Encrucijadas: pesimismo y voluntad

Diario de incertidumbres Encrucijadas de año nuevo: pesimismo y voluntad Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 09/01/2025) https://suplementocampus.com/encrucijadas-de-ano-nuevo-pesimismo-y-voluntad/ Luego de los brindis, fiestas y celebraciones rituales del año viejo y del año nuevo, las instituciones de educación superior y sus principales actores vuelven a las rutinas para enfrentar los desafíos de un nuevo ciclo de decisiones, complicadas por la configuración de los contextos internos y externos de la vida institucional. Con la continuidad de la retórica, las acciones y los proyectos gubernamentales derivados del triunfo electoral del morenismo y su proyecto de la 4T, las universidades públicas tendrán que adaptarse a la prolongación de las políticas de austeridad impuestas desde el gobierno federal, y a la reducción de los márgenes de gestión de sus autonomías derivada de las prioridades gubernamentales. En el horizonte del 2025 destacan los problemas crónicos y los emergentes. Los primeros tienen que ver con la acumulación de los déficits presupuestales y la ausencia de programas compensatorios a las universidades. Los de carácter emergente son de naturaleza jurídica y política. El presupuesto de egresos del 2025 continua la tónica restrictiva observada desde 2015, agudizada en 2018 y renovada en 2024, es decir, se cumplirá una década de políticas de restricción financiera a las universidades públicas autónomas, mediante la eliminación de los programas de apoyo asociados a bolsas de financiamiento extraordinario, condicionadas al cumplimiento de indicadores de desempeño. De alguna manera, la década 2015-2025 puede ser considerada como la nueva “década perdida” del financiamiento público a la educación superior, a pesar de la sostenida expansión de la matrícula y del crecimiento de las instituciones públicas y privadas. Pero son también los problemas jurídicos y políticos los que nublan el horizonte de la educación superior. Las reformas a las leyes orgánicas de las universidades públicas derivadas de la implementación de la Ley General de Educación Superior aprobada en 2021 se abrieron paso entre conflictos y protestas en varias universidades públicas estatales durante 2023 y 2024. La aprobación de la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa a finales del año pasado, luego de un largo litigio político y judicial con el gobierno del estado, constituye el episodio más reciente de esa microhistoria de la implementación de la LGES. Con esos antecedentes, el 2025 es un año de enormes desafíos para las IES. El publicitado “segundo piso” de la cuarta transformación mencionado por la presidenta Sheinbaum desde su campaña electoral no significa para la educación superior más que la continuación de los proyectos de las universidades del bienestar Benito Juárez García, y la creación de dos nuevas universidades federales: la Universidad de la Salud, y la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Este nuevo conjunto de ofertas universitarias públicas constituye el núcleo del imaginario “segundo piso” de la educación superior. El resto de las ofertas públicas tradicionales permanecerán en los pisos inferiores y los sótanos de la 4T, entre el abandono, los condicionamientos y la austeridad del gobierno federal. En esas circunstancias, el escenario del año que inicia apunta hacia el endurecimiento de las brechas de calidad y cobertura de los circuitos públicos y privados de la educación superior. No es claro que las nuevas ofertas públicas incrementen la cobertura, calidad, equidad o pertinencia en las diversas escalas territoriales y poblacionales del país. El “segundo piso” se poblará de universidades públicas heterónomas, no autónomas, como expresiones institucionales de la idea del compromiso con las prioridades políticas del ejecutivo federal en las escalas subnacionales. Las sugerencias que ha hecho la presidenta en torno a la posibilidad de que las universidades autónomas eliminen las pruebas de acceso a las carreras de licenciatura, o de que se elimine el costo de las matrículas para los estudiantes universitarios como mecanismos para incrementar las tasas de ingreso a la educación superior, son llamados para mimetizar las políticas de acceso universitario a las que ya se hacen en las universidades instaladas en el piso superior del proyecto de la 4T. El modelo de universidades no autónomas, de orientación técnico-profesional, con bajos presupuestos, orientadas por los programas públicos gubernamentales de becas y apoyos, parece imponerse en el resto del sexenio que recién comienza. Las encrucijadas parecen claras. Por un lado, la de someterse a los topes del financiamiento público dictaminados por el ejecutivo y el legislativo federal, o movilizarse para negociar incrementos extraordinarios que permitan no solamente combatir los déficits presupuestales acumulados en la “década perdida”, sino también para contribuir al incremento de las metas de cobertura universal y mínimos de calidad contempladas por las propias universidades en el ejercicio de su autonomía académica. Por el otro, condicionar las reformas de los ordenamientos jurídicos universitarios al fortalecimiento de las libertades de cátedra y de investigación, y de las libertades políticas de autogobierno institucional contempladas en el tercero constitucional. En otras palabras, la fórmula de intercambiar la legitimidad política del régimen por mayores recursos públicos a las universidades parece reaparecer con fuerza en el escenario del 2025. Es una fórmula que dominó las relaciones entre el Estado y las universidades en los años sesenta y setenta, y que fue sustituida por las fórmulas gerenciales de las políticas de modernización desde los años noventa hasta el final de la segunda década del siglo XXI. Con un régimen político que desde hace tiempo camina con pasos de gigante hacia una clara fisonomía autocrática, las universidades tienen pocas oportunidades para cambiar el estado de las cosas que se han construido desde el sexenio anterior. No obstante, la complejidad de las encrucijadas exige a los actores prudencia política, capacidad interpretativa y voluntad de acción. La tensión permanente entre la razón y la voluntad marca el territorio de la educación superior, ante lo cual quizá conviene tener presente aquella frase escrita por el viejo Gramsci en las circunstancias de su propio tiempo: al “pesimismo de la inteligencia” hay que oponer siempre “el optimismo de la voluntad”.