Quo Vadis? Reconfiguración de la educación superior privada

Diario de incertidumbres Quo Vadis? La reconfiguración de la educación superior privada Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 30/03/2023) https://suplementocampus.com/quo-vadis-la-reconfiguracion-de-la-educacion-superior-privada/ El proceso de expansión, diversificación y desconcentración territorial de la educación superior mexicana contemporánea tiene una de sus fuerzas motrices en el crecimiento del sector privado. Este proceso se explica por la compleja relación entre una lógica jurídica orientada a reconocer y regular la multiplicación de las ofertas privadas, y una lógica práctica de competencia por el mercado derivada de diversas estrategias institucionales establecidas por las casi 3 mil instituciones de educación superior particulares que hoy existen en el país. El resultado global es la estructuración de un sector que representa las extrañas combinaciones mexicanas entre la ley y el orden, entre las regulaciones teóricas y los comportamientos prácticos. Ya se sabe que, desde la óptica jurídica, la ley es la representación normativa del orden deseado, pero, desde la óptica sociológica, el orden nunca es la expresión empírica de la ley. La traducción de normas y regulaciones en prácticas y comportamientos sociales o institucionales siempre es un asunto complicado, y en el caso de la educación superior, un territorio de ambiguedades, tensiones y contradicciones. Algunos datos ayudan a comprender el tamaño de esos rasgos y explorar algunas de sus principales tendencias. Entre 1980 y 2021 se fundaron casi 2,600 establecimientos de educación superior en México, es decir, en promedio, 63 cada año durante cuatro décadas. De ese total, 593 fueron públicos (14 por año) y 1,995 privados (49 por año). El resultado es que, en términos de instituciones, 7 de cada 10 establecimientos son privados. Esta es la expresión institucionalizada de la privatización de la educación terciaria mexicana. Sin embargo, la composición de ese sector privado es interesante. En términos de matrícula en programas de licenciatura, y utilizando un criterio de clasificación convencional, el 79% de las IES particulares son pequeñas (menos de 500 estudiantes), 15% medianas (entre 500 y 2000), 4% grandes (entre 2000 y 8000), y sólo el 2% muy grandes (8,000 o más). Pero la matrícula de educación superior del sistema se concentra mayoritariamente en el sector público. Hoy, el 65% de la matrícula total lo absorben las ofertas públicas (universidades públicas autónomas federales y estatales, Tenológico Nacional de México, Escuelas Normales), y el 35% corresponde a las ofertas privadas. Esto significa que, en términos de instituciones, el sistema es mayoritariamiente privado, pero en términos de matrícula, el sistema es predominantemente público. Ahora bien, ¿dónde se concentran los programas y matrículas que ofrecen las IES privadas? Destaca abrumadoramente el área de ciencias sociales y administrativas (56%), donde estudian alguna carrera más de 837 mil estudiantes del sector. ¿Quién atiende a esos estudiantes? Un profesorado compuesto en un 85% bajo la figura de docentes contratados por horas. ¿Qué dice la lógica jurídica? Que cualquier institución superior privada debe ser autorizada mediante la expedición de un registro de validez oficial de estudios (RVOE), un ordenamiento cuyos antecedentes se remontan a los años treinta del siglo pasado, pero que experimentó diversos ajustes entre 1970 y el año 2000, y que se mantiene aún como el único instrumento regulatorio público que existe sobre el sector. Bajo las reglas del RVOE, el juego de la expansión privada se conduce bajo requerimientos mínimos, y sus jugadores establecen diversas estrategias de gestión para obtener y renovar el registro ante las autoridades educativas federales o estatales, las universidades públicas autónomas, o a través de organizaciones representativas como la FIMPES. Desde sus orígenes, el RVOE es un instrumento sin políticas, un requerimiento normativo que fija requisitos de acceso pero que no implica mayores regulaciones para el desempeño y la gobernanza del sector privado. Aunque la Ley General para la Educación Superior aprobada en 2021 establece como uno de sus objetos “regular la participación de los sectores públicos, social y privado de la educación superior”, y se dedica todo un título, 4 capítulos y 9 artículos dedicados a los “particulares que imparten educación superior”, no se establecen disposiciones específicas de gobernanza para ese sector. ¿Qué indica el comportamiento práctico? Las heterogeneidad de las IES privadas corresponde a sus condiciones de desempeño a nivel nacional, estatal y local, pero también a sus historias y estrategias de supervivencia, crecimiento y diversificación de programas y servicios. Las universidades muy grandes son altamente selectivas en costos y acceso, y establecen mecanismos corporativos para asegurar “el poder del privilegio” para las elites económicas y políticas del país. En otros casos, empresas nacionales e internacionales han configurado alianzas y redes que suman IES privadas ya existentes de tamaño medio. Los establecimientos privados de baja escala y costo concentran su atención en mercados locales metropolitanos y no metropolitanos. Domina abrumadoramente la práctica docente y no la investigación. Se concentran en atraer estudiantes que no les interesa o no pueden acceder a las ofertas públicas. Cuentan con un profesorado que corresponde a la figura de “profesor-taxi”, que imparte clases en diversas IES públicas o privadas de una localidad. Y desde hace algunos años, se ha desarrolllado plataformas virtuales que promueven ofertas privadas dirigidas a poblaciones estudiantiles heterogéneas, que operan como empresas de servicios educativos de nivel técnico, licenciatura y posgrado. La pandemia del COVID-19 significó un impulso potente a esas modalidades digitales, que ya comienzan a operar a través de dispositivos de inteligencia artificial. En este panorama, la educación superior privada apunta hacia un nuevo ciclo de expansión y consolidación gobernado por el mercado y no por el estado. Nada nuevo bajo el sol mexicano, pero ahora con la acumulación de regulaciones débiles con efectos difusos, y recrudecimiento de comportamientos competitivos en distintas escalas y con diversos actores. ¿A dónde va? En realidad, no se sabe con precisión. Pero se dibuja un escenario de incremento de instituciones y matrículas particulares que parece cerrar el ciclo de mercadización y privatización que comenzó hace más de cuatro décadas, para dirigirse hacia la absorción de nuevas poblaciones a través de la combinación de programas elásticos, virtuales y presenciales, con uso intensivo de tecnologías, y mediante la silenciosa reconfiguración de las redes corporativas.

Reforma universitaria: el espejo español

Diario de incertidumbres Reforma universitaria: el espejo español Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 16703/2023) https://suplementocampus.com/reforma-universitaria-el-espejo-espanol/ A lo largo del siglo XXI, las universidades han experimentado los efectos de un cambio profundo de sus entornos sociales, económicos y políticos. Esos efectos se expresan en distintas esferas, escalas e intensidades. Las funciones de docencia, investigación, vinculación, gestión y gobierno institucional configuran un entramado extraordinariamente complejo de tensiones que se desarrollan en contextos de autonomías sujetas permanentemente a ciclos de crisis económicas, acumulación de desconfianzas gubernamentales, múltiples restricciones financieras, y permanentes incertidumbres políticas. Profesores, investigadores, estudiantes y funcionarios gestionan esas tensiones de manera rutinaria, mediante diversas estrategias y con diferentes resultados. Los modos en que las universidades se han adaptado a estos entornos dependen de sus historias y contextos locales y nacionales. La “era de la resiliencia” (como le ha llamado el sociólogo Jeremy Rifkin) parece ser adecuada para describir lo que ocurre en las universidades públicas en prácticamente todo el mundo. No obstante, los gobiernos nacionales juegan un papel determinante en la manera en que las universidades gestionan las crisis y enfrentan sus cambios y desafíos académicos, organizacionales o políticos. La experiencia mexicana reciente se condensa en los propósitos, contenidos y alcances de la Ley General de Educación Superior (LGES) aprobada en abril de 2021, cuyo proceso de implementación navega entre incertidumbres financieras, vacíos organizativos y restricciones políticas. Pero hay otras experiencias similares en el mundo, y una de las más recientes es el caso de España, donde la semana pasada se aprobó por mayoría parlamentaria (182 votos a favor contra 157 en contra y 8 abstenciones), la nueva “Ley Orgánica del Sistema Universitario” (LOSU). Este ordenamiento es un triunfo político de la coalición PSOE/Unidas Podemos, resultado de un prolongado proceso de discusión, debate y análisis iniciado en 2018, cuando fue electo el gobierno del socialista Pedro Sánchez. El principal impulsor de la reforma fue Manuel Castells, quien fungió como Ministro de Universidades durante dos años (2020 y 2021), y que continuó Joan Subirats en ese mismo cargo desde 2022. Apoyada por la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE), y por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU, un espacio compuesto por el Ministerio y las Comunidades Autónomas españolas), la nueva ley parece cubrir la legitimidad indispensable para su instrumentación. Esa historia política de la reforma universitaria tiene su encanto, pero lo que cabe destacar ahora es su contenido y alcances. En primer lugar hay que subrayar que es la tercera reforma universitaria ocurrida en democracia. La primera ocurrió en 1983 (“Ley de reforma universitaria”, LRU) impulsada por el PSOE durante el gobierno de Felipe González, una reforma que sustituyó a la “Ley de Ordenación de la Universidad Española” de 1943, elaborada durante la larga dictadura franquista. La LRU fue vigente hasta 2001, cuando se aprobó un nuevo ordenamiento jurídico (la “Ley Orgánica Universitaria”), bajo el gobierno del PP encabezado José María Aznar, vigente hasta 2023. La nueva LOSU sustituye justamente a este ordenamiento. En segundo lugar, hay que revisar los objetivos, alcances y contenidos de la LOSU. Los objetivos son tres: “mejorar la calidad de la universidad, incorporar mecanismos para acabar con la precarización del personal, y elevar el financiamiento del sistema universitario al 1% del PIB” (La Vanguardia, 09/03/2023). Los medios para alcanzar tales objetivos son básicamente cinco: otorgar más becas estudiantiles y limitar el precio de grados y maestrías; elevar presupuestos públicos del gobierno nacional y las comunidades autónomas; democratizar la gobernanza universitaria; garantizar la estabilidad de la carrera académica; reconocer la oferta académica de formaciones cortas (“microcredenciales”). La nueva legislación implica varios desafíos importantes. Pasar de 0.7% actual al 1% del PIB en el 2030 supone destinar miles de millones de euros más a las universidades, un esfuerzo de financiamiento público donde confluyen tanto el gobierno nacional como las comunidades autónomas. El reconocimiento de microcredenciales para competencias profesionales y experiencia laboral implica el ensanchamiento y flexibilidad de programas y titulaciones universitarias para atender, entre otros, a jubilados y poblaciones estudiantiles no tradicionales. También se requiere el fortalecimiento de las agencias de evaluación de la calidad que ya funcionan en las comunidades autónomas. En términos del profesorado, se establecen programas para resolver la precariedad laboral de los profesores auxiliares y del personal administrativo, lo que abre la puerta a nuevas plazas para jóvenes investigadores, profesores y administrativos. En términos de la democratización de la gobernanza y la gestión institucional, se establece la extensión de 4 a 6 años de duración de los períodos rectorales, de carácter “improrrogable y no renovables”. Además, se fijan como requisitos para ser rector tres elementos ineludibles: demostrar 3 sexenios dedicados a la investigación, 3 quinquenios como docentes, y 4 años de experiencia de gestión universitaria en cargos unipersonales. Asimismo, se plantea que la elección del rector sea por sufragio universal pero ponderado de las comunidades universitarias, algo que, sin embargo, ya ocurre desde hace años en muchas universidades españolas. La LOSU aprobada contiene elementos interesantes bajo el contexto de las universidades españolas y europeas. La visión sistémica coexiste con la autonomía de las universidades y sus comunidades, donde decisiones de carácter político como lo es la elección de un rector con un perfil predominantemente académico, se convierte en una regla relevante para la gestión universitaria, algo que, por ejemplo, contrasta con lo que ocurre con no pocas universidades públicas mexicanas y latinoamericanas. Pero la idea de la gobernanza democrática universitaria no se agota con las formas de participación en la elección del rector. Tiene que ver con el método y el fondo del proceso de toma de decisiones, con la representación ponderada de estudiantes, profesores, egresados, trabajadores y funcionarios, y con el desempeño académico de las universidades. Esto es algo que contrasta fuertemente con las voces que, desde el punto de vista de intereses político-partidistas, pugnan desde hace tiempo por cambiar las formas de gobierno de las universidades públicas mexicanas. La reforma universitaria española puede ser un buen marco comparativo, un espejo, de lo que ocurre con las universidades públicas mexicanas.

Evaluar y gobernar

Diario de incertidumbres Evaluar y gobernar Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 2/03/2023) https://suplementocampus.com/evaluar-y-gobernar/ A lo largo del siglo XXI, dos procesos estructurales han dominado el comportamiento institucional de la educación superior mexicana. De un lado, el proceso, o procesos, de evaluación de las universidades públicas. Del otro, los cambios en las formas y estilos de gobierno de dichas instituciones. Ambos procesos han contribuido a la comprensión de las transformaciones en los comportamientos políticos y organizacionales universitarios de las últimas tres décadas. Nuevos actores, arreglos y políticas re-configuraron durante este período un régimen autonómico que obedece (entre contradicciones, tensiones y conflictos) tanto a la lógica de la evaluación como a la lógica de la gobernanza institucional. La irrupción de ambos procesos cambiaron las reglas del juego institucional. Incentivos como el dinero y el prestigio modificaron con diversa intensidad y magnitud las percepciones y expectativas de las comunidades universitarias y de sus autoridades respecto a los desempeños individuales, grupales y colectivos. La evaluación, que primero fue vista como una amenaza o franca violación a la autonomía universitaria durante los primeros años noventa del siglo pasado, se convirtió con el paso del tiempo en un nuevo repertorio de rutinas, usos y costumbres entre funcionarios y académicos universitarios. Las exigencias gubernamentles de mayor eficiencia, coordinación y cooperación en las decisiones institucionales mezclaron el tradicional co-gobierno universitario al gerencialismo en la conducción de los asuntos universitarios. La música de fondo de estas transformaciones fue dominada por las tonalidades de la “Nueva Gestión Pública”, la búsqueda cuasi-obsesiva de la calidad, la aplicación pragmática de la teoría de los incentivos, y la competencia regular por recursos financieros extraordinarios. Estas experiencias y procesos de evaluación y gobernanza de la educación superior son los temas de un par de libros recientemente públicados (2022), por ANUIES, en su colección “Temas de Hoy”. Uno es Evaluación institucional de la educación superior.Definciones, modelos y experiencias, cuyos autores son Mario Rueda y Angélica Buendía. El otro es El gobierno de la universidad desde la perspectiva de la Teoría de la Agencia, de la autoría de Mario Alarcón. Ambos textos ofrecen una mirada pertinente no solo a las teorías y enfoques sobre los temas señalados, sino también un examen empírico de algunos de sus efectos institucionales. En el caso del texto de Rueda y Buendía -dos reconocidos estudiosos de la educación superior mexicana-, el foco de interés es revisar los modelos y políticas de evaluación de la educación terciaria aplicados a lo largo de las últimas tres décadas, vinculados fuertemente a la acreditación y aseguramiento de la calidad académica de las universidades públicas. Dirigido a lectores interesados en la investigación sobre el tema, pero también a los actores institucionales de los procesos de planeación y evaluación universitaria, el libro ofrece un panorama amplio y actualizado sobre los dilemas y tensiones de las teorías y experiencias evaluativas, especialmente en el caso de las universidades públicas autónomas. Esta revisión incluye la discusión sobre los distintos significados de la evaluación y de la calidad, algunos de sus distintas dimensiones y alcances, sus usos para la proliferación de los rankings internacionales sobre las universidades, la descripción de los actores y agencias relacionados con los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad tanto al nivel del pregrado como del posgrado. El texto reconstruye la historia de un lenguaje que llegó con la idea de la modernización de la educación superior, un lenguaje que marcó nuevas narrativas sobre viejos problemas de la educación terciaria mexicana. Desde esta perspectiva, y parafraseando a von Clausewitz, la evaluación se convirtió en la continuación de la política por otros medios. En el caso del libro de Alarcón -un joven académico chileno estudioso del gobierno de organizaciones complejas como la universidad-, el interés se centra en examinar los procesos de gobernanza desde la perspectiva de la teoría de la agencia, una aproximación que coloca el foco en las relaciones de dependencia entre el “agente” (directivos, funcionarios universitarios) y el “principal” (organos colegiados, grupos y comunidades frente a los cuales los directivos gestionan asuntos de interés colectivo para la organización). Desde este perspectiva, se examina la coexistencia entre las tradicionales formas colegiadas del gobierno universitario y los modos gerenciales que arribaron con las políticas de modernización de la educación superior en América Latina desde los años noventa. Una suerte de neo-contractualismo entre las universidades y sus entornos modificó los viejos arreglos institucionales entre las universidades y el Estado basado en el modelo de patrocinio beningno y negligente, para dar lugar a un condicionamiento financiero basado en la evaluación de resultados. Pero también se modificaron los arreglos internos de la distribución de la autoridad y el poder en las universidades públicas. Esa historia reciente del gobierno universitario está en el centro explicativo del libro de Alarcón, una historia realizada desde la lente conceptual de las relaciones agente-principal. Ambos textos ayudan explicar las articulaciones entre la evaluación y el gobierno universitario. Bajo un nuevo marco de regulaciones normativas y restricciones fácticas, la evaluación se constituyó como un elemento central en la conducción de los procesos académicos y administrativos de la vida universitaria. Aunque sus resultados fueron heterogéneos y no poca veces difusos y contradictorios, los límites de la autonomía universitaria fueron reconfigurados tanto por los procesos de evaluación como de la nueva gobernanza institucional. Hoy, bajo la sombra de un entorno internacional, político y de políticas diferente, las reglas del juego parecen desvanecerse sin un horizonte claro de nuevos arreglos institucionales. En el caso mexicano, a pesar de la expedición de una nueva Ley General de Educación Superior, los viejos fantasmas de la ingobernabilidad se combinan con la burocratización o irrelevancia de la evaluación en la hechura de las políticas públicas, mientras nuevos desafíos políticos, organizativos y académicos se acumulan rápidamente dentro y fuera de los campus universitarios. Aunque la evaluación se mantiene como una práctica burocrática, su sentido como herramienta de gobernanza institucional parece desvanecerse entre nuevas incertidumbres políticas, crónicas restricciones financieras, y endurecimiento de añejas desconfianzas de las élites gubernamentales nacionales y subnacionales.