Jalisco: la disputa por la nave

Estación de paso Jalisco: La disputa por la nave Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 19/08/2021) https://suplementocampus.com/jalisco-la-disputa-por-la-nave/ Desde hace unos días, la aprobación de una iniciativa del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco ha provocado un ruidoso conflicto entre las autoridades de la U. de G. y el gobierno estatal. La iniciativa plantea una reasignación de 140 millones de pesos que ya se había acordado programar para el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, para destinarlos a la construcción de un hospital civil en el municipio de Tonalá, al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. El episodio es más que una lucha por la distribución del presupuesto público estatal. Significa una acción política que forma parte de los juegos de poder entre la U. de G. y el gobierno jalisciense. El argumento del oficialismo local, encabezado por el gobernador Alfaro y su partido (MC), es que esa reasignación es indispensable para ampliar las capacidades de atención a la salud pública de una parte importante de la población jalisciense. La postura oficial de las autoridades universitarias es que esa decisión rompe acuerdos ya tomados y significa “una violación a la autonomía universitaria”. Estamos frente a la construcción de dos relatos encontrados sobre la causa y origen del conflicto presupuestal, pero que ocultan la profunda naturaleza política del desencuentro. La historia reciente de las relaciones políticas entre la universidad y el gobierno estatal es una historia de alianzas y rupturas, de pragmatismo, incertidumbre y cálculo, de legitimidades en tensión y equilibrios inestables entre los actores directos del pleito, acompañados por los coros, voces y apoyos de actores periféricos al conflicto. Existen por lo menos tres elementos a considerar para comprender los alcances e implicaciones de la disputa: el contexto postelectoral, la coyuntura de la crisis, y la lógica de los actores políticos involucrados. El primero tiene que ver con los saldos del proceso electoral de julio en la entidad, donde el oficialismo alfarista logró mantener el dominio del congreso local para el próximo trienio (2021-2024), así como el triunfo en la mayor parte de los municipios metropolitanos. Asimismo, un partido político local de reciente creación (Hagamos) impulsado por universitarios cercanos al padillismo (esa coalición de poder identificada con el liderazgo de Raúl Padilla), logró mantener el registro en su primer proceso electoral y tendrá 2 representantes en el congreso estatal, en las regidurías de uno o dos ayuntamientos metropolitanos y algunos más en el resto del estado. Aunque esa representación es más que nada testimonial, la conformación del congreso y de las fuerzas políticas locales (donde el morenismo se mantuvo como la segunda fuerza electoral estatal), anticipa un escenario de competencia en la perspectiva del proceso electoral de 2024, donde se renovarán los poderes en el ámbito federal, estatal y municipal. El segundo elemento a considerar es el tono metálico de la coyuntura. La creación del partido Hagamos a finales de 2020 surgió de una discreta ruptura de la alianza que las autoridades formales y fácticas de la U. de G habían mantenido con el alfarismo desde su elección como gobernador de Jalisco en 2018, y que se hizo muy clara en la gestión local de la crisis pandémica desde marzo del 2020. Esa ruptura distanció a los aliados y colocó al alfarismo y al padillismo en posiciones enfrentadas. En esta coyuntura, los recientes acercamientos entre el gobernador Alfaro y el presidente López Obrador, que han (¿habían?) mantenido una relación áspera desde el comienzo del sexenio obradorista, parecen tener como punto de unión (y negociación) el interés por debilitar la figura del exrector Padilla (1989-1995) y la ruptura de la coalición hegemónica que encabeza en la U. de G. Ese cambio de alianzas, de realineamiento de la agenda de prioridades, vuelve a confirmar que la política real, mundana, es un oficio de ajedrecistas, estibadores y tramoyistas, no de ángeles. Pero es quizá el tercer elemento el que ayuda a comprender mejor el sentido y alcances del pleito. La lógica política es siempre una lógica difusa, cambiante, expresada en declaraciones públicas, negociaciones privadas y encuentros secretos entre los actores protagónicos, donde las fanfarrias, los valses y la música de cañerías forman la pista sonora de los rituales propios de los juegos del poder. Para el caso de Jalisco, el oficialismo político intenta ganar la partida minimizando la capacidad de influencia de su adversario, imprimiendo un sentido de justicia y beneficio público a la construcción de un nuevo hospital en Guadalajara. Para las autoridades universitarias, se trata de presentar la reasignación presupuestal como una traición a acuerdos tomados, como un atentado contra la autonomía universitaria, la ciencia y la cultura. Son posicionamientos propios del juego de espejos de la acción política, y no es claro como se sostendrán esas argumentaciones en las arenas movedizas de la política local en los próximos días y semanas. En cualquier caso, el conflicto entre la U. de G y el gobierno estatal sobre la distribución de los dineros públicos representa las tensiones que se ocultan detrás del espectáculo de máscaras y disfraces de la política jalisciense. No se trata de una lucha entre proyectos diferentes, del dilema entre salud pública versus ciencia y cultura universitaria, de la renuncia a alianzas que quizá estaba comenzando a ser demasiado costosas para los ocasionales compañeros de viaje. Bien visto, se trata de un pleito que revive tensiones viejas y desencuentros recientes, pero que puede tener un precio elevado no sólo para los contendientes sino fundamentalmente para las instituciones involucradas. La naturaleza del conflicto expresa lenguajes de poder, palabras que revelan creencias, intereses y razones legítimas que determinan las condiciones para una posible negociación de las posiciones. Pero en política, diría Montaigne “no se trata de charlar, sino de conducir la nave”. La disputa por la nave: esa es la cuestión.

Precariedad y bienestar

Estación de paso Precariedad laboral en las Universidades del Bienestar Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 05/08/2021) La semana pasada (29 de julio), el diario El Sol de México publicó una nota que mencionaba “el despido de 115 docentes adscritos a 70 sedes” de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García (UBBJG). La información se basaba en las declaraciones que varios de los afectados habían hecho públicas al ser “despedidos sin previo aviso”, señalando el trato “déspota” por parte de la directora general de las UBBJG, Raquel Sosa, respecto de sus reclamos. Un día después, la propia Dra. Sosa señaló en una nota de prensa que esas acusaciones eran “infundadas”, ya que es “usual” el proceso de revisión cada seis meses de los convenios laborales con los docentes de esas universidades, en los cuales se evalúa la idoneidad de los perfiles y puestos de los docentes para renovar, o no, dichos convenios. Afirmaba que, dada la naturaleza de la institución, los docentes “no firman contratos, sino convenios” de trabajo. Hay varios antecedentes respecto de los problemas de las relaciones laborales de los docentes de las UBBJG. Denuncias de despidos, reducción de salarios, precariedad laboral, malas condiciones en la infraestructura de muchas de las sedes que hasta ahora se han inaugurado en todo el país, se han conocido desde el inicio de este programa prioritario del gobierno federal. Esas denuncias y conflictos muestran la poca claridad sobre los perfiles y las condiciones laborales de los docentes de esas universidades públicas. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son sus perfiles y trayectorias? ¿En que condiciones trabajan? ¿Cuál es su salario y que prestaciones reciben? En el sitio web de esas instituciones (https://ubbj.gob.mx) no aparece ninguna información al respecto. En una rueda de prensa celebrada en mayo de 2020, la directora mencionó que ya funcionaban para ese tiempo “100 sedes con 815 docentes”. Hoy, según datos de febrero de este año (2021), se sabe que existen 140 sedes, con una matrícula total de 28,087 estudiantes, pero no se sabe cuántos profesores trabajan ni en que condiciones. No obstante, se puede estimar que ya superan los mil trabajadores docentes adscritos a esas universidades. Siendo una institución pública federal, se esperaría una información mucho más detallada y precisa del profesorado que labora en esas escuelas, pero esos datos básicos no están disponibles, o no son de fácil acceso. El problema es delicado, pues se trata del principal recurso institucional para la atención de las labores de enseñanza y aprendizaje de los distintos programas educativos que ofrecen las UBBJG. La sistemática contratación temporal del personal académico es contradictoria con un enfoque de derechos, condiciones dignas y estabilidad laboral de los trabajadores de esas universidades. Lo que tenemos, por el contrario, es una política de precariedad laboral instalada en el centro mismo del principal y prácticamente único proyecto del gobierno lopezobradorista para la educación superior. Tratar a los profesores como eventuales, o como una suerte de personal académico de confianza, apelando a sus compromisos éticos o morales con el papel de las UBBJG en la cuarta transformación nacional, revela no sólo un arraigado prejuicio contra los derechos laborales de sus trabajadores, sino también cierta concepción del trabajo docente como una labor moral y comunitaria que refleja los valores y principios de la 4TN, y no como una profesión académica apreciada y remunerada adecuadamente. Esa política de precarización del trabajo docente es justificada como parte de los principios de austeridad proclamados por el oficialismo en turno. Ello explica el desinterés gubernamental por fortalecer académica e institucionalmente a las UBBJG a través de la constitución de una planta académica estable y comprometida con los propios objetivos de esas universidades. Bajo los vientos retóricos de la cuarta transformación, la precarización constituye una clara señal de retroceso en el enfoque de derechos laborales de los trabajadores educativos, esa señal que en los años setenta se constituyó como la bandera de lucha del sindicalismo universitario mexicano, con la cual varios de los impulsores de las UBBJG forjaron sus propias trayectorias políticas. Hoy, precarización y austeridad dominan el enfoque gubernamental sobre la naturaleza institucional de las Universidades del Bienestar. Y no deja de ser paradójico que los enunciados del bienestar social que atraviesan toda la narrativa del transformacionismo coexistan con prácticas que lesionan o afectan los derechos de los trabajadores de las universidades que representan fielmente las creencias e intereses del gobierno para el campo de la educación superior pública del país.