Estación de paso
¿Crecer es mejorar?
Adrián Acosta Silva
La educación superior mexicana cierra el año, y el sexenio, en un contexto difícil. En realidad, nada nuevo en estos tiempos mexicanos. Es una rutina nacional, forjada en las eras del priismo y mantenida vigorosamente a lo largo de las últimas tres alternancias (PRI-PAN-PRI), un período de dificultades, incertidumbres, expectativas, ilusiones, maceradas al fuego lento de la experiencia del pasado reciente. Según lo aprendido, todo indica que el quinto año de cada administración sexenal marca simbólica y prácticamente el fin de un ciclo y el nacimiento de otro. El ritual político de cierre de una administración gubernamental y la construcción política de un nuevo gobierno constituye un período de turbulencias que se resolverá en las elecciones presidenciales federales del próximo 1 de julio. Ello no obstante, las señales de período ya están flotando en el ambiente político nacional: balances catastróficos, relatos de esperanza e ilusión nacional, imágenes de ruptura, de renovación y continuidad, métricas de logros y fracasos, buenas intenciones, compromisos, retórica pura y dura.
Los diagnósticos y las propuestas se concentran invariablemente en el desempeño reciente de la educación superior, esfuerzos analíticos e interpretativos acotados por lo que hizo o dejo de hacer el gobierno federal en este campo. Los relatos del oficialismo y sus aliados se enfrentan a los relatos de sus opositores políticos tradicionales o de ocasión. El campo electoral se convierte en una arena pública donde sus protagonistas principales representan los intereses y las pasiones que producen las frutas amargas y dulces de la temporada: apologías, descalificaciones, ocurrencias, prejuicios, creencias.
Como en casi todos los campos de la acción pública, el balance sexenal es de claroscuros. Por el lado del crecimiento del sistema se observa una trayectoria de continuidad de políticas más o menos coherentes en los últimos 30 años. Tenemos hoy más estudiantes, profesores y establecimientos de educación superior tanto públicos como privados respecto a los indicadores que teníamos en 2012. También se incrementó modestamente la tasa bruta de cobertura en la educación terciaria, aunque aún permanecemos por debajo de la media tanto de los países de la OCDE como de muchos países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay o Bolivia. En términos de financiamiento público, se fortalece un estancamiento tanto en el gasto por alumno como en proporción del gasto público de educación superior en relación al PIB.
El dato duro es el crecimiento innegable de la oferta y la demanda pública y privada por educación superior. Los indicadores del crecimiento abundan y son más o menos sofisticados. Sin embargo, el dato blando tiene forma de interrogación, de si el crecimiento implica necesariamente mejoría, y cierta sensación déja vù comienza a dominar en el ambiente. Las viejas discusiones de los economistas políticos y la sociología del bienestar sobre las diferencias entre crecimiento y desarrollo reaparecen con especial fuerza e intensidad en el campo de la educación superior: ¿Más significa mejor? ¿El crecimiento del sistema de educación terciaria nacional ha asegurado por sí mismo mejores oportunidades de inclusión y equidad, disminuyendo las brechas históricas de desigualdad en el acceso, el tránsito y el egreso de los estudiantes universitarios? ¿El crecimiento mismo es un indicador de mejora indudable del rendimiento del sistema?
Las evidencias nacionales e internacionales muestran que no hay una relación automática entre crecimiento y mejora, sino que el crecimiento institucional puede estar asociado al desarrollo sistémico solo bajo ciertas condiciones. En educación superior el desarrollo tiene variables y dimensiones más o menos precisas: producción de conocimiento, formación de profesionales, empleabilidad de los egresados, equidad, inclusión, cohesión social. El crecimiento no asegura por sí mismo esos resultados, sino que frecuentemente tiene efectos de consolidación de las asimetrías, las desigualdades y la confirmación de brechas notables en el desempeño de los establecimientos y subsistemas educativos terciarios.
Las campañas electorales son una buena oportunidad para atisbar el futuro educativo nacional. Los mapas de las derechas e izquierdas, sus complicadas mezclas y alianzas compiten por el centro en el marco electoral nacional, y han comenzado a mostrar sus cartas. Hay dudas, imprecisiones, ambigüedades y ausencias en las narrativas de los candidatos y de los partidos que los apoyan, pero ya hay algunas evidencias de sus respectivas propuestas e imaginarios. Becas masivas a estudiantes, fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad, promesas de mayores recursos financieros a las universidades públicas, mejora de la equidad y la inclusión social de la educación superior, revisión del papel de las ofertas privadas, más apoyos al desarrollo científico y tecnológico nacional, forman parte de los temas, estrategias y agendas que comienzan a perfilar los términos del debate.
Hasta ahora, el candidato de Morena/PES/PT ha marcado algunos puntos clave del futuro de las políticas de la educación superior. Su planteamiento sobre el tema de los “ninis” como causal de los principales problemas del sector, está asociado a un programa nacional de becas dirigido a este sector, algo que se parece en algo al actual PRONABES pero que va más allá. Los otros candidatos apenas se han pronunciado al respecto. En las próximas semanas seguramente conoceremos más sobre que y como están pensando las elites político-electorales los problemas de la educación superior, y como reaccionarán frente a las propuestas que organizaciones como la ANUIES están planteando sobre los asuntos educativos del sector. La relación entre crecimiento y desarrollo puede estar en el centro del debate.
Thursday, December 28, 2017
Thursday, December 14, 2017
Métricas y narrativas
Estación de paso
Escepticismo democrático: métricas y narrativas
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 14/12/2017)
La larga y compleja experiencia mexicana de transición hacia la democracia y las distintas dimensiones de sus accidentados procesos de consolidación han sido objeto de diversos estudios, ensayos y reflexiones. Decenas de autores han elaborado textos fundamentales sobre la historia reciente de la vida política mexicana, ofreciendo explicaciones sobre las contradicciones, logros, fracasos, incertidumbres y ambigüedades del proceso en su conjunto. Las métricas de la democracia se han combinado con las narrativas sobre sus efectos y causalidades, una combinación interesante que habita las aguas profundas del debate sobre sus limitaciones y riesgos, sus problemas teóricos y prácticos, sus ángeles, demonios y bestias negras.
Esta preocupación intelectual y política anima de cuando en cuando esfuerzos de balance sobre la magnitud de los déficits y desafíos democráticos mexicanos. Estos balances son generalmente el producto básico de la insatisfacción, hijos del insomnio y la ansiedad, de la sensación del fracaso; producen informes, diagnósticos, reportes que contienen diatribas, datos, crónicas del malestar con la democracia y sus actores, registros puntuales sobre procesos electorales y las instituciones y espacios que reflejan la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana del siglo XXI, apuntes sobre el contexto social, económico y cultural que determina en algún grado la complejidad política nacional.
Uno de los esfuerzos que intentan analizar esa complejidad acaba de ser publicado. Informe sobre la democracia mexicana en una época de expectativas rotas, coordinado por Ricardo Becerra (IETD/Siglo XXI Editores, México, 2017), constituye una obra colectiva que refleja bien el espíritu de la época política mexicana contemporánea, postmoderna, frágil, conflictiva, difícil. El esfuerzo forma parte de una larga tradición intelectual que en su historia reciente puede iniciar con el libro seminal de Pablo González Casanova La democracia en México (1967), El presidencialismo mexicano, de Jorge Carpizo (1975), México: el reclamo democrático (1988), coordinado por Rolando Cordera, Raul Trejo y Enrique Vega, y que llega hasta los textos de Carlos Pereyra (Sobre la democracia, 1990), de Juan Molinar Horcasitas (El tiempo de la legitimidad: elecciones, autoritarismo y democracia en México, 1991), o de La mecánica del cambio político en México (2000), de Ricardo Becerra, José Woldenberg y Pedro Salazar.
El malestar actual con la democracia y sus actores protagónicos (ciudadanos, partidos, congresos, poderes) es el punto de partida de la obra. Es un vago malestar alimentado por varios frentes y causas: el pobre desempeño económico, la violencia y la inseguridad, la desigualdad social, los perfiles de la representación y la cultura política, los entornos mediáticos que han acompañado la construcción de la democracia mexicana, sus éxitos y fracasos. Pero son también las tensiones entre la democracia imaginaria y el orden político práctico, los lenguajes de la transición, las expresiones políticas del feminismo, el ideal federalista, las relaciones entre economía y democracia, los nuevos derechos surgidos en el transcurso de los cambios (derechos humanos, ambientales, información, transparencia), algunos de los puntos claves de libro.
Organizada en siete temas y 11 “interludios” desarrollados por un total de 17 autores, la obra ofrece un panorama amplio de las preocupaciones y perspectivas desarrolladas en su mayoría por los miembros del Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática (IETD), una asociación civil constituida desde 1989 como un espacio de reflexión y discusión intelectual sobre los problemas políticos nacionales. Como toda obra colectiva, la calidad y consistencia de los trabajos reunidos es diferente, pero en su conjunto permiten apreciar un buen mapa de los problemas actuales de la democracia mexicana.
La hechura del texto está alimentada por una combinación de “pesimismo metodológico y reformismo histórico”, como señala el coordinador del libro recordando las palabras de Ludolfo Paramio escritas en 1988. Combinando datos, evidencias y estadísticas con reflexiones puntuales, aproximaciones ensayísticas, conjeturas, sospechas e hipótesis, los trabajos reunidos en el Informe constituyen conversaciones a varias voces en distintos tonos e intensidades. Así, las evaluaciones de la democracia mexicana dan cuenta del fenómeno del desencanto político acumulado luego de, por lo menos, veinte años de democracia mexicana (1997-2017), mientras que otros textos analizan las bases materiales de la desigualdad social y del descontento político mexicano, la consistencia y calidad de la representación política, o la relación entre votos, escaños y el fenómeno de los gobiernos divididos. Otros autores reflexionan sobre los imaginarios políticos y su relaciones con la violencia y la ciudadanía, los efectos políticos de la política económica, los vínculos entre medios de comunicación y democracia, las tensiones entre la agenda social, la agenda política y la agenda neoliberal que han coexistido a lo largo de los últimos años en el centro de la acción pública, estatal y societal.
Como señala bien uno de los autores que colaboran en el texto, la transición mexicana no es una sino muchas. Es un conjunto de cambios flojamente acoplados pero asociados a diversas transiciones específicas: una transición económica, una demográfica, una política, otra cultural. Ese proceso multidimensional constituye un formidable desafío intelectual para descifrar el tamaño y calidad de los problemas y desafíos de la democracia mexicana del siglo XXI. Ese reto implica también imaginar salidas, alternativas y soluciones a los problemas de alta y baja intensidad que caracterizan hoy el desempeño de la democracia mexicana realmente existente, que incluye no solamente la identificación de los efectos no deseados y perversos que acompañan la construcción política del proceso, de cara al presente y al futuro del país. Se trata de un esfuerzo analítico y político de organización del escepticismo democrático que forma parte de cualquier intento de comprensión para la acción política, un esfuerzo útil para enfrentar la turbulencia de los tiempos electorales que ya comenzaron a cubrir la imaginación y las prácticas políticas de la temporada.
Después de todo, en un contexto donde predominan las dudas sobre la existencia de una épica de la transición, es necesario revisar, valorar, reflexionar sobre los mapas de un territorio que ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Quizá ello haga posible comprender la causalidad profunda del malestar político mexicano, un malestar a la vez práctico y cotidiano, pero también simbólico e imaginario, donde las pasiones, los intereses y la incertidumbre gobiernan habitualmente el comportamiento de sectores significativos de políticos y ciudadanos, de príncipes y consejeros.
Escepticismo democrático: métricas y narrativas
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 14/12/2017)
La larga y compleja experiencia mexicana de transición hacia la democracia y las distintas dimensiones de sus accidentados procesos de consolidación han sido objeto de diversos estudios, ensayos y reflexiones. Decenas de autores han elaborado textos fundamentales sobre la historia reciente de la vida política mexicana, ofreciendo explicaciones sobre las contradicciones, logros, fracasos, incertidumbres y ambigüedades del proceso en su conjunto. Las métricas de la democracia se han combinado con las narrativas sobre sus efectos y causalidades, una combinación interesante que habita las aguas profundas del debate sobre sus limitaciones y riesgos, sus problemas teóricos y prácticos, sus ángeles, demonios y bestias negras.
Esta preocupación intelectual y política anima de cuando en cuando esfuerzos de balance sobre la magnitud de los déficits y desafíos democráticos mexicanos. Estos balances son generalmente el producto básico de la insatisfacción, hijos del insomnio y la ansiedad, de la sensación del fracaso; producen informes, diagnósticos, reportes que contienen diatribas, datos, crónicas del malestar con la democracia y sus actores, registros puntuales sobre procesos electorales y las instituciones y espacios que reflejan la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana del siglo XXI, apuntes sobre el contexto social, económico y cultural que determina en algún grado la complejidad política nacional.
Uno de los esfuerzos que intentan analizar esa complejidad acaba de ser publicado. Informe sobre la democracia mexicana en una época de expectativas rotas, coordinado por Ricardo Becerra (IETD/Siglo XXI Editores, México, 2017), constituye una obra colectiva que refleja bien el espíritu de la época política mexicana contemporánea, postmoderna, frágil, conflictiva, difícil. El esfuerzo forma parte de una larga tradición intelectual que en su historia reciente puede iniciar con el libro seminal de Pablo González Casanova La democracia en México (1967), El presidencialismo mexicano, de Jorge Carpizo (1975), México: el reclamo democrático (1988), coordinado por Rolando Cordera, Raul Trejo y Enrique Vega, y que llega hasta los textos de Carlos Pereyra (Sobre la democracia, 1990), de Juan Molinar Horcasitas (El tiempo de la legitimidad: elecciones, autoritarismo y democracia en México, 1991), o de La mecánica del cambio político en México (2000), de Ricardo Becerra, José Woldenberg y Pedro Salazar.
El malestar actual con la democracia y sus actores protagónicos (ciudadanos, partidos, congresos, poderes) es el punto de partida de la obra. Es un vago malestar alimentado por varios frentes y causas: el pobre desempeño económico, la violencia y la inseguridad, la desigualdad social, los perfiles de la representación y la cultura política, los entornos mediáticos que han acompañado la construcción de la democracia mexicana, sus éxitos y fracasos. Pero son también las tensiones entre la democracia imaginaria y el orden político práctico, los lenguajes de la transición, las expresiones políticas del feminismo, el ideal federalista, las relaciones entre economía y democracia, los nuevos derechos surgidos en el transcurso de los cambios (derechos humanos, ambientales, información, transparencia), algunos de los puntos claves de libro.
Organizada en siete temas y 11 “interludios” desarrollados por un total de 17 autores, la obra ofrece un panorama amplio de las preocupaciones y perspectivas desarrolladas en su mayoría por los miembros del Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática (IETD), una asociación civil constituida desde 1989 como un espacio de reflexión y discusión intelectual sobre los problemas políticos nacionales. Como toda obra colectiva, la calidad y consistencia de los trabajos reunidos es diferente, pero en su conjunto permiten apreciar un buen mapa de los problemas actuales de la democracia mexicana.
La hechura del texto está alimentada por una combinación de “pesimismo metodológico y reformismo histórico”, como señala el coordinador del libro recordando las palabras de Ludolfo Paramio escritas en 1988. Combinando datos, evidencias y estadísticas con reflexiones puntuales, aproximaciones ensayísticas, conjeturas, sospechas e hipótesis, los trabajos reunidos en el Informe constituyen conversaciones a varias voces en distintos tonos e intensidades. Así, las evaluaciones de la democracia mexicana dan cuenta del fenómeno del desencanto político acumulado luego de, por lo menos, veinte años de democracia mexicana (1997-2017), mientras que otros textos analizan las bases materiales de la desigualdad social y del descontento político mexicano, la consistencia y calidad de la representación política, o la relación entre votos, escaños y el fenómeno de los gobiernos divididos. Otros autores reflexionan sobre los imaginarios políticos y su relaciones con la violencia y la ciudadanía, los efectos políticos de la política económica, los vínculos entre medios de comunicación y democracia, las tensiones entre la agenda social, la agenda política y la agenda neoliberal que han coexistido a lo largo de los últimos años en el centro de la acción pública, estatal y societal.
Como señala bien uno de los autores que colaboran en el texto, la transición mexicana no es una sino muchas. Es un conjunto de cambios flojamente acoplados pero asociados a diversas transiciones específicas: una transición económica, una demográfica, una política, otra cultural. Ese proceso multidimensional constituye un formidable desafío intelectual para descifrar el tamaño y calidad de los problemas y desafíos de la democracia mexicana del siglo XXI. Ese reto implica también imaginar salidas, alternativas y soluciones a los problemas de alta y baja intensidad que caracterizan hoy el desempeño de la democracia mexicana realmente existente, que incluye no solamente la identificación de los efectos no deseados y perversos que acompañan la construcción política del proceso, de cara al presente y al futuro del país. Se trata de un esfuerzo analítico y político de organización del escepticismo democrático que forma parte de cualquier intento de comprensión para la acción política, un esfuerzo útil para enfrentar la turbulencia de los tiempos electorales que ya comenzaron a cubrir la imaginación y las prácticas políticas de la temporada.
Después de todo, en un contexto donde predominan las dudas sobre la existencia de una épica de la transición, es necesario revisar, valorar, reflexionar sobre los mapas de un territorio que ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Quizá ello haga posible comprender la causalidad profunda del malestar político mexicano, un malestar a la vez práctico y cotidiano, pero también simbólico e imaginario, donde las pasiones, los intereses y la incertidumbre gobiernan habitualmente el comportamiento de sectores significativos de políticos y ciudadanos, de príncipes y consejeros.
Friday, December 01, 2017
Días de Feria: vanidades, imposturas, soledades
Estación de paso
Ferias: vanidades, imposturas, soledades.
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 30/11/2017)
Como sucede cada año desde hace ya más de tres décadas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara vuelve a celebrarse entre los pasillos, comedores, auditorios y stands de la Expo-Guadalajara. A pesar del tráfico insufrible, de las largas colas para el ingreso, de las multitudes que todos los días invaden el espacio de la Feria, el evento es más que una exhibición de libros, autores y públicos. Es también una fiesta de la mercadotecnia editorial, un espectáculo, una hoguera de vanidades de escritores más o menos famosos, un momento donde glorias municipales, estrellas nacionales o internacionales de la literatura y la academia se codean con escritores o profesores novatos en búsqueda del santo grial de la fama, la fortuna y la virtud. Libros de cocina, poesía, novela, ciencias sociales; libros de medicina, de contaduría, de derecho; libros infantiles, juveniles, de ciencia ficción, de cómics; novela negra, novela rosa, novela histórica, novelas a secas: clásicos de la literatura, algunas (cada vez menos) enciclopedias, libros de fotografía, de arte, de arquitectura y urbanismo. Todos se amontonan en grandes pilas de papel, coloridas, pirámides y mesas que exhiben millones de libros al público de ocasión.
El espectáculo, como todos, tiene su encanto. Voyeristas librescos y bibliófilos de bajo perfil conviviendo con adolescentes y adultos indiferentes a la lectura pero atentos a los personajes y personajillos que deambulan por la Feria. Niños corriendo jugando entre los stands junto a observadores ensimismados que ojean cuidadosamente las páginas de un nuevo libro. Edecanes guapas atendiendo a individuos despistados, ofreciendo pases para la presentación de algún libro escrito por el autor o autora de la editorial que contrata sus servicios. Funcionarios públicos o universitarios paseando frente a académicos y académicas que buscan libros para sus clases. El olor a papel nuevo, a tinta, a plástico, que se confunde con el olor de las multitudes, de la comida, de las alfombras perfumadas de los stands, del cemento fresco de los pasillos.
Las ferias de libros son no sólo ferias de vanidades sino también de imposturas intelectuales, literarias y académicas. El prefijo “pseudo” acompaña inevitablemente la presentación de muchos libros, conferencias y talleres. Los libros de autoayuda, de superación personal, profecías y horóscopos, instructivos para dibujar mandalas, textos de esoterismo y metafísica, biografías de personajes famosos, de grandes escándalos de la historia, semblanzas y memorias de cantantes y grupos, forman parte de las imágenes dominantes que se amontonan en los miles de metros cuadrados de la Expo-Guadalajara. Títulos como “Las grandes mentiras de…”, “La verdadera historia de…”, “Lo que Usted no sabía de…”, “La única y verdadera historia de…”, “Mitos y leyendas sobre…”, “Los mil” (o cien, o cincuenta) “libros” (discos, películas) “que Usted tiene que” (leer, escuchar, ver) “antes de morir”, dominan en modo imperativo la oferta masiva de publicaciones que uno puede encontrar en esta o cualquier otra feria.
El ritmo frenético de presentaciones de libros se sucede durante los nueve días que dura el espectáculo. Uno tras otro se llenan y vacían los espacios dedicados a las presentaciones, donde el autor o la autora, los comentaristas de rigor, los paneles y coloquios que dan formato a las sesiones, tienen el tiempo medido y contado (y supervisado) por los organizadores. La gestión del tiempo es vital para el desarrollo del evento, un recurso siempre escaso y valioso que determinan los relojes que gobiernan la acción de autores y presentadores.
La curiosidad intelectual, la paciencia lectora, la voluntad de leer, son hábitos extraños, raros en estos y otros tiempos. Sin embargo, es posible identificarlos entre los asistentes en el enorme pero ambiguo territorio de la Feria. Suelen pasar desapercibidos entre el ruido y la furia comercial del entorno que cobija dichas prácticas, pero, sin duda, existen. Como ejercicio de soledad, individual e intransferible, la experiencia lectora constituye la posibilidad de una transformación súbita, una conversión de un “hombre gris” a un “don Quijote”, como escribiera Borges en La trama.
Las ferias como experiencias colectivas nunca eliminan el silencio y la soledad de las lecturas individuales. Siempre recuerdan las fotografías de André Kertész, que registran en sobriedad blanco/negro escenas de lectores y libros en pueblos y ciudades, en casas, en calles, en azoteas y bibliotecas. Una postal iluminadora: un hombre tirado boca abajo, sobre una estrecha banca de madera, leyendo absorto las páginas de un libro, bajo un montón de disfraces de lentejuelas, de payasos, magos y bailarinas, que cuelgan sobre las paredes, suspendidas silenciosamente sobre el hombre y su libro. La fotografía se titula Circus, y está fechada en Nueva York, el 4 de mayo de 1969 (A. Kertész, Leer, Periférica & Errata naturae, España, 2016, p.20). El poder de esa imagen, su contexto, sus protagonistas, sus evocaciones, relatan una historia que bien puede ocurrir dentro y fuera de los recintos atestados, enloquecidos, multitudinarios, de una Feria como la de Guadalajara.
Thursday, November 16, 2017
Reforma educativa
Estación de paso
Reforma educativa: libretos, máscaras, actores
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 16/11/2017)
A lo largo del actual sexenio, la disputa por la legitimidad de las reformas en la educación básica que ha enfrentado rutinariamente al gobierno con sus críticos y opositores, se ha constituido como el ruido de fondo que domina el paisaje de las relaciones políticas entre sus diversos actores. Como es conocido, la agenda reformadora que inició en el marco del “Pacto por México” impulsado por el PRI, el PAN y el PRD al inicio del actual sexenio, colocó en el centro un ambicioso paquete de asuntos públicos que incluían el tema educativo. Un lustro después, es posible advertir en el horizonte político y de políticas el agotamiento del impulso inicial reformador, el brutal desgaste institucional y político de los actores, y un nuevo saldo de logros, fracasos, paradojas e incertidumbres en torno al futuro del proceso reformador en el sector educativo nacional.
Un balance provisional del análisis del diseño e implementación de las reformas obliga siempre a reconocer uno de los principios prácticos de todo ejercicio similar: se puede saber con alguna precisión y certeza como inician las reformas, pero nunca se sabe con seguridad como pueden terminar. Para el caso, los diagnósticos iniciales, la definición de los problemas, las estrategias y políticas reformadoras, contribuyeron a identificar los puntos críticos del proceso. “Recobrar la autoridad del Estado” se constituyó como el lema político central de las reformas, y eso significaba, a finales del ya lejano 2012, la recomposición de las relaciones políticas del oficialismo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El resultado, lo sabemos: la detención y encarcelamiento de la lideresa Elba Esther Gordillo, que representaba el tipo de relaciones de subordinación del gobierno federal y de los gobiernos estatales frente al poder de la burocracia sindical del elbismo y sus aliados dentro y fuera del sector educativo.
Pero ese episodio solo fue visto como una operación política indispensable para formular un paquete de cambios en el sector, que colocaron en el centro temas como la evaluación de la calidad educativa, el servicio profesional docente, y la gestión autónoma de la escuelas. Construido el andamiaje político básico para legitimar sus propuestas, el gobierno federal pasaba entonces a la instrumentación de las mismas, con la presión propia de los calendarios y relojes institucionales. Los tres puntos señalados concentraron el impulso reformador durante los primeros años y consumieron buena parte de las energías del oficialismo por colocar en el centro de su proyecto reformador un sentido claro de orientación, capaz de suscitar consensos básicos dentro y fuera del sector. El resultado fue la articulación de una coalición reformadora entre el gobierno y la nueva dirigencia del SNTE, apoyada por sectores significativos de los partidos políticos nacionales y con el beneplácito de no pocos sectores intelectuales, empresariales y de la opinión pública nacional.
Casi de inmediato, el escepticismo, la rebelión y las críticas hacia el modo y contenido de las reformas marcaron el territorio de la disputa. La agenda y los contenidos del proyecto reformador fueron criticados y frecuentemente descalificados por sus críticos, colocando en el mismo sitio al elbismo derrotado y desarticulado, a la beligerancia neo-corporativa de la CNTE, y a una difusa colección de liderazgos políticos y voces académicas más o menos autorizadas, distribuidas en diversos ámbitos mediáticos y académicos. Entre 2013 y 2015, asistimos a un espectáculo inusual, volcánico, ruidoso y en ocasiones incomprensible, que acompañó a las buenas intenciones y propósitos educativos con el juego rudo de las movilizaciones, protestas, bloqueos carreteros, huelgas.
El memorial de las reformas se tornaría trágico con los acontecimientos de Ayotzinapa y con las escenas de balaceras, encarcelamientos, secuestros de camiones, vandalismo, arrebatos de indignación moral e incapacidad gubernamental para convencer de sus acciones. El lenguaje de las amenazas y los chantajes colocó la luz de los reflectores mediáticos en el lado áspero de las reformas. En estos años duros, la educación se consolidó como una utopía institucional habitando una zona de conflictos y pleitos protagonizados por el gobierno y sus opositores, lo que provocó un desgaste acelerado de los recursos y de la legitimidad tanto del oficialismo como de sus oposiciones. Hoy, en el ocaso del peñanietismo, la soledad de los reformadores y el dramatismo de los críticos son los humores que suelen dominar tanto las hipótesis e ilusiones reformadoras como las profecías apocalípticas sobre su futuro.
Como todo espectáculo público, en el escenario educativo han coexistido libretos distintos, bailes de máscaras, cierto maniqueísmo de salón y la “democratización de la vacuidad” -como señalaba el cáustico Ciroan respecto a las disputas políticas de las élites de la sociedad francesa del siglo XVIII-, estampas que se han convertido en las imágenes factuales del proceso. Un dualismo anecdótico (a favor/en contra) gobierna los relatos reformadores y opositores. Ello no obstante, los logros visibles y quizá perdurables del proceso tienen que ver con la legitimación de la evaluación educativa como ejercicio institucional (representada por la autonomía del INEE), con la necesidad de colocar en el largo plazo la trasformación de las prácticas educativas orientadas hacia los aprendizajes de los estudiantes y la autogestión escolar (dos de los rasgos del “Nuevo Modelo Educativo”), y con el reconocimiento del papel estratégico del profesorado en esta o en cualquier reforma educativa que se imagine.
Pero las lecciones del proceso también incluyen la legitimidad de la crítica y el escepticismo como instrumentos intelectuales de producción de las políticas reformadoras. La capacidad argumentativa y persuasiva del discurso reformador ha ido acompañada de la capacidad crítica de algunos de sus opositores. Aunque en el centro de ambos lados se encuentren la lucha por privilegios y derechos reales o imaginarios, el cálculo de costos y beneficios de las reformas, la producción de bandos de ganadores y perdedores relativos o absolutos, temporales o permanentes, de los cambios educativos sexenales, los logros del proceso reformador mexicano son significativos, aunque sus desafíos institucionales y alcances sociales permanezcan todavía en las penumbras del espectáculo.
Reforma educativa: libretos, máscaras, actores
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 16/11/2017)
A lo largo del actual sexenio, la disputa por la legitimidad de las reformas en la educación básica que ha enfrentado rutinariamente al gobierno con sus críticos y opositores, se ha constituido como el ruido de fondo que domina el paisaje de las relaciones políticas entre sus diversos actores. Como es conocido, la agenda reformadora que inició en el marco del “Pacto por México” impulsado por el PRI, el PAN y el PRD al inicio del actual sexenio, colocó en el centro un ambicioso paquete de asuntos públicos que incluían el tema educativo. Un lustro después, es posible advertir en el horizonte político y de políticas el agotamiento del impulso inicial reformador, el brutal desgaste institucional y político de los actores, y un nuevo saldo de logros, fracasos, paradojas e incertidumbres en torno al futuro del proceso reformador en el sector educativo nacional.
Un balance provisional del análisis del diseño e implementación de las reformas obliga siempre a reconocer uno de los principios prácticos de todo ejercicio similar: se puede saber con alguna precisión y certeza como inician las reformas, pero nunca se sabe con seguridad como pueden terminar. Para el caso, los diagnósticos iniciales, la definición de los problemas, las estrategias y políticas reformadoras, contribuyeron a identificar los puntos críticos del proceso. “Recobrar la autoridad del Estado” se constituyó como el lema político central de las reformas, y eso significaba, a finales del ya lejano 2012, la recomposición de las relaciones políticas del oficialismo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El resultado, lo sabemos: la detención y encarcelamiento de la lideresa Elba Esther Gordillo, que representaba el tipo de relaciones de subordinación del gobierno federal y de los gobiernos estatales frente al poder de la burocracia sindical del elbismo y sus aliados dentro y fuera del sector educativo.
Pero ese episodio solo fue visto como una operación política indispensable para formular un paquete de cambios en el sector, que colocaron en el centro temas como la evaluación de la calidad educativa, el servicio profesional docente, y la gestión autónoma de la escuelas. Construido el andamiaje político básico para legitimar sus propuestas, el gobierno federal pasaba entonces a la instrumentación de las mismas, con la presión propia de los calendarios y relojes institucionales. Los tres puntos señalados concentraron el impulso reformador durante los primeros años y consumieron buena parte de las energías del oficialismo por colocar en el centro de su proyecto reformador un sentido claro de orientación, capaz de suscitar consensos básicos dentro y fuera del sector. El resultado fue la articulación de una coalición reformadora entre el gobierno y la nueva dirigencia del SNTE, apoyada por sectores significativos de los partidos políticos nacionales y con el beneplácito de no pocos sectores intelectuales, empresariales y de la opinión pública nacional.
Casi de inmediato, el escepticismo, la rebelión y las críticas hacia el modo y contenido de las reformas marcaron el territorio de la disputa. La agenda y los contenidos del proyecto reformador fueron criticados y frecuentemente descalificados por sus críticos, colocando en el mismo sitio al elbismo derrotado y desarticulado, a la beligerancia neo-corporativa de la CNTE, y a una difusa colección de liderazgos políticos y voces académicas más o menos autorizadas, distribuidas en diversos ámbitos mediáticos y académicos. Entre 2013 y 2015, asistimos a un espectáculo inusual, volcánico, ruidoso y en ocasiones incomprensible, que acompañó a las buenas intenciones y propósitos educativos con el juego rudo de las movilizaciones, protestas, bloqueos carreteros, huelgas.
El memorial de las reformas se tornaría trágico con los acontecimientos de Ayotzinapa y con las escenas de balaceras, encarcelamientos, secuestros de camiones, vandalismo, arrebatos de indignación moral e incapacidad gubernamental para convencer de sus acciones. El lenguaje de las amenazas y los chantajes colocó la luz de los reflectores mediáticos en el lado áspero de las reformas. En estos años duros, la educación se consolidó como una utopía institucional habitando una zona de conflictos y pleitos protagonizados por el gobierno y sus opositores, lo que provocó un desgaste acelerado de los recursos y de la legitimidad tanto del oficialismo como de sus oposiciones. Hoy, en el ocaso del peñanietismo, la soledad de los reformadores y el dramatismo de los críticos son los humores que suelen dominar tanto las hipótesis e ilusiones reformadoras como las profecías apocalípticas sobre su futuro.
Como todo espectáculo público, en el escenario educativo han coexistido libretos distintos, bailes de máscaras, cierto maniqueísmo de salón y la “democratización de la vacuidad” -como señalaba el cáustico Ciroan respecto a las disputas políticas de las élites de la sociedad francesa del siglo XVIII-, estampas que se han convertido en las imágenes factuales del proceso. Un dualismo anecdótico (a favor/en contra) gobierna los relatos reformadores y opositores. Ello no obstante, los logros visibles y quizá perdurables del proceso tienen que ver con la legitimación de la evaluación educativa como ejercicio institucional (representada por la autonomía del INEE), con la necesidad de colocar en el largo plazo la trasformación de las prácticas educativas orientadas hacia los aprendizajes de los estudiantes y la autogestión escolar (dos de los rasgos del “Nuevo Modelo Educativo”), y con el reconocimiento del papel estratégico del profesorado en esta o en cualquier reforma educativa que se imagine.
Pero las lecciones del proceso también incluyen la legitimidad de la crítica y el escepticismo como instrumentos intelectuales de producción de las políticas reformadoras. La capacidad argumentativa y persuasiva del discurso reformador ha ido acompañada de la capacidad crítica de algunos de sus opositores. Aunque en el centro de ambos lados se encuentren la lucha por privilegios y derechos reales o imaginarios, el cálculo de costos y beneficios de las reformas, la producción de bandos de ganadores y perdedores relativos o absolutos, temporales o permanentes, de los cambios educativos sexenales, los logros del proceso reformador mexicano son significativos, aunque sus desafíos institucionales y alcances sociales permanezcan todavía en las penumbras del espectáculo.
Gbernanza y desempeño en educación superior
Estación de paso
Gobernanza y desempeño en educación superior
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 02/11/2017)
Desde hace por lo menos un par de décadas se instaló firmemente en la agenda nacional e internacional de las reformas de la educación superior el tema de la gobernanza. Por razones intelectuales, políticas y de políticas públicas poco exploradas y menos discutidas, el énfasis en la gestión de las reformas se asoció de manera implícita al gobierno de las transformaciones impulsadas por la configuración de un nuevo entorno de políticas de educación superior, basadas en un paradigma dominante que combina institucionalización de la evaluación, aseguramiento de la calidad, diversificación de la oferta y la demanda pública y privada, promoción de la internacionalización, financiamiento gubernamental condicionado, competitivo y diferenciado. Por alguna razón, el tema clásico del gobierno de la educación superior fue subordinado al enfoque de la gobernanza sistémica e institucional del sector, un enfoque inspirado en las teorías de la Nueva Gerencia Pública. Para decirlo en breve: desde los años noventa del siglo pasado, la música de fondo de las reformas y los cambios en la educación superior está dominada por la clave de la gobernanza.
Aunque existen varias definiciones del concepto (que no siempre resultan complementarias sino inclusive rivales), la idea de la gobernanza se impuso poco a poco en el terreno de las interpretaciones orientadas hacia la solución de los problemas más que hacia la comprensión de los mismos. De algún modo, la gobernanza se colocó como la lente conceptual principal en la búsqueda de cooperación entre diversos actores para identificar objetivos y estrategias comunes orientadas hacia el cambio institucional, entendido básicamente como el proceso de adaptación de los sistemas e instituciones de educación a las transformaciones ocurridas en sus entornos locales y globales. De este modo, los problemas clásicos del poder, la autoridad y el gobierno de la educación superior fueron reinterpretados a través de los cristales y anteojos de la gobernanza.
El dato duro es que los nuevos lentes desplazaron claramente al énfasis tradicional en la gobernabilidad como eje del gobierno de la educación terciaria, y ese giro interpretativo constituyó una novedad importante en el campo. En otras palabras, la gestión del cambio (la gobernanza) sustituyó a la gestión del conflicto (gobernabilidad). La expansión de las ofertas y demandas de la educación superior, la diversificación y diferenciación institucional, los cambios en las relaciones entre lo público y lo privado, la continua mezcla de diversos instrumentos de políticas que combinan estímulos financieros y recompensas simbólicas para la promoción de cambios en las instituciones y sistemas, se colocaron en el centro de la acción pública, aunque sus hechuras específicas varían de manera significativa entre un país y otro, y también al interior de los sistemas nacionales de educación terciaria de cada país.
Importa desde luego considerar el contexto en el cual se impulsó la perspectiva de la gobernanza como el eje de las reformas de la educación superior. Una compleja mixtura de ideas generales e intereses específicos se conjugaron para formular una perspectiva de acción pública que colocó el acento en los principios de la gestión y coordinación sistémica e institucional de la acción pública en varios campos de políticas, y no solo los relacionados con la educación. De manera silenciosa, el lenguaje de la gobernanza ha dominado la configuración de los cambios institucionales, y buena parte de los esfuerzos y prácticas universitarias se comenzaron a justificar como expresiones de mejoramiento de las gobernanzas institucionales y aún sistémicas: calidad, eficiencia, cobertura, competitividad, equidad, evaluación, “empleabilidad” de los egresados. Las palabras y las cosas de la educación superior están hoy relacionadas con este lenguaje tecno-burocrático, cuyo significado, aunque ambiguo, legitima los procesos de diseño e implementación de las políticas gubernamentales en el sector.
Ello no obstante, es preciso indagar más lejos y más al fondo sobre el supuesto general del enfoque, que sostiene que la gobernanza está relacionada con el desempeño o rendimiento del sistema y de las instituciones de educación superior. De entrada, tendría que advertirse la existencia de distintos tipos de gobernanza que se relacionan con distintos tipos de desempeño. El contexto institucional, el entorno de políticas, los actores involucrados, los usos y costumbres de las organizaciones, son factores que determinan fuertemente el tipo de comportamientos institucionales asociados a las relaciones entre gobernanza y desempeño.
Más aún: la lógica de la gobernanza no parece sustituir a la lógica de la gobernabilidad ni en la educación superior ni en cualquier otro campo de la acción pública. Los conflictos observados a lo largo del siglo XXI en las universidades públicas mexicanas (cuyo recuento incluiría las movilizaciones estudiantiles contra las reformas al IPN o a la UACM, los crónicos conflictos sindicales en la UABJO, los problemas en la Junta de Gobierno de la UABC, la destitución de Rector General en la U. de G., los cíclicos pleitos contra la elevación de las cuotas en la UNAM), son problemas de gobernabilidad más que de gobernanza institucional. Es paradójico, curioso o contradictorio, que la generalización del enfoque y el discurso de la gobernanza coexistan con las escenas de ingobernabilidad que estallan de cuando en cuando en el mundo universitario mexicano.
Tal vez habría con reconocer, con prudencia republicana, que la gobernanza no elimina ni sustituye la gobernabilidad, y que, en el extraño mundo de las prácticas universitarias del siglo XXI, puede existir gobernabilidad sin gobernanza, pero no gobernanza sin gobernabilidad. Mirar ambas caras del gobierno universitario (gobernabilidad/gobernanza), quizá ayude a comprender de mejor manera como se relaciona con el desempeño de las instituciones de educación superior.
Gobernanza y desempeño en educación superior
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 02/11/2017)
Desde hace por lo menos un par de décadas se instaló firmemente en la agenda nacional e internacional de las reformas de la educación superior el tema de la gobernanza. Por razones intelectuales, políticas y de políticas públicas poco exploradas y menos discutidas, el énfasis en la gestión de las reformas se asoció de manera implícita al gobierno de las transformaciones impulsadas por la configuración de un nuevo entorno de políticas de educación superior, basadas en un paradigma dominante que combina institucionalización de la evaluación, aseguramiento de la calidad, diversificación de la oferta y la demanda pública y privada, promoción de la internacionalización, financiamiento gubernamental condicionado, competitivo y diferenciado. Por alguna razón, el tema clásico del gobierno de la educación superior fue subordinado al enfoque de la gobernanza sistémica e institucional del sector, un enfoque inspirado en las teorías de la Nueva Gerencia Pública. Para decirlo en breve: desde los años noventa del siglo pasado, la música de fondo de las reformas y los cambios en la educación superior está dominada por la clave de la gobernanza.
Aunque existen varias definiciones del concepto (que no siempre resultan complementarias sino inclusive rivales), la idea de la gobernanza se impuso poco a poco en el terreno de las interpretaciones orientadas hacia la solución de los problemas más que hacia la comprensión de los mismos. De algún modo, la gobernanza se colocó como la lente conceptual principal en la búsqueda de cooperación entre diversos actores para identificar objetivos y estrategias comunes orientadas hacia el cambio institucional, entendido básicamente como el proceso de adaptación de los sistemas e instituciones de educación a las transformaciones ocurridas en sus entornos locales y globales. De este modo, los problemas clásicos del poder, la autoridad y el gobierno de la educación superior fueron reinterpretados a través de los cristales y anteojos de la gobernanza.
El dato duro es que los nuevos lentes desplazaron claramente al énfasis tradicional en la gobernabilidad como eje del gobierno de la educación terciaria, y ese giro interpretativo constituyó una novedad importante en el campo. En otras palabras, la gestión del cambio (la gobernanza) sustituyó a la gestión del conflicto (gobernabilidad). La expansión de las ofertas y demandas de la educación superior, la diversificación y diferenciación institucional, los cambios en las relaciones entre lo público y lo privado, la continua mezcla de diversos instrumentos de políticas que combinan estímulos financieros y recompensas simbólicas para la promoción de cambios en las instituciones y sistemas, se colocaron en el centro de la acción pública, aunque sus hechuras específicas varían de manera significativa entre un país y otro, y también al interior de los sistemas nacionales de educación terciaria de cada país.
Importa desde luego considerar el contexto en el cual se impulsó la perspectiva de la gobernanza como el eje de las reformas de la educación superior. Una compleja mixtura de ideas generales e intereses específicos se conjugaron para formular una perspectiva de acción pública que colocó el acento en los principios de la gestión y coordinación sistémica e institucional de la acción pública en varios campos de políticas, y no solo los relacionados con la educación. De manera silenciosa, el lenguaje de la gobernanza ha dominado la configuración de los cambios institucionales, y buena parte de los esfuerzos y prácticas universitarias se comenzaron a justificar como expresiones de mejoramiento de las gobernanzas institucionales y aún sistémicas: calidad, eficiencia, cobertura, competitividad, equidad, evaluación, “empleabilidad” de los egresados. Las palabras y las cosas de la educación superior están hoy relacionadas con este lenguaje tecno-burocrático, cuyo significado, aunque ambiguo, legitima los procesos de diseño e implementación de las políticas gubernamentales en el sector.
Ello no obstante, es preciso indagar más lejos y más al fondo sobre el supuesto general del enfoque, que sostiene que la gobernanza está relacionada con el desempeño o rendimiento del sistema y de las instituciones de educación superior. De entrada, tendría que advertirse la existencia de distintos tipos de gobernanza que se relacionan con distintos tipos de desempeño. El contexto institucional, el entorno de políticas, los actores involucrados, los usos y costumbres de las organizaciones, son factores que determinan fuertemente el tipo de comportamientos institucionales asociados a las relaciones entre gobernanza y desempeño.
Más aún: la lógica de la gobernanza no parece sustituir a la lógica de la gobernabilidad ni en la educación superior ni en cualquier otro campo de la acción pública. Los conflictos observados a lo largo del siglo XXI en las universidades públicas mexicanas (cuyo recuento incluiría las movilizaciones estudiantiles contra las reformas al IPN o a la UACM, los crónicos conflictos sindicales en la UABJO, los problemas en la Junta de Gobierno de la UABC, la destitución de Rector General en la U. de G., los cíclicos pleitos contra la elevación de las cuotas en la UNAM), son problemas de gobernabilidad más que de gobernanza institucional. Es paradójico, curioso o contradictorio, que la generalización del enfoque y el discurso de la gobernanza coexistan con las escenas de ingobernabilidad que estallan de cuando en cuando en el mundo universitario mexicano.
Tal vez habría con reconocer, con prudencia republicana, que la gobernanza no elimina ni sustituye la gobernabilidad, y que, en el extraño mundo de las prácticas universitarias del siglo XXI, puede existir gobernabilidad sin gobernanza, pero no gobernanza sin gobernabilidad. Mirar ambas caras del gobierno universitario (gobernabilidad/gobernanza), quizá ayude a comprender de mejor manera como se relaciona con el desempeño de las instituciones de educación superior.
Thursday, October 19, 2017
De la cuna a la tumba
Estación de paso
¿De la cuna a la tumba?
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 19/10/2017)
Desde finales del siglo pasado se activó una bomba de relojería demográfica que tiene y tendrá efectos significativos en la calidad de vida de amplios sectores sociales del país: el envejecimiento poblacional. A pesar de crisis económicas y de desastres naturales, de los efectos corrosivos de la violencia, o de la migración masiva hacia el norte del Río Bravo, el alargamiento constante de la esperanza de vida de los mexicanos se ha incrementado de manera sistemática desde la segunda posguerra: si en 1950 era de 49 años, hacia el año 2000 alcanza los 74 y, para 2015, se estima en 77 años (74 para los hombres, 79 para las mujeres.) Este fenómeno tiene múltiples dimensiones de análisis, pero uno de las más críticas tiene que ver con el tipo de régimen de pensiones y jubilaciones que teóricamente deberá (o debería) atender a un número mayor de ciudadanos que han alcanzado o alcanzarán en los próximos años la era de la senectud.
El costo social y financiero del envejecimiento de las sociedades es muy alto, y para su sostenimiento hay diversas fórmulas y experiencias nacionales, que van de regímenes puramente públicos a regímenes puramente privados. El modelo del Estado social europeo representa en casi todos lados regímenes puramente o mayoritariamente públicos, sostenidos por el Estado a partir de los impuestos que cobran a los ciudadanos. El conocido lema británico “de la cuna a la tumba” (pronunciado por Churchill al terminar la segunda gran guerra e inspirado en el keynesianismo), representa muy bien la orientación sustantiva de la política de bienestar y protección a las personas desde su nacimiento hasta su fallecimiento, pasando por la provisión de educación, salud, vivienda, empleo y jubilaciones dignas para todos.
Sin embargo, los vientos salvajes de la globalización codificados bajo el credo neoliberal, trasladaron en muchos casos los costos y la responsabilidad del envejecimiento poblacional del Estado hacia los ciudadanos, creando los mercados privados de jubilaciones y pensiones. “Ahorra para tu retiro” se convirtió en el lema/insignia de la reforma a los sistemas públicos relacionados con el asunto, lo que organizó una competencia despiadada entre diversas empresas e instituciones para ofrecer los mejores rendimientos, los planes más atractivos, las promesas e ilusiones más descabelladas, basadas todas, fundamentalmente, en el mérito individual. Con diversos grados de influencia en los casos nacionales –de Finlandia a los Estados Unidos como sus casos más extremos-, la apología de la competencia como el mecanismo más eficiente para proveer de recursos a jubilados y pensionados corrió como la pólvora en los territorios de la gestión del Estado y las prácticas de los mercados.
El mundo universitario no es ajeno a este proceso. De hecho, en México, desde principios del siglo XXI ha sido posible registrar un cambio importante en los regímenes laborales relacionados con el envejecimiento de los trabajadores universitarios. A raíz de la creación del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) en 1992, y sobre todo de las reformas a la ley del IMSS en 1997, donde se establece como edad de jubilación los 65 años de edad combinada con una antigüedad laboral mínima de 30 años, las universidades públicas comenzaron a experimentar la presión por sostener sistemas propios de jubilaciones que databan de los años setenta, en las cuales los bajos salarios de profesores y trabajadores trataban de ser compensados con contratos colectivos que, en su mayoría, aseguraban jubilaciones a partir de los 25 o 30 años de antigüedad laboral, con “salarios dinámicos” (es decir, el último sueldo devengado –salario base más prestaciones- incluyendo a los funcionarios universitarios) independientes de la edad biológica. En otros casos, las jubilaciones no corren a cargo de la universidad contratante sino de las instituciones públicas (ISSSTE para las universidades federales, IMSS para las estatales).
Es a partir del 2001 cuando el gobierno federal estableció un “fondo de saneamiento financiero” para las universidades públicas que, entre sus objetivos centrales, está el de apoyar a las universidades que implementen reformas importantes a sus respectivos regímenes de pensiones y jubilaciones, diseñando sistemas mixtos donde gobierno, universidades y trabajadores participen en la construcción de fondos financieramente sustentables. “Sanear”, como curar, es un verbo asociado a un diagnóstico de enfermedad o de contaminación, a algo que no es sano, y así es considerado en ese Fondo, que no es para todas las universidades, que se debe concursar año con año, y que es condicional, pues se deben presentar evidencias de que los regímenes universitarios de pensiones van en la dirección correcta. Sin embargo, por vez primera en 16 años, ya se anunció que para 2018 este Fondo no será ofertado debido a los recortes presupuestales por todos conocidos.
Hoy, la mayor parte de las universidades están experimentado un cambio en sus respectivos regímenes. Es o ha sido, sin duda, una decisión institucional, estrictamente política, que anticipa una reorientación crítica del rumbo de los presentes y futuros jubilados universitarios. ¿Qué pasa con el seguimiento de los académicos cuyo ingreso total depende en una parte significativa de estímulos “no asimilables a salarios” (SNI, programas de estímulos académicos)? ¿Qué sucede con los bajos salarios base de la cotización al IMSS o al ISSSTE, que sólo aseguran una fracción del ingreso total? ¿Cómo asegurar la sustentabilidad financiera de los regímenes con las altas tasas de jubilación que contrastan con las bajas tasas de renovación de las plantas académicas universitarias? ¿Es posible construir regímenes mínimamente satisfactorios para los trabajadores y financieramente viables para las universidades? Son preguntas que aún aguardan por respuestas políticas y de políticas públicas e institucionales, que requieren no solamente de actuarios y fiduciarios, sino de una visión pública, estratégica y de largo plazo, para evitar que la vejez de miles de universitarios signifique un conflicto social y político de magnitud nacional.
¿De la cuna a la tumba?
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 19/10/2017)
Desde finales del siglo pasado se activó una bomba de relojería demográfica que tiene y tendrá efectos significativos en la calidad de vida de amplios sectores sociales del país: el envejecimiento poblacional. A pesar de crisis económicas y de desastres naturales, de los efectos corrosivos de la violencia, o de la migración masiva hacia el norte del Río Bravo, el alargamiento constante de la esperanza de vida de los mexicanos se ha incrementado de manera sistemática desde la segunda posguerra: si en 1950 era de 49 años, hacia el año 2000 alcanza los 74 y, para 2015, se estima en 77 años (74 para los hombres, 79 para las mujeres.) Este fenómeno tiene múltiples dimensiones de análisis, pero uno de las más críticas tiene que ver con el tipo de régimen de pensiones y jubilaciones que teóricamente deberá (o debería) atender a un número mayor de ciudadanos que han alcanzado o alcanzarán en los próximos años la era de la senectud.
El costo social y financiero del envejecimiento de las sociedades es muy alto, y para su sostenimiento hay diversas fórmulas y experiencias nacionales, que van de regímenes puramente públicos a regímenes puramente privados. El modelo del Estado social europeo representa en casi todos lados regímenes puramente o mayoritariamente públicos, sostenidos por el Estado a partir de los impuestos que cobran a los ciudadanos. El conocido lema británico “de la cuna a la tumba” (pronunciado por Churchill al terminar la segunda gran guerra e inspirado en el keynesianismo), representa muy bien la orientación sustantiva de la política de bienestar y protección a las personas desde su nacimiento hasta su fallecimiento, pasando por la provisión de educación, salud, vivienda, empleo y jubilaciones dignas para todos.
Sin embargo, los vientos salvajes de la globalización codificados bajo el credo neoliberal, trasladaron en muchos casos los costos y la responsabilidad del envejecimiento poblacional del Estado hacia los ciudadanos, creando los mercados privados de jubilaciones y pensiones. “Ahorra para tu retiro” se convirtió en el lema/insignia de la reforma a los sistemas públicos relacionados con el asunto, lo que organizó una competencia despiadada entre diversas empresas e instituciones para ofrecer los mejores rendimientos, los planes más atractivos, las promesas e ilusiones más descabelladas, basadas todas, fundamentalmente, en el mérito individual. Con diversos grados de influencia en los casos nacionales –de Finlandia a los Estados Unidos como sus casos más extremos-, la apología de la competencia como el mecanismo más eficiente para proveer de recursos a jubilados y pensionados corrió como la pólvora en los territorios de la gestión del Estado y las prácticas de los mercados.
El mundo universitario no es ajeno a este proceso. De hecho, en México, desde principios del siglo XXI ha sido posible registrar un cambio importante en los regímenes laborales relacionados con el envejecimiento de los trabajadores universitarios. A raíz de la creación del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) en 1992, y sobre todo de las reformas a la ley del IMSS en 1997, donde se establece como edad de jubilación los 65 años de edad combinada con una antigüedad laboral mínima de 30 años, las universidades públicas comenzaron a experimentar la presión por sostener sistemas propios de jubilaciones que databan de los años setenta, en las cuales los bajos salarios de profesores y trabajadores trataban de ser compensados con contratos colectivos que, en su mayoría, aseguraban jubilaciones a partir de los 25 o 30 años de antigüedad laboral, con “salarios dinámicos” (es decir, el último sueldo devengado –salario base más prestaciones- incluyendo a los funcionarios universitarios) independientes de la edad biológica. En otros casos, las jubilaciones no corren a cargo de la universidad contratante sino de las instituciones públicas (ISSSTE para las universidades federales, IMSS para las estatales).
Es a partir del 2001 cuando el gobierno federal estableció un “fondo de saneamiento financiero” para las universidades públicas que, entre sus objetivos centrales, está el de apoyar a las universidades que implementen reformas importantes a sus respectivos regímenes de pensiones y jubilaciones, diseñando sistemas mixtos donde gobierno, universidades y trabajadores participen en la construcción de fondos financieramente sustentables. “Sanear”, como curar, es un verbo asociado a un diagnóstico de enfermedad o de contaminación, a algo que no es sano, y así es considerado en ese Fondo, que no es para todas las universidades, que se debe concursar año con año, y que es condicional, pues se deben presentar evidencias de que los regímenes universitarios de pensiones van en la dirección correcta. Sin embargo, por vez primera en 16 años, ya se anunció que para 2018 este Fondo no será ofertado debido a los recortes presupuestales por todos conocidos.
Hoy, la mayor parte de las universidades están experimentado un cambio en sus respectivos regímenes. Es o ha sido, sin duda, una decisión institucional, estrictamente política, que anticipa una reorientación crítica del rumbo de los presentes y futuros jubilados universitarios. ¿Qué pasa con el seguimiento de los académicos cuyo ingreso total depende en una parte significativa de estímulos “no asimilables a salarios” (SNI, programas de estímulos académicos)? ¿Qué sucede con los bajos salarios base de la cotización al IMSS o al ISSSTE, que sólo aseguran una fracción del ingreso total? ¿Cómo asegurar la sustentabilidad financiera de los regímenes con las altas tasas de jubilación que contrastan con las bajas tasas de renovación de las plantas académicas universitarias? ¿Es posible construir regímenes mínimamente satisfactorios para los trabajadores y financieramente viables para las universidades? Son preguntas que aún aguardan por respuestas políticas y de políticas públicas e institucionales, que requieren no solamente de actuarios y fiduciarios, sino de una visión pública, estratégica y de largo plazo, para evitar que la vejez de miles de universitarios signifique un conflicto social y político de magnitud nacional.
Tuesday, September 26, 2017
Tirania de la contingencia
Estación de paso
Tiranía de la contingencia: 500 palabras.
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 05/10/2017)
…el sagrado instinto de no tener teorías…
Fernando Pessoa, Libro del desasosiego
Los desastres naturales son misteriosos, dolorosos, incomprensibles y sus efectos sociales, lo sabemos muy bien, devastadores. En México, lo ocurrido con los sismos de nuestro septiembre negro (el del 7 y el del 19), nos vuelven a confirmar la fragilidad del suelo bajo nuestros pies, la reiteración del riesgo y la destrucción como costumbres fatales, ancestrales, parte de nuestras señas de identidad. No hay mucho que agregar a lo que muchos antes, durante y después de los acontecimientos han registrado, analizado, reflexionado y hasta propuesto. Tampoco me detengo en los elogios a la solidaridad, las críticas políticas y las monedas falsas que se han puesto a circular en torno al desempeño de las autoridades y de los ciudadanos durante la coyuntura fatal. Solo agrego 500 palabras asociadas al desastre. Nombrarlas es, quizá, una forma de reclamo, un intento de exorcismo verbal frente a la magnitud del infortunio, una manera de asomarse al precipicio que, otra vez, nos ha colocado de frente a las fuerzas de la naturaleza y a los nuevos dilemas y desafíos sociales, económicos y políticos de la reconstrucción y el desarrollo.
****************
Polvo. Piedras, concreto. Vapor, gas, humo. Fierros retorcidos, vidrios rotos, papeles, mangueras. Ropa. Cascos, luces, fogatas. Policías, marinos, soldados. Cámaras, reporteros, teléfonos celulares, ciudadanos. Silencio. Espectáculo. Puños cerrados. Plegarias, gritos, voces. Calor, humedad. Sangre, cuerpos mutilados. Dolor, alegría, desolación. Esperanza, desamparo, horror, miedo. Incertidumbre, fe, solidaridad, valentía, locura temporal, organización, anarquía. Simulacros, realidades. Palabras, promesas, compromisos. Retórica del desastre.
Oxígeno. Oraciones. Redes sociales, televisión, radio, periódicos. Impulsos, cálculos. Método, improvisación, reproches, reclamos. Entereza, ansiedad, angustia, desesperación. Ilusiones. Escepticismo, pesimismo, optimismo. Grisura. Oscuridad. Pavimento. Postes caídos, edificios derribados, luces apagadas, autos aplastados. Demolición. Salvamento. Aire. Perros. Cielo nublado. Abrazos. Comida, botellas, mantas. Escala y profundidad. Patrullas, camiones, grúas. Demolición, reconstrucción. Palabras al vacío. Abismos. El extraño lenguaje de la crisis.
Agua. Recuerdos. Nostalgia. Sed de lo perdido. Muerte. Milagros. Fantasmas, evocaciones, símbolos. Derrumbes, resistencias, negaciones. Sabores: acidez, amargura, dulzura. Cercanía y distancia. Densidad y liviandad. Peso muerto. Olores. Impresiones, imágenes, vistazos. El orden natural de las cosas. Sorpresa y mortalidad. Destrucción súbita de usos y costumbres. Todo lo sólido se disuelve en el aire. Ignorancia y conocimiento. Calendarios, relojes. Brevedad. Tiranía del tiempo. Fragilidad, precariedad, fortaleza. Ánimo. Sombras. Oscuridad. Simplicidad y complejidad. Asombro. Anatomía del colapso.
Acero. Incredulidad. Corazón de las tinieblas. Fracturas, grietas, fisuras. Nada. Nostalgia de la muerte. Tragedia, farsa, drama. El corazón secreto del reloj. Terror, temor. El libro de los muertos. Incomprensión, dispersión, atención. Los muertos nos acompañan. Máscaras, rostros, gestos. Cansancio. Ojos bien abiertos. Bostezos. Furia. Tierra suelta. Pedazos. Miradas perdidas. Compasión. Hincarse. Levantarse. Levitar. Imaginar. Soñar. Septiembre negro. Tristeza infinita. Crónica de instantes. El rostro cruel del cataclismo. Miseria. Historias, relatos, narrativas múltiples de la destrucción.
Plástico. Luz. Pesadillas. Coraje. Dudas. ¿Por qué? Futuro y pasado. Presente interminable. Deslumbramiento, iluminación, ceguera. Explosión. Losas. Tumbas. Héroes. Intuición. Siluetas. Almas, multitudes, soledades. Extrañeza. Rapiña, oportunismo, rescates. Mezquindad. Fachadas de piedras húmedas. Diablos, demonios, ángeles. Creencias, consuelo, dolor. Inmensidad y locura. Rituales del caos. Olores, instintos. Masa y poder. Susto, calma, paz. El imperio de las formas. Infierno. La fortuna, el destino, la virtud. Distopías, utopías. Dictadura de la confusión. Ubicuidad de los escombros. Sociología del desastre.
Óxido. Lluvia. Viaje al fin de la noche. Horizontes perdidos. Alucinación. Dormir, descansar. Pertenencias, patrimonio, proyectos. Utilidad. Inquietud. Insomnio. Espera. Bálsamo. Hospitales, ambulancias. Explicaciones, ausencias, infortunios. Muletas, camillas, sirenas nocturnas. Edificios, departamentos, casas. Anuncios, rumores, murmullos, impotencia. Bicicletas, pasos. Brevedad de los instantes. Heridas y cristales. Gravedad. Correr, permanecer. Fragilidad. Aguantar. Soportar. Asumir. Suelo. La vida y la muerte. Desconcierto. Recostarse. El delicado sonido del colapso. El color ocre de la desgracia.
Plomo. Duelo. Pasión. A pesar de todo. Identidad. Orgullo. Lágrimas. Fragmentos. Sonrisas, incredulidad. Llamadas nocturnas. Júbilo y duelo. Seriedad y maldición. Dios no existe. Pensar, hacer, actuar. Ruidos. El activismo como brújula. Jóvenes. Palas, picos, máquinas. Fracaso, errancia, extravío. La memoria, el olvido. Manos, brazos. Lentitud. Lámparas. Cadáveres, cuerpos. Huesos de sepia. Pesado registro de las confusiones. Infelicidad colectiva. Sociedad del riesgo. Violencia. Somnolencia. Inventario de calamidades. La coalición de los vivos. El azar como tiranía de la contingencia.
Thursday, September 21, 2017
Sociología de la desigualdad (2)
Estación de paso
Sociología de la desigualdad (2)
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 21/09/2017)
Diversos estudios muestran cómo uno de los efectos simbólicos y prácticos del acceso a la educación superior es el desvanecimiento de las “marcas de clase” de estudiantes de origen social diverso, un efecto particularmente claro en el caso de las universidades públicas a raíz de su consolidación como modernas instituciones mesocráticas. El acceso a una carrera universitaria en espacios públicos permite a los individuos el ingreso a un espacio poli-clasista, habitado por jóvenes pertenecientes a diversos estratos sociales, que interactúan cotidianamente en campus universitarios donde aprenden rápidamente a formarse, de manera paralela, como adultos, como ciudadanos y como profesionistas. Las experiencias de socialización académica son también trayectorias de socialización intelectual y política, y la experiencia universitaria suele ser, en un sentido amplio y profundo, una experiencia cultural, enriquecedora y formativa social e individualmente.
Pero en los espacios privados de la educación superior ocurren otras cosas. En los miles de establecimientos educativos de bajo costo que han proliferado por las grandes y medianas ciudades del país, acuden muchos de aquellos estudiantes que no pudieron ingresar a las universidades públicas pero que no disponen de medios para costear una carrera en las universidades de elite. Ahí se encuentran jóvenes que combinan estudios y trabajo, que pertenecen a estratos bajos y medios de la sociedad, y que buscan obtener un título en condiciones que se adapten a sus horarios laborales y circunstancias vitales individuales. Con más frecuencia de lo que se imagina, la decisión de estudiar en esos pequeños establecimientos de no más de 500 estudiantes que se concentran en dos o tres carreras de alta demanda, en condiciones de precariedad de sus instalaciones y profesorados, obedece también a un cálculo deliberado de los interesados: la flexibilidad de sus horarios facilita la realización de los estudios.
La composición social del estudiantado parece reducir su variación en el caso de los establecimientos de costo medio y mayores exigencias académicas de ingreso, que ofrecen más carreras pero frecuentemente con horarios menos flexibles. Aquí se ha configurado una demanda que intenta diferenciarse de los establecimientos baratos pero que no tiene las condiciones de pagar los precios de las matrículas y cubrir las exigencias académicas de las universidades de elite. Ello explica la expansión de un importante conjunto de instituciones privadas locales, nacionales e internacionales que ofrecen espacios y oportunidades a esos segmentos de la demanda.
Las universidades de alto costo colocan como filtros de entrada el precio y las trayectorias escolares previas de los estudiantes. La exclusividad constituye la señal de su prestigio institucional. Las universidades de elite forman los espacios donde el poder del privilegio se convierte en la principal fuente de su legitimidad. No hay ahí espacios pluri-clasistas, sino que predomina el afán mono-clasista determinado fuertemente por el origen social y la clase económica de pertenencia. A pesar de las becas y apoyos que algunas de estas instituciones ofrecen a los estudiantes de talento y bajos recursos, su proporción es mínima respecto al total.
Lo que tenemos entonces es un territorio de contrastes: con la masificación de la educación superior, sus establecimientos y carreras albergan distintos tipos de estudiantes, marcados por orígenes sociales, condiciones económicas y capitales culturales desiguales y distintos. La educación superior es un espacio de configuración de “circuitos de precariedad” en zonas rurales no metropolitanas y algunas urbanas (como les ha denominado el investigador Miguel Casillas, de la Universidad Veracruzana), que coexisten con circuitos de supervivencia y circuitos de opulencia ubicados generalmente en las grandes zonas urbanas del país. Esos rasgos parecen acentuarse con los comportamientos sociales e institucionales de los diversos actores que coexisten en estos circuitos, comportamientos que obedecen a intereses, creencias y expectativas en conflicto.
¿Qué tipo de comportamientos? Los que tienen que ver con la búsqueda del prestigio y la reputación de las instituciones de educación superior. Una pregunta que aguarda por respuestas es: ¿a qué instituciones prefieren enviar a sus hijos los estratos política o económicamente significativos de la sociedad mexicana? Antiguamente, según los clásicos estudios de Roderic Ai Camp, la clase política mexicana prefería a las universidades públicas por encima de las privadas como espacios de formación superior de sus hijos. La clase política de los tiempos del nacionalismo revolucionario, y buena parte de sus oposiciones de izquierda o de derecha, formaban como abogados, ingenieros, médicos o arquitectos a sus hijos en las universidades públicas. Lo mismo hacía buena parte de la clase empresarial (la burguesía, en términos clásicos) con sus vástagos. Sólo algunas universidades privadas representaban marginalmente las preferencias educativas de las elites de poder.
Pero en los años de la transición política y de las reformas económicas las cosas cambiaron. De manera silenciosa, las preferencias éticas y estéticas de las clases sociales respecto de la formación universitaria se transformaron dramáticamente. Hoy, no solo buena parte de los hijos de las clases dirigentes políticas y económicas suelen formarse en las universidades privadas de elite, en México o en el extranjero, sino que lo mismo ocurre con los hijos de los propios funcionarios y profesores de las universidades públicas que prefieren, en proporciones no menores, las ventajas reales o simbólicas de la educación privada respecto de las que ofrece, u ofrecía, la escuela pública.
Las razones y circunstancias de los cambios en las preferencias educativas pueden ser múltiples. La elección de los círculos de opulencia educativa es una característica de los imaginarios e intereses de las nuevas elites mexicanas. El hecho de que los últimos tres presidentes del país sean egresados de universidades privadas es un dato que confirma la tendencia. Esta transformación de prácticas y preferencias educativas legitima a la desigualdad educativa como parte del fenómeno más extenso y profundo de la desigualdad social.
Sociología de la desigualdad (2)
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 21/09/2017)
Diversos estudios muestran cómo uno de los efectos simbólicos y prácticos del acceso a la educación superior es el desvanecimiento de las “marcas de clase” de estudiantes de origen social diverso, un efecto particularmente claro en el caso de las universidades públicas a raíz de su consolidación como modernas instituciones mesocráticas. El acceso a una carrera universitaria en espacios públicos permite a los individuos el ingreso a un espacio poli-clasista, habitado por jóvenes pertenecientes a diversos estratos sociales, que interactúan cotidianamente en campus universitarios donde aprenden rápidamente a formarse, de manera paralela, como adultos, como ciudadanos y como profesionistas. Las experiencias de socialización académica son también trayectorias de socialización intelectual y política, y la experiencia universitaria suele ser, en un sentido amplio y profundo, una experiencia cultural, enriquecedora y formativa social e individualmente.
Pero en los espacios privados de la educación superior ocurren otras cosas. En los miles de establecimientos educativos de bajo costo que han proliferado por las grandes y medianas ciudades del país, acuden muchos de aquellos estudiantes que no pudieron ingresar a las universidades públicas pero que no disponen de medios para costear una carrera en las universidades de elite. Ahí se encuentran jóvenes que combinan estudios y trabajo, que pertenecen a estratos bajos y medios de la sociedad, y que buscan obtener un título en condiciones que se adapten a sus horarios laborales y circunstancias vitales individuales. Con más frecuencia de lo que se imagina, la decisión de estudiar en esos pequeños establecimientos de no más de 500 estudiantes que se concentran en dos o tres carreras de alta demanda, en condiciones de precariedad de sus instalaciones y profesorados, obedece también a un cálculo deliberado de los interesados: la flexibilidad de sus horarios facilita la realización de los estudios.
La composición social del estudiantado parece reducir su variación en el caso de los establecimientos de costo medio y mayores exigencias académicas de ingreso, que ofrecen más carreras pero frecuentemente con horarios menos flexibles. Aquí se ha configurado una demanda que intenta diferenciarse de los establecimientos baratos pero que no tiene las condiciones de pagar los precios de las matrículas y cubrir las exigencias académicas de las universidades de elite. Ello explica la expansión de un importante conjunto de instituciones privadas locales, nacionales e internacionales que ofrecen espacios y oportunidades a esos segmentos de la demanda.
Las universidades de alto costo colocan como filtros de entrada el precio y las trayectorias escolares previas de los estudiantes. La exclusividad constituye la señal de su prestigio institucional. Las universidades de elite forman los espacios donde el poder del privilegio se convierte en la principal fuente de su legitimidad. No hay ahí espacios pluri-clasistas, sino que predomina el afán mono-clasista determinado fuertemente por el origen social y la clase económica de pertenencia. A pesar de las becas y apoyos que algunas de estas instituciones ofrecen a los estudiantes de talento y bajos recursos, su proporción es mínima respecto al total.
Lo que tenemos entonces es un territorio de contrastes: con la masificación de la educación superior, sus establecimientos y carreras albergan distintos tipos de estudiantes, marcados por orígenes sociales, condiciones económicas y capitales culturales desiguales y distintos. La educación superior es un espacio de configuración de “circuitos de precariedad” en zonas rurales no metropolitanas y algunas urbanas (como les ha denominado el investigador Miguel Casillas, de la Universidad Veracruzana), que coexisten con circuitos de supervivencia y circuitos de opulencia ubicados generalmente en las grandes zonas urbanas del país. Esos rasgos parecen acentuarse con los comportamientos sociales e institucionales de los diversos actores que coexisten en estos circuitos, comportamientos que obedecen a intereses, creencias y expectativas en conflicto.
¿Qué tipo de comportamientos? Los que tienen que ver con la búsqueda del prestigio y la reputación de las instituciones de educación superior. Una pregunta que aguarda por respuestas es: ¿a qué instituciones prefieren enviar a sus hijos los estratos política o económicamente significativos de la sociedad mexicana? Antiguamente, según los clásicos estudios de Roderic Ai Camp, la clase política mexicana prefería a las universidades públicas por encima de las privadas como espacios de formación superior de sus hijos. La clase política de los tiempos del nacionalismo revolucionario, y buena parte de sus oposiciones de izquierda o de derecha, formaban como abogados, ingenieros, médicos o arquitectos a sus hijos en las universidades públicas. Lo mismo hacía buena parte de la clase empresarial (la burguesía, en términos clásicos) con sus vástagos. Sólo algunas universidades privadas representaban marginalmente las preferencias educativas de las elites de poder.
Pero en los años de la transición política y de las reformas económicas las cosas cambiaron. De manera silenciosa, las preferencias éticas y estéticas de las clases sociales respecto de la formación universitaria se transformaron dramáticamente. Hoy, no solo buena parte de los hijos de las clases dirigentes políticas y económicas suelen formarse en las universidades privadas de elite, en México o en el extranjero, sino que lo mismo ocurre con los hijos de los propios funcionarios y profesores de las universidades públicas que prefieren, en proporciones no menores, las ventajas reales o simbólicas de la educación privada respecto de las que ofrece, u ofrecía, la escuela pública.
Las razones y circunstancias de los cambios en las preferencias educativas pueden ser múltiples. La elección de los círculos de opulencia educativa es una característica de los imaginarios e intereses de las nuevas elites mexicanas. El hecho de que los últimos tres presidentes del país sean egresados de universidades privadas es un dato que confirma la tendencia. Esta transformación de prácticas y preferencias educativas legitima a la desigualdad educativa como parte del fenómeno más extenso y profundo de la desigualdad social.
Thursday, September 14, 2017
El enigma catalán
El enigma catalán: apuntes de forastero
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Nexos on line, 13/09/2017)
How the become clairvoyant
That´s what I want to know
Just tell me where to sign
And point me where to go
(Robbie Robertson, How to Become Clairvoyant, 2011)
1.
El año pasado (2016) y hasta el primer mes del 2017 tuve la oportunidad de realizar una estancia sabática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante ese tiempo, pude constatar la endiablada complejidad política del tema de la independencia que reclaman no pocos ciudadanos, partidos y organizaciones de Cataluña, un reclamo que se nutre con diversa intensidad de relatos históricos, mitos fundacionales, afrentas políticas, delirios nacionalistas, identidades culturales, y diversos paquetes de razones políticas y económicas. Todo depende a quien se le pregunte, en qué momento y bajo qué circunstancias. Partida por la mitad, la sociedad catalana -de Barcelona a Girona, de Tarragona o Sitges a Badalona, en el barrio del Born, del Gótico o en el del Raval-, asiste y participa en el procés protagonizado por el Govern catalán, la alcaldía de Barcelona, y el gobierno nacional español.
El espectáculo político tiene y tendrá implicaciones serias, sea cual sea su desenlace después del referéndum convocado para este próximo 1 de octubre. Fraguado a fuego lento desde hace años, el reclamo independentista admite múltiples lecturas. No sólo es una conjura radicalista, impulsada por una constelación de organizaciones ultras encabezadas por la CUP (Candidatura d´Unitat Popular), que lo es; no sólo es el fruto de la torpeza política, la indolencia o la intolerancia mostrada por el Gobierno español, en particular por el oficialismo del Partido Popular encabezado por Rajoy, que también lo es; tampoco es el resultado (malo) de la incapacidad de la izquierda socialista española tradicional (PSOE), o de la ambigua orientación populista que domina a Podemos, por buscar una salida negociada a las tensiones entre Barcelona y Madrid, que también lo es. Estas lecturas están hoy en el centro de la lucha por la legitimidad del reclamo independentista catalán, y son ejercicios que simbolizan y imprimen significado a la tensión política de la cuestión catalana contemporánea.
2.
Algunas de las imágenes más potentes del conflicto son visibles, están pegadas en las fachadas de muchos de los pisos de las calles y avenidas barcelonesas. Las banderas catalanas (esteladas) cuelgan de los balcones de las avingudas, las travesseras y las carrers de la ciudad. También se pueden observar en los partidos del Barsa en el Camp Nou, o en cualquier concierto de música electrónica celebrado en algún foro de las playas del mediterráneo de la Barceloneta. Con frecuencia, se observan también frases como “libertad”, “dignidad”, “felicidad”, “justicia”. En comparación, las expresiones unionistas, españolistas, son escasas, aunque las hay. Las movilizaciones independentistas son multitudinarias, mientras que las unionistas son muy pocas. El clima de la época parece abrumadoramente dominado por las utopías nacionalistas e independentistas que impulsa el Govern y sus aliados, que hablan con entusiasmo y convicción de la formación de una “nación de países catalanes” (que incluyen, por ejemplo al Principado de Andorra, en donde también se habla catalán).
Pero la vida catalana, como todas, está hecha de rutinas y prácticas habitualmente ajenas o alejadas de las pasiones y los intereses de la lucha entre los protagonistas políticos del pleito. La cotidianidad no es gobernada por la dicotomía independencia/unión, entre la identidad entre Catalunya o España. En los mercados, en las escuelas y en las universidades, la vida fluye con los asuntos prácticos, que tiene que ver con una intensa fusión entre lo regional y lo nacional. El pan con tomate se come con jamón ibérico, lo mismo que los jóvenes y niños catalanes pasan con fluidez asombrosa de su lengua materna al español (castellano), todos los días en los espacios públicos y privados, en el metro, la escuela, en el futbol, en las calles. La vida cultural y el comercio se funden en las conversaciones cotidianas, en las terrazas de Las Ramblas, las celebraciones de día de Sant Jordi o de la Diada (el día nacional catalán), coexisten con celebraciones religiosas que rápidamente se han vuelto laicas, como en muchas otras partes del mundo.
La intensa migración de los últimos años ha llenado barrios enteros de Barcelona y de sus alrededores de familias extensas y bulliciosas de paquistaníes, marroquíes, hindúes, senegaleses, ecuatorianos, coreanos, chinos, argentinos o dominicanos. Y es sorprendente la probada capacidad de inclusión de la sociedad catalana de grupos de orígenes culturales y sociales tan diversos, que se combina con la elástica capacidad de adaptación de estos grupos al contexto local.
Si uno pasa por Poble Sec (el barrio donde nació Serrat), la sensación de estar en un micro-mundo alejado de las pasiones independentistas/españolistas es muy clara. El célebre Teatro Apolo, o el de El Molino, separados solamente por la avenida Parel-lel del barrio de El Raval, significan para el forastero un espacio urbano de convivencia que nada o poco tiene que ver con el clima político de la época. El termómetro de las pasiones y de los intereses depende en buena medida del territorio, de las poblaciones, de los barrios. Lo intuían Marx y Engels, lo decía Norbert Elias, lo describía Manuel Vázquez Montalbán (nacido justamente en El Raval), lo cantaba el propio Serrat recorriendo las calles empinadas que conducen al Montjuic.
3.
La épica independentista se funda en una retórica incendiaria, apasionada, que es, o pretende ser, a la vez ética, cultural, moral y política. Detrás de ellos coexisten una constelación de discursos específicos, que van del anarquismo antisistema al nacionalismo, del populismo al antineoliberalismo, de la crítica a la democracia representativa a las virtudes del asambleísmo. Eso se expresa en una multitud de agrupaciones políticas muy extrañas, que configuran un mapa político muy difícil de descifrar para un forastero. Junts pel Sí, CUP, Catalunya Si que es Pot, PDeCAT, ERC, Podem Catalunya (que se ha transformado en Catalunya en Comú), conforman algunas de las organizaciones que habitan el barroco panorama político catalán de la coyuntura. Ahí se anidan historia viejas y nuevas, narrativas encontradas, grupos y grupúsculos que se han unido por la cerrazón del partido popular, por la incapacidad de la izquierda socialista, por el espíritu de la época, por las creencias, por la experiencia, por la desesperación, el temor, por las ganas de creer en algo, impulsados por las ansiedades de la negociación o por las pasiones de la ruptura.
Las claves de entendimiento del desafío independentista combinan historia, política y sociología. Sus raíces penetran en el pasado monárquico y franquista, y contienen episodios de resistencia, de rebeldía y de fracasos políticos y culturales tanto de Catalunya como de España. La configuración de corrientes y expresiones políticas obedecen a una lógica de negociación y autonomía entre partidos locales, regionales y nacionales, que se ha resuelto con el reconocimiento del estatuto autonómico incluido en la constitución española de 1978, pero que se refleja en la construcción de equilibrios inestables entre Madrid y Barcelona desde la era previa y posterior a los Juegos Olímpicos de 1992, que se suele considerar un momento significativo en la historia de las relaciones entre Catalunya y España. Sin embargo, para no pocos analistas españoles y catalanes, el punto clave es situar el problema como autonomía o como independencia. Pero el hecho es que las circunstancias y los acontecimientos derrotaron poco a poco el tema autonómico para colocarlo como un tema independentista, y los grupos moderados parecen haber sido derrotados por los grupos radicales de ambos bandos.
4.
En medio de la anárquica invasión turística que ha desbordado desde hace años la vida en la ciudad, los debates políticos sobre el independentismo catalán han llenado el espacio público (medios y redes sociales, espacios televisivos) de posiciones encontradas. Una creciente intolerancia se ha expandido entre analistas y liderazgos locales, entre académicos serios y políticos profesionales. Más allá de las fronteras de Catalunya, la intensidad de ese debate solo se mantiene quizás en Madrid, donde se suele mirar el conflicto como una amenaza más que como una oportunidad de transformación y modernización del formato democrático español. El dilema democracia o dictadura se ha instalado en el imaginario y los relatos políticos de ciertos protagonistas y analistas del pleito. El acto del terrorismo yihadista del verano pasado en Las Ramblas solo añadió mayor complejidad al clima político local y europeo. En esas condiciones, las soluciones posibles –es decir, negociadas- se han hecho terriblemente más complejas.
Añadir sangre y víctimas mortales al momento catalán solo confirmó el hecho de que el terror puede aparecer en cualquier lugar y circunstancias, pero las reacciones políticas de la coyuntura indicaron un evento inesperado, una especie de milagro político: la imagen de unión del President Puigdemont, la alcaldesa Ada Colau, el Rey Felipe y al Presidente Rajoy, parecía un rasgo de prudencia y optimismo frente a la tragedia del verano catalán, y la posible negociación de la agenda independentista. Pero muy pronto ese rasgo se disipó cuando el Parlament aprobó y confirmó la decisión de que el próximo 1 de octubre se celebrará el referéndum independentista, a lo que el gobierno de Rajoy respondió con una nueva acusación de ilegalidad del acto solicitando la intervención del Tribunal Constitucional.
5.
El 1 de octubre se ha convertido por efecto de la retórica, las decisiones y los hechos en una fecha fatal para el presente y el futuro del proceso independentista. El largo pleito político y judicial que por lo menos desde 2015 acompaña con especial intensidad el fenómeno tendrá su momento crítico y definirá el futuro de las relaciones entre Cataluña y de España. Hay por lo menos tres escenarios probables. El primero, la celebración del referéndum sin la aprobación del Tribunal Constitucional y el gobierno español. El segundo, la decisión del Parlament de suspender, cancelar o aplazar la consulta, debido a las presiones judiciales y/o políticas, dentro y fuera de Catalunya. El tercero es la intervención policiaca del gobierno nacional para impedir a toda costa la celebración del acto, apoyada muy probablemente por la resolución de las máximas instancias judiciales españolas. Hoy, como canta Robertson -el emblemático líder de The Band-, solo un acto de clarividencia sería capaz de leer correctamente las señales y puntos de referencia del drama catalán.
En cualquiera de estos escenarios, o de sus probables combinaciones e implicaciones, alguien o algunos perderán en el juego. Sin embargo, en los tiempos en que los plebiscitos y referéndums parecen ejercicios cargados por el diablo, los resultados pueden ser desagradables y política, institucional, y socialmente costosos para todos los participantes. Para Catalunya y España, y en especial para las elites políticas que hoy rigen sus destinos y construyen sus pleitos, las palabras pronunciadas en los años ochenta por el politólogo español Juan Linz de que España había sido capaz de crear, desde las entrañas mismas del franquismo y luego con la democracia, un Estado pero no una Nación, volverán a sonar como campanadas a la medianoche.
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Nexos on line, 13/09/2017)
How the become clairvoyant
That´s what I want to know
Just tell me where to sign
And point me where to go
(Robbie Robertson, How to Become Clairvoyant, 2011)
1.
El año pasado (2016) y hasta el primer mes del 2017 tuve la oportunidad de realizar una estancia sabática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante ese tiempo, pude constatar la endiablada complejidad política del tema de la independencia que reclaman no pocos ciudadanos, partidos y organizaciones de Cataluña, un reclamo que se nutre con diversa intensidad de relatos históricos, mitos fundacionales, afrentas políticas, delirios nacionalistas, identidades culturales, y diversos paquetes de razones políticas y económicas. Todo depende a quien se le pregunte, en qué momento y bajo qué circunstancias. Partida por la mitad, la sociedad catalana -de Barcelona a Girona, de Tarragona o Sitges a Badalona, en el barrio del Born, del Gótico o en el del Raval-, asiste y participa en el procés protagonizado por el Govern catalán, la alcaldía de Barcelona, y el gobierno nacional español.
El espectáculo político tiene y tendrá implicaciones serias, sea cual sea su desenlace después del referéndum convocado para este próximo 1 de octubre. Fraguado a fuego lento desde hace años, el reclamo independentista admite múltiples lecturas. No sólo es una conjura radicalista, impulsada por una constelación de organizaciones ultras encabezadas por la CUP (Candidatura d´Unitat Popular), que lo es; no sólo es el fruto de la torpeza política, la indolencia o la intolerancia mostrada por el Gobierno español, en particular por el oficialismo del Partido Popular encabezado por Rajoy, que también lo es; tampoco es el resultado (malo) de la incapacidad de la izquierda socialista española tradicional (PSOE), o de la ambigua orientación populista que domina a Podemos, por buscar una salida negociada a las tensiones entre Barcelona y Madrid, que también lo es. Estas lecturas están hoy en el centro de la lucha por la legitimidad del reclamo independentista catalán, y son ejercicios que simbolizan y imprimen significado a la tensión política de la cuestión catalana contemporánea.
2.
Algunas de las imágenes más potentes del conflicto son visibles, están pegadas en las fachadas de muchos de los pisos de las calles y avenidas barcelonesas. Las banderas catalanas (esteladas) cuelgan de los balcones de las avingudas, las travesseras y las carrers de la ciudad. También se pueden observar en los partidos del Barsa en el Camp Nou, o en cualquier concierto de música electrónica celebrado en algún foro de las playas del mediterráneo de la Barceloneta. Con frecuencia, se observan también frases como “libertad”, “dignidad”, “felicidad”, “justicia”. En comparación, las expresiones unionistas, españolistas, son escasas, aunque las hay. Las movilizaciones independentistas son multitudinarias, mientras que las unionistas son muy pocas. El clima de la época parece abrumadoramente dominado por las utopías nacionalistas e independentistas que impulsa el Govern y sus aliados, que hablan con entusiasmo y convicción de la formación de una “nación de países catalanes” (que incluyen, por ejemplo al Principado de Andorra, en donde también se habla catalán).
Pero la vida catalana, como todas, está hecha de rutinas y prácticas habitualmente ajenas o alejadas de las pasiones y los intereses de la lucha entre los protagonistas políticos del pleito. La cotidianidad no es gobernada por la dicotomía independencia/unión, entre la identidad entre Catalunya o España. En los mercados, en las escuelas y en las universidades, la vida fluye con los asuntos prácticos, que tiene que ver con una intensa fusión entre lo regional y lo nacional. El pan con tomate se come con jamón ibérico, lo mismo que los jóvenes y niños catalanes pasan con fluidez asombrosa de su lengua materna al español (castellano), todos los días en los espacios públicos y privados, en el metro, la escuela, en el futbol, en las calles. La vida cultural y el comercio se funden en las conversaciones cotidianas, en las terrazas de Las Ramblas, las celebraciones de día de Sant Jordi o de la Diada (el día nacional catalán), coexisten con celebraciones religiosas que rápidamente se han vuelto laicas, como en muchas otras partes del mundo.
La intensa migración de los últimos años ha llenado barrios enteros de Barcelona y de sus alrededores de familias extensas y bulliciosas de paquistaníes, marroquíes, hindúes, senegaleses, ecuatorianos, coreanos, chinos, argentinos o dominicanos. Y es sorprendente la probada capacidad de inclusión de la sociedad catalana de grupos de orígenes culturales y sociales tan diversos, que se combina con la elástica capacidad de adaptación de estos grupos al contexto local.
Si uno pasa por Poble Sec (el barrio donde nació Serrat), la sensación de estar en un micro-mundo alejado de las pasiones independentistas/españolistas es muy clara. El célebre Teatro Apolo, o el de El Molino, separados solamente por la avenida Parel-lel del barrio de El Raval, significan para el forastero un espacio urbano de convivencia que nada o poco tiene que ver con el clima político de la época. El termómetro de las pasiones y de los intereses depende en buena medida del territorio, de las poblaciones, de los barrios. Lo intuían Marx y Engels, lo decía Norbert Elias, lo describía Manuel Vázquez Montalbán (nacido justamente en El Raval), lo cantaba el propio Serrat recorriendo las calles empinadas que conducen al Montjuic.
3.
La épica independentista se funda en una retórica incendiaria, apasionada, que es, o pretende ser, a la vez ética, cultural, moral y política. Detrás de ellos coexisten una constelación de discursos específicos, que van del anarquismo antisistema al nacionalismo, del populismo al antineoliberalismo, de la crítica a la democracia representativa a las virtudes del asambleísmo. Eso se expresa en una multitud de agrupaciones políticas muy extrañas, que configuran un mapa político muy difícil de descifrar para un forastero. Junts pel Sí, CUP, Catalunya Si que es Pot, PDeCAT, ERC, Podem Catalunya (que se ha transformado en Catalunya en Comú), conforman algunas de las organizaciones que habitan el barroco panorama político catalán de la coyuntura. Ahí se anidan historia viejas y nuevas, narrativas encontradas, grupos y grupúsculos que se han unido por la cerrazón del partido popular, por la incapacidad de la izquierda socialista, por el espíritu de la época, por las creencias, por la experiencia, por la desesperación, el temor, por las ganas de creer en algo, impulsados por las ansiedades de la negociación o por las pasiones de la ruptura.
Las claves de entendimiento del desafío independentista combinan historia, política y sociología. Sus raíces penetran en el pasado monárquico y franquista, y contienen episodios de resistencia, de rebeldía y de fracasos políticos y culturales tanto de Catalunya como de España. La configuración de corrientes y expresiones políticas obedecen a una lógica de negociación y autonomía entre partidos locales, regionales y nacionales, que se ha resuelto con el reconocimiento del estatuto autonómico incluido en la constitución española de 1978, pero que se refleja en la construcción de equilibrios inestables entre Madrid y Barcelona desde la era previa y posterior a los Juegos Olímpicos de 1992, que se suele considerar un momento significativo en la historia de las relaciones entre Catalunya y España. Sin embargo, para no pocos analistas españoles y catalanes, el punto clave es situar el problema como autonomía o como independencia. Pero el hecho es que las circunstancias y los acontecimientos derrotaron poco a poco el tema autonómico para colocarlo como un tema independentista, y los grupos moderados parecen haber sido derrotados por los grupos radicales de ambos bandos.
4.
En medio de la anárquica invasión turística que ha desbordado desde hace años la vida en la ciudad, los debates políticos sobre el independentismo catalán han llenado el espacio público (medios y redes sociales, espacios televisivos) de posiciones encontradas. Una creciente intolerancia se ha expandido entre analistas y liderazgos locales, entre académicos serios y políticos profesionales. Más allá de las fronteras de Catalunya, la intensidad de ese debate solo se mantiene quizás en Madrid, donde se suele mirar el conflicto como una amenaza más que como una oportunidad de transformación y modernización del formato democrático español. El dilema democracia o dictadura se ha instalado en el imaginario y los relatos políticos de ciertos protagonistas y analistas del pleito. El acto del terrorismo yihadista del verano pasado en Las Ramblas solo añadió mayor complejidad al clima político local y europeo. En esas condiciones, las soluciones posibles –es decir, negociadas- se han hecho terriblemente más complejas.
Añadir sangre y víctimas mortales al momento catalán solo confirmó el hecho de que el terror puede aparecer en cualquier lugar y circunstancias, pero las reacciones políticas de la coyuntura indicaron un evento inesperado, una especie de milagro político: la imagen de unión del President Puigdemont, la alcaldesa Ada Colau, el Rey Felipe y al Presidente Rajoy, parecía un rasgo de prudencia y optimismo frente a la tragedia del verano catalán, y la posible negociación de la agenda independentista. Pero muy pronto ese rasgo se disipó cuando el Parlament aprobó y confirmó la decisión de que el próximo 1 de octubre se celebrará el referéndum independentista, a lo que el gobierno de Rajoy respondió con una nueva acusación de ilegalidad del acto solicitando la intervención del Tribunal Constitucional.
5.
El 1 de octubre se ha convertido por efecto de la retórica, las decisiones y los hechos en una fecha fatal para el presente y el futuro del proceso independentista. El largo pleito político y judicial que por lo menos desde 2015 acompaña con especial intensidad el fenómeno tendrá su momento crítico y definirá el futuro de las relaciones entre Cataluña y de España. Hay por lo menos tres escenarios probables. El primero, la celebración del referéndum sin la aprobación del Tribunal Constitucional y el gobierno español. El segundo, la decisión del Parlament de suspender, cancelar o aplazar la consulta, debido a las presiones judiciales y/o políticas, dentro y fuera de Catalunya. El tercero es la intervención policiaca del gobierno nacional para impedir a toda costa la celebración del acto, apoyada muy probablemente por la resolución de las máximas instancias judiciales españolas. Hoy, como canta Robertson -el emblemático líder de The Band-, solo un acto de clarividencia sería capaz de leer correctamente las señales y puntos de referencia del drama catalán.
En cualquiera de estos escenarios, o de sus probables combinaciones e implicaciones, alguien o algunos perderán en el juego. Sin embargo, en los tiempos en que los plebiscitos y referéndums parecen ejercicios cargados por el diablo, los resultados pueden ser desagradables y política, institucional, y socialmente costosos para todos los participantes. Para Catalunya y España, y en especial para las elites políticas que hoy rigen sus destinos y construyen sus pleitos, las palabras pronunciadas en los años ochenta por el politólogo español Juan Linz de que España había sido capaz de crear, desde las entrañas mismas del franquismo y luego con la democracia, un Estado pero no una Nación, volverán a sonar como campanadas a la medianoche.
Thursday, September 07, 2017
Sociología de la desigualdad
Estación de paso
Sociología de la desigualdad
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 07/09/2017)
Lo sabemos desde hace tiempo: las posibilidades de que los hijos de las familias mexicanas más pobres lleguen a cursar estudios universitarios son muy bajas. Si, además, esos niños y niñas nacen en el seno de familias indígenas que viven en condiciones de aislamiento geográfico, que repiten una y otra vez las características de pobreza alimentaria, patrimonial y de ingreso durante generaciones enteras, las posibilidades son francamente remotas. La herencia negra de la desigualdad es justamente esa: la pobreza crónica de millones de familias urbanas y rurales mexicanas coloca a las nuevas generaciones en condiciones de muy difícil acceso a los beneficios teóricos y prácticos que proporciona la educación superior: estatus, ingreso, movilidad social ascendente, mejores condiciones de adaptación a entornos laborales inestables, mayores posibilidades de compartir los costos y beneficios de la participación política y el desarrollo social.
Los datos al respecto son abrumadores. Economistas, demógrafos, antropólogos y sociólogos han documentado con amplitud el hecho de que el acceso a la educación superior es hoy, fácticamente, un privilegio más que un derecho o una oportunidad. Que sólo 3 o 4 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años estén inscritos en alguna modalidad de la educación superior es un dato que revela la punta del iceberg de la desigualdad socio-educativa. Si uno lo mira por origen social o por grupos de ingreso económico, los datos son más dramáticos: 1 de cada 10 individuos pertenecientes a los grupos más pobres logra ingresar a la educación superior, contra 6 de cada 10 de los grupos de más alto origen social (escolaridad de los padres) y más alto ingreso económico (los ubicados en los deciles o quintiles superiores empleados convencionalmente en las mediciones de distribución del ingreso).
Hoy, los años de escolaridad promedio de la población mexicana son de 9 años, es decir, alcanzamos el tercer año de secundaria. Según datos del INEE, incrementar en un grado la escolaridad promedio nos lleva una década. Eso significa que, para alcanzar la escolaridad mínima obligatoria derivada de la reforma al artículo tercero constitucional acordada hace unos años, la educación media superior (es decir, 12 años de escolaridad), nos llevará más o menos treinta años. Tal vez, para el año 2047, el destino educativo nos alcance, aunque sea solo en promedio.
Pero como todos los promedios, los datos son engañosos. No es lo mismo lo que ocurre en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey, donde las tasas de escolarización superior y los años de escolaridad general son más elevados que los de regiones como Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Los rostros de la desigualdad social son también los rostros de la desigualdad educativa. Y a pesar de la expansión acelerada de instituciones públicas y privadas, del incremento de las matrículas universitarias y no universitarias, de políticas y programas más o menos ambiciosos y eficaces de cobertura, calidad y equidad dirigidas a la educación superior, los avances son muy lentos, y los rezagos y déficits se acumulan en el horizonte social, político y de políticas.
Estos datos generales indican que el país arrastra desde hace mucho tiempo (es decir, muchos sexenios) el rezago acumulado y la inequidad en el acceso como factores de la desigualdad educativa. El problema del acceso a la educación superior tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre en los niveles básicos del sistema, especialmente en la secundaria, donde los índices de reprobación, de deserción y de baja eficiencia terminal son los más altos de todo el sistema educativo. Ahí se truncan la posibilidades de “movilidad educativa ascendente” de millones de jóvenes, que quedan sin oportunidades de escolarización posterior, o lo hacen en condiciones muy difíciles. Su incorporación temprana a empleos temporales, precarios y mal pagados, situados abrumadoramente en la informalidad, se combina con entornos sociales y familiares que sellan frecuentemente el círculo de hierro de la pobreza: ignorancia, adicciones, paternidades o maternidades no deseadas, marginación, frustración y abandono.
Según datos del “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016” dado a conocer por el CONEVAL la semana pasada, entre 2010 y 2014 se incrementó ligeramente el número de jóvenes en condición de pobreza, al pasar a representar del 46 al 47% del total. Pero el fenómeno reciente a considerar es que el desempleo entre los jóvenes con mayores niveles educativos es un nuevo desafío para las políticas sociales. Según los datos, sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta la licenciatura se encuentran ocupados (53.9%), y, de ésos, casi 6 de cada 10 “no tiene acceso a servicios de salud”, y “cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.”
Desde la economía política de la desigualdad, estas cifras ilustran el tamaño de los déficits cuantitativos de inclusión de los jóvenes a la educación superior y al empleo digno, y muestran la magnitud de los problemas de la desigualdad entre quienes han alcanzado ingresar a la educación superior. Una mirada más cualitativa, desde la sociología de la desigualdad, en torno a la configuración de los circuitos de opulencia, de supervivencia y de precariedad que caracterizan hoy a la educación terciaria mexicana, nos muestra los rostros poli-clasistas y mono-clasistas del acceso a las instituciones públicas y privadas, universitarias y no universitarias, de educación superior. En la próxima colaboración, exploraremos con algún detalle esos rostros.
Sociología de la desigualdad
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 07/09/2017)
Lo sabemos desde hace tiempo: las posibilidades de que los hijos de las familias mexicanas más pobres lleguen a cursar estudios universitarios son muy bajas. Si, además, esos niños y niñas nacen en el seno de familias indígenas que viven en condiciones de aislamiento geográfico, que repiten una y otra vez las características de pobreza alimentaria, patrimonial y de ingreso durante generaciones enteras, las posibilidades son francamente remotas. La herencia negra de la desigualdad es justamente esa: la pobreza crónica de millones de familias urbanas y rurales mexicanas coloca a las nuevas generaciones en condiciones de muy difícil acceso a los beneficios teóricos y prácticos que proporciona la educación superior: estatus, ingreso, movilidad social ascendente, mejores condiciones de adaptación a entornos laborales inestables, mayores posibilidades de compartir los costos y beneficios de la participación política y el desarrollo social.
Los datos al respecto son abrumadores. Economistas, demógrafos, antropólogos y sociólogos han documentado con amplitud el hecho de que el acceso a la educación superior es hoy, fácticamente, un privilegio más que un derecho o una oportunidad. Que sólo 3 o 4 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años estén inscritos en alguna modalidad de la educación superior es un dato que revela la punta del iceberg de la desigualdad socio-educativa. Si uno lo mira por origen social o por grupos de ingreso económico, los datos son más dramáticos: 1 de cada 10 individuos pertenecientes a los grupos más pobres logra ingresar a la educación superior, contra 6 de cada 10 de los grupos de más alto origen social (escolaridad de los padres) y más alto ingreso económico (los ubicados en los deciles o quintiles superiores empleados convencionalmente en las mediciones de distribución del ingreso).
Hoy, los años de escolaridad promedio de la población mexicana son de 9 años, es decir, alcanzamos el tercer año de secundaria. Según datos del INEE, incrementar en un grado la escolaridad promedio nos lleva una década. Eso significa que, para alcanzar la escolaridad mínima obligatoria derivada de la reforma al artículo tercero constitucional acordada hace unos años, la educación media superior (es decir, 12 años de escolaridad), nos llevará más o menos treinta años. Tal vez, para el año 2047, el destino educativo nos alcance, aunque sea solo en promedio.
Pero como todos los promedios, los datos son engañosos. No es lo mismo lo que ocurre en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey, donde las tasas de escolarización superior y los años de escolaridad general son más elevados que los de regiones como Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Los rostros de la desigualdad social son también los rostros de la desigualdad educativa. Y a pesar de la expansión acelerada de instituciones públicas y privadas, del incremento de las matrículas universitarias y no universitarias, de políticas y programas más o menos ambiciosos y eficaces de cobertura, calidad y equidad dirigidas a la educación superior, los avances son muy lentos, y los rezagos y déficits se acumulan en el horizonte social, político y de políticas.
Estos datos generales indican que el país arrastra desde hace mucho tiempo (es decir, muchos sexenios) el rezago acumulado y la inequidad en el acceso como factores de la desigualdad educativa. El problema del acceso a la educación superior tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre en los niveles básicos del sistema, especialmente en la secundaria, donde los índices de reprobación, de deserción y de baja eficiencia terminal son los más altos de todo el sistema educativo. Ahí se truncan la posibilidades de “movilidad educativa ascendente” de millones de jóvenes, que quedan sin oportunidades de escolarización posterior, o lo hacen en condiciones muy difíciles. Su incorporación temprana a empleos temporales, precarios y mal pagados, situados abrumadoramente en la informalidad, se combina con entornos sociales y familiares que sellan frecuentemente el círculo de hierro de la pobreza: ignorancia, adicciones, paternidades o maternidades no deseadas, marginación, frustración y abandono.
Según datos del “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016” dado a conocer por el CONEVAL la semana pasada, entre 2010 y 2014 se incrementó ligeramente el número de jóvenes en condición de pobreza, al pasar a representar del 46 al 47% del total. Pero el fenómeno reciente a considerar es que el desempleo entre los jóvenes con mayores niveles educativos es un nuevo desafío para las políticas sociales. Según los datos, sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta la licenciatura se encuentran ocupados (53.9%), y, de ésos, casi 6 de cada 10 “no tiene acceso a servicios de salud”, y “cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.”
Desde la economía política de la desigualdad, estas cifras ilustran el tamaño de los déficits cuantitativos de inclusión de los jóvenes a la educación superior y al empleo digno, y muestran la magnitud de los problemas de la desigualdad entre quienes han alcanzado ingresar a la educación superior. Una mirada más cualitativa, desde la sociología de la desigualdad, en torno a la configuración de los circuitos de opulencia, de supervivencia y de precariedad que caracterizan hoy a la educación terciaria mexicana, nos muestra los rostros poli-clasistas y mono-clasistas del acceso a las instituciones públicas y privadas, universitarias y no universitarias, de educación superior. En la próxima colaboración, exploraremos con algún detalle esos rostros.
Thursday, August 24, 2017
Groucho Marx, o el humor como recurso civilizatorio
Estación de paso
Groucho Marx: el humor como recurso civilizatorio
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 24/08/2017)
Hace unos días (el 19 de agosto) se cumplieron 40 años de la muerte de uno de los iconos culturales norteamericanos del siglo XX: Groucho Marx. Siendo, literalmente, un hombre de extremos (nació en Nueva York en 1890 y murió en Los Angeles en 1977), la trayectoria del más famoso de los hermanos Marx representa como pocas la combinación de inteligencia y curiosidad con el humor y el sentido común. A través de sus películas, del teatro, de la radio, pero también de los periódicos, las revistas y los libros, el humor excepcional de Groucho -así hay que llamarlo para diferenciarlo del viejo Karl- es una luz en las sombras de la sobre-ideologización de lo cotidiano que invadió la radicalización de la vida política norteamericana antes, durante y después de la guerra fría, una voz sarcástica frente la moralina religiosa y el imperio del cálculo egoísta de capitalismo americano, y un llamado a la prudencia y el realismo frente los horrores de las dos grandes guerras mundiales y de la devastadora crisis económica que les unió en la década de los veinte.
Su trayectoria lo conecta a las mejores tradiciones que combinan el rigor intelectual con el sentido del humor. La capacidad de observar con atención las costumbres y hábitos de los individuos comunes y de las élites del poder que plasmaron Montaigne o Mark Twain, se combina con el filo literario británico de Chesterton y la voz y la pluma política envenenada de Churchill, la filosofía misantrópica de Schopenhauer o la filosofía a martillazos de Nietzsche. Honrado por el ingenio de Woody Allen, Frank Zappa o Tom Waits, temido por los políticos republicanos y demócratas de la posguerra, y desconocido para muchas de las nuevas generaciones jóvenes nacidas desde finales del siglo XX dentro y fuera de los Estados Unidos, la figura de Groucho es la expresión cultural que mejor representa al humor como un genuino recurso civilizatorio. Una expresión excepcional que demuestra que el sarcasmo, la anti-solemnidad y la ironía pueden ser instrumentos para relajar las tensiones propias de la vida en común, para suavizar los conflictos sin perder de vista la necesidad de resolverlos. Ya se sabe: una frase afortunada en una situación difícil puede producir pequeños milagros cotidianos.
Aunque muchos de sus dardos verbales ya forman parte del sentido común americano (y no americano), un breve repaso por algunos de ellas, lanzados en sus películas, entrevistas, o en los varios libros escritos por él mismo, son la mejor manera de “conceder una pausa a esa clase de hombres”, como afirmó en la frase final de su “Nota sobre el autor”, que cierra Memorias de un amante sarnoso, publicado originalmente en inglés en 1963.
“Bebo para hacer más interesantes a las demás personas”
“Desde el momento en que cogí su libro me caí al suelo rodando de risa. Algún día espero leerlo”.
“Disculpen si los llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien”.
“El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución”.
“Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar: es realmente un idiota”
“En mi próxima existencia me gustaría venir al mundo con la brillante inteligencia de Kissinger, la fabulosa apostura de Steve McQueen y el indestructible hígado de Dean Martin”.
“Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente”.
“Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna”.
“Humor es posiblemente una palabra: la uso constantemente y estoy loco por ella. Algún día averiguaré su significado”.
“La inteligencia militar es una contradicción en sus términos”.
“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
“Lo malo de hacer sugerencias inteligentes es que se corre el riesgo de que se le asigne para llevarlas a cabo”.
“No piense mal de mi señorita. Mi interés en usted es puramente sexual.”
“No reírse de nada es de tontos, reírse de todo es de estúpidos.”
“Nunca olvido un cara, pero en su caso haré una excepción”.
“Un gato negro cruzando tu camino significa que el animal va a alguna parte”.
“¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta”.
“Yo me he esforzado por llegar de la nada a la pobreza extrema”.
“Estuve tan ocupado escribiendo la crítica que nunca pude sentarme a leer el libro”.
Esta colección de frases del marxismo más puro y penetrante son evidencia de que, aunque algunos no lo crean, el lenguaje breve, inteligente y sarcástico, que combina el aforismo, la crítica y el ingenio, ya existía mucho antes de la era de las redes sociales. Y contrasta, inevitablemente, con la falta de imaginación mezclada con la furia y malhumor que suele invadir el lenguaje político y social de nuestro tiempo a través de las redes comunicativas de la sociedad líquida.
Monday, August 21, 2017
Un fubolista, un tio y el beso del diablo
Estación de paso
Un futbolista, un tío y el beso del diablo
Adrián Acosta Silva
El escándalo suscitado por las acusaciones del gobierno norteamericano respecto de la probable implicación del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez con los negocios de un misterioso narcotraficante identificado con el apodo de “El Tío”, ha significado el beso del diablo para ambos personajes públicos. Aunque el litigio judicial de estos asuntos es largo y sinuoso (tanto en México como en los Estados Unidos), los efectos prácticos son de corto plazo y de alto impacto para los involucrados. Como en muchos otros casos, en los medios y las redes, las condenas, las descalificaciones, las burlas y el sarcasmo gobiernan las reacciones de las muy diversas voces que han expresado con asombro, indignación moral, condenas o solidaridades instantáneas, muchos con la mano en la boca y algunos con las manos en la cabeza, esas expresiones tan fuertemente instaladas en la vida pública y privada mexicana desde hace un buen tiempo.
Una de las empresas mencionadas en la trama de lavado de dinero del cual se acusa al capitán del Atlas es el club de futbol “Morumbi”, cuyas instalaciones están situadas en la zona del bajío, en Zapopan, Jalisco, muy cerca del estado Omnilife donde juegan la Chivas del Guadalajara. El Morumbi es el nombre popular de un viejo estadio de futbol profesional de Sao Paulo, en Brasil, que fue fundado en los años sesenta del siglo pasado, y es sede del equipo local de esa ciudad. Por razones diversas, que van de la cercanía domiciliar al prestigio bien ganado de ese club en el mundillo futbolístico amateur tapatío, en uno de los equipos de ese club juega actualmente el más pequeño de mis hijos. Cuando el escándalo estalló, el club suspendió los entrenamientos por varios días, ante la incertidumbre y el temor de sus directivos, entrenadores, jugadores, y la preocupación de no pocos padres y madres de familia. Gobernada por la incertidumbre, la decisión expresa uno de los efectos prácticos del escándalo: antes de resolverse judicialmente, el asunto ya tuvo consecuencias inmediatas en la alteración de las rutinas, usos y costumbres de un club de futbol al que ahora se señala como posible empresa de lavado de dinero para el histórico jugador del Barcelona, de la selección mexicana y, ahora, de regreso a su primer equipo profesional, del Atlas.
La reacción forma parte de la micro-sociología de escándalo mexicano: frente a la furia informativa desatada entre medios, redes sociales y autoridades, el único refugio seguro es esperar a que todo se calme; o, como solía decir aconsejar con sabiduría práctica Jorge Ibargüengoitia cuando se tenían que enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones importantes, lo mejor es “meterse en una cantina, pedir un par de tragos, y esperar a que ocurra un milagro”. Pero ni el refugio ni los milagros existen para casos como éste. Lo que hay es el mundo grisáceo de la burocracia judicial: fojas, documentos, apelaciones, juicios, condenas o absoluciones, que suelen tardar meses o años, con los costos e incertidumbres propias de estos pleitos largos.
En el corazón secreto de ésa peculiar micro-sociología del escándalo se fortalece la sensación de que la corrupción es una de las maldiciones bíblicas nacionales. En muchos territorios del alma mexicana contemporánea se afirma la sensación de que nada ni nadie está a salvo de la corrupción. Que ahora le toque estar involucrado a una de las glorias futbolísticas locales solo confirma que nadie es inmune a esa plaga. La educación sentimental de varias generaciones de mexicanos se ha nutrido pacientemente de la certeza de que la corrupción es inevitable, que está incrustada en el ADN de los ciudadanos y de las autoridades, que es motivo de indignación y escándalo, pero que también es inevitable, ubicua y duradera. En este como en otros casos poco importa la veracidad de las acusaciones, el tamaño del involucramiento del futbolista, los costos financieros, morales y profesionales que le acarrearán al involucrado y a su familia. Los sentimientos y los prejuicios pesan hoy como ayer mucho más que las razones.
Pero mientras las cosas suceden, se deben tomar decisiones prácticas, y muchos de los niños y jóvenes que juegan en los equipos del Morumbi decidieron mantener su afiliación al club, con el apoyo de sus padres y amigos. La temporada está por comenzar y las ilusiones, como siempre, alimentan la esperanza de futbolistas y entrenadores. En medio de los nubarrones y la incertidumbre sobre el futuro del club se impone una certeza básica: las cosas se arreglarán, sólo fue una confusión, todo será aclarado. Quizá una mezcla imprecisa de creencias y fe, de razones y cálculos, produce esas pequeñas certezas cotidianas de las que suele alimentarse la búsqueda de algún sentido del mundo y sus demonios, una búsqueda rutinaria, colectiva e individual, que se mantiene latente en (casi) en cualquier circunstancia.
Un futbolista, un tío y el beso del diablo
Adrián Acosta Silva
El escándalo suscitado por las acusaciones del gobierno norteamericano respecto de la probable implicación del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez con los negocios de un misterioso narcotraficante identificado con el apodo de “El Tío”, ha significado el beso del diablo para ambos personajes públicos. Aunque el litigio judicial de estos asuntos es largo y sinuoso (tanto en México como en los Estados Unidos), los efectos prácticos son de corto plazo y de alto impacto para los involucrados. Como en muchos otros casos, en los medios y las redes, las condenas, las descalificaciones, las burlas y el sarcasmo gobiernan las reacciones de las muy diversas voces que han expresado con asombro, indignación moral, condenas o solidaridades instantáneas, muchos con la mano en la boca y algunos con las manos en la cabeza, esas expresiones tan fuertemente instaladas en la vida pública y privada mexicana desde hace un buen tiempo.
Una de las empresas mencionadas en la trama de lavado de dinero del cual se acusa al capitán del Atlas es el club de futbol “Morumbi”, cuyas instalaciones están situadas en la zona del bajío, en Zapopan, Jalisco, muy cerca del estado Omnilife donde juegan la Chivas del Guadalajara. El Morumbi es el nombre popular de un viejo estadio de futbol profesional de Sao Paulo, en Brasil, que fue fundado en los años sesenta del siglo pasado, y es sede del equipo local de esa ciudad. Por razones diversas, que van de la cercanía domiciliar al prestigio bien ganado de ese club en el mundillo futbolístico amateur tapatío, en uno de los equipos de ese club juega actualmente el más pequeño de mis hijos. Cuando el escándalo estalló, el club suspendió los entrenamientos por varios días, ante la incertidumbre y el temor de sus directivos, entrenadores, jugadores, y la preocupación de no pocos padres y madres de familia. Gobernada por la incertidumbre, la decisión expresa uno de los efectos prácticos del escándalo: antes de resolverse judicialmente, el asunto ya tuvo consecuencias inmediatas en la alteración de las rutinas, usos y costumbres de un club de futbol al que ahora se señala como posible empresa de lavado de dinero para el histórico jugador del Barcelona, de la selección mexicana y, ahora, de regreso a su primer equipo profesional, del Atlas.
La reacción forma parte de la micro-sociología de escándalo mexicano: frente a la furia informativa desatada entre medios, redes sociales y autoridades, el único refugio seguro es esperar a que todo se calme; o, como solía decir aconsejar con sabiduría práctica Jorge Ibargüengoitia cuando se tenían que enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones importantes, lo mejor es “meterse en una cantina, pedir un par de tragos, y esperar a que ocurra un milagro”. Pero ni el refugio ni los milagros existen para casos como éste. Lo que hay es el mundo grisáceo de la burocracia judicial: fojas, documentos, apelaciones, juicios, condenas o absoluciones, que suelen tardar meses o años, con los costos e incertidumbres propias de estos pleitos largos.
En el corazón secreto de ésa peculiar micro-sociología del escándalo se fortalece la sensación de que la corrupción es una de las maldiciones bíblicas nacionales. En muchos territorios del alma mexicana contemporánea se afirma la sensación de que nada ni nadie está a salvo de la corrupción. Que ahora le toque estar involucrado a una de las glorias futbolísticas locales solo confirma que nadie es inmune a esa plaga. La educación sentimental de varias generaciones de mexicanos se ha nutrido pacientemente de la certeza de que la corrupción es inevitable, que está incrustada en el ADN de los ciudadanos y de las autoridades, que es motivo de indignación y escándalo, pero que también es inevitable, ubicua y duradera. En este como en otros casos poco importa la veracidad de las acusaciones, el tamaño del involucramiento del futbolista, los costos financieros, morales y profesionales que le acarrearán al involucrado y a su familia. Los sentimientos y los prejuicios pesan hoy como ayer mucho más que las razones.
Pero mientras las cosas suceden, se deben tomar decisiones prácticas, y muchos de los niños y jóvenes que juegan en los equipos del Morumbi decidieron mantener su afiliación al club, con el apoyo de sus padres y amigos. La temporada está por comenzar y las ilusiones, como siempre, alimentan la esperanza de futbolistas y entrenadores. En medio de los nubarrones y la incertidumbre sobre el futuro del club se impone una certeza básica: las cosas se arreglarán, sólo fue una confusión, todo será aclarado. Quizá una mezcla imprecisa de creencias y fe, de razones y cálculos, produce esas pequeñas certezas cotidianas de las que suele alimentarse la búsqueda de algún sentido del mundo y sus demonios, una búsqueda rutinaria, colectiva e individual, que se mantiene latente en (casi) en cualquier circunstancia.
Friday, August 11, 2017
Vidas cruzadas
Estación de paso
Universidad y trabajo: vidas cruzadas.
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 10/08/2017)
Las relaciones entre escuela y trabajo se pueden resumir en una afirmación general: ambas actividades educan a los individuos. La escuela, desde la básica hasta la universitaria, educa a través de la formación de habilidades, destrezas, el acceso a los conocimientos, la formación de hábitos de aprendizaje donde el pensamiento complejo encuentra algunas de las herramientas necesarias para el desarrollo cognitivo de los individuos. Pero el trabajo, la experiencia laboral, sobre todo durante los años de la juventud universitaria, también educa al proporcionar disciplina, capacidad de aprendizaje en entornos inestables, adaptación de los individuos a rutinas y ritmos de trabajo, pero también para enfrentar incertidumbres y desafíos específicos.
La afirmación no es, por supuesto, nueva ni reciente. Sin embargo, las percepciones de no pocos empleadores y funcionarios universitarios resultan contradictorias con la tesis general. Los empleadores señalan con frecuencia la “falta de experiencia laboral” de los egresados de los diversos niveles educativos como causal de su no contratación o no adecuación a los requisitos de muchos de los puestos laborales ofertados; los funcionarios educativos, por su parte, suelen señalar que los mejores estudiantes son los que pueden dedicarse de tiempo completo a los estudios en sus períodos formativos.
Bien vistas, ambas visiones coinciden en algo: en la idealización del tipo de individuos que deben trabajar o estudiar. Uno asume que el egresado ideal es alguien que reúne mínimos de experiencia laboral con mínimos de escolaridad superior; para los directivos escolares, el estudiante ideal es aquel que sólo se dedica, por lo menos por un tiempo, exclusivamente a estudiar. El egresado ideal debe acumular principalmente capital laboral; el estudiante ideal, solo capital escolar.
Pero, ¿qué indican los siempre incómodos hechos?. Que los estudiantes universitarios mexicanos combinan de manera mayoritaria estudios y trabajo a lo largo de su formación universitaria. Más aún: una proporción significativa de ellos lo hacen desde su formación en el nivel medio superior y lo continúan en el nivel del posgrado. Muchos son trabajadores que estudian; otros, estudiantes que trabajan. En algunas carreras y disciplinas, son estudiantes de tiempo completo (los estudiantes de medicina, por ejemplo). Otros, son estudiantes cuyos procesos formativos incluyen experiencia laboral práctica fuera del currículum universitario (los estudiantes de contaduría, por ejemplo). En algunas ramas laborales los bajos niveles salariales se compensan con ciertos grados de libertad en el uso del tiempo (las egresadas o estudiantes que son madres, por ejemplo).
Estos hechos no resuelven, sin embargo, interrogantes e incertidumbres corrosivas. ¿Cómo se resuelven estas relaciones entre universidad y trabajo en las diversas disciplinas, profesiones, instituciones y territorios? ¿Qué tipos de relaciones pueden ayudar a explicar las diversas combinaciones entre educación y trabajo? ¿Que papel juega el peso de la precariedad laboral en el terreno profesional? ¿Qué tipo de estrategias establecen los individuos (universitarios y no universitarios), los gobiernos y los empleadores (públicos y privados) para mejorar sus posibilidades de articulación de las transiciones de la escuela al trabajo y viceversa? ¿Cómo afecta el peso de la informalidad y la formalidad laboral en la construcción de las estrategias de ajuste y adaptación en los mercados del trabajo?
Estas preguntas están en el corazón de nuevos enfoques que tratan de ver más allá de las teorías del capital humano, del “adecuacionismo”, de las utopías emprenduristas, o las fórmulas de la “triple hélice” que con certeza envidiable aseguran el éxito de las relaciones entre gobiernos, empresas y universidades. Sin embargo, estos enfoques tradicionales no han proporcionado respuestas satisfactorias a las preguntas planteadas. Para decirlo en breve: se trata de contrastar a los estudiantes y egresados ideales con los reales. Ello ha llevado a la formulación de nuevas aproximaciones analíticas que reconocen la complejidad de las relaciones educación/trabajo, y que, además, pueden proporcionar hipótesis sobre posibles comportamientos futuros, que implican el diseño de políticas públicas, programas de investigación social, y capacidades de gobernanza institucional de las relaciones. Uno de esos enfoques emergentes es el de los “itinerarios vitales complejos” que asume que las relaciones entre universidad y trabajo implica reconocer la experiencia de transiciones múltiples a lo largo de la formación, el empleo y el trabajo entre grupos e individuos específicos.
Para analizar estas relaciones y tratar de identificar la capacidad explicativa de los nuevos enfoques, un grupo de interesados nos reunimos en Guadalajara los días 20 y 21 de julio pasado para conversar sobre estos temas, gracias a la convocatoria realizada por el Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno, el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, y el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. El seminario/conversatorio titulado “El futuro de la relación entre educación y trabajo”, reunió a una decena de académicos de distintas instituciones (INEE, COLEF, UNAM, UAM, BUAP, ITESO, U. de G.) para examinar las distintas dimensiones de la complejidad de las relaciones y sus posibles trayectorias futuras.
A partir de un sugerente texto elaborado por Jordi Planas, profesor de la UA de Barcelona y actualmente profesor visitante en la U. de G., los académicos convocados discutimos sobre conceptos, problemas, experiencias de investigación y limitaciones de los estudios sobre el tema. Una de las tesis básicas de Planas es que experimentamos desde hace tiempo una arritmia (“discronía”) en las relaciones, que es el efecto de la velocidad de los cambios en ambas esferas en el contexto contemporáneo. Las reformas en la formación universitaria son pausadas y lentas y tienen un horizonte de cumplimiento de largo plazo, mientras que las transformaciones en el mundo laboral son intensas y rápidas, con horizontes de corto plazo. A partir de esta tesis, el objetivo del conversatorio fue el de proponer una agenda de investigación así como el diseño de alternativas de políticas públicas que incidan en el gobierno de las relaciones entre educación superior y trabajo. ¿El resultado? La identificación de cinco puntos estratégicos para la investigación y tres ideas centrales de política pública sobre el tema. En alguna colaboración futura se explorarán brevemente esos planteamientos.
Universidad y trabajo: vidas cruzadas.
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 10/08/2017)
Las relaciones entre escuela y trabajo se pueden resumir en una afirmación general: ambas actividades educan a los individuos. La escuela, desde la básica hasta la universitaria, educa a través de la formación de habilidades, destrezas, el acceso a los conocimientos, la formación de hábitos de aprendizaje donde el pensamiento complejo encuentra algunas de las herramientas necesarias para el desarrollo cognitivo de los individuos. Pero el trabajo, la experiencia laboral, sobre todo durante los años de la juventud universitaria, también educa al proporcionar disciplina, capacidad de aprendizaje en entornos inestables, adaptación de los individuos a rutinas y ritmos de trabajo, pero también para enfrentar incertidumbres y desafíos específicos.
La afirmación no es, por supuesto, nueva ni reciente. Sin embargo, las percepciones de no pocos empleadores y funcionarios universitarios resultan contradictorias con la tesis general. Los empleadores señalan con frecuencia la “falta de experiencia laboral” de los egresados de los diversos niveles educativos como causal de su no contratación o no adecuación a los requisitos de muchos de los puestos laborales ofertados; los funcionarios educativos, por su parte, suelen señalar que los mejores estudiantes son los que pueden dedicarse de tiempo completo a los estudios en sus períodos formativos.
Bien vistas, ambas visiones coinciden en algo: en la idealización del tipo de individuos que deben trabajar o estudiar. Uno asume que el egresado ideal es alguien que reúne mínimos de experiencia laboral con mínimos de escolaridad superior; para los directivos escolares, el estudiante ideal es aquel que sólo se dedica, por lo menos por un tiempo, exclusivamente a estudiar. El egresado ideal debe acumular principalmente capital laboral; el estudiante ideal, solo capital escolar.
Pero, ¿qué indican los siempre incómodos hechos?. Que los estudiantes universitarios mexicanos combinan de manera mayoritaria estudios y trabajo a lo largo de su formación universitaria. Más aún: una proporción significativa de ellos lo hacen desde su formación en el nivel medio superior y lo continúan en el nivel del posgrado. Muchos son trabajadores que estudian; otros, estudiantes que trabajan. En algunas carreras y disciplinas, son estudiantes de tiempo completo (los estudiantes de medicina, por ejemplo). Otros, son estudiantes cuyos procesos formativos incluyen experiencia laboral práctica fuera del currículum universitario (los estudiantes de contaduría, por ejemplo). En algunas ramas laborales los bajos niveles salariales se compensan con ciertos grados de libertad en el uso del tiempo (las egresadas o estudiantes que son madres, por ejemplo).
Estos hechos no resuelven, sin embargo, interrogantes e incertidumbres corrosivas. ¿Cómo se resuelven estas relaciones entre universidad y trabajo en las diversas disciplinas, profesiones, instituciones y territorios? ¿Qué tipos de relaciones pueden ayudar a explicar las diversas combinaciones entre educación y trabajo? ¿Que papel juega el peso de la precariedad laboral en el terreno profesional? ¿Qué tipo de estrategias establecen los individuos (universitarios y no universitarios), los gobiernos y los empleadores (públicos y privados) para mejorar sus posibilidades de articulación de las transiciones de la escuela al trabajo y viceversa? ¿Cómo afecta el peso de la informalidad y la formalidad laboral en la construcción de las estrategias de ajuste y adaptación en los mercados del trabajo?
Estas preguntas están en el corazón de nuevos enfoques que tratan de ver más allá de las teorías del capital humano, del “adecuacionismo”, de las utopías emprenduristas, o las fórmulas de la “triple hélice” que con certeza envidiable aseguran el éxito de las relaciones entre gobiernos, empresas y universidades. Sin embargo, estos enfoques tradicionales no han proporcionado respuestas satisfactorias a las preguntas planteadas. Para decirlo en breve: se trata de contrastar a los estudiantes y egresados ideales con los reales. Ello ha llevado a la formulación de nuevas aproximaciones analíticas que reconocen la complejidad de las relaciones educación/trabajo, y que, además, pueden proporcionar hipótesis sobre posibles comportamientos futuros, que implican el diseño de políticas públicas, programas de investigación social, y capacidades de gobernanza institucional de las relaciones. Uno de esos enfoques emergentes es el de los “itinerarios vitales complejos” que asume que las relaciones entre universidad y trabajo implica reconocer la experiencia de transiciones múltiples a lo largo de la formación, el empleo y el trabajo entre grupos e individuos específicos.
Para analizar estas relaciones y tratar de identificar la capacidad explicativa de los nuevos enfoques, un grupo de interesados nos reunimos en Guadalajara los días 20 y 21 de julio pasado para conversar sobre estos temas, gracias a la convocatoria realizada por el Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno, el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, y el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. El seminario/conversatorio titulado “El futuro de la relación entre educación y trabajo”, reunió a una decena de académicos de distintas instituciones (INEE, COLEF, UNAM, UAM, BUAP, ITESO, U. de G.) para examinar las distintas dimensiones de la complejidad de las relaciones y sus posibles trayectorias futuras.
A partir de un sugerente texto elaborado por Jordi Planas, profesor de la UA de Barcelona y actualmente profesor visitante en la U. de G., los académicos convocados discutimos sobre conceptos, problemas, experiencias de investigación y limitaciones de los estudios sobre el tema. Una de las tesis básicas de Planas es que experimentamos desde hace tiempo una arritmia (“discronía”) en las relaciones, que es el efecto de la velocidad de los cambios en ambas esferas en el contexto contemporáneo. Las reformas en la formación universitaria son pausadas y lentas y tienen un horizonte de cumplimiento de largo plazo, mientras que las transformaciones en el mundo laboral son intensas y rápidas, con horizontes de corto plazo. A partir de esta tesis, el objetivo del conversatorio fue el de proponer una agenda de investigación así como el diseño de alternativas de políticas públicas que incidan en el gobierno de las relaciones entre educación superior y trabajo. ¿El resultado? La identificación de cinco puntos estratégicos para la investigación y tres ideas centrales de política pública sobre el tema. En alguna colaboración futura se explorarán brevemente esos planteamientos.
Thursday, July 27, 2017
Educación superior:el mapa y el territorio (2)
Estación de paso
Educación superior: el mapa y el territorio (2)
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 27/07/2017)
En la anterior colaboración se propuso que la educación superior contemporánea en México es un territorio que requiere de cartógrafos hábiles en la elaboración de brújulas y mapas. Es un ejercicio siempre útil para identificar problemas, causalidades y alternativas de posibles intervenciones institucionales, públicas o privadas. Luego de revisar el tema del financiamiento, es necesario contextualizar ese punto en el marco de los otros tres temas cardinales del mapa imaginario de la educación superior: gobierno, autonomía y calidad.
Gobierno. Uno de los puntos permanentemente aludidos pero sistemáticamente eludidos de la discusión sobre la coordinación de las acciones y políticas de la educación superior mexicana es el tema del gobierno del sistema. La gobernabilidad y la gobernanza de las IES son las dos dimensiones principales del tema general Es decir, por una lado, como evitar “que todos los actores se pongan bravos al mismo tiempo”, como se puede definir en términos coloquiales el concepto de gobernabilidad; por el otro, como identificar objetivos, estrategias y acciones comunes que permitan articular un sistema que, en términos estrictos, no existe, sino que es un conglomerado confuso de instituciones y establecimientos cuyas algunas partes están más o menos coordinadas que otras.
El tema gubernamental tiene que ver con normas y leyes, pero también con capacidades políticas de gestión y coordinación institucional. En ambos casos, la educación superior padece desde hace tiempo un déficit de gobierno que parece obedecer tanto a la ambigüedad del entorno regulatorio general, como al comportamiento institucional basado en la búsqueda intencionada o aleatoria de recompensas y recursos asociados a la competencia por mercados específicos (en el caso de las IES privadas), o por recursos públicos siempre escasos (en el caso de las IES públicas).
En cualquier caso, el déficit de gobierno significa también déficit de autoridad. Y la construcción de una autoridad estable, legítima y eficiente en la educación superior es el desafío crucial de hoy y del futuro.
Autonomía. La gran herencia del movimiento reformista de Córdoba de 1918 fue el de la autonomía ligada al co-gobierno universitario. A la luz, o la sombra, de casi un siglo de reformas amparadas en el célebre Manifiesto Liminar, se construyeron imaginarios, hábitos, rutinas y prácticas universitarias asociadas a la idea de una república universitaria democrática, libre, soberana y financiada obligatoriamente por el Estado. La expansión universitaria fue posible gracias a la legitimación política de la autonomía en diversos territorios nacionales y locales, una legitimación que fue acompañada por diversas formas de representación social de la universidad como mecanismo de movilidad social, como distribuidor institucional de oportunidades vitales, y como espacio de construcción de sentidos de pertenencia e identidad para estratos y grupos sociales medios de la población.
Sin embargo, la proliferación de efectos perversos o no deseados de la autonomía universitaria (ideologización y politización, resistencia a reformas, conservadurismo), y el ascenso desde finales del siglo pasado de un paradigma de políticas universitarias basado en la rendición de cuentas, el financiamiento condicionado y la evaluación, significó la disminución de los grados de autonomía de las universidades públicas. Hoy, nadie sabe muy bien que significa la autonomía en un contexto donde la evaluación y los condicionamientos presupuestales actúan como restricciones permanentes o como jaulas de hierro de las decisiones universitarias, o donde los procesos de mercadización determinan el comportamiento institucional de los establecimientos de educación superior de Chiapas o de Oaxaca, de la ciudad de México o Guadalajara, de Baja California o Sonora.
Calidad. Uno de los puntos de coincidencia de buena parte de las preocupaciones de la educación superior mexicana es la búsqueda obsesiva del “santo grial” de la calidad, como le llamó alguna vez Wietse de Vries. Y sin embargo, bien visto, lo que se ha adueñado del imaginario y las prácticas institucionales de la educación superior mexicana es una retórica difusa que hace referencia a varios tipos de calidades, de distintas características, contenidos y alcances. Junto a ello, se ha desarrollado una extraña manía muy mexicana por colocar en el mismo nivel y sitio institucional las posiciones en los rankings de los recursos públicos extraordinarios con certificaciones de procesos administrativos (ISO´s), el número de miembros del sistema nacional de investigadores con la conectividad informática y la “virtualización” de las universidades.
La evaluación de la calidad, la multiplicación de indicadores de medición del desempeño de instituciones, grupos e individuos se ha adueñado de los planes institucionales de desarrollo de las universidades públicas y privadas, y de instituciones no universitarias de distinta orientación y perfil. Y no es fácil escapar a la lógica de plomo de la “integralidad” (y no de lógicas estratégicas amplias y flexibles), de la búsqueda de los reconocimientos, los prestigios y los recursos financieros asociados al reconocimiento de las calidades que buscan distintos organismos gubernamentales (SEP, CONACYT) y no gubernamentales (FIMPES, CENEVAL, COPAES, CIIES).
Los cuatro temas propuestos son parte de los ejercicios cartográficos que veremos desplegarse en los próximos meses. Son herramientas que pueden ayudar a definir agendas y proyectos sobre la educación superior mexicana y del futuro. No es claro que predominen hoy ideas de cambio en la manera en que se definen los temas señalados. Son embargo, todo ejercicio intelectual implica definiciones mínimas y balances puntuales, capaces de imprimir sentido práctico y de futuro a la resolución de los grandes problemas educativos nacionales. Las campañas electorales que se avecinan son justamente eso: oportunidades para colocar e el tablero de las posibilidades propuestas y proyectos que ayuden a definir, o consolidar, un nuevo paradigma de políticas para la educación superior mexicana.
Thursday, July 13, 2017
Educación superior: el mapa y el territorio
Estación de paso
Educación superior: el mapa y el territorio
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 13/07/2017)
El inminente inicio de las campañas electorales del 2018 en nuestro país significa la vuelta al primer plano de una etapa de rituales que culminará, si todo sale bien, en la elección de un nuevo presidente y quizá de un nuevo oficialismo político a partir del 1 de diciembre del próximo año. En esa movilización rutinaria de partidos, grupos políticos formales y fácticos, medios y ciudadanos, organizaciones sociales y militantes de las más diversas causas, se configurarán agendas, se promoverán intereses, se prometerán ilusiones y se ofrecerán compromisos sobre (casi) cualquier cosa. Las ocurrencias y los arrebatos retóricos, la demagogia y los buenos deseos, las inefables estupideces y, quizá, algunas ideas interesantes, se constituirán como el ruido de fondo de campañas de partidos y candidatos. La educación en general, y la superior en particular, se constituirán como arenas de debate que perfilarán propuestas y programas para el período 2018-2024.
En el campo universitario los posicionamientos políticos han comenzado a ser públicos desde hace algunos meses. Como ha sucedido en los últimos cinco procesos electorales presidenciales (desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, pasando por las campañas de Zedillo, Fox y Calderón), las universidades por su propia cuenta o a través de sus organizaciones representativas (ANUIES, FIMPES) han organizado foros para externar propuestas, ideas, reflexiones. En un territorio extenso y accidentado poblado por casi 4 mil instituciones que albergan a más de 7 mil establecimientos públicos y privados, universitarios y no universitarios, habitados cotidianamente por más de 4 millones de estudiantes y 365 mil profesores, en donde se ofrecen casi 7 mil 500 programas de licenciatura y posgrado, es indispensable el uso de mapas y brújulas para identificar tensiones, dilemas, problemas y posibles alternativas de solución.
Ideas dominantes, usos y costumbres, rutinas y estructuras más o menos estables caracterizan la vida cotidiana de los distintos territorios de la educación superior mexicana contemporánea. La disputa por los liderazgos políticos que se avecina permitirá eventualmente fijar los términos del debate sobre el tema, generalmente construido sobre mapas imaginarios formados por una mezcla complicada de datos, experiencias, creencias e ideologías. Después de todo, es probable que justamente por esta mezcla de impurezas, los mapas suelan ser más interesantes que el territorio (Michel Houellebecq dixit).
Las coordenadas básicas del ejercicio tienen que ver con la identificación de cuatro puntos cardinales: financiamiento, gobierno, autonomía y calidad. Ellos forman el mínimo irreductible de los asuntos críticos que configuran el mapa de las decisiones y posiciones políticas y de políticas que suelen dominar el debate, las discusiones y los intereses de los actores que protagonizan las prácticas cotidianas de la vida universitaria mexicana. Por supuesto, hay temas cruciales que también habría que considerar en el mapa, como son la cobertura, la equidad en el acceso, la rendición de cuentas, la organización del curriculum, las condiciones del profesorado universitario, la investigación y el posgrado, o la normatividad. Sin embargo, esos serían puntos “geográficos” de referencia territorial del mapa, no sus puntos cardinales de orientación.
Financiamiento. Todos los actores prácticamente coinciden que señalar que el financiamiento a la educación superior es irregular, insuficiente y cuya principal ausencia es que no tiene una perspectiva de largo plazo. Las universidades públicas y la ANUIES han insistido desde hace muchos años en que es necesaria una “política de Estado” en el tema del financiamiento público, una política “sustentable”, “transexenal” y “plurianual”, que se sostenga a pesar de las crisis y vaivenes de la disponibilidad presupuestal y de los ritmos de crecimiento del PIB, de la macroeconomía y otras “externalidades”. Las IES privadas, por su parte, reclaman mayores libertades para fijar sus costos de matrícula y facilidades fiscales para ofrecer sus servicios, en un mercado que tiene muchos nichos de oferta y demanda, algunos consolidados, otros por descubrir. En este punto del mapa hay más intereses y buenos deseos que propuestas de realismo político, que implican decisiones y acciones que siempre afectan a alguna parte de los intereses involucrados.
La experiencia de los últimos sexenios muestra que, salvo períodos específicos, el tema del financiamiento público ha sido rutinario, sin cambios estratégicos y obsesionado con la lógica del financiamiento extraordinario ligado a recompensas y castigos al desempeño institucional (paradójicamente una lógica extraordinaria que, con la fuerza de los usos y costumbres burocráticas sexenales, ya forma parte de los cálculos ordinarios de las instituciones). La expansión de la oferta privada ha ocurrido también en un contexto de opacidad fiscal y baja regulación pública, lo que implica que se conoce muy poco el monto y comportamiento de los financiamientos privados en la educación superior mexicana.
Pero el tema del financiamiento tiene que ser contextualizado en el marco más amplio de los temas del gobierno, la autonomía y la calidad de la educación superior. Para decirlo en breve, esos temas se pueden sintetizar en tres grandes afirmaciones generales: a) padecemos un déficit de gobierno que significa también un déficit de autoridad en el campo de la educación superior; b) la autonomía universitaria se encuentra sujeta desde más de dos décadas a un paradigma de políticas basado en la evaluación y la rendición de cuentas, que se traduce en un conservadurismo institucional persistente; y c) la calidad institucional de la educación superior es un campo ambiguo y contradictorio que mezcla retóricas difusas y prácticas confusas. A estos tres puntos del mapa dedicaremos la próxima colaboración.
Educación superior: el mapa y el territorio
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 13/07/2017)
El inminente inicio de las campañas electorales del 2018 en nuestro país significa la vuelta al primer plano de una etapa de rituales que culminará, si todo sale bien, en la elección de un nuevo presidente y quizá de un nuevo oficialismo político a partir del 1 de diciembre del próximo año. En esa movilización rutinaria de partidos, grupos políticos formales y fácticos, medios y ciudadanos, organizaciones sociales y militantes de las más diversas causas, se configurarán agendas, se promoverán intereses, se prometerán ilusiones y se ofrecerán compromisos sobre (casi) cualquier cosa. Las ocurrencias y los arrebatos retóricos, la demagogia y los buenos deseos, las inefables estupideces y, quizá, algunas ideas interesantes, se constituirán como el ruido de fondo de campañas de partidos y candidatos. La educación en general, y la superior en particular, se constituirán como arenas de debate que perfilarán propuestas y programas para el período 2018-2024.
En el campo universitario los posicionamientos políticos han comenzado a ser públicos desde hace algunos meses. Como ha sucedido en los últimos cinco procesos electorales presidenciales (desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, pasando por las campañas de Zedillo, Fox y Calderón), las universidades por su propia cuenta o a través de sus organizaciones representativas (ANUIES, FIMPES) han organizado foros para externar propuestas, ideas, reflexiones. En un territorio extenso y accidentado poblado por casi 4 mil instituciones que albergan a más de 7 mil establecimientos públicos y privados, universitarios y no universitarios, habitados cotidianamente por más de 4 millones de estudiantes y 365 mil profesores, en donde se ofrecen casi 7 mil 500 programas de licenciatura y posgrado, es indispensable el uso de mapas y brújulas para identificar tensiones, dilemas, problemas y posibles alternativas de solución.
Ideas dominantes, usos y costumbres, rutinas y estructuras más o menos estables caracterizan la vida cotidiana de los distintos territorios de la educación superior mexicana contemporánea. La disputa por los liderazgos políticos que se avecina permitirá eventualmente fijar los términos del debate sobre el tema, generalmente construido sobre mapas imaginarios formados por una mezcla complicada de datos, experiencias, creencias e ideologías. Después de todo, es probable que justamente por esta mezcla de impurezas, los mapas suelan ser más interesantes que el territorio (Michel Houellebecq dixit).
Las coordenadas básicas del ejercicio tienen que ver con la identificación de cuatro puntos cardinales: financiamiento, gobierno, autonomía y calidad. Ellos forman el mínimo irreductible de los asuntos críticos que configuran el mapa de las decisiones y posiciones políticas y de políticas que suelen dominar el debate, las discusiones y los intereses de los actores que protagonizan las prácticas cotidianas de la vida universitaria mexicana. Por supuesto, hay temas cruciales que también habría que considerar en el mapa, como son la cobertura, la equidad en el acceso, la rendición de cuentas, la organización del curriculum, las condiciones del profesorado universitario, la investigación y el posgrado, o la normatividad. Sin embargo, esos serían puntos “geográficos” de referencia territorial del mapa, no sus puntos cardinales de orientación.
Financiamiento. Todos los actores prácticamente coinciden que señalar que el financiamiento a la educación superior es irregular, insuficiente y cuya principal ausencia es que no tiene una perspectiva de largo plazo. Las universidades públicas y la ANUIES han insistido desde hace muchos años en que es necesaria una “política de Estado” en el tema del financiamiento público, una política “sustentable”, “transexenal” y “plurianual”, que se sostenga a pesar de las crisis y vaivenes de la disponibilidad presupuestal y de los ritmos de crecimiento del PIB, de la macroeconomía y otras “externalidades”. Las IES privadas, por su parte, reclaman mayores libertades para fijar sus costos de matrícula y facilidades fiscales para ofrecer sus servicios, en un mercado que tiene muchos nichos de oferta y demanda, algunos consolidados, otros por descubrir. En este punto del mapa hay más intereses y buenos deseos que propuestas de realismo político, que implican decisiones y acciones que siempre afectan a alguna parte de los intereses involucrados.
La experiencia de los últimos sexenios muestra que, salvo períodos específicos, el tema del financiamiento público ha sido rutinario, sin cambios estratégicos y obsesionado con la lógica del financiamiento extraordinario ligado a recompensas y castigos al desempeño institucional (paradójicamente una lógica extraordinaria que, con la fuerza de los usos y costumbres burocráticas sexenales, ya forma parte de los cálculos ordinarios de las instituciones). La expansión de la oferta privada ha ocurrido también en un contexto de opacidad fiscal y baja regulación pública, lo que implica que se conoce muy poco el monto y comportamiento de los financiamientos privados en la educación superior mexicana.
Pero el tema del financiamiento tiene que ser contextualizado en el marco más amplio de los temas del gobierno, la autonomía y la calidad de la educación superior. Para decirlo en breve, esos temas se pueden sintetizar en tres grandes afirmaciones generales: a) padecemos un déficit de gobierno que significa también un déficit de autoridad en el campo de la educación superior; b) la autonomía universitaria se encuentra sujeta desde más de dos décadas a un paradigma de políticas basado en la evaluación y la rendición de cuentas, que se traduce en un conservadurismo institucional persistente; y c) la calidad institucional de la educación superior es un campo ambiguo y contradictorio que mezcla retóricas difusas y prácticas confusas. A estos tres puntos del mapa dedicaremos la próxima colaboración.
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