La voluntad y la intelgencia

Estación de paso La voluntad y la inteligencia Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 17/09/2020) La conocida frase de Gramsci sobre el dilema entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad frente a situaciones de crisis, parece oportuna para comprender la magntiud, naturaleza y complejidad de los problemas educativos mexicanos contemporáneos. En un escenario económico díficil, el presupuesto de egresos de la federación para el 2021 confirma lo que muchos suponían: un virtual estancamiento de los recursos hacia el sector educativo que, luego de dos años complicados, confirma una tendencia negativa en términos relativos. Mientras la educación como proceso y como estructura atraviesa una crisis social sin precedentes expresada en tasas altas de deserción, abandonos, efectos vagos de la experiencia digital en los aprendizajes efectivos, cuyo efecto sistémico es el incremento de las brechas de desigualdad, el principal instrumento de la política pública, el presupuesto, tiende a la pulverización en decenas de subprogramas y acciones que confirman una tendencia claramente conservadora. La “Programa Sectorial de Educación 2020-2024” tiene y tendrá poca factibilidad en su implementación. Diseñado antes de la pandemia en un escenario económico y sanitario que no se apreciaba como catástrófico, el PSE nació en un contexto desfavorable, que hará poco viable muchos de sus objetivos, metas y acciones. Y por lo que se ve, se requerirá una operación de cirujía mayor para adaptar el programa a la nueva realidad educativa, y no esperar que la realidad se adapte el programa. Sin que nadie lo anticipara ni deseara, el programa nació bajo malas señales: impredecibles, inciertas, confusas, contradictorias. Es significativo que en el texto del programa no se refiera ni una sola línea a la crisis sanitaria y económica que configura el entorno educativo nacional. En educación superior, el mantenimiento de las becas a los estudiantes y la consolidación de las Universidades Benito Juárez se mantienen como prioridades federales. Los programas de estímulos a la expansión de la cobertura, el mejoramiento de la calidad, los apoyos a los fondos de jubilaciones y pensiones de las universidades públicas estatales, los recursos dedicados a la investigación básica y aplicada, son claramente insuficientes. Las señales presupuestales apuntan hacia un política educativa contracíclica en relación a la lógica expansiva y compleja de la matrícula y la instituciones, programas y proyectos relacionados con las funciones sustantivas universitarias. Una de los puntos centrales de esa señalización tiene que ver con las relaciones entre la docencia y la investigación en esas instituciones. El PSE plantea con claridad la necesidad de optimizar las plantas docentes universitarias a través del incremento de las horas dedicadas a la docencia de profesores e investigadores. De acuerdo al programa, ese incremento permitiría atender a más estudiantes con los mismos recursos, y eso sería recompensado a los profesores con su incorporación al Programa de Desarrollo Profesional de tipo superior (PRODEP). Paradójicamente, en plena era de la 4T (lo que eso signifique) la lógica de los incentivos (de origen claramente neoliberal) gobierna la acción federal. El problema es que dedicar más tiempo a la docencia significará en muchas universidades y áreas del conocimiento dedicar menos tiempo a la investigación. La consolidación de universidades profesionalizantes, centradas en la docencia, significará la interrupción, o el debilitamiento, de la tendencia hacia la transformación de universidades centradas en la investigación, que fue la lógica impulsada durante los últimos treinta años. Esa tensión entre la profesionalización y la investigación traerá de vuela al primer plano la vieja tensión entre la autonomía universitaria y la legitmidad de las políticas gubernamentales, una agenda que probablemente reaparecerá con fuerza en los campus universitarios. Esa tensión se endurecerá con las políticas de austeridad y la consolidación de la crisis económica en lo que resta del sexenio. Como ha sucedido en otras ocasiones, el pesimismo de la inteligencia se traducirá en bajas expectativas y alta incertidumbre en las instituciones públicas de educación superior. A contraparte, la voluntad del oficialismo intentará alentar el optimismo sobre el desempeño del sector bajo la narrativa transformacionista. “Hacer más con menos”, la frasecilla que anima la música de la austeridad que predomina en los campus desde hace mucho tiempo, es una tonada que, por lo que se mira desde la relación entre los presupuestos federales y las políticas sexenales de educación superior, seguirá sonando fuerte en los cubículos y aulas universitarias en los próximos años. En este escenario, las opciones de política pública tendrían que ser revisadas a la luz mortecina de la crisis de financiamiento que ya experimentan las instituciones de educación superior, y que tienen implicaciones de corto y mediano plazo para el desarrollo del sector. Sin embargo, la retórica del oficialismo, encabezada por el protagonismo mañanero del presidente, no muestra señales de cambios o ajustes en las políticas y sus prioridades. Frente a ello, las universidades públicas experimentarán, una vez más, la necesidad de ajustar y revisar sus propias prioridades tratando de mantener el equilibrio en una cuerda floja, larga y desgastada, debajo de la cual la red de protección se ha retirado de manera temporal pues ha sido enviada (dicen) al taller de reparaciones.

Rechazados cero

Estación de paso “Rechazo cero: el instrumento y la política Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 03/09/2020) El pasado 21 de agosto, la Secretaría de Educación Pública anunció el inicio del programa “Rechazo Cero”, cuyo propósito es “atender a los jóvenes que no ingresan a las instituciones de educación superior de mayor demanda”. Presentado por la Subsecretaría de Educación Superior como un instrumento federal para hacer realidad los principios de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior incluidos en la reforma del artículo tercero constitucional realizada en mayo del 2019, así como un mecanismo operativo de los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, el programa constituye una novedad interesante pero que tiene desafíos prácticos complicados. En primer lugar, nace en el contexto de la (al parecer) inminente discusión y posible aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley General de Educación Superior (LGES). Como se sabe, dicha Ley contiene como uno de sus objetivos garantizar el derecho a la educación superior de los jóvenes mediante diversos mecanismos y estrategias. El anuncio del nuevo programa, desde luego, no está condicionado por la aprobación de la LGES, pero anticipa convertirse en un instrumento asociado a la implementación de los objetivos estratégicos de la nueva normatividad. Un segundo asunto tiene que ver con el impacto efectivo de los resultados esperados. “Rechazo Cero” contempla inicialmente la participación de 299 instituciones de educación superior públicas y privadas en la apertura de 65,352 espacios relacionados con 339 carreras. Según anunció el Subsecretario de Educación Superior, en ese esfuerzo se han comprometido la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y la Alianza para la Educación (ALPES), dos organizaciones que aglutinan la representación de los intereses del sector privado. Mediante la oferta de alternativas y opciones a los jóvenes rechazados por la IES públicas de alta demanda ubicadas en diversos territorios y poblaciones del país, el programa inició para aplicarse a los jóvenes no admitidos de universidades como la UNAM, la UAEM, la UAC o la UAT, y a partir del nuevo ciclo se incorporará como una opción para los jóvenes que aspiran a ingresar a alguna carrera universitaria en varias instituciones de educación superior, aunque no se precisa todavía si en todas o solo en algunas. El problema crítico es cómo conciliar los deseos, expectativas y preferencias de los jóvenes con las oportunidades disponibles. Una primera lectura de los problemas prácticos de implementación del programa de rechazados cero es que, dado el previsible patrón de comportamiento de concentración de la demanda hacia las carreras e instituciones tradicionales, las opciones ofrecidas serán vistas como alternativas de compensación dirigidas hacia las ofertas privadas y quizá algunas públicas no universitarias. Ello significa que los rechazados podrán ser admitidos a alguna carrera de IES privadas que naturalmente cobran por sus servicios. ¿Quién pagará esas matrículas? ¿El estudiante y su familia? ¿Serán becas públicas “Benito Juárez”, o serán becas-crédito de las propias IES particulares? Una tercera complicación tiene que ver con la tensión en la organización misma del proceso. La experiencia de muchas universidades públicas es que a los rechazados de las carreras de alta demanda (Medicina, Derecho, Contaduría, Ingenierías) se les ofrecen lugares en otras carreras de baja demanda o que cuentan con espacios disponibles en la propia universidad. Lo que suele suceder es que esas opciones no son atractivas ni prácticas dadas las aspiraciones y preferencias de muchos de los jóvenes, que terminan por abandonar los estudios, aplazarlos para concursar en el siguiente ciclo, se dedican a buscar o conservar sus empleos, y sólo en algunos casos aceptan un lugar en una carrera que inicialmente no era de su agrado, pero que terminan abandonando usualmente antes del primer año. ¿“Rechazo Cero” cambiará esos comportamientos? Una dificultad adicional tiene que ver con la coordinación de las autoridades federales con las estatales y las universidades públicas y privadas de cada entidad y región. La experiencia europea de admisión a los estudios superiores enseña que una política de selección que aspire a ser efectiva requiere equilibrar la búsqueda de la calidad en el ingreso a los estudios, con la consideración de las preferencias individuales y las condiciones de equidad en el acceso. Ello supone diseñar estrategias regionales interinstitucionales que ofrezcan por lo menos tres opciones de ingreso (A,B,C) a las ofertas educativas públicas. La “nota de admisión” es el resultado de fijación de puntajes mínimos fijados por las IES y opciones atractivas para los jóvenes, elegidas desde el principio por ellos mismos y garantizadas por las agencias públicas que coordinan los procesos de admisión. No parece ser una buena estrategia ofrecer “premios de consolación” a los jóvenes rechazados con tal de cumplir con la meta de “rechazados cero”. Finalmente, una complicación más es de naturaleza inevitablemente política. ¿Cómo involucrar a las universidades e instituciones públicas en las políticas de rechazo cero sin lastimar su autonomía institucional, que les permite decidir a quiénes admite, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades, derechos y obligaciones? ¿Cómo conciliar la selección cuidadosa de programas de alta demanda con la universalización/democratización del acceso? ¿Por qué no apoyar la expansión de las ofertas públicas en las universidades tradicionales, que ha sido justamente uno de los logros en la cobertura y el acceso de muchas universidades estatales en las últimas tres décadas? Estas cuestiones remiten a uno de los problemas clásicos de las políticas públicas: el problema de la implementación. Asegurar umbrales mínimos de eficacia, legitimidad y consistencia del nuevo programa requiere de una minuciosa, árida y delicada labor de coordinación interinstitucional que requiere de acuerdos claros, recursos suficientes, evaluación sistemática y mecanismos operativos eficientes. De lo contrario, el imperio del voluntarismo y las buenas intenciones alimentará, una vez más, los efectos no deseados o perversos de las propias políticas.