Jalisco: Autonomia universitaria y crisis política

Jalisco: autonomia universitaria y crisis política Adrián Acosta Silva (Publicado en Nexos, blog de educación, 13/09/2021) https://educacion.nexos.com.mx/jalisco-autonomia-universitaria-y-crisis-politica/ Desde hace unas semanas, la vida política en Jalisco ha introducido un nuevo número en sus espectáculos cotidianos. Se trata de un conflicto tridimensional (presupuestal, jurídico y político), entre las autoridades del gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara. Sus protagonistas son el Gobernador Alfaro y el Rector Villanueva, y detrás y a los lados de ellos hay asesores, funcionarios y operadores políticos de distinta escala e influencia. Ambos representan intereses, modos y estilos diferentes de hacer política, de jugar con sus ropajes institucionales, de movilizar su capital político y sus respectivas legitimidades entre las élites y poblaciones locales. El pleito tiene que ver con tensiones viejas que afloran en circunstancias nuevas, pero también obedece a cálculos y estrategias ligadas a la construcción de escenarios futuros. El núcleo del conflicto es político, pero la retórica, las máscaras y los actores configuran la periferia de un presente accidentado, donde prioridades políticas y cambios inesperados en la asignación de presupuestos públicos, se entrecruzan confusamente con relatos de violaciones a la autonomía universitaria, la ruptura de acuerdos pasados, y la rápida re-evaluación de alianzas y estrategias. La lógica del espectáculo corre en por lo menos tres pistas. De un lado, a un nivel general, constituye un episodio más en la historia reciente de las relaciones políticas entre los gobernadores estatales y las universidades públicas autónomas de las entidades de la federación. Por el otro, es un juego de poder donde se trata de modificar las reglas del juego mismo, para mejorar las recompensas y los réditos políticos de unos sobre otros. Más allá, se trata de movimientos que tienen sentido en la disputa por el futuro representado por las elecciones federales, estatales y municipales que se disputarán en Jalisco en 2024. Ruidos de fondo Alfonso Reyes escribió alguna vez sobre las dificultades que enfrentan los hombres al tratar de interpretar la inmediatez de su tiempo. “La historia que acaba de pasar es siempre la menos apreciada (…). ¿El pasado inmediato? ¿Hay algo más impopular? Es, en cierto modo, el enemigo”, afirmó, al referirse al desafío de actuar siempre frente a las sombras e inercias de acontecimientos recientes. Ese enemigo impopular reaparece hoy en escena en Jalisco, con actores cuyo contexto y relaciones están marcadas inevitablemente por las huellas de sus propios pasados inmediatos. Ese pasado hay que situarlo hace tres años. El proceso electoral de 2018 que llevó en Jalisco al triunfo al candidato Enrique Alfaro fue un proceso de extrañas alianzas entre el alfarismo y otros grupos y corrientes políticas que incluyeron a varios tipos de exes: expanistas, experredistas, expriistas y a la corriente políticamente dominante de la Universidad de Guadalajara, encabezada por el también exrector Raúl Padilla López. En ese proceso fue posible observar cómo grupos que en el pasado habían mantenido tensiones constantes y pleitos esporádicos, y se habían enfrentado en procesos electorales (como cuando el actual gobernador Alfaro y el actual rector Villanueva compitieron por la alcaldía de Guadalajara en 2015), se convertían en aliados políticos para enfrentar lo que se anticipaba como la posibilidad de un triunfo arrollador del morenismo en las elecciones de 2018. Luego del triunfo de Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato Alfaro, la distribución de puestos y representaciones reflejó el sello multicolor de la alianza, y permitió establecer las bases políticas de una gobernabilidad aceptable para el gobierno alfarista al inicio de su gestión, frente al arrollador triunfo electoral del obradorismo a nivel nacional, una fuerza de arrastre que situó a MORENA como la segunda fuerza política en Jalisco. Bajo el ambiguo lema de la “Refundación de Jalisco” como símbolo sonoro de su proyecto político e institucional, el alfarismo fue acompañado por el padillismo y otros aliados desde el inicio de su administración. Esa alianza se fortaleció durante los tres primeros años del nuevo gobierno, en virtud de dos factores clave. De un lado, por las relaciones de tensión y conflicto del gobernador con el presidente López Obrador y, por el otro, por la gestión de la crisis pandémica en el estado. Desde el punto de vista universitario, se tendría que agregar a este contexto las severas restricciones presupuestales que el gobierno de AMLO ha impuesto a las universidades públicas estatales desde el inicio de su administración. Bajo la influencia combinada de esos factores, las alianzas se fortalecieron, encabezadas por las iniciativas y estrategias del gobernador, y donde la U. de G., como institución, jugó un papel destacado en la gestión de la crisis del COVID-19 desde enero de 2020 hasta, por lo menos, las elecciones federales de este 2021. Fue en los meses previos a estas elecciones cuando surgieron diferencias públicas y políticas entre el alfarismo y el padillismo, que se reveló con la aparición de un nuevo partido politico (Hagamos). Conformado básicamente por líderes universitarios (estudiantes, profesores, funcionarios, exrectores), la creación de la nueva organización significó una ruptura discreta con MC pero también una abierta apuesta política de los grupos universitarios. Para el alfarismo, eso fue interpretado como un desafío a su legitimidad y poder en el estado. Pero las elecciones de julio mostraron dos cosas. De un lado, la fuerza electoral del oficialismo emecísta y del alfarismo, que conservó la mayoría del congreso y de las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara. Del otro, la supervivencia del partido de los universitarios (Hagamos), al conseguir representaciones en el congreso a través de dos diputaciones, más algunos regidores de representación proporcional en ayuntamientos metropolitanos y no metropolitanos de Jalisco. Bajo esas circunstancias políticas, las relaciones cambiaron. Y la señal más poderosa de esos cambios provino del gobierno estatal. De manera relativamente inesperada y sorpendente (y un poco provocadora), el oficialismo alfarista decidió emprender una ruta de conflictos con la U. de G, dirigida a debilitar el poder político del padillismo, pero sin referirse, hasta ahora, explícitamente, a ese liderazgo político. Recortes presupuestales, auditorías a proyectos como el del Museo de Ciencias Ambientales, investigaciones judiciales al director del Centro Cultural Universitario, configuran una nueva agenda política gubernamental dirigida a minar la legitimidad y la fuerza política de la coalición padillista en la universidad y en la entidad. Por su parte, las autoridades universitarias han reaccionado argumentando ilegalidad, violación a la autonomía universitaria y respeto a los proyectos científicos y culturales de la U. de G. Como en otros momentos de la historia política reciente de las relaciones entre la universidad jalisciense y los gobiernos estatales, las formas, actores y contenidos del conflicto revelan tensiones acumuladas e intereses endurecidos. Temblores, crujidos, estallidos: tres actos Ya se sabe que cualquier pasado es relativo. Pero el pasado reciente del conflicto en cuestión comenzó en el verano de este año, y puede ser representado en tres actos. Primer acto. El 6 de agosto, un diputado local de bajo perfil y trayectoria, perteneciente al oficialismo político (Movimiento Ciudadano), que opera como el brazo político del gobernador Alfaro, propuso en una sesión del Congreso de Jalisco retirar el apoyo presupuestal aprobado en diciembre de 2020 (por los propios congresistas), para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales (MCA) de la Universidad de Guadalajara, para destinarlo a la construcción de un nuevo hospital público estatal en Tonalá (“Hospital civil”, ubicado al sureste de la zona metropolitana de Guadalajara). El argumento fue el de fortalecer la salud pública como una prioridad gubernamental, dados los efectos de la crisis sanitaria. De manera inmediata, el 7 de agosto, el rector de la U. de G. mostró su sorpresa y preocupación por el hecho, pues afectaba “proyectos estratégicos universitarios y jaliscienses”. La propuesta fue aprobada rápidamente por la mayoría emecista en el Congreso local, y el Gobernador anunció sólo un par de días después (el 9 de agosto) que aceptaría la propuesta de los legisladores (El Informador,07/08/2021). Esto motivó que el Consejo de Rectores de la U. de G. (el órgano institucional de planeación de los proyectos universitarios, conformado por los rectores de los 15 centros universitarios metropolitanos y regionales que pertenecen a la Red Universitaria en Jalisco de la U. de G.), y el propio Consejo General Universitario, aprobaran el 20 de agosto la creación de una “comisión especial de diálogo” para reunirse con el gobernador para exponer sus argumentos en contra del recorte presupuestal anunciado (U. de G, 20/08/2021). El 27 de agosto, esa reunión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde participaron los integrantes de la comisión especial encabezada por el rector, y un equipo de funcionarios de primer nivel del gobierno del estado, encabezados por el gobernador. Sin embargo, un par de días después, el gobernador anunció su respuesta: la reasignación “era una hecho” (Mural, 29/08/2021). Segundo acto. El 30 de agosto, una nueva iniciativa de los diputados de MC en el congreso estatal recomienda la realización de una auditoría a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la U. de G., un proyecto que forma parte del Centro Cultural Universitario, el más ambicioso y espectacular proyecto institucional de la U. de G., cuyos inicios se remontan al año de 2007 (El Informador, 30/08/2021). Esta iniciativa fue respaldada por el gobernador manifestando su acuerdo en un acto público realizado ese mismo día. En reacción al hecho, el rector de la universidad expresaba su desacuerdo con la medida y la calificó como una “politización” de la iniciativa, interpretando como una “represalia” a la posición crítica de la U. de G. en relación al aplazamiento del regreso a las clases presenciales en la universidad, contraria a la disposición del gobierno estatal y federal de regresar a clases en la educación básica del estado a partir del 30 de agosto. Tercer acto. Luego de protestas y preocupaciones por parte de las autoridades universitarias, el gobierno estatal se mantiene en sus decisiones de la reasignación de los 140 millones de pesos y de realizar una auditoría, pero agregando sal al conflicto con el anuncio de la Fiscalía Estatal de una orden de aprehensión contra el director del Centro Cultural Universitario, por adeudar el importe de “42 boletos de avión” a una agencia de viaje local. Eso ocurrió apenas el 2 de septiembre pasado (Mural, 02/08/2021). Casi al mismo tiempo, el rector acusa al jefe del gabinete del gobierno de Jalisco de “estar detrás de los ataques a la universidad” (El Informador, 01/09/2021). El lunes 6 de septiembre por la tarde, el gobierno de Jalisco hace pública una carta dirigida al rector, en la cual niega una violación a la autonomía universitaria, porque los 140 millones que habían sido aprobados “nunca ingresaron al patrimonio de la universidad”, por lo cual fueron destinados a prioridades dirigidas a fortalecer los servicios de salud pública a los jaliscienses (https://www.informador.mx/jalisco/Alfaro-responde-a-UdeG-Recorte-es-legal-y-respeta-su-autonomia-20210906-0074.html). El 9 de septiembre, el Consejo General Universitario responde en un desplegado que ese dinero ya era parte del patrimonio universiutario desde diciembre de 2020 (cuando fueron aprobados por el Congreso de Jalisco), por lo que insiste en una violación a la autonomía universitaria y reclama un diálofo público con el gobernador Alafaro (El Informador, 09/09/2021). Estos episodios marcan el perfil de una crisis de las relaciones políticas entre la U. de G y el gobierno de Jalisco, que anticipan una ruta de conflictos y desencuentros que pueden agudizarse en las próximas semanas. Es una crisis que no nació en el vacío ni de manera espontánea, pero que coloca en perspectiva un proceso de reacomodo de grupos y fuerzas políticas locales que buscan gestionar sus intereses y proyectos en las mejores condiciones posibles. Una crisis política a la que se buscará, con suerte, una salida negociada antes que una ruptura costosa. Tableros, apuestas y cartas sobre la mesa El célebre filósofo conservador, Michael Oakeshott, escribió alguna vez que la actividad política es “el arte de navegar en mares sin límites y sin fondo”, que consiste en mantenerse a flote en equlibrio, “usando los recursos de un modo de actuar tradicional a fin de convertir en amiga cualquier situación hostil”. Una muestra local de esas artes marítimas se desarrolla en estos días en Guadalajara, entre las oficinas del Palacio de Gobierno y las de la rectoría general de la U. de G, en un proceso donde la búsqueda de equilibrio de unos puede desequilibrar los cálculos y expectativas de otros. El pasado inmediato ha colocado un rápido realineamento de actores, posiciones e intereses en el juego político jalisciense, representado en el mapa local como un tour de force entre el gobierno estatal y la U. de G. En términos generales, es un nuevo episodio de las relaciones políticas entre legitimidades diferentes en el campo de la política y la educación superior en Jalisco. De un lado, un gobernador que reclama cambios en la conducción política de la universidad, utilizando el presupuesto público y las auditorías como instrumentos de presión para reducir las opciones de juego político universitario. Del otro lado de la mesa, las autoridades universitarias colocan el tema como una asunto de ilegalidad, violación a la autonomía universitaria y represalia política contra sus posiciones críticas respecto a la decisión del regreso a clases en las escuelas de Jalisco. En ambos casos, son los humos de incendios controlados. Mirando el juego, el tablero y los jugadores, la escenas y los movimientos inspiran cierta sensación déja vù. Recuerdan la experiencia de 2008, cuando el entonces de la U. de G., Carlos Briseño, alentado en ese momento por el gobernador panista Emilio González, se enfrentó abiertamente al padillismo, conduciendo a la U. de G. a una crisis institucional y política a la vez memorable y trágica (el exrector fue destituido por el Consejo General Universitario y finalmente se suicidó en el baño de su casa) (Acosta, 2008). Hoy, varios de los actores de aquel episodio participan en el nuevo conflicto con el gobierno de un partido diferente, en un contexto distinto. Ello no obstante, el combustible es el mismo: es una lucha por el poder, cuyo horizonte de acción no es sólo el ahora, sino el futuro político-electoral de Jalisco. Pero no se trata de una lucha entre proyectos distintos. Por un lado, no es claro cuál es la relación y si aún existe el proyecto refundador que tanto impulsó el alfarismo desde 2018, pero cuyo contenido y significado se han desvanecido en los dos últimos años, y cuál es el papel de la U. de G. en ese proyecto imaginario, tan lleno de ilusiones y tan vacío de contenidos concretos. Por el otro, no es claro cuál es el proyecto institucional universitario en el contexto actual de Jalisco, más allá de invocar la épica de los indicadores de calidad, cobertura o pertinencia que suelen citar sus autoridades, o de mostrar una y otra vez las penurias financieras de los injustos tratos presupuestales del gobierno federal . La estrategia del alfarismo parece clara: debilitar y si es posible demoler las bases de apoyo al padillismo en la U. de G., bajo el supuesto de que su influencia es nociva para la política local y para la propia universidad. La estrategia del padillismo es resisitir, frenar o inhibir la beligerancia política del alfarismo argumentando un ataque institucional a la autonomía universitaria, a la ciencia y a la cultura. La personalización del pleito es la siguiente etapa en esta confrontación, lo que puede abrir las posibilidades de negociación o incrementar los riesgos de una fractura política entre el gobierno y la universidad. Como testigo y observador del conflicto, el gobierno de AMLO es una de las partes interesadas en la trayectoria del enfrentamiento, una posición atenta a las posibilidades del debilitamiento mutuo entre las partes, pero al parecer alentando con discreción y a distancia a una de ellas. Es díficil predecir lo que ocurrirá. Desde hace mucho tiempo, los oráculos, los horóscopos y los clarividentes han perdido credibilidad, y las combinaciones entre la voluntad y la fortuna de las que hablaba Maquiavelo suelen producir resultados inesperados. Lo único seguro es que en los próximos días y semanas, la confrontación entre el gobierno y la universidad tendrá resultados de mediano plazo en la disputa por el gubernatura y en el futuro político del alfarismo y el padillismo. Por lo pronto, estamos asentados en el presente de una coyuntura líquida, donde el pasado inmediato, la retórica del momento y los hechos que se acumulan en el horizonte cotidiano, marcan ya el mapa y el territorio de los escenarios futuros. Referencias Acosta Silva, Adrián (2008), “La crisis de la U. de G.”, Nexos, noviembre. https://www.nexos.com.mx/?p=12792 Oakeshott, Michael (1975), On Human Conduct, Oxford, Clarendon Press, p.127 Reyes, Alfonso (1974) [1941], Pasado inmediato y otros ensayos. El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México. Universidad de Guadalajara, boletín de prensa, 20 de agosto de 2021. https://www.udg.mx/es/noticia/entrega-udeg-solicitud-formal-al-gobernador-y-al-congreso-para-que-reciba-comision-especial