Oficios y profesiones

Estación de paso De oficios y profesiones en el siglo XXI Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 30/09/2021) La expansión de la educación superior en el mundo es la señal más potente de los mitos, ilusiones y realidades que acompañan la creciente escolaridad de las poblaciones. Hoy, más de 200 millones de estudiantes de licenciatura y posgrado habitan las miles de instituciones, escuelas y centros de enseñanza públicos y privados, universitarios y no universitarios, que configuran los sistemas nacionales de educación superior. En términos generales, es posible observar que desde la etapa posterior a la segunda guerra mundial cada generación es más escolarizada que la anterior, sus oportunidades laborales se amplían, las demandas de participación y democratización de la vida pública se diversifican, y las vidas individuales de quienes logran acceder a la educación superior cambian significativamente a lo largo del tiempo. Y, sin embargo, el estancamiento económico, los veloces cambios en los entornos laborales, las crisis de salud pública, el sub o el desempleo profesional, la migración internacional, los autoritarismos, el retorno del pensamiento mágico, son fenómenos recurrentes y arraigados en los distintos contextos nacionales y locales. Desde luego, acumular capital escolar no es un asunto de todos. Por el origen social, por los antecedentes familiares, por los contextos demográficos, sociales o económicos, sólo 4 de cada 10 jóvenes del mundo logran acceder a la educación superior. Muchos estudios han mostrado cómo las universidades son sitios donde los estratos sociales altos y medios superan proporcionalmente a los individuos pertenecientes a los estratos bajos de la población. Por ello, la educación superior como palanca o mecanismo de movilidad social ascendente no funciona igual para todos, todo el tiempo, en todos los contextos. Se sabe que los padres universitarios tendrán hijos universitarios, aunque hay excepciones. Y también se sabe que los hijos de padres con bajas escolaridades tendrán menos oportunidades de acceso que otros grupos y estratos sociales. La desigualdad de oportunidades educativas es una función de la desigualdad social. Para aquellos que no logran obtener títulos universitarios, los oficios son una tradición y, a veces, la única opción laboral y vital para miles de jóvenes. Pero aprender un oficio nunca es fácil. Se requieren años de trabajo duro, persistencia y un poco de suerte. Los antiguos sabían que los oficios no se enseñan, se aprenden, se transmiten de padres a hijos, y juegan un papel importante en la organización de la economía, la política y la vida en sociedad. Los modernos afirman que la educación es el principal medio para el progreso técnico, el crecimiento económico y la movilidad social (la teoría del capital humano). Frente a la ideología del éxito o las ilusiones meritocráticas contemporáneas, la realidad cotidiana muestra cómo maestros y aprendices de albañiles, plomeros, fontaneros, jardineros, electricistas, pintores de casas, herreros, sirvientas, choferes, campesinos, taqueros, pequeños comerciantes, configuran poblaciones cuyo peso y funciones específicas hacen posible que las cosas cotidianas de las sociedades sean aceptables. La robotización de los servicios, la revolución digital o las nuevas tecnologías no eliminan muchos de esos oficios, aunque surgan otros nuevos. Esas poblaciones laborales son generalmente invisibles desde las rectorías o direcciones de las instituciones de educación superior o desde las oficinas de la SEP. Y sin embargo, los campus universitarios, los consultorios de los médicos, los despachos de abogados o de ingenieros, los cubículos de los académicos, los laboratorios de los científicos, serían espacios muertos sin el apoyo de quienes sin ostentar títulos universitarios saben o hacen cosas que los profesionistas no. Los oficios froman parte del paisaje histórico de la formación profesional. Sociólogos como Spencer o Durkheim, o economistas-filósofos como Karl Marx, repararon en el pasado decimonónico en la importancia de los oficios como precursores y piezas fundamentales de la evolución social o de la revolución industrial. La diferenciación entre el trabajo manual de los artesanos y el trabajo intelectual de los profesionistas es el lugar común que la economía y la sociología heredaron al siglo XX. Del orden político-eclesiástico surgieron algunos de los gremios artesanales de la edad media del cual se desprendieron las pequeñas comunidades de estudiantes y profesores que fundaron con el tiempo las universidades de Bolonia, de París o de Salamanca, las escuelas de artes y oficios, los institutos politécnicos. Como todos los gremios, eran corporaciones cerradas, con rígidos códigos de acceso, que acumulaban saberes, monopolizaban prácticas, y guardaban celosamente los secretos de sus oficios, cuyo ejercicio transmitían de generación en generación. También eran pequeñas comunidades políticas, de las cuales surgirían iglesias, sindicatos y partidos políticos. Las cosas, desde luego, cambiaron con el tiempo, y la diferencia entre oficios y profesiones marcó una clara línea de clase, de estatus, de privilegio. Hoy, la distancia entre los oficios y las profesiones se endurece, se amplía y se reconfigura. Algunos oficios han desparecido (ascensoristas, telefonistas, domadores de caballos), otros pemanecen (sastres, choferes, trabajadoras domésticas) y otros son nuevos (call centers, reparadores de celulares y computadoras, repartidores de comida a domicilio, cuidadores de perros). Y sin embargo, una de las claves del futuro de la educación superior tiene que ver justamente con la posibilidad de incorporar a los oficios como parte de los saberes que pueden ser incluidos a procesos formativos no sólo útiles para los individuos sino también indispensables para la vida pública, económica y social. Reconocer su valor es una de las contribuciones que pueden hacer las universidades para revisar la cultura laboral y profesional a la luz de las viejas y nuevas culturas de los oficios.

Autonomía universitaria y dinero público

Estación de paso U. de G.: Autonomía y dinero público Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 16/0972021) https://suplementocampus.com/udeg-autonomia-y-dinero-publico/ La fracción séptima del artículo tercero constitucional define la autonomía universitaria como la facultad de las universidades públicas para tomar decisiones en 5 asuntos específicos: 1) gobierno institucional; 2) realización de sus fines en el campo de la educación, la investigación y difusión cultural, respetando las libertades de cátedra e investigación; 3) determinar sus planes y programas de estudio; 4) fijar los términos del ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 5) administrar su patrimonio. Con estos enunciados normativos, el texto constitucional reconoce el alto valor público de la autonomía universitaria. Sin embargo, estas atribuciones suelen ser objeto de diversas interpretaciones por parte de los gobiernos federal o estatales, o por parte de grupos de interés o de poder involucrados en el desempeño institucional o en las actividades que realizan las universidades en el desarrollo de sus funciones. Esas diversas interpretaciones, en ocasiones, provocan tensiones y conflictos en los ámbitos locales y regionales, cuya frecuencia, escala y magnitud forman parte de las relaciones políticas entre gobiernos y autoridades universitarias. Sin embargo, el tema presupuestal constituye el nervio más sensible de esas relaciones. La historia reciente de la autonomía universitaria muestra cómo el financiamiento público constituye un campo de negociaciones conflictivas, que ha llevado a la creación de instancias y mecanismos para asegurar el dinero público a las universidades, pero también para vigilar y supervisar el buen manejo de esos recursos para el cumplimento de los fines institucionales de las universidades. Eso ha permitido identificar desviaciones, reconocer logros, o corregir desempeños administrativos y financieros. Auditorías, contralorías, informes, procedimientos administrativos, normas y reglamentos, se han convertido en la compleja estructura de rendición de cuentas y transparencia pública que domina desde hace varios años el funcionamiento de las 39 universidades públicas estatales y federales que existen en el país. Lo anterior viene a cuento por el conflicto que desde hace más de un mes se desarrolla entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. El origen del litigio es la reasignación de 140 millones de pesos destinados originalmente al presupuesto de la U. de G para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario ubicado en Zapopan. Esos recursos fueron programados por la U. de G para el presupuesto del 2021, y comenzaron a ser ejercidos en los primeros meses de este año. Sin embargo, el 9 de agosto pasado, el gobernador anunció que esos recursos serían reasignados para la construcción de un nuevo hospital público en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara (en el municipio de Tonalá). Esa decisión detonó un conflicto político entre el gobierno y la universidad que ha incrementado su intensidad en las últimas semanas. El gobierno argumenta prioridades y urgencias sanitarias, y la universidad la violación a la autonomía universitaria. El punto clave es si la asignación presupuestaria aprobada por el congreso del estado desde el 10 de diciembre del 2020 forma parte del patrimonio universitario del 2021. Si es así, la administración de ese patrimonio es una facultad constitucional de las universidades, y por lo tanto, se estaría en presencia de un acto de violación constitucional a la autonomía de la U. de G. por parte del gobierno de Jalisco. El gobernador Alfaro afirmó en una conferencia el 7 de septiembre que ese dinero nunca fue gestionado por la universidad para integrarlo a su patrimonio, por lo que fue legítima la decisión de reasignarlo a otras prioridades públicas. Además, señaló que la universidad presentaba un “subjercicio de mil millones de pesos” en el presupuesto de este año, por lo que consideraba que podría dedicar parte de ese gasto a la construcción del Museo. La universidad afirmó, en respuesta, a través de un desplegado (9/09/2021) que, por el contrario, esos recursos fueron integrados en el proyecto presupuestario de 2021 por parte del Consejo General Universitario, y que no existe ningún tipo de subejercicio presupuestal. Hoy, reclamos de debate público, protestas y movilizaciones universitarias, coexisten con la apariencia de decisiones irreversibles por parte del gobernador. En esas circunstancias, argumentos públicos, reclamos privados e intereses endurecidos por la experiencia o por el tiempo, configuran la lógica inevitablemente política de las palabras, los reflejos y los movimientos de los actores involucrados. En este tipo de situaciones, la legalidad institucional y la legitimidad política de la autonomía universitaria revelan sus límites difusos, sus fisuras, tensiones y contradicciones. El contexto y la coyuntura, el perfil de los actores, la historia reciente de las relaciones políticas entre la U de G y el Gobierno de Jalisco, son factores que agregan complejidad e incertidumbre al conflicto. Pero parece claro que el costo del pleito puede ser alto en términos institucionales. Desgaste, desconfianza, incredulidad, forman parte de las bestias negras de todo enfrentamiento político, y pueden cobrar factura a los posibles ganadores y perdedores del pleito. La validez, legitimidad y legalidad de los argumentos enfrentados tendrá que ser resuelta a la luz de los principios constitucionales de la autonomía universitaria, pero también a través de la maquinaria de la negociación que forma parte de la estructura de las relaciones político-institucionales entre los actores. Ya se sabe: siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito, aunque también siempre cabe la posibilidad de que pueda suceder justamente lo contrario.

Jalisco: Autonomia universitaria y crisis política

Jalisco: autonomia universitaria y crisis política Adrián Acosta Silva (Publicado en Nexos, blog de educación, 13/09/2021) https://educacion.nexos.com.mx/jalisco-autonomia-universitaria-y-crisis-politica/ Desde hace unas semanas, la vida política en Jalisco ha introducido un nuevo número en sus espectáculos cotidianos. Se trata de un conflicto tridimensional (presupuestal, jurídico y político), entre las autoridades del gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara. Sus protagonistas son el Gobernador Alfaro y el Rector Villanueva, y detrás y a los lados de ellos hay asesores, funcionarios y operadores políticos de distinta escala e influencia. Ambos representan intereses, modos y estilos diferentes de hacer política, de jugar con sus ropajes institucionales, de movilizar su capital político y sus respectivas legitimidades entre las élites y poblaciones locales. El pleito tiene que ver con tensiones viejas que afloran en circunstancias nuevas, pero también obedece a cálculos y estrategias ligadas a la construcción de escenarios futuros. El núcleo del conflicto es político, pero la retórica, las máscaras y los actores configuran la periferia de un presente accidentado, donde prioridades políticas y cambios inesperados en la asignación de presupuestos públicos, se entrecruzan confusamente con relatos de violaciones a la autonomía universitaria, la ruptura de acuerdos pasados, y la rápida re-evaluación de alianzas y estrategias. La lógica del espectáculo corre en por lo menos tres pistas. De un lado, a un nivel general, constituye un episodio más en la historia reciente de las relaciones políticas entre los gobernadores estatales y las universidades públicas autónomas de las entidades de la federación. Por el otro, es un juego de poder donde se trata de modificar las reglas del juego mismo, para mejorar las recompensas y los réditos políticos de unos sobre otros. Más allá, se trata de movimientos que tienen sentido en la disputa por el futuro representado por las elecciones federales, estatales y municipales que se disputarán en Jalisco en 2024. Ruidos de fondo Alfonso Reyes escribió alguna vez sobre las dificultades que enfrentan los hombres al tratar de interpretar la inmediatez de su tiempo. “La historia que acaba de pasar es siempre la menos apreciada (…). ¿El pasado inmediato? ¿Hay algo más impopular? Es, en cierto modo, el enemigo”, afirmó, al referirse al desafío de actuar siempre frente a las sombras e inercias de acontecimientos recientes. Ese enemigo impopular reaparece hoy en escena en Jalisco, con actores cuyo contexto y relaciones están marcadas inevitablemente por las huellas de sus propios pasados inmediatos. Ese pasado hay que situarlo hace tres años. El proceso electoral de 2018 que llevó en Jalisco al triunfo al candidato Enrique Alfaro fue un proceso de extrañas alianzas entre el alfarismo y otros grupos y corrientes políticas que incluyeron a varios tipos de exes: expanistas, experredistas, expriistas y a la corriente políticamente dominante de la Universidad de Guadalajara, encabezada por el también exrector Raúl Padilla López. En ese proceso fue posible observar cómo grupos que en el pasado habían mantenido tensiones constantes y pleitos esporádicos, y se habían enfrentado en procesos electorales (como cuando el actual gobernador Alfaro y el actual rector Villanueva compitieron por la alcaldía de Guadalajara en 2015), se convertían en aliados políticos para enfrentar lo que se anticipaba como la posibilidad de un triunfo arrollador del morenismo en las elecciones de 2018. Luego del triunfo de Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato Alfaro, la distribución de puestos y representaciones reflejó el sello multicolor de la alianza, y permitió establecer las bases políticas de una gobernabilidad aceptable para el gobierno alfarista al inicio de su gestión, frente al arrollador triunfo electoral del obradorismo a nivel nacional, una fuerza de arrastre que situó a MORENA como la segunda fuerza política en Jalisco. Bajo el ambiguo lema de la “Refundación de Jalisco” como símbolo sonoro de su proyecto político e institucional, el alfarismo fue acompañado por el padillismo y otros aliados desde el inicio de su administración. Esa alianza se fortaleció durante los tres primeros años del nuevo gobierno, en virtud de dos factores clave. De un lado, por las relaciones de tensión y conflicto del gobernador con el presidente López Obrador y, por el otro, por la gestión de la crisis pandémica en el estado. Desde el punto de vista universitario, se tendría que agregar a este contexto las severas restricciones presupuestales que el gobierno de AMLO ha impuesto a las universidades públicas estatales desde el inicio de su administración. Bajo la influencia combinada de esos factores, las alianzas se fortalecieron, encabezadas por las iniciativas y estrategias del gobernador, y donde la U. de G., como institución, jugó un papel destacado en la gestión de la crisis del COVID-19 desde enero de 2020 hasta, por lo menos, las elecciones federales de este 2021. Fue en los meses previos a estas elecciones cuando surgieron diferencias públicas y políticas entre el alfarismo y el padillismo, que se reveló con la aparición de un nuevo partido politico (Hagamos). Conformado básicamente por líderes universitarios (estudiantes, profesores, funcionarios, exrectores), la creación de la nueva organización significó una ruptura discreta con MC pero también una abierta apuesta política de los grupos universitarios. Para el alfarismo, eso fue interpretado como un desafío a su legitimidad y poder en el estado. Pero las elecciones de julio mostraron dos cosas. De un lado, la fuerza electoral del oficialismo emecísta y del alfarismo, que conservó la mayoría del congreso y de las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara. Del otro, la supervivencia del partido de los universitarios (Hagamos), al conseguir representaciones en el congreso a través de dos diputaciones, más algunos regidores de representación proporcional en ayuntamientos metropolitanos y no metropolitanos de Jalisco. Bajo esas circunstancias políticas, las relaciones cambiaron. Y la señal más poderosa de esos cambios provino del gobierno estatal. De manera relativamente inesperada y sorpendente (y un poco provocadora), el oficialismo alfarista decidió emprender una ruta de conflictos con la U. de G, dirigida a debilitar el poder político del padillismo, pero sin referirse, hasta ahora, explícitamente, a ese liderazgo político. Recortes presupuestales, auditorías a proyectos como el del Museo de Ciencias Ambientales, investigaciones judiciales al director del Centro Cultural Universitario, configuran una nueva agenda política gubernamental dirigida a minar la legitimidad y la fuerza política de la coalición padillista en la universidad y en la entidad. Por su parte, las autoridades universitarias han reaccionado argumentando ilegalidad, violación a la autonomía universitaria y respeto a los proyectos científicos y culturales de la U. de G. Como en otros momentos de la historia política reciente de las relaciones entre la universidad jalisciense y los gobiernos estatales, las formas, actores y contenidos del conflicto revelan tensiones acumuladas e intereses endurecidos. Temblores, crujidos, estallidos: tres actos Ya se sabe que cualquier pasado es relativo. Pero el pasado reciente del conflicto en cuestión comenzó en el verano de este año, y puede ser representado en tres actos. Primer acto. El 6 de agosto, un diputado local de bajo perfil y trayectoria, perteneciente al oficialismo político (Movimiento Ciudadano), que opera como el brazo político del gobernador Alfaro, propuso en una sesión del Congreso de Jalisco retirar el apoyo presupuestal aprobado en diciembre de 2020 (por los propios congresistas), para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales (MCA) de la Universidad de Guadalajara, para destinarlo a la construcción de un nuevo hospital público estatal en Tonalá (“Hospital civil”, ubicado al sureste de la zona metropolitana de Guadalajara). El argumento fue el de fortalecer la salud pública como una prioridad gubernamental, dados los efectos de la crisis sanitaria. De manera inmediata, el 7 de agosto, el rector de la U. de G. mostró su sorpresa y preocupación por el hecho, pues afectaba “proyectos estratégicos universitarios y jaliscienses”. La propuesta fue aprobada rápidamente por la mayoría emecista en el Congreso local, y el Gobernador anunció sólo un par de días después (el 9 de agosto) que aceptaría la propuesta de los legisladores (El Informador,07/08/2021). Esto motivó que el Consejo de Rectores de la U. de G. (el órgano institucional de planeación de los proyectos universitarios, conformado por los rectores de los 15 centros universitarios metropolitanos y regionales que pertenecen a la Red Universitaria en Jalisco de la U. de G.), y el propio Consejo General Universitario, aprobaran el 20 de agosto la creación de una “comisión especial de diálogo” para reunirse con el gobernador para exponer sus argumentos en contra del recorte presupuestal anunciado (U. de G, 20/08/2021). El 27 de agosto, esa reunión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde participaron los integrantes de la comisión especial encabezada por el rector, y un equipo de funcionarios de primer nivel del gobierno del estado, encabezados por el gobernador. Sin embargo, un par de días después, el gobernador anunció su respuesta: la reasignación “era una hecho” (Mural, 29/08/2021). Segundo acto. El 30 de agosto, una nueva iniciativa de los diputados de MC en el congreso estatal recomienda la realización de una auditoría a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la U. de G., un proyecto que forma parte del Centro Cultural Universitario, el más ambicioso y espectacular proyecto institucional de la U. de G., cuyos inicios se remontan al año de 2007 (El Informador, 30/08/2021). Esta iniciativa fue respaldada por el gobernador manifestando su acuerdo en un acto público realizado ese mismo día. En reacción al hecho, el rector de la universidad expresaba su desacuerdo con la medida y la calificó como una “politización” de la iniciativa, interpretando como una “represalia” a la posición crítica de la U. de G. en relación al aplazamiento del regreso a las clases presenciales en la universidad, contraria a la disposición del gobierno estatal y federal de regresar a clases en la educación básica del estado a partir del 30 de agosto. Tercer acto. Luego de protestas y preocupaciones por parte de las autoridades universitarias, el gobierno estatal se mantiene en sus decisiones de la reasignación de los 140 millones de pesos y de realizar una auditoría, pero agregando sal al conflicto con el anuncio de la Fiscalía Estatal de una orden de aprehensión contra el director del Centro Cultural Universitario, por adeudar el importe de “42 boletos de avión” a una agencia de viaje local. Eso ocurrió apenas el 2 de septiembre pasado (Mural, 02/08/2021). Casi al mismo tiempo, el rector acusa al jefe del gabinete del gobierno de Jalisco de “estar detrás de los ataques a la universidad” (El Informador, 01/09/2021). El lunes 6 de septiembre por la tarde, el gobierno de Jalisco hace pública una carta dirigida al rector, en la cual niega una violación a la autonomía universitaria, porque los 140 millones que habían sido aprobados “nunca ingresaron al patrimonio de la universidad”, por lo cual fueron destinados a prioridades dirigidas a fortalecer los servicios de salud pública a los jaliscienses (https://www.informador.mx/jalisco/Alfaro-responde-a-UdeG-Recorte-es-legal-y-respeta-su-autonomia-20210906-0074.html). El 9 de septiembre, el Consejo General Universitario responde en un desplegado que ese dinero ya era parte del patrimonio universiutario desde diciembre de 2020 (cuando fueron aprobados por el Congreso de Jalisco), por lo que insiste en una violación a la autonomía universitaria y reclama un diálofo público con el gobernador Alafaro (El Informador, 09/09/2021). Estos episodios marcan el perfil de una crisis de las relaciones políticas entre la U. de G y el gobierno de Jalisco, que anticipan una ruta de conflictos y desencuentros que pueden agudizarse en las próximas semanas. Es una crisis que no nació en el vacío ni de manera espontánea, pero que coloca en perspectiva un proceso de reacomodo de grupos y fuerzas políticas locales que buscan gestionar sus intereses y proyectos en las mejores condiciones posibles. Una crisis política a la que se buscará, con suerte, una salida negociada antes que una ruptura costosa. Tableros, apuestas y cartas sobre la mesa El célebre filósofo conservador, Michael Oakeshott, escribió alguna vez que la actividad política es “el arte de navegar en mares sin límites y sin fondo”, que consiste en mantenerse a flote en equlibrio, “usando los recursos de un modo de actuar tradicional a fin de convertir en amiga cualquier situación hostil”. Una muestra local de esas artes marítimas se desarrolla en estos días en Guadalajara, entre las oficinas del Palacio de Gobierno y las de la rectoría general de la U. de G, en un proceso donde la búsqueda de equilibrio de unos puede desequilibrar los cálculos y expectativas de otros. El pasado inmediato ha colocado un rápido realineamento de actores, posiciones e intereses en el juego político jalisciense, representado en el mapa local como un tour de force entre el gobierno estatal y la U. de G. En términos generales, es un nuevo episodio de las relaciones políticas entre legitimidades diferentes en el campo de la política y la educación superior en Jalisco. De un lado, un gobernador que reclama cambios en la conducción política de la universidad, utilizando el presupuesto público y las auditorías como instrumentos de presión para reducir las opciones de juego político universitario. Del otro lado de la mesa, las autoridades universitarias colocan el tema como una asunto de ilegalidad, violación a la autonomía universitaria y represalia política contra sus posiciones críticas respecto a la decisión del regreso a clases en las escuelas de Jalisco. En ambos casos, son los humos de incendios controlados. Mirando el juego, el tablero y los jugadores, la escenas y los movimientos inspiran cierta sensación déja vù. Recuerdan la experiencia de 2008, cuando el entonces de la U. de G., Carlos Briseño, alentado en ese momento por el gobernador panista Emilio González, se enfrentó abiertamente al padillismo, conduciendo a la U. de G. a una crisis institucional y política a la vez memorable y trágica (el exrector fue destituido por el Consejo General Universitario y finalmente se suicidó en el baño de su casa) (Acosta, 2008). Hoy, varios de los actores de aquel episodio participan en el nuevo conflicto con el gobierno de un partido diferente, en un contexto distinto. Ello no obstante, el combustible es el mismo: es una lucha por el poder, cuyo horizonte de acción no es sólo el ahora, sino el futuro político-electoral de Jalisco. Pero no se trata de una lucha entre proyectos distintos. Por un lado, no es claro cuál es la relación y si aún existe el proyecto refundador que tanto impulsó el alfarismo desde 2018, pero cuyo contenido y significado se han desvanecido en los dos últimos años, y cuál es el papel de la U. de G. en ese proyecto imaginario, tan lleno de ilusiones y tan vacío de contenidos concretos. Por el otro, no es claro cuál es el proyecto institucional universitario en el contexto actual de Jalisco, más allá de invocar la épica de los indicadores de calidad, cobertura o pertinencia que suelen citar sus autoridades, o de mostrar una y otra vez las penurias financieras de los injustos tratos presupuestales del gobierno federal . La estrategia del alfarismo parece clara: debilitar y si es posible demoler las bases de apoyo al padillismo en la U. de G., bajo el supuesto de que su influencia es nociva para la política local y para la propia universidad. La estrategia del padillismo es resisitir, frenar o inhibir la beligerancia política del alfarismo argumentando un ataque institucional a la autonomía universitaria, a la ciencia y a la cultura. La personalización del pleito es la siguiente etapa en esta confrontación, lo que puede abrir las posibilidades de negociación o incrementar los riesgos de una fractura política entre el gobierno y la universidad. Como testigo y observador del conflicto, el gobierno de AMLO es una de las partes interesadas en la trayectoria del enfrentamiento, una posición atenta a las posibilidades del debilitamiento mutuo entre las partes, pero al parecer alentando con discreción y a distancia a una de ellas. Es díficil predecir lo que ocurrirá. Desde hace mucho tiempo, los oráculos, los horóscopos y los clarividentes han perdido credibilidad, y las combinaciones entre la voluntad y la fortuna de las que hablaba Maquiavelo suelen producir resultados inesperados. Lo único seguro es que en los próximos días y semanas, la confrontación entre el gobierno y la universidad tendrá resultados de mediano plazo en la disputa por el gubernatura y en el futuro político del alfarismo y el padillismo. Por lo pronto, estamos asentados en el presente de una coyuntura líquida, donde el pasado inmediato, la retórica del momento y los hechos que se acumulan en el horizonte cotidiano, marcan ya el mapa y el territorio de los escenarios futuros. Referencias Acosta Silva, Adrián (2008), “La crisis de la U. de G.”, Nexos, noviembre. https://www.nexos.com.mx/?p=12792 Oakeshott, Michael (1975), On Human Conduct, Oxford, Clarendon Press, p.127 Reyes, Alfonso (1974) [1941], Pasado inmediato y otros ensayos. El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México. Universidad de Guadalajara, boletín de prensa, 20 de agosto de 2021. https://www.udg.mx/es/noticia/entrega-udeg-solicitud-formal-al-gobernador-y-al-congreso-para-que-reciba-comision-especial

Publicar sin morir

Estación de paso Publicar sin morir Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 02/09/2021) https://suplementocampus.com/publicar-sin-morir/ “¿Para que necesitamos una editorial universitaria?”, preguntaba hace unos años el Rector de una universidad española en una reunión de editores universitarios. Y no obtuvo ni hay una respuesta única. El número más reciente de la revista Publishers Weekly en español (septiembre de 2021), explora esa pregunta colocando como objeto central del número a las editoriales universitarias en España y en América Latina y El Caribe. Un par de artículos y entrevistas realizadas a las coordinadoras de proyectos interinstitucionales dedicados a la cooperación y difusión de las editoriales académicas universitarias (la Unión de Editoriales Españolas, UNE, y la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y El Caribe, EDULAC), muestran la complejidad del mundo editorial universitario contemporáneo. Algunos datos, opiniones y afirmaciones ofrecen un vistazo a ese amplio pero poco conocido territorio donde coexisten autoridades, académicos y editores de los campus universitarios. Se estima que el tamaño e impacto de esas editoriales en la producción del libros en español es del 30% en América Latina y del 17% en España. Esto es un dato sorprendente e interesante. Significa que aunque no compiten en términos de difusión y ventas con las grandes empresas editoriales de producción de libros en español, el volumen de producción de las editoriales universitarias es considerable. Pero un aspecto sustancial es el contexto en el cual se producen los libros universitarios. Ese contexto esta dominado desde hace un par de décadas por los cambios en los “modos de producción” académica. Para los académicos y las autoridades universitarias, la presión por publicar articulos en revistas arbitradas e indexadas ubicadas en los primeros cuartiles de la clasificación que hacen empresas internacionales (Springer, Web of Science, Thompson-Reuters), ha desplazado el interés de los investigadores hacia la publicación en inglés sobre el español, y a la producción de artículos en vez de libros. Aunque hay diferencias importantes entre las áreas y disciplinas, la tendencia ha tenido un impacto directo en las editoriales universitarias, que han incorporado a su trabajo criterios de calidad y difusión que les permita ser atractivas como opciones de publicación para sus propios académicos. Hoy, los arbitrajes a doble ciego, la formación de comités editoriales, los filtros de selección a las propuestas de publicación, son prácticas relativamente extendidas en las editoriales universitarias. Pero otro elemento también es relevante para comprender la complejidad del sector: la comercialización y distribución de sus libros. No es un asunto menor ni nuevo. Las editoriales universitarias tienen añejos problemas para difundir sus productos más allá de los campus universitarios o de las librerías especializadas. Para ello, organizan ferias universitarias, nacionales o internacionales del libro, comparten catálogos, organizan encuentros y seminarios para analizar iniciativas, ideas o proyectos, establecen alianzas para la cooperación interinstitucional. Ahora, mediante el uso de las nuevas tecnologías, tienen plataformas, páginas web, boletínes, están en facebook o instagram. La UNE y la EULAC, constituyen las dos organizaciones más representativas de estos proyectos de cooperación. En México, las universidades públicas y los centros de investigación también han realizado esfuerzos para fortalecer la producción, circulación y difusión de sus libros. “Altexto”, o ANUIES, por ejemplo, funcionan como espacios de coedición, distribución o producción de libros derivados de proyectos de investigación de académicos universitarios. Aunque es claro que el lucro o la ganancia no es el motor de esos esfuerzos, la búsqueda de una mayor visibilidad de sus publicaciones implica combinar esfuerzos con pequeñas, medianas o grandes empresas editoriales privadas, promover espacios de exhibición en las librerías, difundir novedades en medios públicos y privados, redes sociales, entrevistas con autores, presentaciones de libros. Una parte importante de la producción editorial universitaria se dedica a la elaboración de libros de textos académicos dirigidos a estudiantes de preparatoria, licenciatura o posgrado de las propias universidades, también hay libros que tienen que ver con la poesía, la literatura, la difusión científica o las artes, dirigidos a especialistas y públicos más amplios. La mayor ventaja competitiva de las universidades es la producción y difusión del conocimiento de muy diversas disciplinas, no su volumen de ventas. Es una producción heterógenea en términos de cantidad, consistencia y calidad derivada de la propia composición académica de las universidades o los centros especializados de investigación. Pero en su conjunto, las editoriales universitarias lanzan cada año ediciones o reediciones que sin embargo no se conocen mucho fuera de los muros físicos o virtuales de las universidades. Esa ventaja es el capital intelectual, científico o humanístico que las editoriales universitarias aportan a sus sociedades locales y nacionales. Hay algunos ejemplos de obras publicadas por editoriales universitarias que luego alcanzan impactos inesperados en el ámbito de los mercados editoriales privados. En el mundo anglosajón, quizá el caso más conocido es el de John Kennedy Toole, autor de La conjura de los necios, que publicó su primera y más conocida novela en 1980, bajo el sello de la modesta Lousiana State University Press, luego de ser rechazado por varias editoriales privadas. Esa novela recibió el Pullitzer ese mismo año y se convirtió en un best-seller internacional. Desde luego, es un ejemplo raro y dificilmente repetible, pero ilustra el valor simbólico y práctico de las editoriales universitarias en un mundo dominado por los grandes monopolios editoriales. Representa de alguna forma una refutación del dilema convencional que circula entre científicos y académicos desde los años sesenta sobre publicar o morir. Las editoriales universitarias muestran que, a veces, se puede publicar sin morir.