Un futuro líquido

Diario de incertidumbres Un futuro líquido Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 12/12/2024) https://suplementocampus.com/un-futuro-liquido/ La expansión de la educación superior en América Latina y el Caribe (ALyEC) observada a lo largo del siglo XXI es un dato relevante cuando se mira el tamaño y la complejidad de los obstáculos que han enfrentado las sociedades, las instituciones y los gobiernos de la región por mejorar las condiciones de acceso de sus poblaciones a ese nivel educativo. A pesar de crisis económicas, políticas, ambientales o de salud pública (como la pandemia del Covid-19), acceder a una institución pública o privada de educación terciaria sigue siendo una aspiración potente para millones de jóvenes en la región. Hoy como ayer, obtener un título universitario se convierte en la joya de la corona individual y familiar para muchas y muchos jóvenes que desean mejorar sus posibilidades de ingreso económico, prosperidad y bienestar para el resto de sus vidas. Los datos que ofrecen distintas fuentes y estudios al respecto son elocuentes. En términos de instituciones que ofrecen servicios de educación superior, se estima que existen casi 19 mil establecimientos de ese tipo, tanto públicos como privados, universitarios y no universitarios. En esos lugares, estudian 30 millones de estudiantes, que representan el 57% de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores (18-22 años), lo que significa que, en promedio, la región de ALyEC ya alcanzó la tasa bruta de cobertura denominada como “universalización”, es decir, cuando la mitad o más de los jóvenes en edad correspondiente están matriculados en alguna modalidad de enseñanza superior. En términos del personal académico, en la región existen un millón y medio de profesores y más de 600 mil investigadores que desarrollan labores de docencia e investigación propias del oficio académico. Este panorama general está lleno de contrastes y desigualdades no solo entre países sino también en las escalas subnacionales. Mientras países como Uruguay, Argentina o Chile superan la tasa de cobertura promedio de la región, hay países como Guatemala, Paraguay o El Salvador que están muy por debajo de ella. México o Brasil, los países con más instituciones, profesorado y matrículas del subcontinente están todavía en la fase de la masificación, diez puntos porcentuales por debajo del promedio regional. Ello se agrava por los problemas de rezago, abandonos escolares, reprobación y bajos aprendizajes, factores comúnmente asociados a problemas de orden cualitativo como la rigidez de los programas, las deficiencias del profesorado, o las malas condiciones institucionales de las universidades y establecimientos de la educación terciaria. Un fenómeno relevante tiene que ver con el género. Es conocido el hecho de que uno de los motores de la masificación y universalización de la matrícula está asociado a la feminización del acceso a este nivel educativo desde los años sesenta del siglo pasado. Hoy, el 67% de las mujeres se incorporan a la educación superior, contra el 48% de los hombres. El punto de quiebre del equilibrio de género en el acceso ocurrió hace 30 años (entre 1994 y 1995) donde por primera vez en la región el acceso de las mujeres superó al de los hombres. La nueva brecha de género se ha incrementado paulatinamente a lo largo de los últimos años, lo que tiene múltiples implicaciones en la vida cultural, económica y política de las sociedades nacionales y locales. Otro factor que considerar en el estudio del acceso a la educación superior es el grupo de ingreso económico de quienes lo hacen. En la escala subcontinental, 6 de cada 10 individuos pertenecientes al quintil de ingresos más alto (el “quintil 5”), logran ingresar a estudios universitarios, mientras que solo 2 de cada 10 de los individuos pertenecientes a los grupos de menores ingresos (“quintil 1”) pueden hacerlo. La jaula de hierro de la desigualdad estructural muestra que el origen social (escolaridad alcanzada por los padres) y el ingreso económico de las familias de pertenencia de los individuos, determinan en alto grado las oportunidades de estudiar una carrera de educación superior. El financiamiento a la educación superior es otro de los puntos críticos en el panorama regional. Entre 2013 y 2021 el gasto total en relación con el PIB no rebasó el 0.014%, y entre 2017 y 2021 bajó de manera lenta pero continua (0.012%). Ello significa que no sólo el impacto de la pandemia del Covid-19 tuvo efectos en el financiamiento al sector, sino que el raquítico porcentaje de recursos destinados viene de más atrás y causado por otros factores. Es una paradoja latinoamericana: la transición de la masificación a la universalización de la educación superior ha ocurrido en un contexto de restricciones constantes en términos de gasto público. Estos son algunos de los factores que explican el hecho de que la cristalización del derecho a tener oportunidades para una educación superior suficiente y de calidad contenida como ideal normativo o aspiración política de gobiernos y sociedades es aún una meta por cumplir en muchos países latinoamericanos y caribeños. La desigualdad en el acceso, las oportunidades disponibles de formación técnica o profesional, las capacidades institucionales para procesar la diversidad de las poblaciones escolares, o el fenómeno relativamente reciente de la precariedad de las inserciones laborales de los egresados, configuran en su conjunto un panorama complicado para quienes acceden o egresan de algún programa de educación superior. En esas circunstancias, el pasado reciente de la expansión educativa de nivel terciario se oscurece de cara al futuro. Para decirlo en pocas palabras: el futuro sólido asociado a las promesas de la educación superior se convierte en un futuro líquido dado el peso de los rezagos acumulados, nuevas brechas de género y endurecimiento de nuevos contextos de incertidumbre socioeconómica y política en la región en las escalas nacionales, subnacionales y locales.