U. de G.: el pleito y la taquilla

Estación de paso
El pleito y la taquilla
Adrián Acosta Silva
Señales de humo, Radio U. de G., 30 de septiembre, 2010
El pleito que se registra en estos días entre el Gobierno de Jalisco y las autoridades de la Universidad de Guadalajara forma parte de una historia más larga, accidentada y compleja de lo que aparenta. Ventilado profusamente entre los medios locales –ya se sabe: los pleitos son taquilleros-, el conflicto puede ser visto como una típica disputa entre legitimidades sociales y políticas distintas, pero también entre proyectos y argumentaciones de orígenes diferentes. El reclamo universitario por más recursos financieros, y las negativas o condicionamientos del Ejecutivo estatal para otorgarlos, ha colocado en el centro de la batalla mediática la imagen de que este pleito es un asunto de dineros, de recursos, en lo que ambas instituciones exhiben sus argumentos y sus respectivos músculos para tratar de convencer a un tercero –la sociedad de los incrédulos, de los escépticos, de los espectadores- acerca de quién tiene la razón…y la fuerza.
El cliché favorito del gobierno estatal es que no tiene recursos y la U. de G. no sabe gastarlos, o, como dijo con finura inigualable el Secretario General de Gobierno, la U. de G. “es un barril sin fondo”. Pero a la luz de la información pública que circula en los medios, se puede afirmar que el gobierno panista ha demostrado una y otra vez que tiene recursos, pero no sabe, no puede o no quiere gastarlos. La discrecionalidad y las ocurrencias del ejecutivo son la brújula que domina el destino de los dineros públicos. No hay una idea clara del tipo de desarrollo que tiene en mente el gobierno del estado, y no existe una agenda de prioridades que marque el rumbo de su administración. Cuando se lee el Plan Estatal de Desarrollo, o los programas de las dependencias del ejecutivo (en especial, la de educación) lo que se observa es un gigantesco listado de obligaciones constitucionales y burocráticas que entran entre lo que los expertos en políticas públicas denominan “Agenda constitucional” (es decir, obligatoria para todo gobernante), o que se derivan de los programas federales ya existentes, pero no existe una agenda propia de gobierno, clara, coherente y definida. En esas condiciones, y frente a los recurrentes montajes y espectáculos discursivos que gusta ofrecer el jefe del ejecutivo estatal, la conclusión es que el Gobernador y su camarilla no terminan de entender dónde están parados y que representan. Su espectáculo recuerda tristemente las imágenes del foxismo, reproducidas-mal y tarde, diría Sabina- a escala local. Terminan confundiendo su gestión como un ejercicio personal y discrecional, como una facultad que los libera de ofrecer argumentos, ideas y políticas claras y factibles. Y ni las lecturas de la Biblia en Casa Jalisco, ni la soberbia con la que suelen pasear los funcionarios cercanos al emilismo, parecen ser suficientes para evitar la sensación a ciudadanos, a opositores políticos o a algunos de sus propios correligionarios, de que algo huele a podrido en los pasillos del Palacio de Gobierno.
Por su parte las actuales autoridades universitarias continúan con un proyecto expansionista que “arrastra” a otros actores a su implementación. Frente a la ausencia de una política local de desarrollo de la educación superior, que incluya no sólo la creación de “enseñaderos” masivos, sino también la investigación científica y el desarrollo cultural, la U. de G. ha planteado desde 1990 un proyecto de Red Universitaria que ha traído varios efectos directos y colaterales en Jalisco, que hay que evaluar más que descalificar. Ello implica un reclamo legítimo por mayores recursos a los gobiernos federal y estatal, mismos que sus diversas autoridades han gestionado con un considerable grado de éxito desde los primeros años noventa. ¿Hacia dónde se van esos recursos? Como todas las universidades públicas, el gasto lo consume fundamentalmente la nómina (8 de cada 10 pesos se van para allá) y eso hace de la U. de G. una de los grandes empleadores del estado (25 mil trabajadores entre académicos y administrativos). Como otras universidades públicas estatales, la U.de G. participa puntualmente desde hace dos décadas en el concursos anuales para nuevas bolsas de financiamiento federal (hay 14 programas de recursos extraordinarios cada año) y ello le ha implicado obtener indicadores de calidad y reconocimientos nacionales, tanto del gobierno federal como de otros organismos. El problema es que muchos de esos programas implican apoyos y obligaciones por parte del gobierno estatal, como lo documenta la publicidad que ha dado a conocer la U. de G. en los últimos días. Así las cosas, el Ejecutivo estatal aparece como un actor que no conoce, no respeta o no le gustan las reglas del juego del financiamiento público a la educación superior, pero que tampoco articula un argumento medianamente convincente para regatear o condicionar los recursos.
Por lo que se ve, la apuesta del ejecutivo es la de personalizar el pleito, y eso trae cierta sensación Déja Vú al conflicto presente. El fantasma de lo ocurrido en 2008, con la destitución del exrector Carlos Briseño, vuelve a aparecer en el horizonte discursivo y las prácticas políticas del gobernador, con la apuesta de desacreditar a un personaje o a un grupo como método para la demolición política de la legitimidad del orden político-institucional de la U. de G., un orden desagradable para el emilismo y para otros grupos. Esta ruta de confrontación no parece favorecer un buen desenlace al conflicto. Luego de la marcha de ayer, los próximos días serán críticos para desactivarlo, empantanarlo o recrudecerlo. Sin embargo, la tensión entre una lógica política intervencionista y potencialmente invasiva de la autonomía universitaria, y una lógica autonomista y expansiva de los logros universitarios, alimenta un clima de confrontación que será difícil de disipar en muchos meses o años.