Corrupción académica

Estación de paso

Corrupción académica: ángeles y demonios

Adrián Acosta Silva

(Publicado en Campus Milenio, 21/06/2018)

http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=11565:corrupcion-academica-angeles-y-demonios&Itemid=349

Ya se sabe: la vida académica no es ni ha sido nunca un lugar inmune a las prácticas de corrupción que existen en la sociedad general. Aunque los campus universitarios son representados como sitios apacibles asociados a la reflexión intelectual, la investigación científica y el debate político, la irrupción de pequeños escándalos mundanos sacude de vez en cuando la imagen de tranquilidad cotidiana en sus bibliotecas, aulas y edificios. Acoso, chantaje, sobornos, simulaciones, plagios académicos, mal uso de los dineros públicos, forman parte de la colección de comportamientos que se comentan en voz baja en diversas universidades, pero que provocan en ocasiones escándalos, escenas de indignación moral, reclamos airados a las autoridades, pleitos entre las comunidades universitarias, denuncias penales. Las causas son variadas, los hechos específicos múltiples, pero lo que destaca es el manto de invisibilidad individual y colectiva que cubre frecuentemente buena parte de esos comportamientos que lastiman la vida académica e institucional universitaria.

Ni los códigos del political correctness ni los protocolos de ética institucional han logrado inhibir la aparición de casos donde el plagio, el obsequio de calificaciones a cambio de favores sexuales, la laxitud en la elaboración de exámenes de grado o en la confección de tesis profesionales o aún de posgrado, aparecen en España, en México, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos o en Alemania. Es muy conocido el hecho de la existencia de políticos o funcionarios prominentes que, al mismo tiempo que se dedican a las labores propias de su oficio, estudian carreras o posgrados universitarios, tratando de obtener con ellos la legitimidad académica o intelectual que necesitan para fortalecer sus trayectorias políticas o burocráticas presentes o futuras. Tampoco es desconocido el hecho de que esposas o esposos, novios o novias, hijos o hijas de personajes importantes del gobierno o de las propias universidades, se les dispense un trato especial en sus años de formación universitaria, siendo objeto de deferencias escolares y excepciones académicas que facilitan su tránsito por la universidad.

Pero es en el sector de los “desheredados” donde las prácticas de corrupción encuentran un contexto de bajo riesgo y alta impunidad. Ahí la forma más burda de corrupción aparece en forma de acoso sexual. Las mujeres –en su mayoría estudiantes pero también no pocas profesoras- son el segmento que concentra abrumadoramente la mayor cantidad de prácticas de acoso por parte tanto de profesores más o menos respetados como de burócratas universitarios de alto o bajo rango. La denuncia suele ser una decisión muy cara para quienes son objeto del acoso pues, en tanto delito, supone careos, dichos, que difícilmente pueden ser comprobables.

Pero sea en el ámbito sexual, en el uso de los recursos públicos, o en el ámbito estrictamente académico la corrupción es una bestia multiforme. Desde hace tiempo el fenómeno dejó de ser solamente una colección de anécdotas y chismes para convertirse en un comportamiento social más complejo y profundo. Aunque los actos de corrupción son individuales y ocurren en contextos específicos, las dimensiones, componentes y alcances de esas prácticas forman parte del orden institucional universitario contemporáneo, y su magnitud se ha vuelto mayor debido a los procesos de masificación que la educación superior ha experimentado en los últimos treinta años. Después de todo, la universidad es una institución de poder, que confiere títulos, diplomas y certificaciones, que contribuye significativamente a la movilidad social ascendente, asigna posiciones y puestos, que recibe y distribuye recursos, que proporciona status, un sitio, un lugar, a los individuos y grupos en la vida social, política y académica.

Por ello, por ese poder institucional, la universidad se ha consolidado como un espacio política y socialmente apreciado. Ahí se configuran redes familiares y sociales que frecuentemente se expresan también como redes políticas, académicas y profesionales. Pero esta dinámica no se deriva automáticamente de una lógica de corrupción, pues la configuración del capital académico e intelectual de grupos e individuos pasa también por prácticas de probidad y exigencias éticas que se heredan de generación en generación en las distintas disciplinas científicas y campos profesionales que coexisten en la universidad. Ese es en realidad el núcleo duro, simbólico y práctico, de la legitimidad y prestigio institucional de la vida universitaria.

El problema de la corrupción es que no sabemos muy bien cómo identificarla y enfrentarla con eficacia. En el ámbito sexual, hay un orden institucional –un “orden de género”, dirían las especialistas del tema- que naturaliza el acoso y el chantaje como prácticas cotidianas, y se expresa en los códigos de comportamiento de profesores y autoridades, que supone complicidad y umbrales de tolerancia, digamos, muy elásticos. En el ámbito académico, hay también un orden que tiene que ver con el trato diferencial hacia políticos y famosos, pero que coexiste con los efectos perversos de las políticas de calidad que determinan los apoyos y recursos externos a las universidades: contratación de profesores con doctorados de dudosa reputación, exigencias de altas tasas de eficiencia terminal de estudiantes de licenciatura o posgrado, producción de indicadores de éxito laboral de los egresados. En el ámbito administrativo, el desvío de recursos, la malversación de fondos, son prácticas que muestran el lado más grotesco e irritante de la corrupción.

El fenómeno, sus evidencias, sus complejidades, están ahí. El problema es que no sabemos muy bien cómo reconocerlo y qué hacer con él. Cuando el orden institucional naturaliza o vuelve invisibles esas prácticas tenemos dificultades mayores para diferenciar, matizar, distinguir las distintas formas de corrupción universitaria. Y los actos de fe nunca son suficientes para exorcizar sus demonios sin expulsar también a nuestros ángeles.

La paradoja de AMLO

La paradoja de AMLO

Adrián Acosta Silva

Publicado en Nexos en línea 18/06/2018.
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9169

México es un país que parece ir nuevamente a contracorriente de las tendencias latinoamericanas. Hay que recordar que cuando en los años sesenta y hasta los ochenta del siglo pasado la mayor parte de los países de la región experimentaban regímenes dictatoriales que luego se convertirían en democráticos, en México se fortalecía un régimen semidemocrático o semi-autoritario, pero no dictatorial ni democrático. También hay que recordar que al inicio del siglo XXI, cuando en la mayor parte de los países destacaba el péndulo político hacia el anti-neoliberalismo y el neopopulismo de izquierdas -el lulismo en Brasil, el chavismo/madurismo en Venezuela, el evismo en Bolivia, el kirchnerismo en Argentina, el correismo en Ecuador-, en México se asistía a un proceso de democratización marcado por la influencia de las fuerzas políticas de la derecha y la persistencia del recetario básico del neoliberalismo económico desprendido del célebre Consenso de Washington (PRI 1994-2000, y PAN, 2000-2012).
Si esa característica se mantiene, con el caso del eventual triunfo de AMLO México se confirmaría como un caso de “excepción política” de las tendencias latinoamericanas. ¿Qué factores explican ese fenómeno en las circunstancias actuales? Hay tres elementos a considerar para tratar de entender el “fenómeno AMLO”: el clima de escepticismo social y político, el déficit de desempeño de la democracia mexicana, y el perfil y la trayectoria del proyecto político que ha construido pacientemente el lopezobradorismo en los últimos 18 años.
El primero de esos factores puede caracterizarse como un clima político dominado por el escepticismo y la desconfianza (un clásico “espíritu de época”) alimentado vigorosamente por la corrupción política, la persistencia de la desigualdad social, y el decepcionante desempeño de la economía mexicana a lo largo de la transición política de nuestro país. Ese clima también se nutre del descrédito de los partidos políticos tradicionales (PAN/PRI/PRD), y del comportamiento sistémico partidista construido a lo largo de las últimas dos décadas, lo que explica el hecho de que en la actual campaña presidencial exista un claro proceso de personalización y “despartidización” de las ofertas electorales.
En segundo lugar, la percepción de ineficacia institucional que la alternancia política (PAN 2000-2012) y el retorno del PRI (2012-2018), irradió entre los ciudadanos. Esa percepción tiene que ver con la relación entre política, justicia y economía, o para decirlo en términos más clásicos, ente democracia, seguridad y desarrollo. A ritmo lento, una suerte de sobrecarga de demandas económicas y reclamos sociales hacia la joven democracia mexicana se acumulan en el horizonte político-institucional del Estado, demandas que no han podido ser gestionadas ni resueltas satisfactoriamente por gobiernos democráticamente electos tanto a nivel federal como estatal y municipal. En otras palabras, las tensiones entre legitimidad política y eficacia institucional (el viejo síndrome de la ingobernabilidad) vuelven al centro explicativo del malestar de muchos sectores sociales respecto de la capacidad democrática para resolver los problemas de desigualdad, inequidad y corrupción que habitan el precoz desencanto político mexicano.
En tercer lugar, la presencia de un político profesional, carismático, que a lo largo de tres elecciones presidenciales (2006, 2012 y la actual) personaliza un proyecto que aspira a la reconstrucción de un pasado idealizado y en cierta manera nostálgico, pero que conjuga con una propuesta de un futuro luminoso habitado por promesas de crecimiento económico, honestidad y prosperidad, que impulsa la imagen de un país distinto, donde la corrupción es la causa de todos los males, y que aspira a una sociedad cohesionada, armónica y feliz (la “República amorosa”).
El principal acierto político y simbólico de la coalición que encabeza AMLO es una paradoja: reconocer que el mejor de los futuros posibles de México está en su pasado. En este sentido, AMLO representa un proyecto conservador/restaurador de cambio como apuesta hacia el futuro. Es algo así como la paradoja de AMLO. Muchos sectores sociales, intelectuales, políticos y empresariales, tradicionales y no tradicionales, se ha incorporado a este proyecto, construido personalmente por el propio López Obrador desde su primera participación como candidato presidencial en 2006, recorriendo de manera obsesiva, sistemática, rancherías, pueblos y ciudades a lo largo de los últimos doce años, con reuniones periódicas con grupos de inmigrantes en los Estados Unidos, y con muchos líderes sindicales y políticos de prácticamente todas las regiones y de todas las corrientes políticas del país. De origen priista, luego perredista, y ahora morenista, AMLO es un personaje complejo, que transitó a las filas de la izquierda junto con otros prominentes priistas durante los años noventa, pero que nunca abrazó los principios ideológicos ni los clichés ni valores de las izquierdas marxistas mexicanas. En ese sentido, es un híbrido político e ideológico, un “animal” extraño entre las tierras de la izquierda mexicana (y latinoamericana), pero rápidamente “demonizado” por las fuerzas liberales y de las derechas políticas que hoy le enfrentan en la contienda presidencial.
La Coalición “Juntos haremos Historia” que encabeza AMLO se nutre de esos tres factores, que explican su fuerza pero también muestran sus debilidades. A partir de un diagnóstico catastrófico de lo que ha ocurrido con la sociedad y la economía mexicana desde los tiempos del salinismo (1988-1994), y de un proyecto caudillista de recuperación de la fuerza del poder presidencial en México, que combina con la ambigüedad ideológica del neopopulismo y del viejo nacionalismo mexicano, López Obrador reinventa un lenguaje y un discurso que parecen penetrar eficazmente en los sectores más decepcionados, desencantados o escépticos de la sociedad mexicana. El déficit de autoridad que se deriva de la crisis de legitimidad del régimen presidencialista mexicano, constituye el centro causal, simbólico y práctico, del proyecto lopezobradorista de recuperación de la confianza en la institución presidencial, lo que incluye claros desplantes autoritarios. Su distinción ciertamente maniquea, simplificadora, entre la “mafia del poder” y el “pueblo” parece encontrar respuesta entre sectores de ciudadanos que no ven en las coaliciones del PRI o del PAN alternativas consistentes, creíbles, para que las cosas cambien.
La Coalición encabezada por Anaya también apuesta por conquistar esos votos, pero el desgaste y las fracturas del panismo parece debilitar su credibilidad entre muchos ciudadanos. Por su parte, la coalición del oficialismo priista, encabezada por un camaleónico exfuncionario del gobierno de Peña Nieto (José Antonio Meade), que también fue parte del gabinete panista durante el foxismo y el calderonismo, no parece tener mucho atractivo entre las filas del malestar político mexicano. Finalmente, el “independentismo” relativo representado efímeramente por Margarita Zavala, y ahora por un personaje extraído de las catacumbas de la derecha más cerril que se incubó en la atmósfera anti-política y antigubernamental de los últimos años (Jaime Rodríguez, el “Bronco”), no parece encontrar mucho eco ni entre los jóvenes ni entre los adultos de la sociedad mexicana. En ese contexto, AMLO destaca a la vez como emblema, símbolo y personaje de una fuerza política capaz de ganar con claridad las elecciones presidenciales, pero que tendrá que lidiar con el “problema maldito” del gobierno dividido y la ineficacia gubernativa que ha caracterizado a la democracia mexicana durante las últimas dos décadas.

Reforma de Córdoba 1918-2018

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Estación de paso
Córdoba 1918-2018: vergüenza y libertad
Adrián Acosta Silva

En tan solo seis meses, entre marzo y octubre de 1918, una serie de acontecimientos ocurridos en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, marcaría significativamente el espíritu intelectual y político de una época, un espectro que recorrería con diversas intensidades a las universidades públicas latinoamericanas y caribeñas. Expresión de rebeldía contra el statu quo universitario de principios de siglo, un grupo de estudiantes cordobeses, encabezados, entre otros, por Deodoro Roca –un destacado estudiante de derecho-, declararon una huelga general para impedir la elección de un rector, tomaron el frontispicio del edificio de la Universidad, enarbolaron la bandera de la Federación Universitaria de Córdoba, y, solo unos días después, proclamaron el célebre Manifiesto Liminar, la expresión simbólica más conocida del movimiento estudiantil que asumió la idea de la reforma de la universidad. Todo esto ocurrió en menos de una semana. La huelga inició el 15 de junio y el Manifiesto fue publicado el 21 de junio.
Fueron días seguramente intensos, ajetreados, difíciles. Fue el tiempo comprimido de una juventud que “ya no pide sino exige derechos”; que reclamaba la “revolución de las conciencias”; que acusaba la “insolvencia moral” de las autoridades universitarias; que afirmaba la certeza de que “estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana”. Frases poéticas y retórica incendiaria que habitan el corazón encendido del discurso que simboliza el Manifiesto. Palabras del mascarón de proa del movimiento reformista: “una vergüenza menos, una libertad más”. A raíz de ello, del impulso a un cambio en la orientación, la estructura y el funcionamiento de la configuración y prácticas de la universidad, emergería una agenda de transformaciones que incluiría el co-gobierno universitario, la autonomía, la docencia libre, la democratización, el libre acceso a la universidad, el reconocimiento por parte del Estado de la autoridad intelectual, social y política de la universidad en la construcción de las sociedades nacionales.
La épica cordobesa se extenderá a lo largo del subcontinente durante el siglo XX, aunque sus expresiones locales no fueron homogéneas. Se combinaría por ejemplo con la experiencia de la Universidad Nacional de México que refundara Justo Sierra durante el último año de la dictadura de Porfirio Díaz, y que en 1918 sobrevivía a duras penas entre las balas y cañones de la Revolución Mexicana, atrapada entre la retórica revolucionaria que le imprimiría Vasconcelos y la estirpe autonómica y liberal que le insuflara Justo Sierra. Muchos tipos de autonomías, de co-gobiernos, de estructuras y prácticas académicas se configurarían en los distintos territorios y poblaciones universitarias. Ello no obstante, Córdoba importa más por lo que representa que por lo que fue: la expresión de un reclamo paradójico, a la vez corporativo y liberal, para transformar una institución cuyo pasado colonial se expresaba en el agotamiento de sus formas de reclutamiento y sus prácticas escolares, su carácter oligárquico, su conducción despótica, su irrelevancia social, intelectual y política.
¿Qué representa hoy el movimiento estudiantil de Córdoba? ¿Qué significan hoy las demandas de autonomía, democratización universitaria, compromiso social, autogobierno, participación, que enarbolaron los estudiantes en el Manifiesto Liminar? ¿Cómo valorar los efectos, latinoamericanos de ese movimiento a un centenario de los acontecimientos? No resulta fácil ofrecer respuestas contundentes a estas preguntas. Sin embargo, se puede proponer la hipótesis de que ese movimiento reformador sentó las bases de un nuevo modelo de legitimidad política y representación social de las universidades públicas latinoamericanas y caribeñas, cuya vigencia perduraría durante prácticamente todo el siglo XX.
Es un modelo de legitimidad centrado en dos fuentes principales: la intelectual y la política. Y un patrón de representación social basado en la combinación de dos principios contradictorios: uno corporativo, otro meritocrático. La legitimidad se codificó en la autonomía política (cogobierno universitario) y en la libertad de enseñanza e investigación, el derecho al debate público; la representación de la universidad se construyó en su imagen social en tanto corporación o comunidad de estudiantes y profesores, y en su transición de institución oligárquica y aristocrática a una mesocrática. La expresión de este modelo de legitimidad y representación se desarrollaría en los años de la modernización y el desarrollismo latinoamericano, y alcanzaría su punto máximo con la construcción de las ciudades universitarias de Bogotá (1940-1946), de México (1949-1952), de Caracas (1950-1953), o de Brasilia (1963-1972).
Hoy, Córdoba es una imagen lejana en el tiempo y en las prácticas institucionales. La autonomía y el cogobierno universitario ya no son lo que solían ser. Dos fuerzas han actuado para cambiar el sentido y el contenido del viejo modelo de legitimidad y representación. Una tiene que ver con la lógica neo-intervencionista del Estado a través de políticas de ajuste y modernización de las universidades públicas desde finales de los años ochenta. La otra tiene que ver con asuntos internos: neo-utilitarismo académico, hiper-politización, radicalismo, colonización de las autonomías por parte de partidos o grupos políticos universitarios que coexisten con la serenidad de rutinas académicas estables, y con la apatía, el desinterés o la indiferencia de muchos estudiantes y profesores en las prácticas del gobierno universitario.
Sobre las ruinas, los ecos y las nostalgias de Córdoba se ha erigido un nuevo modelo de legitimidad y representación, basado más en indicadores de rendimiento institucional que en la retórica del compromiso intelectual y moral de las universidades públicas. La autonomía amplia cedió el paso a la autonomía sobreregulada y el cogobierno universitario cedió el paso a la métrica y la retórica de la calidad, la innovación y el gobierno estratégico. Las representaciones sociales de la universidad pública se han vuelto mucho más complejas y diversas, en una sociedad que mantiene niveles inaceptables de pobreza y desigualdad, en la cual el acceso a las universidades solo es posible para 3 de cada 10 jóvenes. Quizá sea el momento de hacer el recuento de nuestras nuevas vergüenzas y un inventario de las libertades que es necesario reclamar. Quizá esa sea la gran lección de Córdoba, un siglo después.