Universidades rumanas: todo está en todas partes

Diario de incertidumbres Universidades rumanas: todo está en todas partes Adrián Acosta Silva Campus-Milenio, 19/06/2025 https://suplementocampus.com/universidades-rumanas-todo-esta-en-todas-partes/ Bucarest, Rumania. Esta ciudad encierra secretos medievales, dilemas del presente y señales del futuro. Región fronteriza entre la Europa central y la Europa del este, Rumania es un país que comparte las tensiones políticas y sociales que hoy recorren a la Unión Europea, que experimentan con especialidad intensidad sus instituciones de educación superior y, específicamente, sus principales universidades. Las recientes elecciones presidenciales rumanas, celebradas el 18 de mayo pasado, dieron por resultado el triunfo del candidato Nicous Dan, apoyado por una coalición de partidos y organizaciones políticas de tendencias de centro izquierda, partidarias de la consolidación de la integración europea. Su rival fue el candidato de una coalición antieuropeísta (George Simion), cuya principal fuerza partidista es la “Alianza para la Unión de Rumanos” (AUR, por sus siglas en rumano) y por el “Partido de los Jóvenes” (POT), como expresiones del populismo nacionalista y xenófobo que se ha extendido rápidamente por varios países europeos desde hace años. Los resultados electorales en segunda vuelta fueron de 53.6% para Dan y 46.4% para Simion. Este es el contexto político que domina el clima de la educación superior rumana. Según datos del 2023, en un país de más de poco más de 19 millones de habitantes, un total de 56 instituciones públicas y 41 privadas concentran una matrícula de 545 mil estudiantes. De esta matrícula, el 76% lo hace en estudios de licenciatura, el 20% en maestría y el 3.6% en doctorado. (Las comparaciones, aunque odiosas, de algo sirven: en México, esa distribución es de 92% en licenciatura, 7.2% en maestría, y 1.1% en doctorado). Las universidades de Iasi (1860), de Bucarest (1864) y la de Cluj (1919), son las más grandes y antiguas de Rumania, y están incluidas entre las mejores 700 universidades del mundo. No obstante, en el contexto de la Unión Europea, Rumania tiene indicadores de bajo rendimiento relativo. Dos de ellos son particularmente relevantes: la población adulta con estudios superiores, y las tasas de abandono de los jóvenes en la educación terciaria. Según datos de la OECD del 2022, mientras que poco más de un tercio de la población europea entre los 25 y 74 años tiene estudios superiores (31.8%), en Rumania sólo lo posee un 17.4%. La tasa de abandono prematuro de estudios superiores entre los jóvenes europeos de entre 18 a 24 años es del 9.3%, mientras que en Rumania es del 16.8%, el más alto de la UE. La educación superior en este país está organizada por grados según los acuerdos de Bolonia: una licenciatura de 3 años, una maestría de 2, y un doctorado de 3, aunque existen diferencias entre áreas del conocimiento, disciplinas y carreras. No es inusual que estudiantes de licenciatura de otros países, en sus estancias de intercambio y movilidad internacional, se integren a cursos de nivel de maestría con estudiantes rumanos, como ocurre en el caso de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Administrativas (SNSPA, por sus siglas en rumano), fundada en 1991. Las exigencias de internacionalización que significan los compromisos con el espacio común europeo de educación superior, con sus apoyos a través de programas de becas como Erasmus o las que ofrece directamente el gobierno rumano a estudiantes internacionales, han hecho de las universidades rumanas un foco importante de atracción para estudiantes de España, Italia, Francia, Grecia, México o Colombia. Quizá una de las razones profundas que explican ese interés tiene que ver con la historia fronteriza que representa Bucarest, situada muy cerca de la frontera con Bulgaria, pero también con la historia cultural que fluye a través de las aguas del Danubio, el gran río que nace en la Selva Negra alemana, y que atraviesa diez países europeos, hasta desembocar en el Mar Negro, que forma parte de la costa rumana. Ubicada entre los bosques de Transilvania y rodeada por los Montes Cárpatos, Bucarest ejerce una tracción fascinante, donde sus orígenes romanos y medievales alimentaron durante casi medio siglo el pasado socialista que cayó junto con el muro de Berlín y el derrocamiento y ejecución del dictador Nicolai Ceausescu en 1989, en la vorágine de la revolución democrática rumana de ese mismo año. Las calles de la ciudad y los campus universitarios rumanos son expresiones híbridas de su propia historia nacional. En el casco antiguo de la capital, edificios herederos de la arquitectura brutalista y soviética coexisten con antiguas fortificaciones medievales, con hermosos puentes sobre los afluentes del río Danubio, museos, iglesias y templos católicos del estilo de la iglesia ortodoxa rusa, o el gigantesco edificio del Palacio del Parlamento construido durante la época comunista, configuran un paisaje de concreto y cúpulas de colores que resaltan la hermosura de los bosques que rodean la ciudad. La tierra donde nacieron escritores y pensadores como Paul Celan, Emil Cioran, Eugene Ionesco, Hernia Müller (Premio Nobel de Literatura en 2009), o el psicólogo social Serge Moscovici, alberga un sistema de educación superior cuya calidad tiende a ser bien evaluada en los parámetros internacionales, aun cuando algunos de sus indicadores muestran déficits de financiamiento, cobertura y tasas de abandono relativamente elevadas. Serán las aguas del Danubio, los misterios del castillo de Bran (el castillo de Drácula, ese fantástico mito mundial), o las legendarias proezas de Nadia Comaneci (la niña-gimnasta que deslumbró el mundo en las olimpiadas de 1976), pero Bucarest es un pretexto adecuado para mirar a la distancia y con las precauciones debidas lo que ocurre en países como el nuestro, con toda la complejidad de sus semejanzas y diferencias. Las relaciones entre la política y el desempeño de la educación superior rumana comparten con muchas otras experiencias nacionales europeas y no europeas los mismos problemas, incertidumbres y desafíos. Quizá eso confirma, una vez más aquello de que, cómo escribió Sergio Pitol en El mago de Viena, “todo está en todas partes”.

Harvard

Tierras raras Harvard Adrián Acosta Silva Estudiar en la Universidad de Harvard cuesta en promedio una matrícula de 52 mil dólares al año. Además, si se consideran los gastos de alojamiento y comidas, la cantidad pueda aumentar a 75 u 80 mil dólares anuales. Siendo uno de los símbolos del poder académico mundial de los Estados Unidos, Harvard forma parte de la Ivy League, la red de universidades más caras y prestigiadas del vecino país del norte. Esas universidades representan no sólo el poder académico y científico de los EU, sino también el poder del privilegio. Estudiar en alguna de esas instituciones no sólo es un desafío financiero para estudiantes extranjeros y sus familias, sino también para los propios jóvenes norteamericanos. Y, sin embargo, cada año miles de estudiantes de todo el mundo solicitan su ingreso a algún programa de pregrado o posgrado que ofrecen Harvard, el MIT, Princeton, Johns Hopkins o Columbia, pues representa la posibilidad de asegurar un futuro próspero para sus egresados. Con una mezcla de tradición elitista y dominio en las métricas de los rankings internacionales, esas universidades concentran el prestigio, los recursos y los procesos de formación técnica, profesional y científica más reconocidos del mundo. Siendo la universidad más antigua de su país, Harvard, una universidad privada, representa la elite de la educación universitaria dentro y fuera de los EU. Es el corazón simbólico e histórico de la educación superior. Pero en la era actual, una nueva elite de poder económico que se ha aliado al poder político ha emprendido una feroz lucha contra esa universidad, que se traduce en críticas a su autonomía académica, a sus programas de atracción de estudiantes extranjeros, a sus prácticas de libre discusión de las ideas. Lo que estamos presenciando es una batalla inter-elitista: la elite académica versus la elite política en la sociedad más monetizada del mundo. En las tierras raras de las relaciones entre gobiernos y universidades, la disputa por la legitimidad está en el foco de conflicto. Mientras el gobierno de Trump emprende un feroz acoso político e ideológico contra Harvard para someterla a las creencias y fobias presidenciales, la universidad de la costa este resiste el acoso financiero y las amenazas políticas de la Casa Blanca argumentando la violación de su autonomía académica. Para decirlo en breve, se trata de la escenificación de una batalla entre la legitimidad política de un gobierno y la legitimidad académica de una universidad. El espectáculo es, de alguna manera, fascinante. Los actores configuran la elite del poder académico y del poder político en una sociedad expectante, polarizada y confundida. Las reglas del juego y los árbitros de las relaciones entre universidad y gobierno se han retirado o desvanecido, y no es claro de qué manera se resolverá el pleito. Por lo pronto, el duelo coloca en perspectiva la tonalidad ocre de los tiempos que corren en la educación superior norteamericana, cuyo ruido de fondo es dominado por una belicosidad presidencial alimentada por cálculos políticos y aires xenofóbicos y ultranacionalistas.

Universidad y autoritarismo

Diario de incertidumbres Universidad y autoritarismo Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 05/06/2025) https://suplementocampus.com/universidad-y-autoritarismo/ El tema no es nuevo. La historia de las relaciones de las universidades con sus entornos políticos es vieja, y esconde no pocos episodios de tensión y conflicto en diversos contextos nacionales en diferentes tiempos y circunstancias. La lucha por la autonomía organizativa, política e intelectual, por las libertades de expresión, de cátedra e investigación, forman parte de las complejas relaciones entre el Estado, la sociedad y las universidades configuradas a lo largo del último siglo. Estas relaciones tienen su origen en la disputa por dos tipos de legitimidad. Una tiene que ver con la legitimidad de la autonomía universitaria. La otra, con la legitimidad de gobiernos que alcanzan el poder por la vía electoral. La primera es producto de una larga historia que articula las demandas sociales de acceso a la educación universitaria con la libertad intelectual para impulsar prácticas de discusión, innovación y producción del conocimiento. La otra tiene que ver con las prioridades y orientaciones del gobierno en turno, derivadas de ideologías y programas gubernamentales destinados a la educación superior. La autonomía universitaria se despliega en tres dimensiones: la política (el autogobierno colegiado), la académica (la selección de estudiantes y profesores, programas de formación profesional, proyectos de investigación), y la cultural (la construcción de ambientes propicios para la reflexión, la crítica y el debate). Los gobiernos electos son la expresión de las cambiantes oscilaciones de la alternancia en el poder y la influencia de las diversas fuerzas políticas que se disputan la representación de la autoridad en todos los campos de la acción pública. En contextos democráticos, la autonomía universitaria es un valor altamente apreciado por la mayoría de los actores políticos. En contextos no democráticos o francamente autoritarios, la autonomía es una piedra en el zapato de los gobernantes. Las señales del autoritarismo político sobre las universidades se expresan de diversos modos. Uno es el prohibicionismo gubernamental sobre ciertos temas, una actitud derivada de una combinación tóxica de la cultura de la cancelación, ignorancia, prejuicios ideológicos, ultranacionalismos y xenofobias sobre las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura de las universidades. Otra tiene que ver con la descalificación o menosprecio del papel de las universidades en la economía, la política, la cultura o la vida intelectual de sus respectivas comunidades y sociedades. Una más tiene que ver con el financiamiento, y esta suele ser la señal más poderosa del verdadero peso que tienen las universidades en las prioridades de los gobiernos nacionales. Episodios que hoy viven las universidades pertenecientes a la denominada Ivy League (las universidades de elite más reconocidas de los Estados Unidos), y en especial la Universidad de Harvard, son el reflejo de una crisis inédita que recorre las venas políticas del autoritarismo de la segunda era Trump en el país del norte. Pero ello también ha ocurrido en otras latitudes a lo largo del siglo XXI: Hungría, Turquía, Afganistán, Irán, Venezuela, Argentina o Nicaragua, son hoy países cuyos gobiernos de perfil autoritario, alimentados por mentalidades de derechas o de izquierdas, han emprendido una crítica feroz a las universidades públicas, que se refleja en el retiro o el cuestionamiento de los fondos públicos que reciben para sostener sus tradicionales actividades de docencia, investigación y difusión cultural. La búsqueda de una explicación racional a lo que ocurre es una tarea complicada. Es difícil entender cómo en plena expansión de la economía de la innovación y la sociedad del conocimiento, las universidades puedan ser consideradas como prescindibles, o de qué manera en las políticas de combate a la desigualdad social y la inequidad en el acceso a la educación superior, las universidades puedan ser vistas como obstáculos para la producción de conocimiento o para mejorar la movilidad social de grupos e individuos en sociedades fragmentadas, atravesadas por múltiples brechas de desigualdades heredadas o emergentes. Si bajo las brújulas del neoliberalismo el Estado era el problema y el mercado la solución, y bajo las brújulas del paradigma desarrollista el Estado era considerado como la solución y el mercado bajamente regulado el problema, en los tiempos del populismo autoritario la educación superior es vista como una inversión poco redituable y socialmente ineficaz o irrelevante para devolver grandezas nacionales imaginarias que sólo existen en los sueños de dictadores y autócratas. La educación superior universitaria es, como siempre lo ha sido, un campo de batallas ideológicas y políticas de alta y baja intensidad, y en los tiempos que corren se libran varias en distintos contextos nacionales. Una suerte de internacional autoritaria recorre los patios interiores y los alrededores de los campus universitarios. Directivos, estudiantes, académicos, intelectuales y políticos son actores que hoy acuden a tribunales, jueces, redes sociales y medios de comunicación para defender los principios históricos de la autonomía universitaria y el papel de esas instituciones del conocimiento por preservar tradiciones académicas, libertades y compromisos democráticos con sus sociedades, hechuras construidas lenta y pacientemente a lo largo de más de un siglo. Entre la polvareda y el ruido, el lenguaje de la amenaza y la intimidación domina la acción política que muchos gobiernos han emprendido contra las universidades, intentando debilitar su legitimidad. Son tiempos oscuros para las universidades, que recuerdan sórdidamente un pasaje de El corazón de las tinieblas, la célebre novela de Joseph Conrad, en la que un empleado de ferrocarril se refería al señor Kurtz -cuya analogía podría ser la figura de la universidad, dicho con las debidas licencias retóricas-, con las siguientes palabras: “Es un emisario de la piedad, de la ciencia, del progreso y el diablo sabrá de qué más. Lo necesitamos”.

Gobernabilidad universitaria. Polvos y lodos

Diario de incertidumbres Gobernabilidad universitaria: polvos y lodos Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 22/05/2025) https://suplementocampus.com/gobernabilidad-universitaria-polvos-y-lodos/ En las últimas semanas, algunos conflictos en universidades públicas han llamado la atención de medios y observadores. El más reciente ocurrió la semana pasada en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), donde el rector de esa universidad presentó su renuncia en el penúltimo día de su administración, argumentando que con ello pretendía facilitar la transición del proceso para elegir un nuevo rector o rectora para esa institución, luego de varias manifestaciones de protesta contra las candidaturas y el proceso mismo. En febrero, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) experimentó una larga huelga por demandas del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo de trabajo, a la que ha seguido en las últimas semanas el proceso de elección de un nuevo rector o rectora de la universidad, que se ha visto afectado por la detención y posterior renuncia del rector por acusaciones extrauniversitarias, y por denuncias de fraude a una de las candidatas a la rectoría. En ambos casos, la política universitaria se desarrolla de manera confusa, en procesos turbios, donde actores políticos externos a las universidades alientan de manera silenciosa o abierta los conflictos entre las comunidades estudiantiles, académicas y políticas que coexisten en las instituciones. Existen también tensiones internas que tienen que ver con el uso o distribución de los recursos financieros, las formas de gestión institucional, los asuntos laborales y, por supuesto, los procesos electorales y los perfiles de las o los candidatos a las rectorías. En todos los casos, la gobernabilidad de la autonomía universitaria es nuevamente puesta en cuestión. El núcleo duro de los conflictos recientes en las universidades públicas autónomas tiene que ver con los procesos de participación estudiantil, con las reglas y los métodos de elección de rectorías. Aunque existen diversas fórmulas para elegir rectorías, que implican una mayor o menos participación de sus comunidades, lo que predomina son participaciones ponderadas. Juntas, consejos, comités, comisiones especiales, son los órganos específicos que se encargan de vigilar y supervisar mediante diversos métodos (votaciones, auscultaciones, consultas, entrevistas, presentación de proyectos) las disposiciones normativas contenidas en las leyes orgánicas y estatutos universitarios correspondientes. No obstante, una y otra vez surgen voces y movimientos que critican esas formas y exigen una participación “abierta y democrática” de todas sus comunidades, mediante votaciones universales directas. Esa ha sido la bandera que esgrimen los críticos de las formas tradicionales del gobierno universitario. Desde los oficialismos políticos de derecha o de izquierda, las críticas a las élites dirigentes y formas de gobierno de las universidades coinciden en que cambiar los métodos de elección y conformación de los gobiernos universitarios es la vía para democratizar “verdaderamente” a las universidades públicas, aunque no se sabe muy bien que significa eso. Esa exigencia revive de cuando en cuando en los ámbitos estatales, y va asociada a la demanda por un cambio en las leyes orgánicas de las universidades locales como han sido los casos de Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Jalisco, incluso las propias universidades federales como la UNAM o la UAM, que han sido objeto en el pasado reciente de la presión de gobiernos locales, partidos políticos, y grupos de presión que promueven la idea de que la democratización es la fórmula mágica para acabar con la burocratización, la corrupción y las injusticias universitarias. No están en el centro cuestiones como la libertad académica, la calidad, la equidad, la pertinencia o la eficiencia de las funciones sustantivas de las universidades. Lo que hay es una idea ingenua (o perversa, según quiera verse), de que la democratización es la base para una verdadera reforma de las universidades, el aceite de serpiente que puede curar todos los males universitarios. Detrás de esta exigencia hay un ocultamiento o una franca ignorancia de que la estructura de gobierno universitario es, siempre ha sido, una estructura colegiada, donde sus comunidades son representadas de manera proporcional en las universidades públicas. Y los órganos de representación y métodos electorales establecidos no surgieron del vacío histórico o institucional, sino que obedecen justamente a la complejidad de la gestión de la diversidad asociada a la propia naturaleza académica de estas instituciones de transmisión, acumulación y difusión del conocimiento. La lectura política de la historia del gobierno universitario parte de simplificaciones groseras de movimientos como el de la reforma universitaria de Córdoba de 1918 en Argentina, el de la autonomía de la UNAM de 1929, o el del movimiento estudiantil del `68 en México (donde por cierto el tema del gobierno universitario nunca fue siquiera enunciado). Detrás de la épica democratizadora de la universidad hay mucho ruido, pocas nueces, humo espeso, verborrea ideológica y confusión. Los actores que impulsan el conflicto utilizan el lenguaje de la amenaza y la intimidación, lleno de adjetivos sin sustantivos. Hay un espíritu de reclamación por el hecho de que las universidades no se alineen a un proyecto político, a un esquema ideológico, o a una ocurrencia gubernamental. Son polvos de viejos lodos. No obstante, la argumentación racional del gobierno colegiado de la autonomía universitaria es la mejor vía para reflexionar y debatir los esquemas de gobernabilidad y gobernanza que están en la base del orden político que descansa en las culturas académicas de las universidades públicas, culturas diversas, heterogéneas, que obedecen a la autonomía de las lógicas disciplinares y no a las órdenes políticas de grupos o movimientos. Sin duda, es necesario revisar y ajustar esquemas, métodos y procedimientos que mejoren la transparencia, legitimidad y eficacia de los gobiernos universitarios, en contextos donde la masificación coexiste inevitablemente con la pluralidad y diversidad de las comunidades universitarias. La “democratización” es el difuso contraargumento que se expande en circunstancias de crisis y desestabilización inducida o provocada por una extraña mezcla de fuerzas internas y externas a las universidades. Bien visto, en las aguas revueltas de la democratización subyace el riesgo de cambiar la autonomía por la heteronomía universitaria.

Intérpretes

Tierras raras Intérpretes Adrián Acosta Silva (Revista Reverso, 18/05/2025) https://reverso.mx/tierras-raras-interpretes/ “El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores. Tienen sus y salidas y entradas; y un hombre, en su tiempo, interpreta muchos papeles”, escribió Shakespeare en su obra As You Like It (“Como guste”), hacia 1599. La frase tiene sentido como ironía y descripción, aunque suele utilizarse también para comprender las contradicciones y paradojas de las actuaciones de los individuos en las esferas públicas, privadas o secretas de la vida moderna. Shakespeare, al igual que los antiguos griegos, identificaba con una metáfora teatral las múltiples máscaras y roles que desempeñamos todos, todo el tiempo. El punto clave del asunto es ubicar el escenario de las mascaradas. Y aquí existen siempre intérpretes destacados, a los que siguen espectadores con algún interés. En los escenarios de la política, los actores suelen ser maestros de las máscaras y ropajes de ocasión. Se mueven siempre entre la comedia y la farsa, entre las cursilerías, los dramas y rituales del momento. El sociólogo británico Richard Sennet ha retomado recientemente el tema de la política como performance en su libro El intérprete. Arte, vida, política (Anagrama, 2024), para explorar las múltiples relaciones entre las representaciones del poder del arte o de la política en la vida social contemporánea. Estas representaciones encarnan en individuos (las/los) con nombre y apellido, que expresan el peso de las máscaras y disfraces adecuados para la ocasión. Están los cínicos y los hipócritas, los demagogos y los ingenuos, los bienintencionados y los siniestros. Algunos desarrollan sus trayectorias entre rituales de solemnidad y fiestas de celebración, pasando de actores a espectadores, vistiéndose de funcionarios, de ciudadanos responsables o de amorosos padres o madres de familia. La política como arte o profesión exige nadadores de aguas superficiales, no buceadores de aguas profundas. Se sienten cómodos en cualquier escenario en el que reciban la atención y las luces de los reflectores de medios y redes. Un político es adicto a la fama y al poder, vive de la potente droga que proporcionan el puesto y la influencia. Interpretan papeles que representan con mayor o menor fortuna a lo largo de sus vidas, que alternan con breves o largas temporadas en el infierno de la indiferencia pública. El mismísimo Nicolás Maquiavelo, el autor de El Príncipe, relataba en algunos de sus pasajes la experiencia de pasar de representar a un alto personaje de un funcionario en desgracia, vestido con toga, a un simple súbdito de ropas simples encerrado en su casa conversando con los fantasmas de su propio pasado. En las tierras raras de la política mexicana abundan ejemplos. Exfutbolistas convertidos en funcionarios polémicos y políticos corruptos; predicadores usando tribunas republicanas; académicos en escenarios de decisiones políticas, manchando con polvos de otros lodos sus reputaciones e intereses; escritores e intelectuales convertidos en apologistas de un régimen político, usando las máscaras viejas o nuevas de la impostura para defender causas impresentables o indefendibles. El mundo es, efectivamente, un escenario.

Un siglo de la U de G (5)

Diario de incertidumbres Un siglo de la U de G (5): modernización y reforma Adrián Acosta Silva (Campus-Milenio, 08/05/2025) https://suplementocampus.com/un-siglo-de-la-udeg-v-modernizacion-y-reforma/ El 1 de abril de 1989 tomó posesión como rector de la U de G Raúl Padilla López. Formado políticamente en las filas de la FEG (organización estudiantil de la cual fue presidente durante el período 1977-1979), egresado de la licenciatura en historia de la antigua Facultad de Filosofía y Letras, y funcionario universitario durante el sexenio previo (1983-1989), Padilla López llegaba a la rectoría con un sólido respaldo de las principales corrientes políticas universitarias y el apoyo del gobierno de Jalisco. Uno de los factores causales que explican el apoyo al nuevo rector era el proyecto de reformar a la universidad a partir de una idea central: la conformación de la red universitaria en Jalisco de la U de G. Esa idea había surgido del análisis de experiencias internacionales como la red de la Universidades de California o la de Texas, la descentralización de la Universidad de París, el modelo de red de universidades como la de Tres Ríos de Québec, en Canadá, y, para el caso mexicano, la experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para cristalizar el proyecto reformista, Padilla necesitaba dos cosas. Por un lado, garantizar la gobernabilidad institucional. Por el otro, establecer una gobernanza eficaz y eficiente. La primera descansaba en un supuesto político: la formación de una coalición gobernante que permitiera legitimar el apoyo de las organizaciones estudiantiles, administrativas y académicas universitarias, y contar con el respaldo de las autoridades estatales y federales al proyecto reformador. En términos de gobernanza, el supuesto era de naturaleza organizacional: un proyecto que comprometiera la coordinación y cooperación de los esfuerzos directivos unipersonales y colegiados en la construcción de la red universitaria. El contexto de la época era muy complicado. Luego de experimentar los estragos de la “década perdida” de los ochenta, las universidades públicas enfrentaban una frágil situación financiera y una crisis de confianza de las élites gobernantes en esas instituciones. La expansión no planeada, la ausencia de evaluaciones sobre su desempeño, el escepticismo gubernamental sobre la calidad de los programas y proyectos universitarios, fueron algunos de los factores que fundamentaron las políticas de modernización de la educación superior del gobierno federal, que se concentraron en un nuevo rol del estado centrado en la evaluación de la calidad y el financiamiento diferencial, condicionado y competitivo a las universidades públicas autónomas. Por otro lado, había iniciado también un proceso de liberalización y democratización del régimen político mexicano, cuyas principales expresiones fueron la aparición de las alternancias políticas en el poder, que comenzaron en Baja California en 1989 y que llegaron a Jalisco en julio de 1994, cuando el PRI pierde por primera vez las elecciones a gobernador en la entidad. Este componente político favorecería la idea de una reforma institucional de las universidades públicas bajo un nuevo marco de reglas de desempeño asociadas a la multiplicación de agencias gubernamentales, y actores políticos interesados en el rumbo de las universidades en los niveles subnacionales del país. En este contexto, la U de G experimentó una serie de tensiones y conflictos al inicio del rectorado de Padilla López. Reacios al proyecto reformador, algunos de sus antiguos aliados se enfrentaron al rector, lo que llevó a meses de inestabilidad política, parálisis institucional, huelgas y protestas callejeras. La gestión política de la crisis se convirtió en la prioridad fundamental de la rectoría universitaria, y ello se resolvió con el impulso a una nueva organización estudiantil (la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU), que sustituyó en 1991 a la antigua FEG; por otro lado, la creación en 1993 del Sindicato de Trabajadores Académicos de la U de G (STAU de G), que sustituyó a la antigua Federación de Profesores Universitarios (FPU), y la firma en 1990 de un nuevo contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de la U de G (SUTUdeG), un organismo gremial creado en 1978. La gobernabilidad corporativista se convirtió en el eje político del proyecto reformador, y se mantendría como herencia para los siguientes rectorados universitarios. Pero las políticas de desconcentración y descentralización de las funciones universitarias bajo un modelo de centros universitarios metropolitanos y regionales, organizados en divisiones, departamentos, centros e institutos de investigación, se convertirían en el eje de la gobernanza institucional. Así, luego de un inicio políticamente áspero, para el año de 1993 se elaboró un proyecto de reforma a la ley orgánica de la U de G que sustituyó a la vigente desde 1952, y que fue aprobado por unanimidad por el Congreso de Jalisco la noche del 31 de diciembre de 1993, y publicada en el diario oficial del estado de Jalisco el 1 de enero de 1994. Lo que ocurriría en los años siguientes sería la implementación del proyecto reformador impulsado y sostenido por la coalición padillista. Así, a lo largo de las cinco rectorías siguientes (1995-2024), se consolidaría la red universitaria de Jalisco de la U de G, con episodios de crisis internas en la conducción universitaria (la destitución del rector Carlos Briseño en 2009), y enfrentamientos constantes de la universidad con los gobiernos del PAN (1995-2012), y con el gobierno del partido Movimiento Ciudadano (2018-2024). La centralidad de Raúl Padilla a lo largo de este período fue indiscutible: representaba la personalización del poder institucional. La red universitaria, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival de Cine de Guadalajara, la construcción del Centro Cultural Universitario, la presencia universitaria en todas las regiones de Jalisco a través de preparatorias y centros universitarios, son hechuras de la reforma iniciada en 1989. Con el fallecimiento de Padilla en abril del 2023, un ciclo largo de transformaciones universitarias se cerraría de manera sorpresiva y dramática con el suicido del exrector debido a padecimientos médicos. Hoy, la U de G enfrenta un conjunto de desafíos políticos, organizativos y académicos en un entorno diferente al que dio sentido y pertinencia a la reforma universitaria. La llegada de una mujer a la rectoría universitaria (Karla Planter, 2025-2031), comprometida con las herencias padillistas, puede ser señal de que nuevos tiempos, estilos y creencias pueden cambiar la conducción de la universidad, impulsando una agenda de ajustes y cambios institucionales de cara a una combinación de escenarios de futuros marcados, como siempre, por incertidumbres, riesgos y oportunidades.

Un siglo de la U de G (4)

Diario de incertidumbres Un siglo de la U de G (4): refundación, violencia y política Adrián Acosta Silva (Campus Milenio, 24/04/2025) https://suplementocampus.com/un-siglo-de-la-udeg-iv-refundacion-violencia-y-politica/ A comienzos de la tercera década del siglo pasado, la Real Universidad de Guadalajara era sólo el recuerdo de lo que había sido en el turbulento siglo XIX. Luego del período del interregno (el período de la “sociedad sin universidad”, 1860-1924), las escuelas libres, el Liceo de Varones y el Instituto de Ciencias se constituyeron en los espacios educativos del bachillerato y los estudios superiores que se ofrecían en Guadalajara. Los vientos liberales habían clausurado definitivamente a la antigua universidad, pero sus comunidades estudiantiles y docentes permanecían dispersas en diversas sedes institucionales de la localidad. Luego de la dictadura porfirista y con el triunfo del movimiento revolucionario, el contexto jalisciense de la educación superior había cambiado de manera drástica. A comienzos de los años veinte, un pequeño grupo de intelectuales, académicos y políticos jaliscienses vinculados a un espacio artístico y cultural denominado “Centro Bohemio” de Guadalajara, comenzaron a impulsar la idea de la reapertura de la universidad como espacio de formación técnica y popular vinculada con las necesidades de la sociedad jalisciense. Apoyados por el entonces gobernador de la entidad, José Guadalupe Zuno (1923-1926), vinculado a la facción obregonista de la revolución, intelectuales como Aurelio Aceves, Severo Díaz Galindo, Adrián Puga Gómez, Irene Robledo García, Catalina Vizcaíno Reyes, o Enrique Díaz de León, impulsaron la idea de la reapertura de la universidad. Zuno decretó la refundación de la universidad el 24 de septiembre de 1925, y tres semanas después, el 12 de octubre, se realizó la inauguración solemne de la nueva Universidad de Guadalajara, con Enrique Díaz de León como su primer rector. Con un total de 2 764 alumnos (68% hombres y 32% mujeres), la nueva institución reagruparía a las escuelas libres, a la escuela preparatoria de Jalisco, la escuela normal, la biblioteca pública del estado, el observatorio de Astronomía y Meteorología, y al Instituto de Ciencias bajo una nueva estructura universitaria, organizada en escuelas, facultades, bibliotecas e institutos de investigación. El rector gestionó la reapertura universitaria entre conflictos políticos y restricciones presupuestales. En 1933, en el marco del “Primer Congreso de Universitarios”, Díaz de León pronunció el discurso inaugural a favor de la idea de una educación socialista, bajo la influencia del materialismo histórico, opuesta a los argumentos del idealismo liberal. Ello llevó a una fractura en la U de G en 1934, cuando un grupo de estudiantes y profesores abandonaron la universidad para formar una institución privada, la Universidad Autónoma de Occidente, que luego (1935) se convertiría en la actual Universidad Autónoma de Guadalajara. Como secuela de esa fractura, la U de G fue cerrada durante 3 años (1934-1937), al término de los cuales fue reabierta bajo el rectorado de Constancio Hernández Alvirde (1937-1940). Este conflicto marcará una profunda línea ideológica y política en la educación superior en Jalisco que se alargaría por las siguientes seis décadas. Durante ese lapso, la U de G experimentaría un crecimiento modesto de su matrícula, que alcanzaría la cifra de 4,200 estudiantes en 1940. Al mismo tiempo, bajo la influencia de la organización corporativa impulsada por los gobiernos posrevolucionarios, se forma la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente (FESO, 1934-1948) que luego, en 1948, sería reemplazada por la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), una organización que se convertiría en el espacio más importante de formación política e ideológica de los liderazgos estudiantiles desde 1950 hasta 1994. La historia de la FEG es accidentada y, durante ciertos lapsos, conflictiva y violenta. El más célebre (y oscuro) de esos episodios ocurrió a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, cuando surge una organización rival (la Federación de Estudiantes Revolucionarios, FER), que intenta disputarle la representación estudiantil en la U de G en el contexto de los efectos que el movimiento estudiantil de 1968 tuvo en Guadalajara, donde la FEG respaldó las acciones del gobierno del presidente Díaz Ordaz. El resultado fue un conflicto armado entre los liderazgos de ambas organizaciones, que llevó a asesinatos y balaceras algunos de sus líderes, que se resolvió con el triunfo de la FEG y la desaparición de la FER hacia 1973-1974. Como derivación de esa derrota política, y con la incorporación de una pandilla denominada “Los Vikingos” del barrio de San Andrés (al oriente de Guadalajara), miembros de la organización participaron en la creación de dos organizaciones guerrilleras: la “Liga Comunista 23 de septiembre”, y el “Frente Revolucionario Armado del Pueblo” (FRAP), a mediados de los años setenta. Este período cierra con el asesinato de Carlos Ramírez Ladewig en 1975, uno de los fundadores de la FEG, y el líder universitario más importante de esos años en Guadalajara. Esta historia de violencia y política universitaria se tradujo en importantes apoyos de los gobiernos priistas a la FEG y a la expansión de la U de G. Los liderazgos universitarios establecieron alianzas con el PRI para que muchos de ellos obtuvieran puestos de representación política en el gobierno estatal, los gobiernos municipales, o en el congreso local y federal, pero también se incorporaron como funcionarios universitarios durante el período de la masificación de la universidad (1970-1990). Así, para finales de los años ochenta, la U de G era una institución de más de 215 mil estudiantes y 9,600 profesores, distribuidos en un total de 81 unidades académicas y administrativas (escuelas, facultades, prepas, centros e institutos de investigación, estructuras de administración central). Pero la “década perdida” de los años ochenta traería vientos de reforma política e institucional en la universidad. Por un lado, una crisis de financiamiento público que se encararía con nuevas reglas y políticas federales (las políticas de evaluación y modernización). Por otro, un lento proceso de liberalización y democratización política que llevaría a la alternancia política del poder en el gobierno de Jalisco, y que se expresaría en la derrota electoral del PRI en la gubernatura estatal en 1995, y la llegada el poder del PAN ese mismo año. Los tiempos estaban cambiando.