El conflicto de las universidades: entre la lógica autonómica y la lógica republicana

Estación de paso
El conflicto de las universidades: entre la lógica autonómica y la lógica republicana
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus Milenio, 14 de mayo, 2015.)
Las relaciones entre la autonomía de las universidades y los procesos de planeación o planificación gubernamental es parte de una historia antigua y reciente plagada de tensiones, pleitos y contradicciones. La música de los ecos kantianos de El conflicto de las Facultades (1798) resuena a lo largo de esta historia de dilemas entre la lógica de la autonomía académica, de libertades de expresión y pensamiento, de enseñanza y aprendizaje que resguardan con celo y a veces con pasión las comunidades académicas universitarias, y la lógica de la regulación y conducción de los sistemas nacionales de educación superior que motiva la acción y los intereses gubernamentales, y, en un sentido más amplio, públicos. Bien vista, esta relación entre autonomía y planeación representa el piso duro de buena parte de los problemas, las ambigüedades y los logros de la educación superior universitaria en México y en otros países del mundo.
¿Cuáles son los límites de la autonomía universitaria? ¿Cuáles son los límites de la planeación gubernamental? ¿Cómo se relacionan? Estas preguntan habitan el corazón analítico del problema. Definir, precisar los límites de la autonomía y la planeación es una operación intelectual que tiene que ver con el examen de las relaciones entre la universidad y el Estado, una tarea que frecuentemente se ha convertido en objeto de estudio de decenas de libros, artículos y ensayos especializados de investigación y reflexión. Y, sin embargo, la identificación de esos límites es una tarea arriesgada y compleja, pues depende mucho de los contextos específicos, las biografías institucionales, las historias políticas y la historia de las políticas.
Con todo, puede arriesgarse una hipótesis general: los límites de la autonomía y la planeación son fronteras esencialmente difusas, ambiguas, extremadamente difíciles de precisar. Afirmar que la libertad académica universitaria constituye el núcleo de la autonomía universitaria implica solamente una declaración de principios, casi un acto de fe, que impide identificar con claridad hasta dónde el ejercicio de esa libertad es determinado por las comunidades académicas y hasta dónde es determinado por fuerzas externas a esas comunidades. La diversidad disciplinar también juega un papel preponderante en la determinación de los grados de libertad y autonomía, o heteronomía, que tienen los académicos en la elección de sus temas y objetos de estudio.
Pero también ocurre lo mismo con la planeación pública, o en nuestro caso, gubernamental. La declaración del interés público de la educación superior supone que es el Estado, a través del gobierno, el que legítimamente interviene para coordinar, apoyar, evaluar o supervisar lo que ocurre en las instituciones de educación superior que se encargan de organizar y desarrollar cotidianamente las labores de docencia e investigación en distintos territorios y campos científicos. Pero esa labor de coordinación encuentra dificultades normativas, institucionales y políticas no solo en las universidades públicas sino en todas las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios de de educación superior. La figura del Estado planificador, regulador, evaluador, o auditor, muestra con alguna claridad las dificultades que los gobiernos tienen en la búsqueda del santo grial de la coordinación de los sistemas, que frecuentemente se quedan en la orilla de las buenas intenciones gubernamentales.
Los contornos, las profundidades y las implicaciones de esta discusión están en el origen de La universidad entre la autonomía y la planificación. Tres ensayos en diálogo, un pequeño libro publicado recientemente en Argentina (Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2014). Ahí, en el texto compilado por Mónica Marquina, tres conocidos estudiosos de la universidad –Roberto Follari, Adolfo Stubrin y Antonio Camou-, conversan en torno al binomio autonomía-planificación en el contexto universitario contemporáneo.
Para Follari, por ejemplo, la relación entre autonomía y planificación debe dejar de verse como una suerte de “dicotomía fatal”, y examinarse como una relación que requiere fundamentalmente de un acuerdo político para la coordinación sistémica. Desde la experiencia argentina, el autor señala que la autonomía universitaria ha significado frecuentemente la autarquía institucional, y el aislamiento de las universidades respecto de una perspectiva estratégica, coherente, de coordinación nacional, cuya responsabilidad recae inevitablemente en el Estado nacional. Stubrin, por su parte, discute esas ideas desde la defensa del autogobierno universitario, como parte central de la autonomía universitaria, pero también enfatiza el carácter republicano de la intervención estatal en la conducción y coordinación de las políticas de educación superior. Camou, finalmente, enfatiza el carácter “relacional” e “histórico” de la autonomía universitaria, y propone analizar sus amenazas en tres ángulos: “desde arriba” (subordinación a los gobiernos en turno), “desde afuera” (subordinada a la lógica de los mercados), o “desde dentro” (subordinadas a las redes político-partidarias insertas en la universidad). Desde estas dimensiones, la autonomía universitaria se muestra en toda su complejidad.
La discusión conosureña está lejos de ser una conversación de café, y adquiere especial relevancia para el caso mexicano ahora que, tras décadas de intentos de coordinación y planeación gubernamental, de algunos logros y prácticas fallidas, de búsqueda de consensos y subordinaciones de distinto alcance y profundidad, las relaciones entre el Estado y las universidades parecen reducirse, y estancarse, en el tema del financiamiento público, sin encaminarse a una agenda más ambiciosa y estratégica de desarrollo, que imprima sentido institucional a un nuevo ciclo de relaciones entre el ejercicio de las autonomías universitarias y las necesidades de la planificación gubernamental. Esto supone un acuerdo político básico para formular una nueva agenda de políticas públicas que permita enfrentar los desafíos que, en pleno siglo XXI, enfrentan tanto el Estado como las universidades, reconociendo la lógica autonómica de las universidades pero también la lógica republicana del Estado. Ahora que la autonomía universitaria parece significar cualquier cosa para muchos actores y espectadores de la vida pública y privada de las universidades, es oportuno recordar las palabras de Kant, citadas por Antonio Camou, extraídas de algún pasaje de El conflicto..sin más propósito que estimular la imaginación y la memoria en torno al tema: “No anduvo falto de inspiración aquel a quien se le ocurrió por primera vez […] constituir una república del saber llamada Universidad […] con cierta autonomía (puesto que sólo los sabios pueden juzgar a los sabios)”.