Autonomia y poder institucional (3): la era republicana

Estación de paso
Autonomía y poder institucional (3). La era republicana
Adrián Acosta Silva
(Campus-Milenio, 16/03/2017)
Los movimientos independentistas que se sucedieron con distintos grados de violencia e intensidad en hispanoamérica desde principios del siglo XIX, transformaron profundamente la vida social, económica y política de las sociedades americanas. Inspirados en el movimiento estadounidense de finales del XVIII, y en el contexto del debilitamiento de la monarquía española como producto de la guerra con Francia en 1808, las élites criollas y liberales de las colonias españolas comenzaron a organizar movimientos desde la Nueva España y El Caribe hasta el reino del Perú y el sur profundo del subcontinente, que terminaron por derrumbar el viejo orden colonial para dar paso a la construcción de repúblicas nacionales libres. En ese marco, las instituciones coloniales fueron demolidas por la combinación de las ideas e intereses de los movimientos independentistas, a pesar de las resistencias y oposiciones de grupos conservadores, clericales y defensores de la Corona española.
Parafraseando a Schumpeter al referirse al capitalismo, el largo siglo XIX significó para las universidades un proceso de “destrucción creativa”. El período inicia con las primeras revoluciones de independencia (1810) y se extiende hasta 1918, con la publicación del “Manifiesto Liminar” de los estudiantes de la Universidad de Córdoba, en Argentina. Esta periodización obedece al hecho de que al desaparecer el contexto colonial que imprimía sentido y legitimidad a las universidades reales y pontificias, desaparecían también las fuentes de reconocimiento ideológico, político y financiero de las propias corporaciones universitarias. Y no sería hasta la rebelión cordobesa donde las fuentes de legitimidad política y representación social de las universidades encontrarían un nuevo contexto para las relaciones con el Estado y las sociedades nacionales. Entre estos dos momentos, el período decimonónico latinoamericano sería interpretado como “el período del hiato”, como le denominó con buen sentido de la provocación académica e intelectual el historiador argentino Tulio Halperin Donghi en su clásica “Historia contemporánea de América Latina” (1969).
La fuerza revolucionaria del positivismo y del liberalismo chocaría contra los intentos de modernización educativa del despotismo ilustrado que había impulsado Carlos III desde finales del siglo 18. Conservadores y liberales, realistas e independentistas, polarizaron las luchas y las resistencias en los distintos territorios americanos. Para los liberales, las universidades reales, literarias o pontificias, los colegios mayores, los seminarios, se convirtieron en símbolos del viejo orden colonial, espacios dominados por claustros de profesores y estudiantes que legitimaban como pocos los privilegios de la sangre y del poder de los grupos dominantes de las sociedades coloniales. Para los realistas y conservadores, por el contrario, esas instituciones significaban el poder de las tradiciones, la legitimidad del saber colonial, las fuentes de la civilización católica que eran indispensables para mantener el orden rígidamente estamental y jerárquico de la organización política y social que se había estructurado durante casi 300 años de dominación española.
Las autoridades universitarias habían reclamado sus derechos y apelaban a sus tradiciones académicas, a la conservación de sus bibliotecas y monasterios para legitimar sus intereses. De forma práctica, apoyaban a los realistas en su lucha por permanecer en la órbita colonial española, pero también pragmáticamente trataban de negociar con las fuerzas liberales el mantenimiento de su vida institucional y reconocimiento político. Las Universidades de México, San Marcos y Santo Domingo representan esas historias de relaciones áridas y complejas con las fuerzas políticas enfrentadas a lo largo del período decimonónico.
Sin embargo, como bien lo han documentado los historiadores universitarios, la clausura de las viejas universidades coloniales terminó por imponerse a cualquier intento de negociación por parte de las autoridades universitarias. En distintos momentos pero de manera inexorable, las 31 universidades fundadas en el período colonial desaparecieron, y en su lugar se fundaron Colegios, Institutos y Escuelas Superiores que fragmentaron la antigua “unidad de la diversidad” que representaban las Universidades. Aunque se registran casos de universidades que fueron clausuradas y que luego reaparecieron como nuevas instituciones, la construcción de las Repúblicas independientes latinoamericanas significó para las viejas instituciones universitarias el fin de un largo ciclo histórico de legitimidad política, autonomía académica y representación social.
La era republicana significó la construcción de una nueva idea de la universidad: “la universidad libre” que reclamara el movimiento estudiantil de 1875, y que posteriormente haría suya Justo Sierra para impulsar la creación de una nueva universidad, proceso que relata con solidez la historiadora Lourdes Alvarado en “La polémica en torno a la idea de la universidad en el siglo XIX” (CESU-UNAM, 1994). Esta idea estaría asociada a la constitución del espacio público moderno y a la configuración de un espacio privado poblado por intereses de los particulares. Muchas de las primeras universidades republicanas fueron refundadas en los antiguos espacios de las universidades coloniales, pero bajo una orientación ideológica y política radicalmente distinta: ahora eran no sólo públicas, sino también nacionales, Por su parte, en el sector privado, universidades católicas, pontificias o jesuitas, surgieron hacia finales del siglo XIX como instituciones que reclamaban el “derecho al pasado” y su reconocimiento como instituciones legítimas en el nuevo orden republicano. En Chile, Perú, Ecuador, Colombia, ese tipo de universidades fueron reconocidas por los nuevos Estados nacionales, coexistiendo con las nuevas universidades públicas locales, que se convertirían en los espacios de saber y poder que legitimaban el nuevo orden republicano.
A pesar de ello, las nuevas universidades públicas establecieron desde su origen relaciones de conflicto y tensión con el Estado, derivadas fundamentalmente del tema de la autonomía académica, política y financiera. La lógica republicana se constituyó desde el principio en una fuerza tendencialmente intervencionista y reguladora de las universidades; la lógica universitaria era justamente lo contrario: un reclamo constante para dotar de mayor fuerza y legitimidad a la idea de la autonomía institucional. Esas relaciones se expresarían con toda claridad con la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910, pero alcanzarían una dimensión latinoamericana con el movimiento estudiantil del Córdoba de 1918. Con ambos acontecimientos comenzaría la modernización conflictiva de la educación superior universitaria de América Latina a lo largo del siglo XX.