Ruidos en el cuarto de máquinas

Estación de paso
Ruidos en el cuarto de máquinas: la elección de un rector
Adrián Acosta Silva
(Campus Milenio, 5 de noviembre, 2015)
Con la regularidad que marcan puntualmente los calendarios institucionales en cada caso, las universidades públicas mexicanas experimentan de cuando en cuando las tensiones políticas propias de los procesos de elección de un nuevo gobierno universitario encabezado por un rector o rectora. Las fórmulas y contextos institucionales varían, los protagonistas y procedimientos de elección también, y los mecanismos, usos y costumbres universitarias que habitan la hechura de las decisiones y los rituales de elección de los nuevos rectores suelen ser tan diversos como las historias políticas de cada universidad. Este año, por ejemplo, la UNAM y la Universidad Autónoma de Zacatecas enfrentan inminentes procesos de elección de rector bajo fórmulas institucionales distintas. En otros casos, como la Universidad de Guanajuato, o la El Colegio de México, transitaron recientemente por procesos similares de elección de sus máximos representantes institucionales.
Estos procesos están asociados a uno de los rasgos sustantivos de la autonomía universitaria: la facultad de autogobernarse, es decir, de definir los métodos de elección de las autoridades de la universidad, desde el rector hasta los directivos de escuelas, facultades, institutos, divisiones o departamentos, según sea el caso. Esta atribución nace históricamente con la estructura misma de la universidad como organización del conocimiento, en la que el co-gobierno de la universidad, o el “gobierno compartido”, se constituyó desde su origen como un rasgo distintivo de la vida política universitaria. La “universidad de los estudiantes” (Bolonia), o la “universidad de los profesores” (París), se establecieron como los modelos básicos de configuración del gobierno de las universidades en todo el mundo.
Para el caso latinoamericano y mexicano, la influencia del modelo de Bolonia, a través de la Universidad de Salamanca, fue determinante para la estructuración del gobierno de la universidad durante la época colonial. Sin embargo, con la constitución de los nuevos Estados nacionales a lo largo del siglo XIX, las universidades experimentaron transformaciones importantes de sus entornos tradicionales –locales y nacionales-, y comenzaron un largo proceso de reforma de sus estructuras y prácticas de gobierno.
Pero es a partir del movimiento de reforma de Córdoba, en Argentina, en 1918, cuando el tema de la autonomía como autogobierno comienza a plantearse con toda claridad. La disputa por la orientación de la universidad como una institución pública, basada en la libertad de cátedra y de investigación, con la participación legítima de los estudiantes y profesores en el gobierno de la universidad, transformó rápidamente las estructuras académicas, de administración y de conducción institucional universitaria. Las tensiones clásicas entre eficacia y legitimidad, entre la cantidad de participación y la calidad de la representación, se colocaron en el centro de la vida política en la universidad.
Factores coyunturales o estructurales gravitan en la manera en que se toman las decisiones y se configuran los acuerdos institucionales, pero también existen prácticas políticas específicas para minimizar los riesgos del conflicto que potencialmente pueden surgir de la insatisfacción o el malestar con las decisiones tomadas. La pregunta clave es: ¿hay mecanismos que aseguren que las elecciones universitarias en México no se traduzcan en conflicto e inestabilidad institucional, es decir, en crisis de gobernabilidad?. La respuesta contundente es que no. Pero lo que puede ayudar a examinar el funcionamiento de las estructuras políticas universitarias es identificar algunos factores clave para comprender las posibilidades de que una elección rutinaria no desbarranque en ingobernabilidad institucional.
Se pueden proponer cuatro factores clave para dicho esfuerzo comprehensivo: a) la duración del período rectoral; b) la posibilidad de la reelección inmediata; c) la conformación y el papel de los órganos de gobierno que intervienen en la designación del nuevo rector o rectora; y, d) el perfil de las redes de poder realmente existentes que se forman en cada universidad.
A) El maldito factor tiempo.
En 37 universidades públicas mexicanas (incluido el Instituto Politécnico Nacional) los períodos temporales son de tres tipos: los de 3, los de 4 y los de 6 años. 4 son períodos de 3 años, 27 de 4, y 6 de 6 años. En 19 de los casos que tienen rectorías de 3 o 4 años se permite la reelección inmediata por una sola vez, y solo en 1 caso de los que duran 6 años se permite esa posibilidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Probablemente varias, pero se pueden identificar dos principales. Primero, que la organización de los tiempos políticos marca los límites del activismo de los grupos interesados (internos y externos) en los procesos políticos universitarios. Segundo, que el activismo político universitario depende fuertemente de la posibilidad de la duración del período rectoral. ¿Qué significa esto? Que el cálculo de los tiempos, las presiones y los cabildeos entre los universitarios obedecen a las coyunturas políticas que inician cuando se anuncia la convocatoria a la participación para la presentación de las candidaturas, algo así como las “elecciones primarias” para la promoción de nombres, proyectos y respaldos universitarios.
B) La reelección como incentivo
Pero la posibilidad de la reelección introduce un factor estratégico para la movilización política de los universitarios. Que un rector pueda o no ser reelecto de manera inmediata introduce un mecanismo que teóricamente puede favorecer el sentido político de la conducción institucional. Salvo excepciones, las universidades públicas que contemplan esta posibilidad utilizan regularmente este mecanismo para mantener la estabilidad político-administrativa, y para ofrecer más tiempo al desarrollo de proyectos universitarios impulsados por el gobierno en turno. Sin embargo, las excepciones son importantes. Fue el caso del Rector Jorge Carpizo en la UNAM, que luego de la conflictividad estudiantil manifestada con el proyecto reformador lanzado durante su administración (1985-1989) decidió no promover su reelección para el período siguiente.
C) ¿Quién decide?
La elección de un rector en las universidades públicas mexicanas contemporáneas obedece a tres fórmulas institucionales: 1) La designación por una Junta de Gobierno, Directiva o Universitaria; 2) la elección por parte del Consejo General Universitario; y 3) la elección abierta, universal, ponderada o directa por parte de la comunidad universitaria. Salvo en el caso del Instituto Politécnico Nacional, donde el Director General es designado por una entidad externa (El Presidente de la República), en el resto de las universidades la autonomía garantiza que sean los propios universitarios quienes deciden los métodos y procedimientos de elección de sus máximas autoridades.
Ello no elimina por supuesto la influencia que gobernadores, altos funcionarios federales, partidos políticos o grupos de interés externos tienen o intentan tener en la elección de candidatos a los puestos de rector. Sin embargo, la lógica autonomista de las universidades suele colocar límites más o menos precisos a las intervenciones externas. Lo interesante en el caso mexicano es que la fórmula de las Juntas de Gobierno, integradas por notables personajes académicos o sociales de las universidades, se ha expandido como un modelo de elección entre las universidades públicas mexicanas. Hasta 1980, sólo 3 universidades tenían una Junta de Gobierno encargada de designar al Rector; en 2010, ese modelo funciona en 16 universidades.
D) ¿Cómo se gobierna?
Pero el tema sustantivo en términos de gobernabilidad y gobernanza institucional no es quién gobierna sino cómo gobierna. Y aquí el factor estratégico es la distribución del poder institucional universitario, del cual deriva la legitimidad y la eficacia de la autoridad de los órganos unipersonales de gobierno como es la rectoría. Las fórmulas de integración y capacidad de los órganos colegiados de gobierno (Consejos universitarios, colegios de escuela, divisionales o departamentales), pero también las formas de agregación de los intereses políticos de los diversos sectores universitarios a través de sindicatos, organizaciones estudiantiles y de académicos, configuran en su conjunto una dinàmica de redes organizadas de poder que imprime un perfil específico a los procesos de construcción de los liderazgos institucionales indispensables para el funcionamiento de esquemas de ejercicio del poder de las autoridades universitarias que garantice umbrales mínimos de gobernabilidad y gobernanza institucional a sus representantes.
En otras palabras, en la conformación de las estructuras formales e informales de la política y el poder de las universidades radica la explicación de las mayores o menores capacidades institucionales para consolidar o transformar la lógica del desempeño institucional y en ocasiones, con suerte, de producir prácticas de cooperación, de legitimación de lealtades y participación comprometida en la conducción político-institucional y académica de las propias universidades. Es el reconocimiento de la política y el gobierno universitario como las fuentes de los ruidos, crujidos y temblores que ocurren en el “cuarto de máquinas” del poder institucional en la universidad.