Un gobierno activista

Estación de paso
Un gobierno activista
Adrián Acosta Silva
(Señales de Humo, Radio U. de G., 4 de febrero, 2016)
Al iniciar la segunda parte de su sexenio, el gobierno del PRI en Jalisco está empeñado en recobrar simpatías, reconstruir alianzas y votos potenciales entre los ciudadanos, luego de su clara derrota electoral en las elecciones del año pasado, donde, como se sabe, perdió la zona metropolitana y la mayoría del congreso a manos del Partido Movimiento Ciudadano. Con la mira puesta en el 2018, el gobernador ha encaminado sus esfuerzos políticos a cambiar la imagen de cierto entusiasmo ineficaz que lo caracterizó en la primera mitad de su administración. Hoy parece lanzarse hacia un cambio de piel: la construcción de una imagen de gobierno activista, promotor y defensor de causas que hasta hace poco tiempo eran el capital simbólico de diversos sectores de la oposición política y de no pocas ONGs de la localidad.
El caso de Los Colomos es ilustrativo al respecto. La iniciativa de tramitar un amparo colectivo para proteger el bosque es un tanto curiosa. Resulta sorprendente que un gobierno estatal democráticamente electo, que posee la legitimidad política y los instrumentos jurídicos para velar por los intereses comunes de los jaliscienses en temas como los ambientales, se asuma como débil para defender los intereses públicos, y decide comportarse como una Organización No Gubernamental para promover la defensa cívica de un parque público. Más extraño resulta aún que el gobernador, el secretario general de gobierno y varios titulares de secretarías estatales estuvieran varios días recolectando firmas para proteger el mencionado bosque. ¿Oportunismo político? ¿Incapacidad institucional? ¿Confusión de medios y fines? ¿Cruzada democratizadora? ¿Ocurrencia de ocasión del Gobernador o de sus consejeros?
La frontera entre gobierno y sociedad es la misma que divide a los gobernantes y a los gobernados. En su visión más ortodoxa, el gobernar sin prestar atención a las demandas y reclamos ciudadanos conduce a los desfiladeros del autoritarismo, pero en sus versiones más heterodoxas conducen rápidamente a las aguas lodosas del populismo y de la demagogia. El llamado a la defensa colectiva de Los Colomos se sitúa en los terrenos accidentados de la confusión política, en los que los funcionarios asumen el papel de activistas, promotores de una causa que consideran noble, justa, acaso obvia.
Pero como se sabe, la consulta es un ejercicio de participación cívica que suele tener resultados predecibles. ¿Quién no va a estar de acuerdo en defender un bosque urbano? La sombra de la sospecha moral y cívica, de mala conciencia, se cierne sobre los que no estén de acuerdo en firmar la iniciativa. Los calificativos de anti-ambientalista, depredador, inmoral, cómplice de la destrucción, flotan en el imaginario de aquellos que tienen reservas frente a la consulta/cruzada defensora de los Colomos que ha convocado el mismísimo gobernador Sandoval. Pero las dudas persisten: ¿cómo fue posible que en el pasado reciente de la ciudad se autorizara la propiedad y posible construcción en un área urbana protegida? ¿Por qué no se toma la misma medida en otras áreas de crecimiento urbano caótico, gobernada por los intereses de especuladores y capitalistas inmobiliarios en otras zonas metropolitanas de la ciudad? En otras palabras, ¿qué políticas metropolitanas existen para que una acción específica –la defensa del bosque- se convierta sorpresivamente en el centro de la atención mediática y política de la coyuntura?.
He aquí un buen caso para la sociología de la acción pública, un caso para explorar las determinaciones sociales e institucionales que intervienen en los comportamientos gubernamentales que tratan de resolver problemas colectivos definidos políticamente como significativos para una sociedad. En el paisaje de la coyuntura local se pueden identificar algunas de esas determinaciones: la presión de otros actores políticos, en especial, de la oposición política que hoy gobierna la mayor parte de los municipios metropolitanos (aglutinados en el alfarismo y en el Partido Movimiento Ciudadano), pero también ciertas franjas de la opinión pública, las redes sociales, los conflictos con inmobiliarias y constructoras, opiniones de los ciudadanos que usan cotidianamente el bosque, más los imperativos categóricos que se desprenden de esas nuevas religiones en que se han convertido el ambientalismo y el social-civilismo, religiones que hoy parecen gobernar la acción y el cálculo político del ejecutivo jalisciense.