¿Un segundo piso para la educación superior?

Diario de incertidumbres ¿Un segundo piso para la educación superior? Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 22/08/2024) https://suplementocampus.com/un-segundo-piso-para-la-educacion-superior/ Mientras se asienta la polvareda postelectoral mexicana, entre las críticas de la oposición y las fiestas del oficialismo político, es posible identificar algunos de los temas relevantes de la agenda pública que se va construyendo en el campo de la educación superior. La forma que adquiera específicamente la agenda gubernamental será hechura de esa agenda pública que orientará las decisiones políticas que el nuevo gobierno federal deberá tomar en los próximos meses. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, y de los programas sectoriales correspondientes (entre los que destacan el Programa Nacional de Educación Superior, y el que tendrá a su cargo la nueva Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación), mostrarán las continuidades, los ajustes y tal vez los cambios que el nuevo gobierno federal introducirá en el transcurso del próximo sexenio. ¿Puede haber un “segundo” piso para la educación superior, para utilizar la metáfora ingenieril que suele usar desde hace meses la próxima presidenta Sheinbaum? Si ello es así, ¿en qué consiste? Para explorar estas cuestiones habría que revisar no sólo las hechuras del “primer piso” elaborado durante el sexenio obradorista, sino los cimientos mismos sobre los que se asienta hoy la educación superior mexicana. Las hechuras políticas de los cambios observados en las políticas de educación superior del sexenio 2018-2024 tuvieron como argumento central la creencia de que el neoliberalismo es la causa de todos los males existentes en la educación superior. Las críticas a los mecanismos de acceso, a las políticas de evaluación de la calidad, a la imposición de cuotas a los estudiantes universitarios, a la falta de compromiso social de las universidades, se constituyeron como los focos discursivos que alimentaron las reformas a la Ley General de Educación Superior, a la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los cambios abruptos en el Conacyt, en el Sni, en las políticas de financiamiento federal a las universidades e instituciones públicas de educación superior orientadas por las políticas generales de austeridad en el gasto público derivadas de las decisiones del ejecutivo federal. En prácticamente todos los rubros, la educación superior ralentizó su crecimiento histórico, y el proyecto emblemático del sexenio (las Universidades para el Bienestar Benito Juárez) no tuvo un impacto significativo en el crecimiento sistémico en la cobertura, equidad, pertinencia o calidad de la educación superior mexicana. Tampoco las políticas de “becarización” de la educación superior enunciadas bajo el programa “Jóvenes escribiendo el futuro” o del programa de becas “Elisa Acuña”, parecen haber tenido un impacto en las trayectorias de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de educación superior en el país. La ausencia de evaluaciones rigurosas y de información sistemática sobre estos componentes de las políticas sexenales, impiden realizar un balance puntual de estos programas. Para las universidades públicas, la cancelación de los programas asociados a bolsas extraordinarias de financiamiento significó un endurecimiento de las condiciones en que desarrollan sus funciones sustantivas. Como ocurrió en sexenios anteriores (“neoliberales” en el argot político del oficialismo morenista), la autonomía fue disminuida mediante la austeridad y el uso de los instrumentos del financiamiento federal. La crítica a las orientaciones de mercado de muchos programas de posgrado se tradujo en la decisión de no apoyar este tipo de programas a nivel nacional, afectando la existencia de programas que durante muchos años se habían mantenido en el antiguo “Padrón de Posgrados de Calidad” del Conacyt, y que ya no sobrevivieron en el nuevo “Sistema Nacional de Posgrados” del Conahcyt. En este contexto, las metas de obligatoriedad, gratuidad y universalización de la educación superior no se alcanzaron. Sabemos muy poco del logro de los aprendizajes en los programas de pregrado o de la inserción laboral de los egresados de la educación terciaria, universitarios y no universitarios. Las condiciones laborales de los académicos tampoco mejoraron significativamente, y hoy como desde hace décadas el profesorado de tiempo parcial constituye cerca del 70% del profesorado total, lo que dificulta el crecimiento de la investigación y la innovación en áreas críticas del desarrollo científico-tecnológico nacional. Las bases organizacionales históricas del sistema de educación superior se mantienen en buena parte por las instituciones del subsistema público universitario y no universitario. Esos son los cimientos lentamente construidos durante décadas (antes, durante y después del neoliberalismo), y ello explica la capacidad de resiliencia que las universidades públicas y tecnológicas han mostrado a pesar de estos años dominados por la austeridad financiera, la desconfianza gubernamental, o los impactos disruptivos de la pandemia del Covid-19. En este marco, durante su campaña y luego de las elecciones, Sheinbaum anunció la continuación de los programas de becas universales, la consolidación de las Universidades del Bienestar, y la ampliación de proyectos como la Universidad de la Salud, o de la Sor Juana Inés de la Cruz, que son hechuras de su gobierno en la CDMX. Si hay algunas señales de lo que puede ser el “segundo piso” de la educación superior son estas. No hay hasta ahora un posicionamiento claro respecto del papel de las universidades públicas autónomas, o del Tecnológico Nacional de México, en esta construcción. Tampoco hay posicionamiento alguno sobre las políticas hacia la educación superior privada, cuya expansión se mantiene constante en los últimos años. Habrá que esperar diagnósticos y evaluaciones puntuales del nuevo gobierno que ofrezcan mayor claridad sobre lo que puede ser la nueva agenda de las políticas de educación terciaria. Pero hay muchas razones para suponer que no habrá evaluaciones y que esa agenda será la misma que ha dominado la acción gubernamental en los últimos seis años. Muy probablemente no habrá un segundo piso de esas políticas, sino tan solo la prolongación de un primer piso lleno de baches, vacíos y tramos inconclusos o abandonados.

Agenda 2030 (2)

Diario de incertidumbres Agenda 2030: proyecciones y escenarios Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 08/08/2024) https://suplementocampus.com/agenda-2030-proyecciones-y-escenarios/ ¿Será posible alcanzar en el año 2030 las metas educativas acordadas en los ODS para México? De acuerdo con el comportamiento del índice de finalización educativa estimado entre 2016 y 2024, se pueden realizar algunas proyecciones básicas para los niveles primaria, secundaria y media superior. Sin embargo, en los ODS ese índice no está considerado para el nivel superior. De acuerdo con datos disponibles, es posible afirmar que para el año 2030 la meta de alcanzar el 100% de finalización en primaria será prácticamente cumplida como índice promedio nacional (98.4%), aunque solo en 10 de las 32 entidades se alcanzará el 100% previsto. Para el caso de la secundaria, el índice calculado para el 2030 será del 95.4%, y solo 4 entidades del país alcanzarán el 100%. Sin embargo, en el caso de la educación media superior se advierte un rezago significativo. Para 2030 se estima que, de seguir las tendencias observadas en los últimos años, ese índice será del 76.8%, y solo 11 estados tendrán un índice que se ubicará entre el 80 y el 90%. Según sexo, para 2030 se estima que el 97.7% de los hombres y el 99.1% de las mujeres habrán finalizado exitosamente la primaria. Para el primer caso, en 10 estados de la república ese índice alcanzará el 100% de los hombres, mientras que para las mujeres ello ocurrirá en 12 entidades del país. En el caso de la secundaria, para 2030 el índice de finalización puede alcanzar al 95.4% como promedio nacional, y sólo en 4 entidades se tendrá un índice del 100%. Según sexo, hay algunas diferencias. Mientras que para los hombres el índice será del 93.7% (por debajo del promedio nacional), para las mujeres alcanzará el 97% (por encima del promedio). En el caso de los hombres, sólo en 6 de las 32 entidades se alcanzará el 100% de finalización, mientras que para las mujeres esta situación ocurrirá en 8 estados de la república. En educación media superior se observan los mayores desafíos para alcanzar la meta del 100% de finalización educativa. De seguir la dinámica observada en los últimos años, para el año 2030 sólo se alcanzará el 76.8% como promedio nacional, y únicamente en 11 entidades del país ese índice se ubicará entre el 80 y el 90%. Según sexo, para ese mismo año el índice será del 73.2% para los hombres y del 80.5% para las mujeres. Se estima que, en el caso de los hombres, en el año 2030 solo en 6 estados se observarán índices de entre el 80 y 90%, mientras que para el caso de las mujeres 19 entidades presentarán índices en el mismo rango de porcentajes. Para el caso de la educación superior, los ODS no la incluyeron como parte de las metas a alcanzar en los índices de finalización debido a la enorme heterogeneidad y desigualdad en el acceso a ese nivel educativo entre los 193 países que integran la ONU. No obstante, es posible suponer que las tasas de finalización educativa de la educación terciaria son significativamente más bajas que los niveles previos, considerando como población de estudio a las personas ubicadas entre los 25 y los 64 años. Según la OCDE (Education at a Glance, 2023), para el caso mexicano se calcula que en 2023 el índice de finalización educativa en educación superior es del 21% de la población en edad laboral (25-64). Eso confirma, una vez más, que tanto el acceso como la permanencia y el egreso de la educación superior es uno de los grandes desafíos de las políticas de educación superior de hoy y del futuro próximo. En un escenario donde la cobertura se mantiene por debajo de las metas planteadas por el gobierno mexicano (50%) y el abandono escolar es relativamente alto (6 de cada 10 estudiantes), la finalización de la educación terciaria es una meta lejana en el sector, que difícilmente cumplirá con el sentido de eficacia y pertinencia de los ODS para el 2030. En un marco más general, la evaluación más reciente del cumplimiento de los ODS a nivel global (realizada en noviembre de 2023), ha señalado los insuficientes y “decepcionantes” avances de las metas fijadas en los 17 ODS, incluido el número 4 (“Educación de calidad”). Muchos factores han causado esas insuficiencias, pero algunos de los más importantes tienen que ver con tres causas estructurales: a) los efectos de la pandemia del COVID-19 experimentada durante los años 2020 y 2021; b) los grandes movimientos migratorios que se han expandido en diversas regiones del mundo desde el inicio del siglo XXI derivados de conflictos políticos, violencia o cambio climático; y c) la dura realidad de una pobreza intergeneracional persistente. En estas circunstancias, los países que mejor han respondido en el cumplimiento de los ODS son aquellos que ya mostraban tendencias de mejora desde antes del año 2015, y que habían construido políticas públicas dirigidas hacia campos de acción específicos como la educación o el medio ambiente. Es la confirmación de una vieja sentencia sociológica de origen bíblico (“el efecto mateo”), que señala a la desigualdad de origen como uno de los factores causales de la desigualdad en el destino (“al que tiene más, se le dará más”). En el caso de México, tenemos algunos avances y logros, pero permanecen múltiples déficits y vacíos en el panorama global. Es un buen momento político para replantear metas realistas y factibles para incrementar el índice de finalización educativa en los niveles medio superior y superior. Las conexiones que articulan a la economía con la política y la sociedad descansan en buene medida en el fortalecimiento de la educación como palanca de movilidad social y como fuente de aprendizajes a lo largo de la vida.