El decálogo de Rio

Estación de paso
El decálogo de Rio
Adrián Acosta Silva
(Publicado en Campus-Milenio, 28/08/2014)
Una de las tesis centrales de las teorías contemporáneas de las políticas públicas es que toda política (policy) es la expresión organizada de algún tipo de arreglo político (politics). Es una afirmación fuerte, que tiene varias implicaciones teóricas y analíticas, empíricas y prácticas. La principal de ellas es que la negociación, el cabildeo político de los intereses de los diversos actores involucrados en la formulación de una o varias políticas en campos específicos de la acción pública, supone construir una agenda que “tematiza” los asuntos considerados relevantes por los participantes en los campos de políticas, y luego se organiza la forma de implementación de los acuerdos derivados de dicha agenda. En otras palabras, el diseño de la agenda de políticas y su proceso de implementación implica un conjunto de decisiones públicas que tienen a) una dimensión política, b) una dimensión organizativa, c) una dimensión normativa, y d) una dimensión tecno-administrativa.
El (largo) párrafo anterior intenta sintetizar de alguna manera el tipo de anteojos que pueden utilizarse cuando se intenta interpretar de alguna manera el sentido o las orientaciones de una declaración, los objetivos y alcances de un programa público, las implicaciones de determinadas acciones de política pública. Para el caso de la educación superior, esos anteojos son, como dijera Giovanni Sartori, las ideas que guían nuestras observaciones, los “filtros” intelectuales que permiten de alguna manera identificar los componentes de una política, la orientación de una acción (o de una inacción), el sentido mismo de una política (o no-política) específica.
La “Carta Universia Rio 2014. Claves estratégicas y propuestas para las universidades Iberoamericanas”, es un buen ejemplo de cómo construir acuerdos políticos que luego, potencialmente, pueden organizarse como políticas públicas o como políticas institucionales universitarias. La Carta fue el resultado del Encuentro que a finales de julio se realizó en Rio de Janeiro, impulsado por la organización Universia y que fue comentado puntualmente en Campus hace un par de semanas (núm.571, 14/08/2014). Las diez claves estratégicas identificadas en el Encuentro de Rectores fueron las siguientes: 1) Consolidación del Espacio Iberoamericano del conocimiento; 2) Responsabilidad social y ambiental de la universidad;3) Mejora de la información sobre las universidades iberoamericanas; 4) Atención a las expectativas de los estudiantes; 5) Formación continua del profesorado y fortalecimiento de los recursos docentes; 6) Garantía de calidad y adecuación a las necesidades sociales; 7) Mejora de la investigación, la transferencia de sus resultados y la innovación; 8) Ampliación de la internacionalización y la movilidad; 9) Utilización plena de las tecnologías digitales; y, 10) Nuevos esquemas de organización, gobierno y financiamiento.
Como todos los pronunciamientos internacionales, estas claves configuran interpretaciones de problemas, tendencias y posibles soluciones en el campo de la educación superior iberoamericana. Por lo tanto, son esencialmente cartas de intención, recomendaciones temáticas que pueden configurar agendas públicas o institucionales, fórmulas de interés que quizá puedan traducirse en acciones específicas. Ello no obstante, las claves enunciadas en el decálogo de Rio constituyen aproximaciones a lo que puede considerarse como un paradigma de políticas que potencialmente puede tener algún efecto en las instituciones específicas.
Veamos por ejemplo, tres de las claves: la del espacio iberoamericano del conocimiento, la atención a las expectativas de los estudiantes, y los nuevos esquemas de organización, gobierno y financiamiento universitario. La primera tiene que ver con la experiencia del espacio europeo del conocimiento, derivado, en parte del Proceso de Bolonia, pero también se finca en la aspiración de crear áreas o territorios supra e internacionales de movilidad y de intercambio de estudiantes, de profesores e investigadores. Aquí, encontramos enormes dificultades normativas, académicas y administrativas. A pesar de que en los últimos años parece haberse incrementado la movilidad estudiantil intra-regional iberoamericana, no puede afirmarse lo mismo en términos de profesorado o de realización de investigación científica, donde los polos de atracción suelen estar en los países desarrollados más que en los pares iberoamericanos.
La segunda tiene que ver con atender las expectativas de los estudiantes. Aquí, una de las cuestiones claves es la adaptación de las instituciones universitarias a dichas expectativas, entre las cuales habría que identificar las creencias, los deseos y las oportunidades que tienen los estudiantes sobre la educación superior. Lo que se puede encontrar entonces es un terreno minado por varias contradicciones: la capacidad y flexibilidad de las instituciones para adaptarse a dichas expectativas y deseos, frente a la “obcecación” (la frase es ya clásica) de los estudiantes y sus familias en torno a determinadas opciones profesionales y determinadas instituciones universitarias. Aquí hay dos supuestos: uno, que los estudiantes no saben lo que quieren, y por lo tanto, hay que obligarlos a tomar decisiones dependientes de las políticas de educación superior; o dos, los estudiantes sí saben lo que quieren, y entonces hay que ampliar la capacidad de absorción en las opciones tradicionales, dada la persistente patrón de preferencias reveladas por parte de los estudiantes. El fondo tiene que ver con la racionalidad de las expectativas estudiantiles y con dilemas de política pública y de política institucional.
La tercera clave tiene que ver con temas cruciales como el gobierno y el financiamiento de las universidades. Hacer gobiernos más eficientes supone, según la experiencia latinoamericana de los últimos años, erosionar las bases tradicionales de la legitimidad del poder universitario (al incrementar el poder de órganos unipersonales y disminuir el poder de los órganos colegiados de gobierno). Por otro lado, en la cuestión del financiamiento, significa el dilema de continuar por la brecha larga y sinuosa de los financiamientos públicos diferenciales y condicionados, o explorar nuevas fórmulas de financiamiento privado para el fortalecimiento de las funciones sustantivas universitarias.
El desafío de traducir buenas intenciones en acciones y resultados no es, nunca ha sido, una tarea fácil. Ello implica tanto a la política pública como a las políticas de cooperación internacional entre las universidades, las empresas y los gobiernos. El decálogo de Rio es un buen ejemplo de cómo el cabildeo y la negociación de intenciones y deseos puede dar lugar a acciones de políticas, aunque el proceso de implementación de las acciones, es, como se sabe, un tren de largo recorrido, habitado por incertidumbres y conflictos que no aseguran de antemano ningún resultado específico.