Ciencia y autonomía en la era del nacional-populismo

Estación de paso Ciencia y autonomía en la era del nacional-populismo Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 18/02/2021) https://suplementocampus.com/ciencia-y-autonomia-en-la-era-del-nacional-populismo/ Como se sabe, la Cuarta Transformación Nacional (4TN) impulsada por el gobierno lopezobradorista ha significado, entre otras cosas, la exhibición sin pudor y sin piedad de la imaginería presidencial en torno a casi cualquier cosa. Se trata de una retórica acompañada todos los días por el impulso político a cambios, ajustes y reformas en muchos campos de la acción gubernamental. Uno de ellos es el de la ciencia y la tecnología, donde desde el 2019 se anunció la promoción y promulgación de una nueva ley en la materia que sustituya a la vigente desde el año 2002. Luego de un largo proceso de consultas celebradas entre 2019 y 2020 a través de la realización de “277 foros de análisis” dónde participaron “35 968 miembros de las comunidades científicas del país”, finalmente fue presentado el 14 de diciembre pasado al Presidente AMLO el “Anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación” (ALGHCTI) por parte de la directora del CONACYT (https://www.conacyt.gob.mx/Comunicados-194.html) Esa iniciativa aguarda ahora por más consultas y, posteriormente, la discusión y aprobación parlamentaria para adquirir “fuerza de ley”, como suelen afirmar los abogados. ¿Qué implicaciones tiene la nueva legislación para la autonomía universitaria? Todas las leyes suelen ser buenas hipótesis del comportamiento esperado de las instituciones y de los individuos. Es decir, las normas jurídicas aspiran a modelar o modular valores, estructuras y prácticas que se consideran deseables para un país, una comunidad, una sociedad. Sin embargo, como todas las leyes, los comportamientos imaginados operan en contextos poblados por usos y costumbres, por intereses y hábitos, que terminan por producir un tipo de institucionalidad informal pero empíricamente potente. Para el caso, la autorganización, la libertad intelectual y académica de las universidades públicas, configuran una institucionalidad compleja, donde la curiosidad y la discusión difícilmente se someten a intereses externos. Desde este punto de vista, el contenido del anteproyecto es una mezcla de intenciones y disposiciones que descansan en ciertas representaciones de lo que el actual ejecutivo federal tiene sobre la ciencia y la tecnología. La idea central en la que se basa el diagnóstico del sector es que sus principales problemas tienen que ver con la aplicación de un modelo “neoliberal” de la ciencia que alejó a ese sector de las necesidades e intereses populares. Desde la óptica del oficialismo, fue un proceso de privatización desplegado a través de privilegios, fideicomisos y transferencias al sector privado, que benefició a pocos y excluyó a muchos. Bajo esta idea genérica, lo que plantea el nuevo proyecto es “una ciencia del pueblo y para el pueblo”, como lo afirmó la Directora del CONACYT ante el Presidente en la presentación su informe 2020 y del anteproyecto de ley. Bajo la idea de una “ciencia popular” como antídoto contra la “ciencia neoliberal” se desarrolla la hechura legislativa. En la iniciativa predomina una retórica estatista, centralizadora, anclada en la concepción del nacional-populismo que se despliega en la retórica de la 4TN. “Agenda de Estado”, “Consejo de Estado”, “Consejo Nacional”, “Órganos internos técnicos y articuladores”, “Comité interinstitucional”, constituyen la columna vertebral del gobierno de las “políticas de estado” en el sector. Son instancias, mecanismos, instrumentos para construir la “ciencia popular”, el “derecho humano a la ciencia”, la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales a través de la construcción de “una ciencia mexicana”. Una inequívoca sensación dejá vù se desprende de ese lenguaje, utilizado hace casi un siglo por José Vaconcelos y luego defendido vigorosamente por Vicente Lombardo Toledano en los años treinta, reclamando el compromiso de la universidad con el proyecto revolucionario durante el régimen cardenista. Como cualquier iniciativa de ley, se enuncian los postulados, objetivos y principios que deben orientar las “políticas de estado”. Y en el artículo quinto del ALGHCTI se identifican 10 de los principios orientadores de dichas políticas. Entre esos se enuncian los siguientes: “Rigor epistemólogico”, “Igualdad y no discriminación”, “Equidad epistémica”, “Diálogo de saberes”, “Producción horizontal de conocimiento”, “Trabajo colaborativo”, “Solidaridad, “Beneficio social y precaución”. A esos principios habría que agregar otros 10 que se señalan en el Programa Especial de CTI 2020-2024. En total, se identifican entre la bruma retórica gubernamental veinte principios orientadores de políticas que conducen hacia ningún lado, o a todos, según quiera verse. Son muchos principios que pueden llevar a la tierra de Humpty Dumpty: significan lo que cada uno quiera que signifiquen. El “principismo” es el problema. Son dos decenas de principios ambiguos, contradictorios, confusos. No es el único problema, pero juegan su papel político, simbólico y práctico. Invocarlos con tono y timbre grandilocuentes compromete a todo y a nada. Y revive la vieja cuestión de intérpretes y legisladores en la hechura de las relaciones de poder: formular tantos principios como intereses en juego, para que todos se sientan incluidos, y que luego que cada quien los interprete como quiera o pueda. ¿Cómo se contempla la autonomía universitaria en el marco de la iniciativa?. En rigor su papel es marginal. Ni en las instancias de gobierno del “sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación” ni en los contenidos de la “Agenda de Estado” se prevee la participación significativa de las universidades públicas, como si estas no fueran parte del Estado. En un contexto donde 8 de las 10 instituciones de educación superior que aglutinan la mayor cantidad de científicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores son universidades públicas estatales y federales, la nueva Ley que se perfila hacia el sector anuncia presiones adicionales para disminuir los grados de autonomía y libertad de las universidades a través de menores financiamientos federales y mayores presiones ligadas a los intereses gubernamentales.

La conjura de los necios

Estación de paso La conjura de los necios Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 04/02/2021) https://suplementocampus.com/la-conjura-de-los-necios/ Ignatius J. Reilly, el personaje central de la clásica novela de John Kennedy Toole, La conjura de los necios (1980), es un individuo solitario amargado por sus circunstancias vitales. Pero es también un observador agudo, de un sentido del humor refinado, irónico, capaz de registrar los dilemas, los absurdos y las contradicciones de la vida en común. Atrapado entre las rutinas, la decepción y la incertidumbre, Reilly es un hombre gobernado por deseos que no corresponden a la realidad. Junto con un par de amigos, decide tomar cartas en el asunto y emprende una cruzada contra la realidad. Es, en términos clásicos, un hombre necio. Tal vez la historia y personaje sean adecuados para la representación de los comportamientos que la pandemia a traído consigo en pleno siglo XXI. A un año de su inicio, la experiencia acumulada muestra imágenes contrastantes. Gobiernos nacionales que han gestionado mejor que otros los efectos críticos de la enfermedad parecen ofrecer evidencias sólidas de que las relaciones entre gobiernos y ciudadanos son la variable fundamental que explica porqué países como Corea, Japón, Uruguay o Israel han manejado mejor la crisis que países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil o México. La cuestión clave es la capacidad de los gobiernos para combinar políticas coherentes de salud pública basadas en evidencias con comportamientos sociales cooperativos, basados en la autocontención, la prudencia y la razón. Vacunas, distancialmento social, cubrebocas, higiene extrema en sitios públicos y privados, forman parte de las medidas que la evidencia científica proporciona como únicos mecanismos colectivos de defensa frente a un virus cuyo origen y dispersión aún aguarda por explicaciones sólidas proporcionadas por investigaciones que realizan febrilmente hospitales, laboratorios y universidades. Por su parte, el temor al riesgo, a las consecuencias indeseadas de la acción individual, asociadas a prácticas heterogéneas de obediencia y disciplina, forman parte de los comportamientos sociales esperados para combatir los efectos y las causas de la propagación de la enfermedad. Sin embargo, las relaciones entre gobiernos y ciudadanos operan en contextos simbólicos y materiales muy diferentes. Los reclamos que algunas celebridades y grupos de ciudadanos expresan en tono de escándalo negando la enfermedad o invocando alucinantes conspiraciones gubernamentales, se combinan con la defensa a ultranza de las libertades individuales, con el derecho a que cada quien decida tomar (o no) el riesgo de hacer su voluntad, independientemente de las consecuencias a terceros. Los límites de las políticas anticrisis se han empalmado con los reclamos de grupos, empresas o individuos relacionados con la defensa de sus intereses económicos (restauranteros, comerciantes), de sus creencias religiosas (católicos y judíos ortodoxos), o del ejercicio de prácticas hedonistas (jóvenes organizando fiestas clandestinas), asuntos que tienen que ver con el consumo, la socialización y el ingreso de miles/millones de ciudadanos. Por su parte, los gobiernos enfrentan como pueden la gestión de la crisis apoyando muchas veces sus políticas de contención en las evidencias que ofrecen médicos y científicos. Los críticos y los escépticos, sin embargo, cuestionan la calidad de las evidencias o la incapacidad de los gobiernos para traducir esas evidencias y saberes en acción pública legítima y eficaz, capaz de disminuir consistentemente contagios, muertes, saturación de hospitales. Esa disputa entre políticos y científicos se combina con comportamientos sociales cotidianos de confusión y conductas de desobediencia civil que se explican por la coexistencia entre la lógica del cálculo económico, la lógica del temor al contagio, y la lógica de la fe pura y dura. De un lado, funcionarios y medios que regañan a ciudadanos reacios a acatar las reglas anticontagio; del otro, la formación espontánea de movimientos sociales que cuestionan las políticas gubernamentales. Son las postales que representan el espectáculo de la temporada. ¿Cómo interpretar estas tensiones entre científicos y politicos, entre funcionarios y ciudadanos?El filósofo británico Julian Baggini publicó recientemente en la revista británica Prospect un comentario interesante respecto a la confusión entre evidencias y experiencias frente a la crisis. Su argumento es que muchos de los escépticos exigen pruebas sólidas de que las medidas tomadas para combatir la pandemia tienen efectos prácticos, comprobables empíricamente, observados por ellos mismos. Baggini señala que en realidad esa es la versión moderna de una vieja discusión filosófica (y práctica) entre la lógica de la ciencia y la lógica del sentido común, reavivada a escala planetaria por la crisis del COVID-19. Gobiernos y científicos no tienen una visión 20/20 sobre la magnitud y profundidad de la crisis, pero tampoco los ciudadanos poseen conocimiento, condiciones de existencia o información suficiente para tomar decisiones cooperativas con las políticas anticrisis. Nos encontramos así frente al viejo dilema de aplicar políticas basadas en principios universales y evidencias científicas que tienen efectos limitados entre la población, y ciudadanos que desean pruebas de efectividad universal a partir de su propias experiencias individuales. “Es un error filosófico” afirma Baggini, “un error que muchos cometen al exigir un nivel de prueba que la evidencia del mundo real no puede proporcionar”. Esa relación entre activismo gubernamental y escepticismo cívico tiene un componente de necedad similar al que impulsaba a Ignatius Reilley a la búsqueda obsesiva de un orden coherente con sus creencias, a pesar de las múltiples evidencias en su contra. Gobiernos ineficaces y ciudadanos reacios a acatar disposiciones públicas forman parte de las expresiones contemporáneas de la conjura de los necios que se desarrolla entre las aguas heladas y lodosas de estos tiempos extraños.