Sunday, July 03, 2016

Nochixtlan: ganadores y perdedores

Estación de paso

Nochixtlán: ganadores y perdedores

Adrián Acosta Silva

(Publicado en Campus-Milenio, 30/06/2016)

Los acontecimientos ocurridos en Nochixtlán revelan nuevamente el lado áspero, oscuro, que ha acompañado a la reforma educativa peñanietista. Los bloqueos carreteros, las armas, la violencia, los muertos, se acumulan a las pérdidas de una reforma que, a pesar de las razones y las promesas de mejoramiento de la educación básica mexicana, no termina de cristalizarse en aquellas regiones controladas políticamente por la CNTE. Ni el encarcelamiento de sus líderes acusados de corrupción, ni el despido de maestros, ni el desmantelamiento del IEEPO, han logrado desactivar las movilizaciones de la Coordinadora contra la reforma, y han colocado al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades más conflictivas (Oaxaca, Chiapas, Michoacán) en una situación de parálisis política de las políticas reformadoras.

A lo largo del prolongado y complicado proceso de diseño e instrumentación de la reforma, se ha desarrollado un intenso juego político en el cual los actores protagónicos (la SEP, la SEGOB, los gobiernos estatales, la CNTE) han entablado una lucha constante en torno a la aplicación de las reformas anunciadas por el Presidente desde el inicio de su mandato. La articulación de una coalición reformadora encabezada por el gobierno federal, apoyada por los principales partidos políticos, fue sumando el apoyo del SNTE, de los gobiernos estatales, y de los organismos empresariales. En contraste, la CNTE articuló una oposición débil aunque radicalizada en contra de cualquier acción transformadora impulsada por el gobierno federal. El resultado es el que hemos observado en los últimos tres años: reformas legislativas y laborales, creación de nuevos organismos como el INEE, la movilización de una opinión pública favorable a las reformas, y la aceptación y apoyo del SNTE para su instrumentación efectiva; del otro lado, una oposición violenta, que se ha situado en una lógica de todo-vale para “derrumbar” la reforma educativa del oficialismo.

A pesar del tono triunfalista de la SEP en torno al carácter minúsculo y focalizado de la oposición a las reformas, la CNTE agudizó sus movilizaciones empleando todo tipo de recursos. El resultado es una creciente radicalización de su movimiento, una radicalización atractiva para grupos y corrientes que consideran legítima la violencia ejercida por la Coordinadora para luchar por sus causas antigobiernistas. Los trágicos eventos de Nochixtlán colocan en una nueva dimensión política y social el conflicto educativo, y obligan a replantear el balance político de las pérdidas y las ganancias de la propia reforma educativa.

El cálculo gubernamental de implementar las reformas durante los tres primeros años del sexenio parece haberse disuelto. La idea de recuperar la autoridad del Estado en materia educativa se ha desvanecido poco a poco, y la reforma avanza a distintas velocidades por todo el país. En este sentido, uno de los perdedores netos del conflicto es el Presidente y sus Secretarios de Educación y de Gobernación. En política, el tiempo es siempre un recurso escaso, y para las reformas cercado por plazos fatales. Pero la CNTE es también el otro gran perdedor de conflicto. Los diversos grupos y camarillas que se esconden detrás de sus siglas, han sido incapaces de transmitir su causas y argumentos a otros sectores de las sociedades locales y regionales. Es un aislamiento que parece ir de la mano de su radicalización.

La lógica de la reforma ha entrado en una fase crítica, que se resume en una dicotomía clara. Para el gobierno federal, el dialogo se condiciona a la aceptación de la reforma. Para la CNTE, cualquier negociación se condiciona a la derogación de la misma. Ambas posiciones parecen irrenunciables, incompatibles, y no parece haber lugar ni espacio ni ánimo para acercar las posiciones, lo que resulta en la demolición dramática de la política como oportunidad y como ejercicio civilizatorio. En su lugar, el lenguaje de la acción directa se confirma como la opción antipolítica por excelencia. Cuando las razones e intereses se dirimen mediante el secuestro de carreteras, incendios, bombas molotov y balas, los efectos son los que vimos hace dos semanas en Oaxaca.

Nochixtán simboliza el drama de una reforma que no termina de nacer pero tampoco de morir. Pierden los principales protagonistas del pleito y ganan los que piensan que la autoridad del Estado no existe y los que piensan que el Estado es el enemigo del magisterio “democrático”. Ese saldo es el típico efecto perverso de una reforma que, a pesar de sus promesas e intencionalidad, ha terminado por radicalizar hacia la izquierda y hacia la derecha las posiciones frente a los cambios en educación. A casi un año de que comience el proceso electoral federal del 2018, el tiempo, el maldito factor tiempo, juega en contra de la reforma educativa. Con un gobierno debilitado, incapaz de controlar las variables estratégicas del conflicto -que incluye la combinación de labores de inteligencia política, uso adecuado de la autoridad del Estado, capacidades de persuasión y coordinación efectiva de la acción en los tres niveles de gobierno-, y una Coordinadora que no parece contemplar ninguna alternativa para satisfacer sus demandas, el escenario parece más complicado que nunca. La legitimidad de la autoridad y la legitimidad de la oposición se alimentan mutuamente en una espiral de conflicto que acumula ya un saldo trágico. En esas circunstancias, la sangre fría de la política es sustituida por el ánimo a la vez autoritario y revanchista, violento e ingobernable, de una una rebelión cuyas causas han pasado a un segundo término. Ya no se trata de negociar una reforma educativa. De lo que se trata, es de fortalecer la identidad y legitimidad de un actor debilitando al otro, en un típico juego de suma cero. Las cartas están marcadas.


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