Violencia y anomia

Estación de paso Violencia criminal y anomia social Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 18/08/2022) https://suplementocampus.com/violencia-criminal-y-anomia-social/ Los bloqueos, incendios y asesinatos ocurridos la semana pasada en Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Baja California y Michoacán confirman a golpes de fuego y sangre una ruta de violencia criminal que vuelve a colocar en el centro de la atención pública un par de temas críticos. Por un lado, la capacidad de la autoridad del Estado para combatir la inseguridad. Por el otro, el poder de los grupos organizados para utilizar la violencia como instrumento de control de sus intereses y territorios. Ambos temas no son fáciles de comprender y resolver, aunque la narrativa oficial y la de algunos analistas las interpreten como pleitos entre narcos y pandillas, como reacciones a las acciones gubernamentales de captura o decomiso de drogas y armas a esas bandas, o como efectos de la corrupción de autoridades federales o locales pasadas o presentes. Como se sabe, la violencia no es patrimonio exclusivo del Estado o de las sociedades criminales. Es un recurso utilizado en diversas proporciones y contextos sociales para imponer o negociar intereses particulares, para desafiar un orden económico, político o cultural, y, en un nivel más amplio y difuso, es una cultura estructurada sobre normas y valores opuestos a los que comunmente se destacan como deseables (paz, cooperación, cohesión, integración social). Desde las ciencias sociales, el análisis de las relaciones entre violencia y orden social es un tema recurrente, abordado desde distintas ópticas. En Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Humany History (2009), por ejemplo, los economistas Douglass North, John J. Wallis y Barry R. Weingast se propusieron examinar el papel de la violencia en la historia humana con el fin de comparar los comportamientos económicos y sociales en distintas épocas y sociedades. El argumento central es que la violencia es producto de las formas en que se negocian los intereses de los individuos y grupos a través de instituciones formales e informales. Al distinguir a las instituciones como conjuntos de “patrones de organización social” u “órdenes sociales”, se identifican instituciones de “acceso abierto” (Estados sociales) o de “acceso cerrado” (Estados naturales). Las primeras son las instituciones modernas del estado y surgieron con el capitalismo democrático desde hace un par de siglos. Las segundas son mucho más antiguas, son de corte tradicional, de carácter personalista, solo accesibles a las élites, a ciertos grupos de poder, o a las mafias. Los autores sostienen que ambos órdenes coexisten en muchas sociedades contemopráneas. Violencia, instituciones, organizaciones y creencias forman el entramado conceptual de esta perspectiva. En la sociología, Durkheim introdujo en La división del trabajo social y en El suicidio, el concepto de anomia para explicar los comportamientos sociales en contextos de grandes cambios políticos y económicos. Anomia significa el vaciamiento de sentido de normas y valores que se consideran deseables o dominantes, algo que otro sociólogo, Robert Merton, años después, considerará como comportamientos “evasivos” o “desviados” de las normas. La anomia es un fenómeno típico de sociedades en transición, en la que cierto grupo de reglas y valores dejan de ser útiles para orientar el sentido de seguridad, pertenencia e identidad de los individuos. La expresión más extrema de esa crisis de sentido es, según Durkheim, el suicidio. En este razonamiento sociológico, la anomia “es la quiebra de la estructura cultural entre normas y objetivos culturales” -significaciones, representaciones- “y las capacidades socialmente estructuradas de los individuos y grupos para obrar de acuerdo con aquellas”. Años después, Max Weber hablaría del “monopolio legítimo de la violencia” por parte del Estado para asegurar el orden social, mientras que Karl Marx definía a la violencia, con una clara tonalidad política, como “la partera de la historia”. Estos acercamientos al fenómeno de la violencia y la anomia en sociedades contemporáneas como la mexicana son claramente insuficientes para comprender el origen causal de sus relaciones. Sin embargo, parece claro que la multiplicación de diversos tipos de violencias en los años recientes (política, sexual, delincuencial, verbal, familiar, vecinal) se ha consolidado como un fenómeno central del orden social en México. Asimismo, algunas esas violencias se han institucionalizado en el contexto del combate al crimen organizado pero también al desorganizado, cuyas fronteras son cada vez más difusas. Si, como afirmaba Durkheim, la anomia es la expresión dramática de la “desorganización moral” de muchos grupos, es la debilidad de la estructura de la autoridad estatal la que agudiza la impresión de que en no pocos territorios y poblaciones la imagen de la jungla hobbesiana se adueña del espectáculo cotidiano. Que hoy la iglesia católica y la propia presidencia de la república haga llamados a los criminales para que respeten los valores cristianos, sólo confirma que la era de la anomia ha llegado, con la proliferación de instituciones de “acceso cerrado” que actúan como autoridades fácticas en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Sonora o Sinaloa. Rezos, procesiones y misas parecen ser los últimos recursos para combatir los múltiples rostros de la violencia que padecemos desde hace casi veinte años. Pero ni soldados ni sacerdotes son suficientes para contener los brotes de violencia criminal observados en las últimas semanas, algo que contrasta con la capacidad de reacción de los grupos que incendian camiones y comercios en los espacios públicos de pueblos y ciudades. La anomia social mexicana es una mancha que parece extenderse sin prisas pero sin pausas, y forma parte del complejo proceso de desestructuración de la autoridad estatal (federal, estadual y municipal) entre diversas poblaciones y territorios. Y aunque el huevo de la serpiente haya sido incubado desde hace dos décadas, lo que tenemos hoy es el rostro de una bestia poliforme que actúa cotidianamente en las escalas locales mediante la explotación del miedo, las desapariciones forzadas, la amenaza y la extorsión, en formas de organización que mezclan el bandolerismo, el comportamiento mafioso o el terrorismo con lógicas de acción cuasi-paramilitares. Las campanadas de la ingobernabilidad resuenan desde Tijuana, Guadalajara y Ciudad Juárez, aunque el inquilino del palacio nacional insista en que son otra cosa.

Universidad del futuro

Estación de paso La universidad del futuro Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 04/08/2022) https://suplementocampus.com/la-universidad-del-futuro/ A lo largo del siglo XXI la educación superior ha experimentado la multiplicación de las tensiones en torno a sus funciones, orientaciones y estructuras. La gestión de la información y producción del conocimiento, los procesos de formación intelectual, técnica y profesional de las nuevas generaciones, los cambios en el mundo del trabajo, el cuestionamiento en torno a la pertinencia o utilidad de la investigación científica y humanística, o de las contribuciones sociales y económicas de la educación superior al desarrollo, forman parte de los factores que alimentan en proporciones imprecisas dosis encontradas de optimismo, pesimismo y escepticismo sobre el papel de la educación universitaria en las sociedades contemporáneas. En un contexto de masificación, diversificación y diferenciación de sus estructuras y actores, muchas de las instituciones y establecimientos que configuran este sector han modificado de manera significativa no sólo sus prácticas académicas o sus orientaciones institucionales, sino también sus modos de organización para tratar de ofrecer respuestas a retos y desafíos de entornos socioeconómicos y culturales complejos. Frente a este panorama, las universidades han relocalizado su papel y significado como instituciones históricas centrales en la configuración de la educación superior. Desde hace décadas ya no gozan del monopolio del sector como lo hicieron las universidades medievales europeas o coloniales latinoamericanas durante un largo ciclo histórico, y tampoco constituyen las (únicas) instituciones clave de los procesos de modernización de la vida económica, política y cultural de las sociedades del siglo XXI. Frente a las realidades del estancamiento económico y la velocidad de los cambios tecnológicos, de la agudización e incremento de las desigualdades sociales, de las transformaciones en los entornos políticos y de políticas públicas, las universidades enfrentan el desafío intelectual de reflexionar con rigor sobre su sentido institucional, sus orientaciones, prácticas y organización de sus procesos académicos, sus vínculos con la sociedad y con el Estado. En México, esta reflexión es de varias dimensiones y alcances, pocas de ellas claras y casi todas difusas. Tiene que ver con la distinción entre las universidades públicas y las privadas, el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y difusión cultural, pero también con el perfil de sus vínculos con la educación básica, con el cumplimiento de sus responsabilidades públicas, o con el compromiso institucional para enfrentar los nuevos y viejos patrones de la desigualdad, sus aportaciones a la cohesión o a la movilidad social, la construcción democrática y la prosperidad económica. Incluye el desafío de definir un nuevo tipo de autonomía intelectual e institucional que vaya más allá de las libertades de investigación y aprendizajes propios de las universidades modernas. También requiere de nuevos enfoques e ideas que reconozcan los logros de la universidad como institución social, pero que sean también los anteojos adecuados para identificar escenarios futuros para la “reinvención” de la misión, la organización y las funciones de la universidad. Las premisas de este ejercicio reflexivo pueden ser por lo menos tres. Primero, que las universidades experimentan en los últimos años una vaga sensación de “crisis de sentido” de sus prácticas y funciones institucionales, que ni la retórica tecnocrática, ni la neoliberal ni la populista alcanzan a disipar o resolver. Segundo, que esa crisis explica en parte los problemas de legitimación y representación de la idea misma de la universidad en contextos donde la confusión gobierna las representaciones políticas dominantes sobre la educación terciaria, y se acumulan las exigencias y restricciones gubernamentales a las universidades públicas. Tercero, que es necesario identificar los factores críticos que hoy están ya definiendo tanto las universidades del futuro (sus actores, organización y prácticas territoriales y disciplinarias), como los futuros de la universidad (los posibles escenarios en los cuales actuarían esas instituciones del conocimiento). En este marco de preocupaciones y reflexiones, pueden formularse algunas preguntas básicas: ¿Qué tipo de universidad es necesaria para enfrentar los múltiples desafíos de sociedades complejas, es decir, heterogéneas, desiguales y conflictivas, con altos umbrales de incertidumbre en su evolución? ¿Cuáles son los factores causales que hoy determinan o pueden determinar el futuro de las universidades? ¿Cuál es la naturaleza, dimensiones e implicaciones de esos factores para la construcción de la universidad del futuro? Para tratar de evitar caer en las trampas normativas de la fe o de la razón, o atascarse en la descripción empirista de acciones y proyectos, el examen de los futuros de la universidad requiere de la conjunción de datos e ideas, de ejercicios de imaginación y del análisis de los resultados comparados del conocimiento acumulado sobre las universidades. Pero también requiere de la identificación de las múltiples cosas que no sabemos sobre su situación actual en México: ¿qué representan? ¿cómo se gobiernan? ¿cuáles son las trayectorias de sus estudiantes y egresados? ¿quiénes son sus profesores, investigadores y directivos? ¿qué tipo de prácticas configuran las rutinas académicas en las diferentes disciplinas y campos del conocimiento? ¿qué tanto, cómo y porqué influyen las políticas públicas en el comportamiento institucional de las universidades? No hay algoritmos que permitan anticipar el futuro universitario, ni fórmulas de innovación que garanticen la construcción de un modelo distinto de las universidades que conocemos. Ninguna ley, decreto presidencial o actos de voluntarismo político serán capaces de diseñar e instrumentar una nueva universidad. Los enunciados sobre la calidad, la digitalización educativa, la retórica de la innovación, las condenas diarias al neoliberalismo, o la adoración al compromiso popular de la educación superior, son elementos insuficientes -y cognitivamente inútiles- para comprender la complejidad de los escenarios futuros de las universidades. Los riesgos del abandono político, los prejuicios crecientes sobre las tareas universitarias, la fragmentación del sentido mismo de la universidad, forman parte de los inventarios de cualquier ejercicio prospectivo sobre la universidad y sus escenarios. Para pensar el futuro sin la ayuda de bolas de cristal, oráculos o pitonisas, quizá sea conveniente rescatar una idea antigua: una agenda sobre el futuro de la universidad mexicana.