¿Torres de marfil?

Diario de incertidumbres ¿Torres de marfil?: academia, política y vida pública Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 25/05/2023) https://suplementocampus.com/torres-de-marfil-academia-politica-y-vida-publica/ Hay una idea sobre la vida académica que suele predominar entre empresarios, políticos y funcionarios relacionados directa o indirectamente con las universidades. Se trata de la creencia de que la ciencia y la academia son espacios apacibles, tranquilos, alejados del mundo turbulento de la política o de los negocios, de la administración y gestión de recursos, relativamente libres del conflictos y pleitos mundanos. Algunos políticos, cuando se retiran, suelen decir que “volverán a la academia” a reposar, cuando su única experiencia ahí, si la tuvieron, fue como estudiantes o profesores ocasionales. La idea y las creencias asociadas son representaciones de la vieja imagen de la “torre de marfil”, ese espacio idealizado donde sus habitantes (intelectuales, científicos y académicos) cultivan sus propios intereses sin interferencias externas, lugares en que se pueden dedicar a sus especulaciones, investigaciones, o a impartir clases en contextos tranquilos, bajos en tensiones, sin contradicciones significativas. María Moliner definió la expresión como “aislamiento intelectual en el que alguien vive voluntariamente”. La invención del término es interesante. Su origen es impreciso, quizá grecolatino, una metáfora para referirse a una puerta hecha de un material fino y resistente (el marfil), mediante el cual se diferenciaban los “sueños falsos” de los “sueños verdaderos”. Pasó luego a representar espacios específicos de las primeras universidades medievales, luego a la literatura modernista en el siglo XIX, y de ahí al mundo de la academia universitaria contemporánea. En la imaginería religiosa o mística, la torre de marfil era un espacio reservado a los retiros espirituales, para alejarse de las tentaciones mundanas, edificios donde los clérigos se recogían para reflexionar, escribir, leer y orar. En las universidades modernas, élites y oligarquías académicas, escritores y poetas, suelen ser vistos como los actores conspicuos de esas torres imaginarias. Hoy, el término se utiliza de manera peyorativa para criticar a los que se dedican a la vida contemplativa o reflexiva, sin prestar atención a las urgencias públicas o políticas del momento. Sin embargo, es una imagen falsa. Desde hace tiempo, los científicos y académicos son muchos y diversos, al igual que sus contextos institucionales y sociales. También se han convertido en objetos de políticas dirigidas a evaluar su desempeño, sujetos obligados a rendir cuentas de su desempeño a través de informes y reportes, dedicados a la reunión de evidencias de su productividad académica, de su vinculación con las “necesidades del mercado” y, ahora, para demostrar los “beneficios sociales” de sus actividades. La metáfora de la torre de marfil alude a una realidad que no existe; es una forma de representación social que desprecia la actividad académica e intelectual. Los cubículos, laboratorios, salones de clase, son los espacios reales de los “sueños verdaderos” de científicos y académicos, espacios rodeados por el griterío y los ruidos mundanos de protestas estudiantiles o sindicales, objeto frecuente de críticas de políticos, príncipes y burócratas de ocasión. Los pleitos dentro y fuera de las torres son, desde hace tiempo, de un origen diferente. Hoy, los reclamos de hostigamiento y violencia de género han paralizado a la UAM durante semanas, y son motivo de protestas y movilizaciones en muchas universidades públicas y privadas. Otros son los que ocurren con los efectos de políticas científicas que se perciben como amenazas o riesgos para las libertades de investigación y enseñanzas universitarias, como ocurre con la recientemente aprobada ley de ciencia en México. Los pleitos ya no son solamente como solían ser: de naturaleza sindical o presupuestal, de amenazas a la autonomía, de conflictos por la elección de rectores, protestas estudiantiles por las políticas de admisión, o la distribución de becas y apoyos. Ahora son también motivados por un nuevo tipo de conflictividades de origen generacional y contextual que desafían las hechuras tradicionales de la gobernabilidad universitaria: acosto y hostigamiento sexual, inclusión de perspectivas de género, inseguridad y violencias dentro del campus . El otro paquete de tensiones tiene que ver con las políticas científicas y académicas. La nueva legislación científica aprobada por el oficialismo convocó a activistas a favor y en contra que provienen de las comunidades científicas y académicas. Aunque hay una franja significativa de esas comunidades que ha permanecido al margen de las discusiones, es claro que no pocos de sus miembros han adoptado posiciones de apoyo o de crítica a la actuación de quienes diseñaron la nueva normativa en el sector. Esos comportamientos también cuestionan la imagen de las torres de marfil de las universidades y centros de investigación. Los actores de esas conflictividades sociales, ideológicas y políticas configuran relaciones entre los muros del campus y afectan la utópica tranquilidad de la vida universitaria. Las autoridades y comunidades científicas y académicas trabajan todos los días con ruidos de fondo que alteran las rutinas de la docencia y la investigación, sin muchas posibilidades de gestionar con éxito las demandas, restricciones y condicionamientos a las labores universitarias. En las torres de marfil reales (cubículos, salones, aulas) resuenan los ecos mundanos de la política y la conflictividad social de los tiempos que corren. Y, a pesar de ello, los académicos, científicos, profesores y estudiantes intentan mantener con vida las rutinas propias del oficio y sus procesos de aprendizaje: leer, conversar, pensar, experimentar, interactuar, organizarlas clases, celebrar seminarios, foros y congresos, publicar artículos, reportes, ensayos, libros, capítulos relacionados con sus proyectos de investigación y la difusión de hallazgos, teorías, teoremas, hipótesis, para comprender y resolver problemas del pensamiento, la naturaleza o la vida social. En estos tiempos gobernados por los riesgos, la confusión y la desmemoria, hay que recordar que la soledad reflexiva y la conversación pública son los ingredientes básicos del oficio académico, actividades que se desarrollan dentro y fuera de espacios que fueron tomados por asalto, sigilosamente y desde hace tiempo, por la rebelión de las masas.

CONACYT: Polvo en el viento

Diario de incertidumbres Del Conacyt al Conahcyt: formas, fondos y polvo en el viento Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 11/05/2023) https://suplementocampus.com/del-conacyt-al-conahcyt-formas-fondos-y-polvo-en-el-viento/ La atropellada, confusa y caótica sesión del senado de la república celebrada durante la larga noche del día difícil del 28 de abril merece colgarse como pieza del museo de los humores políticos mexicanos de los años del obradorismo. Ahí, entre el montón de iniciativas aprobadas de madrugada del día 29 en un escenario inusual -el patio del palacio de Xicóténcantl-, y sólo con la presencia del oficialismo, se aprobó la nueva ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que, para decirlo en breve, significó el triunfo (¿momentáneo?) de los políticos y los burócratas sobre los científicos (o una parte de ellos). La maquinaria autocrática, convenientemente aceitada durante los años del obradorismo, funcionó con eficiencia, a toda velocidad, de madrugada, en espacios que permitieron funcionar sin oposiciones, ruidos mediáticos ni molestas interferencias técnicas o jurídicas. Mientras que la oposición tomaba el salón de plenos y las oficinas de la junta de coordinación política del senado para impedir la sesión, el oficialismo salía a la calle, se reunía con el presidente en palacio nacional, y celebraba con júbilo el preludio del espectáculo nocturno, con todo y fotografías del momento. Horas más tarde, ante el beneplácito presidencial, los senadores de su partido y sus aliados consumaron la tarea. Más allá de las postales de ocasión -que por sí mismas merecen ser tratadas con atención, por lo que son y lo que representan-, importa revisar la idea central, el procedimiento y el contenido de la iniciativa del oficialismo en el tema de la ciencia. El cambio del nombre del Conacyt por el de Conahcyt no es solo de siglas, pero importa, pues codifica las realidades e ilusiones de un cambio institucional. Pero la manera en que se aprobó la iniciativa del ejecutivo revela las prácticas de un proceso legislativo desaseado, incompleto, contradictorio y potencialmente ilegal, salvo que la abrumada corte suprema de justicia diga otra cosa en el futuro inmediato. La intención central de la reforma al Conacyt es que los beneficios de la ciencia y la tecnología deben ser universales, para todos, no solo para algunos. La idea es que el neoliberalismo científico impide esos beneficios. Por lo tanto, la ciencia neoliberal es el problema, y la nueva ley (humanista, universalista) es la solución. El problema del problema es que nunca ha quedado claro que significa “ciencia neoliberal”, ni tampoco que es eso de “ciencia humanista”, “humanismo” ni “universalismo” científico. La ciencia es una creatura humana, no alienígena, producto de la racionalidad y el discernimiento, que distingue la metafísica, la superstición y la magia de la racionalidad científica, tiene un alto componente histórico, no actúa en el vacío social ni tampoco es para consumo privado. Sus beneficios son universales y su acceso está limitado por factores no científicos (brechas de escolaridad de la población, desigualdad social, monopolios industriales). La retórica de la nueva ley es profusa, confusa y contradictoria. Para diferenciarse de la “épica neoliberal” centrada en el mercado, opone la “épica comunitarista” centrada en las comunidades. Aboga por el reconocimiento de la “pluralidad epistemológica” de los saberes y conocimientos, contraria a la diferenciación de epistemologías científicas basadas en métodos rigurosos, discutidos, evaluados y revisados por comunidades epistémicas organizadas. En cuanto a los contenidos, merecen destacarse por lo menos dos que tienen que ver con la hechura de decisiones estratégicas. Por un lado, el gobierno del denominado “sistema nacional de humanidades, ciencia, tecnología e innovación”. Del otro, la gobernanza del mismo sistema. El primero tiene la característica de una Junta de Gobierno de diseño claramente vertical y centralizada en el gobierno federal, donde se incluyen asientos con voz y voto a 13 secretarías federales, incluyendo a las secretarías de la defensa y de marina, para ponerse a tono con la racionalidad castrense que el obradorismo ha marcado como sello de su administración. Deja fuera a las instituciones académicas como la UNAM, el IPN, a las universidades estatales,o la ANUIES, y reagrupa a los centros públicos de investigación como agencias (¿oficinas?) incorporadas a las secretarías federales que correspondan. Los académicos y sus organizaciones, están fuera del esquema de gobierno del sistema, y solo serán considerados a invitación del Consejo Nacional, o del director o directora en turno, con voz pero sin voto. En lo que respecta a la gobernanza se desprende un diseño barroco (“democrático” afirma la ley), de arriba a abajo, donde múltiples instancias federales, estatales y municipales, instituciones públicas autónomas y no autónomas, participarán en la elaboración de programas y planes en distinta escala, en el marco de las prioridades y programas estratégicos contemplados en la “Agenda Nacional” que deberá ser diseñada y aprobada por el Conahcyt. Quedan en el aire cuestiones como la capacidad que pueden tener los municipios -el eslabón históricamente más débil de nuestro federalismo- para formular programas y prioridades en el ámbito científico o tecnológico alineados con la Agenda Nacional y sus expresiones estatales. Estas dos dimensiones del poder institucional del Conahcyt (gobierno/gobernanza) están en el centro del litigio sobre los alcances y eficacia gubernativa de la nueva legislación científica, pues implican un claro desplazamiento del funcionariado federal sobre las comunidades científicas. No obstante, al igual que cualquier ordenamiento jurídico, las leyes no equivalen a las políticas. Ninguna ley tiene efectos mágicos en los comportamientos institucionales y sociales, incluyendo los científicos. La traducción de la ley en políticas tiene une brecha de implementación que requiere de actores, condiciones, instrumentos y recursos, que aparecen enunciados como listados de buenas intenciones sin contenidos específicos. Si la forma es fondo, lo que puede apreciarse con el procedimiento de aprobación y los contenidos de la nueva ley es la confirmación de la lógica autocrática que gobierna la hechura de las decisiones gubernamentales. Proporciona la fotografía de un artefacto legislativo que revela contrahechuras de forma y de fondo, dominadas por las prisas y urgencias presidenciales, oscurecidas por la densa capa de polvo en el viento que domina desde hace tiempo el paisaje político de la temporada.