Morenismo universitario

Estación de paso
Moralidad, pequeñas reformas y escuelas universitarias
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 18/05/2017)
http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=6791:moralidad-pequenas-reformas-y-escuelas-universitarias&Itemid=349

El pasado 6 de mayo, según nota publicada en el periódico virtual “Sucedió en Oaxaca”, la coordinadora nacional del “Programa de escuelas universitarias” del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Raquel Sosa (que también es investigadora de la UNAM), inauguró en el municipio oaxaqueño de Zaachila “seis nuevas universidades financiadas por MORENA”. Estas escuelas (en realidad, no son universidades, pues se concentran exclusivamente en la docencia técnica y profesional), se suman a otras nueve ya existentes en otras regiones del país. (http://sucedioenoaxaca.com/2017/05/06/inauguran-en-zaachila-6-universidades-financiadas-por-morena/)
La nota firmada por Elisa Ruiz actualiza la situación del proyecto de escuelas financiadas por los servidores públicos afiliados a ese partido, un ambicioso proyecto anunciado por la propia Dra. Sosa en febrero de 2016. Hoy, según el discurso pronunciado en Zaachila durante el acto inaugural de 6 escuelas universitarias en los municipios oaxaqueños de Huahutla de Jiménez, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Ciudad Ixtepec, Jalapa del Marqués, Jalapa de Díez, y en el mismo Zaachila, MORENA sostiene cinco escuelas en otras tantas delegaciones de la Ciudad de México (Tláhuac, Cuauhtémoc, Tlalpan, Azcapotzalco y Xochimilco), y otras 4 en entidades como Tabasco (Comacalco), Campeche (Calkini), Yucatán (Valladolid), y el Estado de México (Texcoco).
El perfil de estas escuelas está orientado hacia la “interculturalidad y sustentabilidad de las carreras que ofrecen”. Y las carreras mismas son variadas: ingeniería, derecho, “medicina integral y salud comunitaria”, contabilidad y administración pública, y educación normalista, para el caso de las escuelas situadas en la CDMX. Para el caso de comunidades no urbanas de Oaxaca, Tabasco, Campeche o Yucatán, hay una “escuela superior”, una de “agricultura y agronomía”, y otra “normal intercultural bilingüe”.
La oferta del morenismo se basa en las propuestas generales que Andrés Manuel López Obrador ha planteado desde finales del 2015, y forman parte de sus estrategias de penetración y organización en el campo educativo. Ya sabemos que anunció recientemente que, de triunfar en las elecciones presidenciales del año próximo, desmontará la reforma educativa del actual gobierno. Y en educación superior plantea que su modelo descansará en la experiencia de las 15 escuelas que desde el año pasado comenzó a inaugurar en distintas localidades del país.
Hasta donde es conocido, se trata de una oferta privada de pequeñas escuelas técnicas y profesionales, que no tienen costo para sus estudiantes ni tampoco restricciones en el acceso. Un grupo de funcionarios locales afines al morenismo donan parte de sus salarios como servidores públicos para financiar el sostenimiento de esas escuelas, que según ha dicho la coordinadora del programa, ya cuentan, en su mayoría, con el RVOE. En cambio, no se sabe muy bien cómo funciona la organización de las escuelas, cual es su estatuto jurídico, su infraestructura y condiciones físicas, quienes son sus directivos, profesores y estudiantes, como se relacionan con las autoridades educativas locales o federales, ni cuáles son los criterios con los cuales se decide la oferta de carreras que ofrecen. Tampoco la Dra. Sosa ni el líder de su partido (López Obrador) han explicado públicamente que posición tienen frente al que fue su proyecto educativo más ambicioso en la educación superior cuando era Jefe de Gobierno en el D.F. (la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM), que desde hace tiempo padece de problemas financieros y de abandono político por parte del lopezobradorismo.
De hecho, en su más reciente libro 2018. La salida (Planeta, 2017), AMLO no menciona ni una sola vez ni la experiencia de la UACM ni el proyecto de las escuelas universitarias que desde el año pasado comenzó a fundar su partido. Se entiende que, siendo un texto de promoción política, el tono general del libro sea un llamado a votar por AMLO promovido por el propio AMLO y, como tal, el lenguaje del líder expriista y experredista se centra en la dramatización política y en la simplificación de diagnósticos, argumentos y propuestas en prácticamente todos los temas de la agenda pública, incluido el de la educación superior.
Para su autor, el principal problema que enfrenta la educación superior es “el abandono de los jóvenes”. Sin dar datos ni cifras específicas, AMLO propone que “por humanismo, justicia y seguridad, es urgente incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio” (p.230). ¿Su propuesta?: el programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Citando la experiencia del presidente Roosevelt durante la Gran Depresión, AMLO afirma que “se iría casa por casa inscribiendo a los jóvenes, incorporándolos al trabajo y al estudio” (no dice si se les preguntará a los jóvenes su opinión, por lo que suena a una suerte de leva educativa), y toda la educación que imparta el Estado “será gratuita en todos los niveles”, incluyendo por supuesto el superior. ”No habrá rechazados, habrá cien por ciento de inscripción y se suspenderán las exámenes de admisión que no sirven para evaluar los conocimientos y capacidades sino para excluir de los centros universitarios a la gran mayoría de los aspirantes, normalizar la insuficiente inversión pública y justificar así la privatización de la enseñanza superior” (p. 231).
Como se sabe, la retórica lopezobradorista no suele detenerse en los detalles, sino que se concentra en la denuncia y el ofrecimiento de un nuevo proyecto político y social. Sin embargo, la omisión de la experiencia de la UACM y la puesta en marcha de las 15 escuelas universitarias patrocinadas por MORENA, aguardan una explicación puntual sobre lo que esta fuerza política y su caudillo y líder están pensando sobre una política nacional de educación superior que sea distinta a la que hemos observado en los últimos cinco sexenios.

Gobernar la educación superior

Estación de paso

El gobierno de la educación superior como problema y desafío

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 04/05/2017)

Buena parte de los problemas y desafíos de la educación superior mexicana de hoy y del futuro dependen significativamente de las decisiones de gobierno del sistema en su conjunto. Temas como cobertura, calidad, vinculación, innovación o financiamiento son objetos de acción pública que requieren ser “traducidos” como problemas de decisiones públicas y de gobierno, que concentran la atención e interés no solamente del Estado, sino también de actores públicos no gubernamentales como lo son, de manera especialmente relevante, las universidades públicas federales y estatales. El supuesto de esta idea es que el tratamiento de los problemas de la educación superior no descansan exclusivamente en los esfuerzos de las instituciones aisladas, sino que dependen de un marco público coherente y claro para el diseño, instrumentación y valoración de decisiones sistémicas.

¿Porqué? ¿Cuáles son las implicaciones de esta afirmación para un conjunto amplio, relativamente diversificado y definitivamente heterogéneo en su composición, capacidades, orientaciones e intereses? La razón principal es que hasta ahora, no existe un sistema nacional de educación superior. Lo que hay es, por el contrario, un conglomerado débilmente articulado de instituciones que ofrecen sus servicios en condiciones diversas y desiguales. La acción pública se ha concentrado en los programas y políticas del gobierno federal, y se ha dejado a las IES públicas y privadas la configuración de sus ofertas y espacios educativos a las demandas del mercado, a los incentivos e imperativos ciegos de los programas burocráticos de acreditación de calidad, o al cumplimiento de exigencias de evaluación y financiamiento diferencial y condicionado que se han instalado permanentemente en el comportamiento institucional universitario.

Este no-sistema es el efecto de lo que podría denominarse como un “déficit de integración sistémica”. En el caso mexicano, es un déficit ligado estrechamente a lo que se define como “fallas de gobierno”, producidas por el tipo de intervenciones que las agencias gubernamentales estimulan al tratar de inducir comportamientos institucionales que carecen de una articulación sistémica y una visión estratégica de largo plazo de los fenómenos educativos.

El principal problema de esta “ausencia” o “falla” de gobierno sobre el comportamiento sistémico de la educación superior tiene que ver con atender más con problemas reales o simbólicos de (in) gobernabilidad política, que en centrar la atención en los problemas de gobernanza sistémica. Los primeros obedecen a lógicas de legitimidad, eficiencia o estabilidad institucional, mientras que los problemas de gobernanza tienen que ver con la coordinación sistémica, la gestión de la eficacia institucional y la valoración cualitativa del desempeño del sistema. Esta distinción puede ayudar a comprender de mejor manera los déficits de gobierno y de integración de la educación superior mexicana.

¿Un sistema ingobernable?
Algunas de las principales transformaciones que se han presentado en México en los últimos años, pueden resumirse en tres grandes aspectos: a) el sostenido crecimiento que ha experimentado el sistema en su conjunto; b) la relativa diversificación de la oferta y programas de educación superior; y c) el crecimiento de instituciones, matrícula y modalidades de estudio que ofrece el sector privado. Esto ha permitido que la matrícula total del sistema, haya crecido de 1.9 millones de estudiantes en el año 2000 a poco más de 4 millones en el 2015. Asimismo, esa expansión explica que la tasa bruta de cobertura del sistema haya pasado del 21.3% en el año 2000 al 33.5% en el 2015. Estos datos se corresponden con un crecimiento importante del número de instituciones de educación superior, que pasaron de ser 2,169 en el año 2000 a 3,930 en el 2015. En esas instituciones, laboran hoy casi 364 mil profesores universitarios y no universitarios, un 80% más que los que había en el año 2000.
¿Cómo se gobierna este conglomerado sometido a un proceso de expansión anárquica? En realidad, no se sabe muy bien. Lo que tenemos es el funcionamiento de múltiples instancias de coordinación que gobiernan efectivamente pocos núcleos del sistema. Desde el gobierno federal, tenemos agencias creadas desde hace más de medio siglo (como el CONACYT) que solo influyen en una parte del comportamiento de la educación superior. También encontramos desde hace casi tres décadas el funcionamiento de una agencia federal encargada formalmente de servir de instancia de coordinación para el sector con resultados inciertos, con acciones dirigidas casi exclusivamente a las instituciones públicas. En el caso de las instituciones mismas, desde hace 67 años existe un organismo que aglutina sus intereses (la ANUIES) que juega un papel importante en la gestión y planeación de algunas acciones públicas. En el caso del sector privado, tenemos también organizaciones como la FIMPES, creada para auto-representar los intereses de las IES privadas y para tratar de establecer mínimos de calidad de sus servicios.
En el ámbito jurídico, tenemos la Ley General para la Coordinación de la Educación Superior desde 1978, y el establecimiento del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), con resultados inexistentes, débiles o difusos. Estos esfuerzos muestran la dispersión de las formas de autoridad y gobierno que coexisten en la educación superior mexicana y que explican, en parte, la debilidad de la integración sistémica de este sector, y las tendencias hacia la duplicación de esfuerzos y recursos, la debilidad de efectos sociales y académicos homogéneos, y las asimetrías en las condiciones de docencia, de la producción científica o académica en términos sistémicos.
Para ello, quizá pueda pensarse la creación de un órgano encargado de promover recomendaciones y sugerencias de políticas (¿Consejo Nacional de Rectores?), pero también para hacerse cargo de las tareas de evaluación de cumplimiento de objetivos y metas, así como de la apreciación de los impactos sociales de la educación superior. Es importante colocar en el horizonte temporal resultados en términos de reducción de la desigualdad y la pobreza, a través del aseguramiento de oportunidades educativas a los jóvenes, y reconocer los avances que la educación superior tiene o puede tener en los campos tecnológicos, científicos y culturales del país.