Gobiernos estatales y universidades públicas

Estación de paso
La música de las tensiones: gobiernos estatales y universidades públicas
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 03/03/2016)
En las últimas semanas han sido registradas oportunamente en las páginas de Campus varias señales de política y conflicto en diversas universidades públicas ubicadas en distintos territorios y contextos estatales. Son postales coloreadas por las características irrepetibles de los entornos locales y sus actores, pero que tienen su origen y sentido en el marco de las historias institucionales y las coyunturas políticas de cada caso. Así, problemas político-financieros (como es el caso de la Universidad Veracruzana), jurídicos y de fiscalización (como es el caso de la UA del Estado de México), de apoyos insuficientes de los ejecutivos estatales a las universidades locales (como es el caso de la UA de Querétaro ), de la combinación de reclamos presupuestales con exigencias políticas a los gobiernos estatales (como el caso de la UA del Estado de Morelos), o de índole sindical y laboral (como es el caso de la UABJ de Oaxaca), ofrecen un panorama bastante complicado de un conjunto de comportamientos institucionales basados en diversos tipos de crisis en las relaciones políticas y de políticas públicas que ocurren entre los ejecutivos estatales y las autoridades universitarias.
No es posible reducir esos conflictos a una lógica común, ni someterlos a un juicio único de causas y efectos. Cada caso tiene sus peculiaridades, sus antecedentes, sus entornos y sus pleitos nuevos y viejos, con actores igualmente permanentes, emergentes o de ocasión. La independencia de los eventos y la diversidad es la característica de esos episodios de poder y política estatal. Sin embargo, tal vez puede arriesgarse una hipótesis interpretativa de orden general. Se trata de episodios derivados de la creciente tensión entre la lógica política que anima la acción y los intereses de los actores formales y fácticos locales y los titulares de los ejecutivos estatales, y la lógica autonómica que gobierna las prácticas y el sentido mismo de la vida cotidiana de las universidades públicas en cada entidad federativa. En otras palabras, son pleitos que deben analizarse con la música de las tensiones que acompaña la historia y el presente de las relaciones gobierno-universidad.
Esas tensiones no son por supuesto ni nuevas ni recientes, ni se pueden disipar por arte de magia jurídica o ética. Tienen que ver por lo menos con tres factores político-institucionales de carácter, digamos, “estructural”. El primero está relacionado con el proceso de descentralización/federalización de la educación superior en el país, que se desplegó desde los años noventa y que significó, entre otras cosas, los procesos de alternancia política a nivel sub-nacional y la pluralización y fragmentación imparable de los intereses político-partidistas en cada estado. El segundo factor tiene que ver con el fortalecimiento de los ejecutivos y legislativos estatales como actores políticos relevantes en la hechura o en la gestión de las decisiones financieras y administrativas de apoyo, vigilancia, auditoría o fiscalización a los recursos de las universidades públicas locales. El tercer factor tiene que ver con las exigencias crecientes de transparencia, de aseguramiento de la calidad, de acreditación y productividad institucional de las universidades públicas, asociados a las políticas federales de evaluación y de financiamiento diferencial y condicionado a las universidades públicas.
Estos tres factores “estructurales” han desatado en el pasado reciente y en el presente conflictos de diferente intensidad y magnitud. Dependiendo del tipo de relaciones establecidas entre los gobernadores y los rectores de cada estado, y de los grupos o coaliciones políticas que cada de uno de ellos representa, pueden diferenciarse ciclos más o menos largos de estabilidad y cooperación, con coyunturas más o menos breves caracterizadas por pleitos, crisis y conflictos. No es un asunto de animadversiones personales o de falta de oficio o voluntad política de los actores, sino de temas donde gravitan el chantaje y el cálculo político, reclamos legítimos de las autoridades universitarias, prácticas de corrupción en el manejo de los recursos públicos, confusión de medios y fines, interpretaciones distintas sobre los límites de la autonomía universitaria, o del papel que juegan los ejecutivos estatales en la coordinación y conducción de las responsabilidades públicas de las universidades locales.
En cualquier caso, las lecciones del pasado y el presente de las relaciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las universidades públicas locales arrojan con alguna claridad un saldo duro: la necesidad del establecimiento de nuevos arreglos institucionales entre la federación, los gobiernos estatales y las universidades públicas, que garanticen el equilibrio entre la autonomía universitaria, la supervisión estatal, y la rendición de cuentas a la sociedad. Los viejos arreglos, los surgidos en el entorno de las políticas y prácticas neo-intervencionistas del gobierno federal y los estatales en la educación superior desde los años noventa, se basaron en un principio inconfesable: la desconfianza gubernamental hacia la organización, el funcionamiento y el desempeño de las universidades públicas. Un nuevo arreglo supone partir de un principio político diferente: el de la confianza en que las universidades autónomas pueden garantizar un buen desempeño institucional con resultados sociales crecientes. Ese nuevo marco requiere de precisar el alcance de los compromisos y los límites de las responsabilidades de los gobiernos federal y estatal en el apoyo a las universidades, y el tipo de respuestas institucionales universitarias para garantizar la autonomía académica, política y organizativa de las universidades públicas, y el compromiso social de su desempeño institucional. Ello no es solamente un asunto de una nueva legislación, de vagos exhortos morales, o de la invención de nuevos dispositivos burocráticos que fortalezcan o estimulen la construcción de nuevos arreglos institucionales. Es también, y acaso esencialmente, un proceso de construcción de nuevos entendimientos políticos, de aprendizajes políticos entre los actores para establecer relaciones cooperativas y productivas, no de tensión y crisis en el desarrollo de las universidades públicas. Se trata de asegurar la gobernabilidad política y la gobernanza sistémica del sector educativo universitario en las escalas estaduales. Después de todo, ese es el desafío estratégico que revelan las escenas de conflicto y política que hemos visto durante las últimas semanas en diversos contextos universitarios.