Lecciones politécnicas del otoño mexicano

Estación de paso

Lecciones politécnicas del otoño mexicano

Adrián Acosta Silva

(Publicado en Campus-Milenio, 9 de octubre, 2014)

¿Habrá la diferencia de edades creado infiernos sin salida, delirios de posesión, laberintos de trampas y mentiras abyectas?
Sergio Pitol, Vals de Mefisto


El conflicto estudiantil que estalló en el IPN hace unas semanas a raíz de la reforma al reglamento interno por parte de sus autoridades institucionales, casi coincidió con la conmemoración del 46 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pero entre ambos acontecimientos hay no solamente una distancia temporal de casi medio siglo, sino también una enorme diferencia en los contextos, los actores y las demandas que postulan los estudiantes. Solo una lectura heroica (que en estas coyunturas suelen abundar entre activistas, analistas y medios) puede trazar una línea directa de continuidad entre los acontecimientos del otoño del 68 y los del otoño del 2014.

Esa distancia, sin embargo, no oculta un problema, digamos, estructural de las universidades públicas mexicanas. Y el IPN es, para todos los efectos prácticos, una universidad. Ese problema tiene que ver con la gobernabilidad universitaria, es decir, con la capacidad para diferenciar, procesar y equilibrar las demandas y las respuestas del sistema de gobierno universitario. Una larga tradición universitaria, que arranca con el movimiento de Córdoba de 1918 y su célebre Manifiesto Liminar, ha consistido en incorporar la voz de los estudiantes en los órganos de gobierno de las universidades, como un dispositivo de legitimidad de las decisiones institucionales. Ello explica la construcción de un esquema de gobernabilidad basado en búsqueda de la representación democrática de los intereses de los estudiantes en el gobierno universitario. Es lo que se conoce como la construcción del co-gobierno universitario, en el cual los estudiantes conforman un sector representado y representable en los órganos políticos, de gobierno de las universidades.

Esa configuración histórica ha producido la expansión de diversas fórmulas de gobernabilidad (corporativas, clientelares, democráticas, paritarias, prebendarias), asociadas a comportamientos y prácticas que, en ocasiones, han llevado a una marcada apatía política entre los estudiantes o a la construcción de férreos dispositivos de control corporativo sobre los distintos sectores universitarios, pero también, en el otro extremo, al endurecimiento de los intereses corporativos de estudiantes, de profesores y sindicatos. Las reformas a los reglamentos, o la reforma hacia casi cualquier cosa por parte de las autoridades universitarias -es decir sus rectores o directores y sus máximos órganos de gobierno (Consejos Universitarios)-, incluyendo la misma elección o designación de rectores, ha detonado conflictos de ingobernabilidad que suelen dar marcha atrás a las reformas, a las tomas de posesión de autoridades institucionales, o a cambios mayores o menores en las universidades públicas. El conflicto de la UACM del 2013, o los conflictos de 1996-1997 y el de 1999 en la UNAM, son ejemplos representativos de cómo una decisión legítima de las autoridades y órganos de gobierno universitario puede traducirse en clave de ingobernabilidad institucional.

La oposición hacia el cambio en el reglamento interno del IPN forma parte de esa lógica de bloqueo hacia una reforma institucional que viene “desde arriba”, como suele denominarse a estas iniciativas entre los activistas estudiantiles. Bien visto, el conflicto se detonó por dos razones esenciales: primero, por la modificación de los planes de estudios de las carreras profesionales (la “tecnificación de la educación superior”, como fue calificada por los estudiantes movilizados), y por el otro, la exigencia de participación de los estudiantes en estas decisiones académicas. Al calor del conflicto se añadieron la críticas hacia el deterioro del estatus de la formación profesional del IPN, y la exigencia de la renuncia de su Directora General, hasta alcanzar los 10 puntos del pliego petitorio que los estudiantes demandaron a las autoridades federales, y que fueron resueltas rápidamente (y por lo que se ve, satisfactoriamente) por la propia Secretaría de Gobernación.

No hay que olvidar, sin embargo, que el IPN tiene como órgano máximo, colegiado de gobierno institucional, un Consejo General Consultivo, en el cual los estudiantes tiene una participación del 13%, contra 26% de los académicos y el 59% de los directivos, más un 2% de la representación sindical. Además, están los órganos de gobierno de “segundo orden”: los Consejos Técnicos Consultivos Escolares, en los cuales se tratan asuntos académicos como la modificación de planes de estudio, y donde los estudiantes tienen una presencia importante, aunque no mayoritaria ni paritaria. Si es vista en clave de las “repúblicas universitarias”, en donde la composición del gobierno debería reflejar un adecuado equilibrio de la representación (puestos) de los diversos sectores de la institución, esta composición evidencia una suerte de sub-representación de los intereses estudiantiles y una sobre-representación de las posiciones directivas.

Pero ello ha ocurrido en prácticamente todas las universidades públicas en los últimos treinta años. La necesidad de fortalecer la gestión directiva ha llevado a tensiones constantes con la necesidad de la representación democrática; en otras palabras, la necesidad de la gobernabilidad democrática universitaria enfrentada “fatalmente” con la necesidad de la gestión efectiva y la gobernanza institucional. Esa tensión se expresa nuevamente hoy y aquí en el conflicto del Politécnico Nacional. ¿Cómo conciliar esas tensiones? ¿Reformando la estructura de la toma de decisiones para garantizar una legitimidad basada en la representación democrática? O, caso contrario, ¿fortalecer la eficiencia de la gestión directiva disminuyendo o debilitando la lógica de la representación con estabilidad por la lógica de la eficacia con conflicto? Autonomía vs. heteronomía, gobernabilidad vs. gobernanza institucional, forman parte de los dilemas que se han jugado en el IPN en estos días del otoño mexicano, cuyos frutos de temporada son los déficits de deliberación pública y política sobre el tema de la distribución, la concentración y el ejercicio del poder en las universidades públicas mexicanas.