien quiera lo que signifiquen, justo como lo señalaba Humpty Dumpty en el país de las maravillas.
Por lo pronto, el Rector anunció el 10 de enero la formación de una Comisión de académicos destacados que coordinará los trabajos de una consulta dirigida a recoger las opiniones y propuestas de los universitarios en torno a cambios normativos en la Ley Orgánica y el Estatuto universitario. Esto puede verse como una respuesta al decreto de reforma ya publicado por el Gobernador y el Congreso Local en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el pasado 7 de enero. Vienen tiempos difíciles, es decir, interesantes.
UAN. la reforma autoritaria
Universidad Autónoma de Nayarit: la reforma autoritaria
Adrián Acosta Silva
(Nexos, Blog de Educación, 15/01/2020)
A lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI se han acumulado un conjunto de tensiones entre los gobiernos estatales y las universidades públicas locales en las diversas entidades federativas. Los casos de Universidades como la Michoacana, Guadalajara, Veracruzana, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Baja California, Aguascalientes o Oaxaca, son experiencias ilustrativas de la manera en que los ejecutivos de los gobiernos estatales, con o sin el respaldo de las autoridades federales, o de sus propios órganos legislativos locales, han emprendido iniciativas dirigidas a controlar, supervisar o condicionar los recursos financieros públicos de las universidades, o para modificar sus respectivas leyes orgánicas para introducir nuevas reglas del juego para la elección de autoridades internas, en especial de los Rectores.
Esas iniciativas obedecen a muy diferentes razones y circunstancias, pero tampoco son del todo novedosas. La historia política de cada universidad contiene relatos que en el pasado remoto o reciente explican las tensiones, contradicciones y pleitos entre los universitarios y los gobiernos estatales, o entre los propios universitarios, que están en la base de la construcción de nuevos arreglos políticos e institucionales entre gobiernos y universidades. Esas historias de conflicto y poder, más o menos conocidas, alimentan las diversas narrativas sobre la configuración política interna de las universidades y sus relaciones con los entornos locales, regionales y nacionales.
Pero desde hace una década, los recelos y críticas a las universidades se han multiplicado, a pesar, en muchos casos, de reformas documentables en sus comportamientos institucionales, en buena medida como efecto de las políticas federales de modernización, evaluación de la calidad y financiamento público diferencial, condicionado y competitivo observadas durante por lo menos tres décadas (1989-2018). La “estafa maestra” donde los directivos de algunas universidades públicas e instituciones tecnológicas se vieron envueltos en desvíos de recursos públicos, los problemas de la sustentabilidad financiera de las universidades derivadas de sus tradicionales regímenes de contratación, prestaciones, pensiones y jubilaciones, o la crítica a las prácticas patrimonialistas, clientelares y corporativas que caracterizan las relaciones políticas entre los universitarios, se han convertido en la fuente de numerosas exigencias de cambios mayores dentro y fuera de las campus universitarios, reclamos airados de transparencia institucional, escenas de indignación moral y escándalo político, y presiones para cambios institucionales hechos a la medida de indicadores de calidad dirigidos a construir universidades “de clase mundial”, de excelencia académica, autofinanciables, con gobiernos universitarios eficientes, donde la competitividad, el emprendurismo y la innovación sean los principios orientadores del desempeño institucional.
Ese es justamente el núcleo duro retórico, simbólico y político, que el actual Gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría García, utilizó para anunciar el pasado sábado 4 de enero a través de las redes sociales el envío de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, misma que fue revisada y aprobada aceleradamente ese mismo día por el Congreso nayarita, y publicada como decreto en el Periódico oficial del gobierno estatal el martes 7 de enero. Sin consulta previa con las autoridades universitarias que representan a la institución, y sin mediar un proceso de negociación con la propia comunidad universitaria local, el ejecutivo elaboró una iniciativa que tomó por sorpresa a los universitarios. De manera inmediata, el mismo día que aparecía publicada en el Periódico oficial, el Rector de la UAN expresaba su condena al procedimiento seguido por el ejecutivo y el legislativo estatal, a la que se sumó el jueves 9 la solidaridad de los rectores de 20 rectores de universidades federales y estatales del país a través de un pronunciamiento público y, un día después, de los rectores de las cinco universidades públicas que constituyen la región occidente de la ANUIES. En menos de una semana, la bomba de relojería que significaba la iniciativa sabatina del gobernador estalló. Lo que ahora tenemos es una situación de crisis e incertidumbre en la UAN que amenaza con debilitar aún más la frágil situación financiera y académica que ya experimentaba la universidad desde hace varios años.
Hijo del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez (1999-2005), contador por la Universidad Autónoma de Guadalajara, empresario y miltante del PAN, el actual gobernador fue electo en 2017, al encabezar la coalición “Juntos por ti” formada por el PAN, el PRD, el PT y el Partido de la Revolución Socialista de Nayarit, mediante la cual obtuvo el 38% de los votos, 11 puntos porcentuales por encima de su principal contendiente, apoyado por el PRI. Ese origen empresarial y político explica el tono y el lenguaje del decreto de reforma. El artículo 7, por ejemplo: “Promover, gestionar, implementar y ejecutar redes empresariales que…capaciten a la planta estudiantil, generen vinculación social y permitan el desarrollo de la universidad”. O el artículo 12, en el cual se menciona la creación de un nuevo órgano (el “Colegio de Elección Universitaria”) que, en conjunto con el Consejo General Universitario y el Consejo de Educación Media Superior, “tienen la facultad de crear o modificar su estructura, atendiendo a las necesidades de interés público”. Asimismo, se incluye la figura de un “Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la UAN, quién lo presidirá”. Estas piezas retóricas expresan los intereses que el gobieno estatal impulsa con la reforma de la UAN.
El entorno nacional en el cual ocurren los hechos ayuda a explicar las causas del pleito. De un lado, una clara posición política presidencial de desconfianza, escepticismo y recelos a las universidades públicas federales y estatales, que se traduce en recortes presupuestales y condicionamientos financieros de diversa magnitud e implicaciones. Por otro, la formulación de una nueva Ley General de Educación Superior donde se aspira a coordinar y regular de otra manera las políticas federales de educación superior, que incluye nuevas formas de gobierno del sistema nacional de educación superior asociada a fórmulas distintas de asignación presupuestal entre la federación y los gobiernos estatales respecto a las universidades públicas locales. Más allá, la prioridad del gobierno federal de impulsar al sistema de universidades públicas Benito Juárez García como el centro de sus políticas de acceso universal y gratuito a la educación superior. Un cuarto factor es la lógica política que siguen los gobernadores en sus relaciones con las universidades públicas de las entidades que gobiernan, donde las preocupaciones por asegurar la gobernabilidad de esas instituciones es el objetivo pragmático que se desprende de sus iniciativas reformadoras.
Pero las universidades públicas también han aportado sus propias insuficiencias al agravamiento de la situación. En el caso de la UAN, los escándalos de corrupción heredados del rector anterior, junto con las prácticas clientelares y corporativas de gestión de los recursos universitarios que se traducen en un esquema de prestaciones financieramente insostenible, han llevado al límite la viabilidad institucional de la propia universidad, a pesar de los esfuerzos de reforma que recientemente esa institución y su rector impulsan con la resistencia de los sindicatos académico y administrativo de la universidad.
Las postales de la crisis política que atraviesa la UAN tienen implicaciones en por lo menos dos ámbitos generales: el jurídico- procedimental y el político-institucional. Esas dos dimensiones concentran la atención sobre la naturaleza, alcances y límites de la autonomía universitaria contemporánea en México. De un lado, porque, desde el punto de vista del Tercero constitucional, la autonomía significa una garantía de autogobierno, de ejercicio de libertades académicas de enseñanza e investigación, y de diseño de políticas institucionales adecuadas para el desarrollo de las funciones sustantivas, funciones que deben ser apoyadas en su carácter de organismos descentralizados del Estado por medio de asignaciones de recursos públicos “oportunos y suficientes”.
Por el otro lado, la dimensión política constituye el centro mismo de la gestión de la autonomía universitaria, una dimensión donde los sistemas de creencias, los procedimientos, las reglas no escritas y los códigos de entendimiento forman la base dura de las relaciones de estabilidad, conflicto y cambios que se desarrollan en los intercambios entre el gobierno y las universidades públicas. La ruptura de esos códigos significa siempre la antesala de un conflicto cuyos costos suelen ser altos tanto para las universidades como para los gobiernos.
En ese sentido, uno de los puntos críticos de la iniciativa se encuentra en la modificación de los procesos de elección de las autoridades universitarias, contenidos tanto en el citado artículo 12, como en el 15 y el 15 Bis del Decreto. Hoy, los usos y costumbres de esos procesos obedecen a una fórmula común en la mayoría de las universidades públicas: la elección del rector por parte del consejo general universitario y la designación de autoridades por parte del rector, a propuesta de las propias comunidades de escuelas y facultades. La iniciativa contempla la creación de un “Colegio de Elección Universitario” que se encargará de organizar la elección de consejeros para la integración de diversos cuerpos colegiados, un espacio donde se elimina la participación del Rector el Secretario, y los representantes sindicales, y se incluye al Patronato universitario como figura de autoridad. Este punto es claramente un cambio sustancial en la reglas del autogobierno universitario.
El problema de fondo tiene que ver tanto con los procedimientos como con las implicaciones para la autonomía universitaria. Ambos son asuntos delicados y que trascienden las fronteras del conflicto nayarita. De un lado, porque introduce una nueva lógica política en las relaciones entre las comunidades universitarias y los poderes públicos. Por el otro, porque coloca en el centro la discusión sobre el significado, las dimensiones y los límites de la autonomía universitaria en el contexto contemporáneo. Una tiene que ver con las reglas escritas y no escritas de conducción e implementación de los cambios en las universidades. Otra con el hecho de que, dados los patrones de conflcitividad observados en otros casos universitarios, la autonomía parece ser un concepto vaciado de signficado, una idea que es interpretada de maneras diferentes por los actores involucrados.
Por ello, el caso de la UAN resulta preocupante, como experiencia coyuntural y como señal de los tiempos que corren. Los escenarios de resolución no son claros, y dependerán de la dinámica de los juegos políticos entre los actores locales y nacionales del proceso. Negociar el diseño de la reforma supone la abrogación del decreto que ya fue aprobado por el legislativo, una acción que tendría costos político significativos para el gobernador y los legisladores nayaritas. Tratar de impedir, obstaculizar o revertir la reforma de una ley en la que no participaron los universitarios, significaría un enorme desgaste y la posible fractura entre los propios universitarios. En cualquier caso, la legitimidad y factibilidad de la reforma está en juego, y sus consecuencias pueden tener alcances nacionales. Pero la política universitaria es un ejercicio que, como el futbol, siempre se juega en el corto plazo, con individuos generalmente hábiles en el uso de máscaras de ocasión que esconden una piel dura y ánimos de piedra. El viernes 10 por la tarde, el Rector Peña respondió al gobernador con la formación de una “Comisión de consulta” sobre posibles cambios a la normatividad universitaria que se entiende como una alternativa al decreto ya publicado en el Periódico oficial estatal. Mientras todo sucede, las estatutas de Manuel Lozada, el Tigre de Alica, y de Amado Nervo, uno de nuestros poetas patrios, miran, desde los jardines públicos de Tepic, en sus silencios de bronce y piedra, el desarrollo de los acontecimientos de un conflicto que apenas comienza.
Adrián Acosta Silva
(Nexos, Blog de Educación, 15/01/2020)
A lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI se han acumulado un conjunto de tensiones entre los gobiernos estatales y las universidades públicas locales en las diversas entidades federativas. Los casos de Universidades como la Michoacana, Guadalajara, Veracruzana, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Baja California, Aguascalientes o Oaxaca, son experiencias ilustrativas de la manera en que los ejecutivos de los gobiernos estatales, con o sin el respaldo de las autoridades federales, o de sus propios órganos legislativos locales, han emprendido iniciativas dirigidas a controlar, supervisar o condicionar los recursos financieros públicos de las universidades, o para modificar sus respectivas leyes orgánicas para introducir nuevas reglas del juego para la elección de autoridades internas, en especial de los Rectores.
Esas iniciativas obedecen a muy diferentes razones y circunstancias, pero tampoco son del todo novedosas. La historia política de cada universidad contiene relatos que en el pasado remoto o reciente explican las tensiones, contradicciones y pleitos entre los universitarios y los gobiernos estatales, o entre los propios universitarios, que están en la base de la construcción de nuevos arreglos políticos e institucionales entre gobiernos y universidades. Esas historias de conflicto y poder, más o menos conocidas, alimentan las diversas narrativas sobre la configuración política interna de las universidades y sus relaciones con los entornos locales, regionales y nacionales.
Pero desde hace una década, los recelos y críticas a las universidades se han multiplicado, a pesar, en muchos casos, de reformas documentables en sus comportamientos institucionales, en buena medida como efecto de las políticas federales de modernización, evaluación de la calidad y financiamento público diferencial, condicionado y competitivo observadas durante por lo menos tres décadas (1989-2018). La “estafa maestra” donde los directivos de algunas universidades públicas e instituciones tecnológicas se vieron envueltos en desvíos de recursos públicos, los problemas de la sustentabilidad financiera de las universidades derivadas de sus tradicionales regímenes de contratación, prestaciones, pensiones y jubilaciones, o la crítica a las prácticas patrimonialistas, clientelares y corporativas que caracterizan las relaciones políticas entre los universitarios, se han convertido en la fuente de numerosas exigencias de cambios mayores dentro y fuera de las campus universitarios, reclamos airados de transparencia institucional, escenas de indignación moral y escándalo político, y presiones para cambios institucionales hechos a la medida de indicadores de calidad dirigidos a construir universidades “de clase mundial”, de excelencia académica, autofinanciables, con gobiernos universitarios eficientes, donde la competitividad, el emprendurismo y la innovación sean los principios orientadores del desempeño institucional.
Ese es justamente el núcleo duro retórico, simbólico y político, que el actual Gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría García, utilizó para anunciar el pasado sábado 4 de enero a través de las redes sociales el envío de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, misma que fue revisada y aprobada aceleradamente ese mismo día por el Congreso nayarita, y publicada como decreto en el Periódico oficial del gobierno estatal el martes 7 de enero. Sin consulta previa con las autoridades universitarias que representan a la institución, y sin mediar un proceso de negociación con la propia comunidad universitaria local, el ejecutivo elaboró una iniciativa que tomó por sorpresa a los universitarios. De manera inmediata, el mismo día que aparecía publicada en el Periódico oficial, el Rector de la UAN expresaba su condena al procedimiento seguido por el ejecutivo y el legislativo estatal, a la que se sumó el jueves 9 la solidaridad de los rectores de 20 rectores de universidades federales y estatales del país a través de un pronunciamiento público y, un día después, de los rectores de las cinco universidades públicas que constituyen la región occidente de la ANUIES. En menos de una semana, la bomba de relojería que significaba la iniciativa sabatina del gobernador estalló. Lo que ahora tenemos es una situación de crisis e incertidumbre en la UAN que amenaza con debilitar aún más la frágil situación financiera y académica que ya experimentaba la universidad desde hace varios años.
Hijo del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez (1999-2005), contador por la Universidad Autónoma de Guadalajara, empresario y miltante del PAN, el actual gobernador fue electo en 2017, al encabezar la coalición “Juntos por ti” formada por el PAN, el PRD, el PT y el Partido de la Revolución Socialista de Nayarit, mediante la cual obtuvo el 38% de los votos, 11 puntos porcentuales por encima de su principal contendiente, apoyado por el PRI. Ese origen empresarial y político explica el tono y el lenguaje del decreto de reforma. El artículo 7, por ejemplo: “Promover, gestionar, implementar y ejecutar redes empresariales que…capaciten a la planta estudiantil, generen vinculación social y permitan el desarrollo de la universidad”. O el artículo 12, en el cual se menciona la creación de un nuevo órgano (el “Colegio de Elección Universitaria”) que, en conjunto con el Consejo General Universitario y el Consejo de Educación Media Superior, “tienen la facultad de crear o modificar su estructura, atendiendo a las necesidades de interés público”. Asimismo, se incluye la figura de un “Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la UAN, quién lo presidirá”. Estas piezas retóricas expresan los intereses que el gobieno estatal impulsa con la reforma de la UAN.
El entorno nacional en el cual ocurren los hechos ayuda a explicar las causas del pleito. De un lado, una clara posición política presidencial de desconfianza, escepticismo y recelos a las universidades públicas federales y estatales, que se traduce en recortes presupuestales y condicionamientos financieros de diversa magnitud e implicaciones. Por otro, la formulación de una nueva Ley General de Educación Superior donde se aspira a coordinar y regular de otra manera las políticas federales de educación superior, que incluye nuevas formas de gobierno del sistema nacional de educación superior asociada a fórmulas distintas de asignación presupuestal entre la federación y los gobiernos estatales respecto a las universidades públicas locales. Más allá, la prioridad del gobierno federal de impulsar al sistema de universidades públicas Benito Juárez García como el centro de sus políticas de acceso universal y gratuito a la educación superior. Un cuarto factor es la lógica política que siguen los gobernadores en sus relaciones con las universidades públicas de las entidades que gobiernan, donde las preocupaciones por asegurar la gobernabilidad de esas instituciones es el objetivo pragmático que se desprende de sus iniciativas reformadoras.
Pero las universidades públicas también han aportado sus propias insuficiencias al agravamiento de la situación. En el caso de la UAN, los escándalos de corrupción heredados del rector anterior, junto con las prácticas clientelares y corporativas de gestión de los recursos universitarios que se traducen en un esquema de prestaciones financieramente insostenible, han llevado al límite la viabilidad institucional de la propia universidad, a pesar de los esfuerzos de reforma que recientemente esa institución y su rector impulsan con la resistencia de los sindicatos académico y administrativo de la universidad.
Las postales de la crisis política que atraviesa la UAN tienen implicaciones en por lo menos dos ámbitos generales: el jurídico- procedimental y el político-institucional. Esas dos dimensiones concentran la atención sobre la naturaleza, alcances y límites de la autonomía universitaria contemporánea en México. De un lado, porque, desde el punto de vista del Tercero constitucional, la autonomía significa una garantía de autogobierno, de ejercicio de libertades académicas de enseñanza e investigación, y de diseño de políticas institucionales adecuadas para el desarrollo de las funciones sustantivas, funciones que deben ser apoyadas en su carácter de organismos descentralizados del Estado por medio de asignaciones de recursos públicos “oportunos y suficientes”.
Por el otro lado, la dimensión política constituye el centro mismo de la gestión de la autonomía universitaria, una dimensión donde los sistemas de creencias, los procedimientos, las reglas no escritas y los códigos de entendimiento forman la base dura de las relaciones de estabilidad, conflicto y cambios que se desarrollan en los intercambios entre el gobierno y las universidades públicas. La ruptura de esos códigos significa siempre la antesala de un conflicto cuyos costos suelen ser altos tanto para las universidades como para los gobiernos.
En ese sentido, uno de los puntos críticos de la iniciativa se encuentra en la modificación de los procesos de elección de las autoridades universitarias, contenidos tanto en el citado artículo 12, como en el 15 y el 15 Bis del Decreto. Hoy, los usos y costumbres de esos procesos obedecen a una fórmula común en la mayoría de las universidades públicas: la elección del rector por parte del consejo general universitario y la designación de autoridades por parte del rector, a propuesta de las propias comunidades de escuelas y facultades. La iniciativa contempla la creación de un “Colegio de Elección Universitario” que se encargará de organizar la elección de consejeros para la integración de diversos cuerpos colegiados, un espacio donde se elimina la participación del Rector el Secretario, y los representantes sindicales, y se incluye al Patronato universitario como figura de autoridad. Este punto es claramente un cambio sustancial en la reglas del autogobierno universitario.
El problema de fondo tiene que ver tanto con los procedimientos como con las implicaciones para la autonomía universitaria. Ambos son asuntos delicados y que trascienden las fronteras del conflicto nayarita. De un lado, porque introduce una nueva lógica política en las relaciones entre las comunidades universitarias y los poderes públicos. Por el otro, porque coloca en el centro la discusión sobre el significado, las dimensiones y los límites de la autonomía universitaria en el contexto contemporáneo. Una tiene que ver con las reglas escritas y no escritas de conducción e implementación de los cambios en las universidades. Otra con el hecho de que, dados los patrones de conflcitividad observados en otros casos universitarios, la autonomía parece ser un concepto vaciado de signficado, una idea que es interpretada de maneras diferentes por los actores involucrados.
Por ello, el caso de la UAN resulta preocupante, como experiencia coyuntural y como señal de los tiempos que corren. Los escenarios de resolución no son claros, y dependerán de la dinámica de los juegos políticos entre los actores locales y nacionales del proceso. Negociar el diseño de la reforma supone la abrogación del decreto que ya fue aprobado por el legislativo, una acción que tendría costos político significativos para el gobernador y los legisladores nayaritas. Tratar de impedir, obstaculizar o revertir la reforma de una ley en la que no participaron los universitarios, significaría un enorme desgaste y la posible fractura entre los propios universitarios. En cualquier caso, la legitimidad y factibilidad de la reforma está en juego, y sus consecuencias pueden tener alcances nacionales. Pero la política universitaria es un ejercicio que, como el futbol, siempre se juega en el corto plazo, con individuos generalmente hábiles en el uso de máscaras de ocasión que esconden una piel dura y ánimos de piedra. El viernes 10 por la tarde, el Rector Peña respondió al gobernador con la formación de una “Comisión de consulta” sobre posibles cambios a la normatividad universitaria que se entiende como una alternativa al decreto ya publicado en el Periódico oficial estatal. Mientras todo sucede, las estatutas de Manuel Lozada, el Tigre de Alica, y de Amado Nervo, uno de nuestros poetas patrios, miran, desde los jardines públicos de Tepic, en sus silencios de bronce y piedra, el desarrollo de los acontecimientos de un conflicto que apenas comienza.
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