Thursday, March 30, 2023

Quo Vadis? Reconfiguración de la educación superior privada

Diario de incertidumbres Quo Vadis? La reconfiguración de la educación superior privada Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 30/03/2023) https://suplementocampus.com/quo-vadis-la-reconfiguracion-de-la-educacion-superior-privada/ El proceso de expansión, diversificación y desconcentración territorial de la educación superior mexicana contemporánea tiene una de sus fuerzas motrices en el crecimiento del sector privado. Este proceso se explica por la compleja relación entre una lógica jurídica orientada a reconocer y regular la multiplicación de las ofertas privadas, y una lógica práctica de competencia por el mercado derivada de diversas estrategias institucionales establecidas por las casi 3 mil instituciones de educación superior particulares que hoy existen en el país. El resultado global es la estructuración de un sector que representa las extrañas combinaciones mexicanas entre la ley y el orden, entre las regulaciones teóricas y los comportamientos prácticos. Ya se sabe que, desde la óptica jurídica, la ley es la representación normativa del orden deseado, pero, desde la óptica sociológica, el orden nunca es la expresión empírica de la ley. La traducción de normas y regulaciones en prácticas y comportamientos sociales o institucionales siempre es un asunto complicado, y en el caso de la educación superior, un territorio de ambiguedades, tensiones y contradicciones. Algunos datos ayudan a comprender el tamaño de esos rasgos y explorar algunas de sus principales tendencias. Entre 1980 y 2021 se fundaron casi 2,600 establecimientos de educación superior en México, es decir, en promedio, 63 cada año durante cuatro décadas. De ese total, 593 fueron públicos (14 por año) y 1,995 privados (49 por año). El resultado es que, en términos de instituciones, 7 de cada 10 establecimientos son privados. Esta es la expresión institucionalizada de la privatización de la educación terciaria mexicana. Sin embargo, la composición de ese sector privado es interesante. En términos de matrícula en programas de licenciatura, y utilizando un criterio de clasificación convencional, el 79% de las IES particulares son pequeñas (menos de 500 estudiantes), 15% medianas (entre 500 y 2000), 4% grandes (entre 2000 y 8000), y sólo el 2% muy grandes (8,000 o más). Pero la matrícula de educación superior del sistema se concentra mayoritariamente en el sector público. Hoy, el 65% de la matrícula total lo absorben las ofertas públicas (universidades públicas autónomas federales y estatales, Tenológico Nacional de México, Escuelas Normales), y el 35% corresponde a las ofertas privadas. Esto significa que, en términos de instituciones, el sistema es mayoritariamiente privado, pero en términos de matrícula, el sistema es predominantemente público. Ahora bien, ¿dónde se concentran los programas y matrículas que ofrecen las IES privadas? Destaca abrumadoramente el área de ciencias sociales y administrativas (56%), donde estudian alguna carrera más de 837 mil estudiantes del sector. ¿Quién atiende a esos estudiantes? Un profesorado compuesto en un 85% bajo la figura de docentes contratados por horas. ¿Qué dice la lógica jurídica? Que cualquier institución superior privada debe ser autorizada mediante la expedición de un registro de validez oficial de estudios (RVOE), un ordenamiento cuyos antecedentes se remontan a los años treinta del siglo pasado, pero que experimentó diversos ajustes entre 1970 y el año 2000, y que se mantiene aún como el único instrumento regulatorio público que existe sobre el sector. Bajo las reglas del RVOE, el juego de la expansión privada se conduce bajo requerimientos mínimos, y sus jugadores establecen diversas estrategias de gestión para obtener y renovar el registro ante las autoridades educativas federales o estatales, las universidades públicas autónomas, o a través de organizaciones representativas como la FIMPES. Desde sus orígenes, el RVOE es un instrumento sin políticas, un requerimiento normativo que fija requisitos de acceso pero que no implica mayores regulaciones para el desempeño y la gobernanza del sector privado. Aunque la Ley General para la Educación Superior aprobada en 2021 establece como uno de sus objetos “regular la participación de los sectores públicos, social y privado de la educación superior”, y se dedica todo un título, 4 capítulos y 9 artículos dedicados a los “particulares que imparten educación superior”, no se establecen disposiciones específicas de gobernanza para ese sector. ¿Qué indica el comportamiento práctico? Las heterogeneidad de las IES privadas corresponde a sus condiciones de desempeño a nivel nacional, estatal y local, pero también a sus historias y estrategias de supervivencia, crecimiento y diversificación de programas y servicios. Las universidades muy grandes son altamente selectivas en costos y acceso, y establecen mecanismos corporativos para asegurar “el poder del privilegio” para las elites económicas y políticas del país. En otros casos, empresas nacionales e internacionales han configurado alianzas y redes que suman IES privadas ya existentes de tamaño medio. Los establecimientos privados de baja escala y costo concentran su atención en mercados locales metropolitanos y no metropolitanos. Domina abrumadoramente la práctica docente y no la investigación. Se concentran en atraer estudiantes que no les interesa o no pueden acceder a las ofertas públicas. Cuentan con un profesorado que corresponde a la figura de “profesor-taxi”, que imparte clases en diversas IES públicas o privadas de una localidad. Y desde hace algunos años, se ha desarrolllado plataformas virtuales que promueven ofertas privadas dirigidas a poblaciones estudiantiles heterogéneas, que operan como empresas de servicios educativos de nivel técnico, licenciatura y posgrado. La pandemia del COVID-19 significó un impulso potente a esas modalidades digitales, que ya comienzan a operar a través de dispositivos de inteligencia artificial. En este panorama, la educación superior privada apunta hacia un nuevo ciclo de expansión y consolidación gobernado por el mercado y no por el estado. Nada nuevo bajo el sol mexicano, pero ahora con la acumulación de regulaciones débiles con efectos difusos, y recrudecimiento de comportamientos competitivos en distintas escalas y con diversos actores. ¿A dónde va? En realidad, no se sabe con precisión. Pero se dibuja un escenario de incremento de instituciones y matrículas particulares que parece cerrar el ciclo de mercadización y privatización que comenzó hace más de cuatro décadas, para dirigirse hacia la absorción de nuevas poblaciones a través de la combinación de programas elásticos, virtuales y presenciales, con uso intensivo de tecnologías, y mediante la silenciosa reconfiguración de las redes corporativas.

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