Sociología de la desigualdad

Estación de paso

Sociología de la desigualdad

Adrián Acosta Silva

(Campus-Milenio, 07/09/2017)

Lo sabemos desde hace tiempo: las posibilidades de que los hijos de las familias mexicanas más pobres lleguen a cursar estudios universitarios son muy bajas. Si, además, esos niños y niñas nacen en el seno de familias indígenas que viven en condiciones de aislamiento geográfico, que repiten una y otra vez las características de pobreza alimentaria, patrimonial y de ingreso durante generaciones enteras, las posibilidades son francamente remotas. La herencia negra de la desigualdad es justamente esa: la pobreza crónica de millones de familias urbanas y rurales mexicanas coloca a las nuevas generaciones en condiciones de muy difícil acceso a los beneficios teóricos y prácticos que proporciona la educación superior: estatus, ingreso, movilidad social ascendente, mejores condiciones de adaptación a entornos laborales inestables, mayores posibilidades de compartir los costos y beneficios de la participación política y el desarrollo social.

Los datos al respecto son abrumadores. Economistas, demógrafos, antropólogos y sociólogos han documentado con amplitud el hecho de que el acceso a la educación superior es hoy, fácticamente, un privilegio más que un derecho o una oportunidad. Que sólo 3 o 4 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años estén inscritos en alguna modalidad de la educación superior es un dato que revela la punta del iceberg de la desigualdad socio-educativa. Si uno lo mira por origen social o por grupos de ingreso económico, los datos son más dramáticos: 1 de cada 10 individuos pertenecientes a los grupos más pobres logra ingresar a la educación superior, contra 6 de cada 10 de los grupos de más alto origen social (escolaridad de los padres) y más alto ingreso económico (los ubicados en los deciles o quintiles superiores empleados convencionalmente en las mediciones de distribución del ingreso).

Hoy, los años de escolaridad promedio de la población mexicana son de 9 años, es decir, alcanzamos el tercer año de secundaria. Según datos del INEE, incrementar en un grado la escolaridad promedio nos lleva una década. Eso significa que, para alcanzar la escolaridad mínima obligatoria derivada de la reforma al artículo tercero constitucional acordada hace unos años, la educación media superior (es decir, 12 años de escolaridad), nos llevará más o menos treinta años. Tal vez, para el año 2047, el destino educativo nos alcance, aunque sea solo en promedio.

Pero como todos los promedios, los datos son engañosos. No es lo mismo lo que ocurre en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey, donde las tasas de escolarización superior y los años de escolaridad general son más elevados que los de regiones como Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Los rostros de la desigualdad social son también los rostros de la desigualdad educativa. Y a pesar de la expansión acelerada de instituciones públicas y privadas, del incremento de las matrículas universitarias y no universitarias, de políticas y programas más o menos ambiciosos y eficaces de cobertura, calidad y equidad dirigidas a la educación superior, los avances son muy lentos, y los rezagos y déficits se acumulan en el horizonte social, político y de políticas.

Estos datos generales indican que el país arrastra desde hace mucho tiempo (es decir, muchos sexenios) el rezago acumulado y la inequidad en el acceso como factores de la desigualdad educativa. El problema del acceso a la educación superior tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre en los niveles básicos del sistema, especialmente en la secundaria, donde los índices de reprobación, de deserción y de baja eficiencia terminal son los más altos de todo el sistema educativo. Ahí se truncan la posibilidades de “movilidad educativa ascendente” de millones de jóvenes, que quedan sin oportunidades de escolarización posterior, o lo hacen en condiciones muy difíciles. Su incorporación temprana a empleos temporales, precarios y mal pagados, situados abrumadoramente en la informalidad, se combina con entornos sociales y familiares que sellan frecuentemente el círculo de hierro de la pobreza: ignorancia, adicciones, paternidades o maternidades no deseadas, marginación, frustración y abandono.

Según datos del “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016” dado a conocer por el CONEVAL la semana pasada, entre 2010 y 2014 se incrementó ligeramente el número de jóvenes en condición de pobreza, al pasar a representar del 46 al 47% del total. Pero el fenómeno reciente a considerar es que el desempleo entre los jóvenes con mayores niveles educativos es un nuevo desafío para las políticas sociales. Según los datos, sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta la licenciatura se encuentran ocupados (53.9%), y, de ésos, casi 6 de cada 10 “no tiene acceso a servicios de salud”, y “cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.”

Desde la economía política de la desigualdad, estas cifras ilustran el tamaño de los déficits cuantitativos de inclusión de los jóvenes a la educación superior y al empleo digno, y muestran la magnitud de los problemas de la desigualdad entre quienes han alcanzado ingresar a la educación superior. Una mirada más cualitativa, desde la sociología de la desigualdad, en torno a la configuración de los circuitos de opulencia, de supervivencia y de precariedad que caracterizan hoy a la educación terciaria mexicana, nos muestra los rostros poli-clasistas y mono-clasistas del acceso a las instituciones públicas y privadas, universitarias y no universitarias, de educación superior. En la próxima colaboración, exploraremos con algún detalle esos rostros.